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Cuando un empleado de una entidad privada sufre una absorción por parte de una entidad pública, es fundamental comprender sus derechos, en particular en lo que respecta a la preservación de la antigüedad . En este artículo profundizaremos en el marco jurídico que rodea esta cuestión, centrándonos en la interpretación del artículo L. 122-12 y de la directiva del 14 de febrero de 1977. El abogado Grégory DAMY, especializado en derecho laboral y de antigüedad , aporta valiosas ideas sobre el tema.
Preservación de la antigüedad: un derecho fundamental:
Disposiciones legales para la conservación de la antigüedad.
El Consejo de Estado subraya que, en caso de que una persona pública se haga cargo de la actividad de un particular, los trabajadores afectados tienen derecho a mantener su antigüedad. Este derecho garantiza que su antigüedad sea debidamente reconocida, en particular para el cálculo de la indemnización por despido. Para salvaguardar este derecho, la legislación pertinente debe interpretarse e implementarse con cuidado.
Cláusulas sustanciales en el contrato de derecho público
According to Grégory DAMY, the public contract offered to the employees affected by the transaction must include the substantial clauses of your previous contracts, so that no legislative or regulatory provision is in force. This is required to protect employees’ interests and interests, ensuring that the transaction does not result in an unfair reduction of their benefits or employee conditions.
Conclusión:
En resumen, cuando la actividad de una entidad privada pasa a manos de una entidad pública, la preservación de la antigüedad de un empleado se convierte en un aspecto crucial a considerar. El Consejo de Estado, en relación con la directiva del 14 de febrero de 1977, subraya la importancia de este derecho. Además, Me Grégory DAMY insiste en la necesidad de que los contratos de derecho público incorporen cláusulas sustanciales procedentes de contratos de antiguos empleados, salvo que lo prohíban disposiciones legislativas o reglamentarias. Al adherirse a estos principios, se protegen los derechos de los empleados afectados, garantizando un proceso de transición justo y equitativo.
