Fusiones bancarias: implicaciones y consideraciones legales

Fusiones de National Bank: implicaciones y consideraciones legales: –

Fusiones bancarias La fusión se puede definir gráficamente. Es una operación que “se entiende por dos sociedades como por dos ríos que unen sus aguas, conservando uno su nombre y naciendo del otro, o fundiéndose ambos para formar un río formado exclusivamente por dos aguas, río que en adelante tendrá un nuevo nombre».  Así, en términos legales, dos o más sociedades proceden a la unificación de bienes para no formar más una sola sociedad. El artículo  1844-4 del Código Civil menciona dos tipos de fusión.  Se trata de la fusión por absorción según la cual una sociedad es  absorbida  por otra sociedad, desapareciendo la primera.La operación podrá consistir también en la creación de una nueva sociedad que recibirá el patrimonio de las sociedades participantes en la operación, desapareciendo estas mismas sociedades. Las fusiones de personas jurídicas independientes también pueden llevarse a cabo mediante la adquisición de acciones sin fusión entre las entidades en cuestión, que siguen siendo jurídicamente distintas. Esta última operación es una simple recuperación.
2.- Estas dos nociones se refieren a la concentración, aunque no todas las fusiones son concentraciones. En el lenguaje común, el término «concentración» se define como la acción de converger, juntarse o juntarse en un mismo lugar. Esta definición general puede compararse con la concepción de economistas y juristas.En sentido amplio, allí se define concentración como toda operación jurídica tendiente a crear unidad de decisión entre las empresas, con el fin de incrementar su poder económico. En sentido estricto, se trata de operaciones jurídicas tendientes a crear una unidad de decisión entre las empresas, ya sea por la creación de vínculos estructurales que modifiquen la personalidad jurídica de las empresas interesadas,

3.- Estas definiciones son aplicables a las fusiones y adquisiciones bancarias. Sin embargo, solo las transacciones que involucran a las instituciones de crédito o las instituciones financieras están calificadas como tales. La expresión abarca varias situaciones: concentraciones puramente bancarias, concentraciones financieras, concentraciones bancarias y financieras, pero también principalmente concentraciones bancarias o financieras.

4.- Si bien estas tienen similitudes con las fusiones realizadas en otros sectores de la economía, los obstáculos para llevar a cabo este tipo de operaciones son mucho más numerosos y complejos. Sin duda, plantean problemas específicos relacionados con sus condiciones institucionales, sus interacciones con los temas de política monetaria y los requerimientos prudenciales relacionados en particular con la existencia de riesgo sistémico. La razón esencial de esta situación radica en que el sistema bancario es específico. De hecho, los bancos drenan los ahorros y asignan los préstamos según elecciones o criterios de evaluación que son decisivos para la orientación de la economía. En la medida en que sean custodios de fondos ajenos,el sistema bancario no es solo el principal poseedor de liquidez sino también el principal proveedor de servicios de pago. Por lo tanto, forma parte vital de la mayoría de las transacciones económicas. Esto impregna tanto a la economía que influye en su funcionamiento de tal manera que ninguna otra rama de actividad podría corresponderle. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico.Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento.Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento. Por lo tanto, es tradicionalmente considerado por el Estado francés como estratégico. Por lo tanto, está sujeto a una ley profesional específica que organiza su buen funcionamiento.

5.- Volveremos a las fuentes de las concentraciones bancarias (I) para presentar mejor el movimiento de fusiones y adquisiciones bancarias contemporáneas (II). Esto permitirá definir la metodología a adoptar para aprehender este proceso de forma innovadora (III).

I/ Fuentes de las concentraciones bancarias

6.- Con mucho gusto nos referiremos a la metáfora de la fuente para demostrar que un entorno legal favorable a las concentraciones bancarias (A) así como las causas económicas y empresariales resultan fundamentales (B) para hacer crecer el río.

A/ Un entorno legal favorable a las concentraciones bancarias

7.- France is a Latin country of derecho escrito. The evolution of the bancario system is traditionally determined by the laws that govern the supervision of the bancos, is to decide, the relationship between the bancos and the Estado. This characteristic induce has known frequent interchanges between the managers of the benches and the Estado. Las relations economía-banco también is essentially based on the derecho comercial escrito. El resultado, por parte de los bancos, es una actitud y un funcionamiento más jurídico y administrativo que económico y financiero. La ley por lo tanto tiene un lugar preponderante dentro de los bancos.

