Esta circular interministerial especifica el marco de acción del Estado en caso de evacuación de los campamentos ilegales, así como el mecanismo de coordinación de los agentes locales en torno al prefecto.

Recuerda que corresponde al prefecto ejecutar las decisiones judiciales cuando el juez ordene poner fin, en caso necesario con la asistencia de la policía, a la ocupación ilegal de tierras. Cuando se trate de la seguridad de las personas, dicha acción deberá ser inmediata.

Sin embargo, modera estos mandamientos indicando que también es apropiado garantizar un trato igual y digno a todas las personas en situaciones de angustia social. Por lo tanto, incumbe a los prefectos, iniciando los trabajos lo antes posible en la decisión judicial, proponer soluciones de apoyo movilizando prioritariamente los recursos de Derecho común de cada uno de los socios. Esto supone, en una lógica de anticipación e individualización, el establecimiento, siempre que sea posible, de un diagnóstico y la búsqueda de soluciones de acompañamiento, en los distintos ámbitos que contribuyen a la integración de las personas (escolarización, salud, empleo, vivienda...).

Una misión específica es confiada al prefecto Alain Régnier, delegado interministerial para el alojamiento y el acceso a la vivienda (DIHAL). Se encargará de prestar apoyo metodológico y, más ampliamente, de difundir diversos elementos útiles para el avance de las acciones emprendidas.

Además, se confiará una misión a varias inspecciones generales para evaluar los sistemas de integración y apoyo para las personas presentes en estos campamentos. Se encargarán de hacer balance de las disposiciones existentes y de determinar los experimentos en curso y las buenas prácticas.

Esta circular entra en vigor inmediatamente.

Es cierto que estas dificultades relacionadas con los campamentos ilícitos seguirán siendo objeto de mucha tinta en 2014.

Maestro Damy, abogado en Nice