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La société d’avocats Damy

La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.  

Nuestro nuevo Presidente Emmanuel Macron planea legislar mediante ordenanzas para reformar la ley laboral este verano. ¿Qué significa eso en términos concretos?

El artículo 38 de la Constitución de 1958 dispone que "el Gobierno podrá, para la ejecución de su programa, solicitar la autorización del Parlamento para adoptar por decreto, por un período de tiempo limitado, medidas que normalmente entran en el ámbito de aplicación de la ley".

En principio, las leyes se debaten en el Parlamento, y los diputados de todas las tendencias políticas tienen la posibilidad de presentar varias enmiendas para hacer que la ley propuesta evolucione. Estas discusiones permiten, en teoría, debatir sobre un tema, pero en concreto es la mayoría política de la Asamblea Nacional la que votará la ley como considere conveniente. Este debate parlamentario impone plazos legales bastante largos.

Cuando el Parlamento autoriza al gobierno a legislar por ordenanza, según lo dispuesto en nuestra Constitución, todo se acelera ya que no hay debate parlamentario, la ordenanza es redactada por el gobierno y firmada por el Presidente de la República. En cuanto se publica en el Diario Oficial, el texto entra en vigor y su aplicación es inmediata. La orden es similar a un decreto.

Posteriormente, el Parlamento podrá aprobar o rechazar la orden. Si la aprueba, la ordenanza se convertirá en ley, pero si la rechaza, será nula y sin efecto.

La fuerza del gobierno actual es que tiene una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el Parlamento sin duda validará las órdenes.

La única desventaja que el Sr. Macron y su Gobierno podrían encontrar en la reforma de la legislación laboral es la obligación de consultar a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Esta obligación fue introducida por la ley Larcher del 31/01/2017 sobre la "modernización del diálogo social". Sin embargo, se califica porque dicha ley también establece que en casos de "urgencia probada", el gobierno puede anular esta obligación de consulta.

Las próximas semanas mostrarán hasta qué punto los sindicatos franceses se dejarán imponer una reforma de este tipo, una cuestión a seguir...