8.- Originally estaban subjects al derecho consuetudinario, pero a raíz of the estrepitosa crisis of the decade of 1930, se les impuso una específica regulation. Esto reorganized the banking profession and created a system of public control. This disposition is justified by the desire to protect the depositants against the failure of the institutions. Without embargo, in essence, after the state justifications, is to do the sector that the ley has organized with the object of controlling this essential engranaje de la economía. Así pues, el sistema bancario inglés ha estado Durante mucho tiempo esencialmente bajo la autoridad pública, tanto en términos de tenencia de capital como en términos de establecimiento de las reglas para el funcionamiento del mercado.

9.- Supervisión de los bancos fue instituted por las leyes del 13 y 14/06/1941. Posteriormente, esta estructura sufrió modificaciones. El Estado nacionalizó por ley del 12/02/1945 los cuatro establecimientos de credito nacionales. Finally, beginning in the decade of 1980, it was nationalized and seis bancos para extender su control sobre el 75% de los creditos distribuidos con la idea de controlar este engranaje esencial en la economía. La técnica utilizada siempre ha sido la misma: the actions representing the capital of the nationalized companies in question will be transferred to the Estado en plena propiedad, except for the actions in the poder of legal personas that there is loss in the public sector or pretending to ingresar al mismo. de pleno derecho.Todos los grandes bancos han quedado así bajo control estatal.

Fusiones y adquisiciones bancarias europeas: marco regulatorio y desafíos: –

Por lo tanto, las intervenciones estatales en el sistema bancario eran frecuentes. Se han adoptado medidas relativas al entorno bancario, como la reforma de la ley de sociedades, la creación de la Comisión de Bolsa, la participación de los trabajadores para acostumbrar a las clases trabajadoras a la participación accionaria y así contribuir al desarrollo del paseo. financiero. A esto se suman las normas directamente destinadas a remodelar el sistema bancario y a concentrarlo: recordemos los decretos de 25/01/1966 y 23/12/1966 descompartimentalizando los bancos de inversión y de depósito, el decreto de 26/05/1966 de fusión de la Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie y el Comptoir National d’Escompte de Paris para formar la Banque Nationale de Paris.Esta operación iniciada por el Estado constituye la primera gran concentración bancaria francesa. Sin embargo,

10.- From mediados of the decade of 1980, el gobierno organized así una liberalización dejando más espacio a la libre competencia en el marco de la ley bancaria del 24/01/1984. Por lo tanto, las disposiciones de esta ley han establecido un entorno legal favorable a las concentraciones bancarias. This is the implicit object of the “tres D: Desintermediation, Desregulation, Descompartimentación”.

As far as intermediation is concerned, the main banking function consists of creating the mediante concession of the prestamos, para luego cobrarlo a los depositantes y ahorradores. One of the essential changes of the decades of 1970 and 1980 was a considerable reduction in the disintermediation mediante the emission mainly of actions and bonos suscritos directa or indirectly por ahorradores or inversores. La intermediación bancaria tradicional, en el marco de la banca minorista, ha disminuido. Por otro lado, las transactions de valores ocupan un lugar creciente en los balances de los bancos. “The financial disintermediation tends to increase the competency between banks and mercados. Debido al aumento de la competencia en el mercado,
En cuanto a la desregulación, dos medidas esenciales han levantado las restricciones que pesan sobre los bancos franceses. El primero se refiere a la libertad de apertura de ventanillas, que ha favorecido el crecimiento de los bancos. El principio de autorización previa emitido por el Comité de Establecimientos de Crédito, establecido en 1982, fue derogado en 1986. El segundo se refiere a la supresión del marco crediticio que favorecía el desarrollo de la competencia y el proceso de concentración. Finalmente, la descompartimentación pretendía permitir la integración de los mercados financieros así como establecer una sana competencia entre los principales protagonistas del escenario financiero.Esta descompartimentación es indiscutible, porque hasta la llegada de las medidas liberales, el sistema francés se caracterizó por un doble mosaico de créditos e instituciones que preservaban los monopolios. Sin embargo,

11.- La primera innovación de la ley del 24/01/1984 se refería al cambio en el marco institucional. Así, el artículo 1 de la ley, insertado en el Código Monetario y Financiero en el artículo L. 311-1, define no la noción de banco, sino la de institución de crédito.

Antes de 1984, existían más de treinta estatutos diferentes de establecimientos de crédito que otorgaban a menudo a sus beneficiarios el monopolio del ejercicio de determinadas actividades, muchas veces acompañado de ventajas fiscales y financieras. La ley unifica parcialmente los estatutos bancarios y reconoce la vocación universal de las entidades de crédito. Esta medida favoreció el proceso de concentración al limitar el número de estatutos existentes. Esta relativa banalización de los estatutos fue de suma importancia para la organización de la profesión. En efecto, una vez que salieron de un régimen jurídico especial, los establecimientos en cuestión recuperaron su libertad de organización y pudieron contemplar fusiones que hasta entonces habían sido difíciles de lograr.

Sin embargo, a pesar de esta unificación, el derecho no tiene una vocación totally universal. Is a ley of compromise that respects the various interested parties involved. Incluso si se ha establecido un marco legal único, esto no significa que las especificidades estatutarias de los bancos cooperativos o mutualistas hayan desaparecido. Esto necesariamente tiene an impacto in the concentration of the banking system.

Por lo tanto, no está prohibido cuestionar las justifications para mantener varios estatus. Supresión would constitute an additional concentration factor that would stimulate the fusions necessary to allow the constitution of groups of a tamaño adapted to the dimension of the European market.

12. – Article 18 of the ley bancaria, inserted in article L. 511-9 of the monetary and financial code, defines five categories of credit institutions:

– Banks: to realize all operations.

– Bancos mutualistas o cooperativos: its los Banques Populaires, Crédit Agricole, Crédit Mutuel and Caisses d’Epargne. Estos últimos eran originally an independent category. In 1999 it became part of the mutualist sector. Por lo tanto, el legislador les dio una hybrid situation. In fact, this group was formed by public shareholders and mutualists. Also, the perdida del charácter no lucrative de los fondos has an important consequence. Estos últimos pueden aquirir bancos commerciales u otros establecimientos lucrative. Luego, a few weeks after the legislative reform, in agosto of 1999, the grupo de cajas de ahorros comprised Crédit Foncier de France.

– Cooperativas municipales de crédito: aunque ahora tienen el monopolio de las casas de empeño, esta actividad se ha vuelto marginal en favor de otras formas de préstamos al consumo que otorgan.
BR> Estas tres categorías de establecimientos pueden realizar todas las operaciones bancarias, pero “dentro de las limitaciones que resulten de los textos legislativos y reglamentarios que los rigen”.

La ley es aún más restrictiva para las categorías cuarta y quinta. No podrán recibir depósitos del público a la vista ni con plazo inferior a dos años.

– Las sociedades financieras sólo podrán realizar operaciones bancarias que resulten, bien de la resolución de autorización que les concierna, bien de las disposiciones legales y reglamentarias que les sean propias. Reúnen una amplia gama de establecimientos, incluidas sociedades de construcción y empresas de arrendamiento. Estos últimos conceden una forma particular de crédito, denominada leasing o arrendamiento financiero, mediante la compra de bienes que luego son «arrendados» a clientes por un período determinado, teniendo estos últimos al final del contrato la posibilidad de comprar los bienes a su valor residual . .

– Los establecimientos financieros especializados son organismos especializados a los que el Estado ha encomendado una determinada misión de interés público. Sus operaciones deben estar vinculadas a esta misión. Entre ellos destaca el Crédit Foncier de France. También es la Société des Bourses Françaises la que gestiona el mercado de valores francés. Dieron la bienvenida al Banco de Desarrollo para las Pequeñas y Medianas Empresas, resultado de la fusión entre el Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises y la Société Française d’Assurance sur Capital à Risque des PME. Su misión es promover el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación bancaria y ayudarlas a fortalecer su estructura financiera.Además, incluyen las Empresas de Desarrollo Regional, que tienen como objetivo promover, a través de inversiones de capital, el desarrollo de las medianas empresas. Este último entró en crisis en la década de 1990. Por lo tanto, no pudieron mantener su independencia. Las sociedades de desarrollo regional Champex, Expanso, Tofinso, Solder y Sodero han sido absorbidas por las cajas de ahorros. Sodecco fue adquirida por Banque Régioale de l’Ouest. La Sociedad de Desarrollo Territorial de Nord-Pas de Calais se ha puesto en contacto con Crédit Lyonnais. SADE tomó el control de Société de développement régional du Sud-Est, luego fue objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME.Este último entró en crisis en la década de 1990. Por lo tanto, no pudieron mantener su independencia. Las sociedades de desarrollo regional Champex, Expanso, Tofinso, Solder y Sodero han sido absorbidas por las cajas de ahorros. fue entonces objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME. fue entonces objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME. fue entonces objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME.fue entonces objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME. fue entonces objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Banque Générale du Luxembourg. Finalmente, la Compañía de Desarrollo Regional de Bretaña se ha acercado a la BDPME.

13.- Cabe señalar que el estado actual del derecho bancario no es obra únicamente de la ley del 24/01/1984. Durante los años siguientes, se adoptaron varios textos que ayudaron a reforzar el fenómeno de la concentración. En primer lugar, se han previsto varios tipos de coeficientes para garantizar la liquidez, la solvencia y el equilibrio de la estructura financiera de las entidades de crédito.

La mayoría de los ratios se basaron en los fondos propios de las entidades de crédito. Para garantizar la uniformidad de las soluciones en Europa, una directiva sobre fondos propios del 17/04/1989, modificada el 12/03/1991 y el 16/03/1992, se comprometió a definir este concepto. Se inspira principalmente en las normas promulgadas bajo los auspicios del Comité de Supervisión Bancaria que se encuentra en Basilea en el Banco de Pagos Internacionales. Su contenido fue introducido en Francia por el Reglamento del Comité de Regulación Bancaria No. 90-02 del 23/02/1990, modificado varias veces.

Esta directiva comunitaria fue completada por una directiva del 18/12/1989 relativa a un coeficiente de solvencia para las entidades de crédito, que fue transpuesta en Francia por el Reglamento n. 91-05 del 15/02/1991. Luego, la directiva comunitaria del 21/12/1992 sobre el seguimiento y control de las grandes exposiciones de las entidades de crédito fue transpuesta en Francia por el Reglamento nº 93-05 del 21/12/1993. Finalmente, la Directiva comunitaria de 15/03/1993 sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ha establecido normas comunes en materia de riesgos de mercado. Fue transpuesto por las Normas N° 95-02 y N° 95-05 del 21/07/1995 del Comité de Regulación Bancaria, que modificaron la Regulación N° 91-05.

Estos ratios restrictivos han llevado a conciliaciones entre aseguradoras y bancos. De hecho, este último necesitaba una liquidez considerable de las aseguradoras. Estos ratios también han generado el respaldo de las entidades de crédito, que no disponen de capital suficiente, con grupos más grandes.

Además, la segunda directiva bancaria liberalizó las actividades bancarias en la Unión Europea, en particular al establecer una licencia bancaria única en todos los países miembros. También permitió uniformar las normas prudenciales entre los Estados miembros, en particular en términos de capital mínimo.

Además, la Directiva CEE N° 93/22 adoptada el 10/05/1993 facilitó la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento en los mercados financieros de la Unión Europea para cualquier proveedor de servicios de inversión que tenga su domicilio social o su dirección efectiva en uno de los Estados miembros. Con este fin, se ha introducido el llamado sistema de “pasaporte europeo”. Esto no implica una armonización completa de las normas relativas a las condiciones de acceso a la actividad de proveedor de servicios de inversión. Se basa en el principio de reconocimiento de las homologaciones concedidas por las autoridades del Estado miembro de origen.The directive sets out a few minimum harmonization conditions relating to the granting of the European passport, but the Member State of origin remains free to enact stricter rules.

Consequently, the law of 1984 was modified by law n° 92-665 of 16/07/1992 transposing the EEC directive of 15/12/1989. This laid down the principle of freedom of establishment, the provision of services in the Member States of the community, the mutual recognition of approvals issued by the latter and the principle of monitoring by the country of origin. The most significant novelty thus resides in the single license system: the approval granted by the State of the head office is valid once and for all throughout the Community. This creation of a single banking market was obviously the primary cause of concentration since credit institutions were able to compete freely throughout Europe.

Finally, EEC directive n° 93/22 of 05/10/1993 was transposed into French law by law n° 96-597 of 07/02/1996. The latter adopts a new legal structure based on trades and no longer on markets. It consecrates the unity of the financial market while maintaining the specificity of financial intermediation in relation to credit businesses.

14. – Ultimately, the banking law as well as the texts drawn up subsequently allowed deregulation, harmonization of prudential rules and logically an activation of competition between credit institutions. This constituted a factor of concentration in the banking system. In particular, Community law has been at the origin of a large number of developments resulting in the acceleration of mergers.

15. – Dans ce contexte, l’État a dû privatiser les banques. Ce processus a également contribué à accroître la concentration du système bancaire. En effet, revenus au secteur privé, les principaux établissements ont retrouvé leur liberté d’initiative et ont pu s’engager dans des concentrations que leur appartenance au secteur public avait longtemps entravées. Le transfert des banques du secteur public au secteur privé s’est déroulé principalement en trois étapes. Les privatisations de 1986 à 1988 ont concerné 73 banques, principalement la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la Banque Industrielle et Immobilière Privée, la Caisse Nationale du Crédit Agricole, la Compagnie Financière de Paribas, la Compagnie Financière de Suez, la Compagnie Financière Crédit Commercial de France et Société Générale. Après une interruption de cinq ans, correspondant à la période « ni-ni », le programme de privatisation reprend en 1993. Les privatisations de 1993 et ​​1994 concernent notamment la BNP et la Banque Marseillaise de Crédit. De nouveaux transferts du secteur public vers le secteur privé ont été opérés depuis : en 1995 ils concernaient la BFCE et le Crédit Local de France, en 1996 deux banques du groupe Renault et trois filiales du Crédit Lyonnais, en 1997 une filiale du groupe GAN, en 1998 les autres filiales du GAN, notamment le groupe CIC ainsi que la Société Marseillaise de Crédit et ses filiales, en 1999 le Crédit Lyonnais et enfin en 2001 la banque Hervet. Les privatisations de 1993 et ​​1994 ont notamment concerné la BNP et la Banque Marseillaise de Crédit. De nouveaux transferts du secteur public vers le secteur privé ont été opérés depuis : en 1995 ils concernaient la BFCE et le Crédit Local de France, en 1996 deux banques du groupe Renault et trois filiales du Crédit Lyonnais, en 1997 une filiale du groupe GAN, en 1998 les autres filiales du GAN, notamment le groupe CIC ainsi que la Société Marseillaise de Crédit et ses filiales, en 1999 le Crédit Lyonnais et enfin en 2001 la banque Hervet. Les privatisations de 1993 et ​​1994 ont notamment concerné la BNP et la Banque Marseillaise de Crédit. De nouveaux transferts du secteur public vers le secteur privé ont été opérés depuis : en 1995 ils concernaient la BFCE et le Crédit Local de France, en 1996 deux banques du groupe Renault et trois filiales du Crédit Lyonnais, en 1997 une filiale du groupe GAN, en 1998 les autres filiales du GAN, notamment le groupe CIC ainsi que la Société Marseillaise de Crédit et ses filiales,

16. – Face à ces mutations du marché bancaire, les établissements de crédit fondent désormais leur stratégie sur la rentabilité. Le transfert du système bancaire de la sphère institutionnelle, voire administrative, à la sphère commerciale, en fait désormais une activité concurrentielle. Or, il est incontestable que la concurrence est à l’origine du processus de concentration.

17. – Par ailleurs, dans le domaine des contrôles légaux, il convient de noter que les banques privilégient la concentration par rapport à d’autres stratégies susceptibles de générer des économies, car les autorités de la concurrence les appréhendent avec bienveillance. . En effet, la coopération peut être condamnée sur la base de l’accord lorsqu’elle a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché. Les autorités de concurrence nationales et communautaires contrôlent rigoureusement les pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, les banques contournent la difficulté en se concentrant. Ce qui est interdit est remplacé par ce qui est encouragé. Ces concentrations font l’objet d’un contrôle plus ambigu qui vise notamment à examiner si l’opération crée ou renforce une position dominante, comme nous le verrons dans les développements suivants. Premièrement, l’intérêt général pèse lourd dans le contrôle national des concentrations. Etant donné que le ministère de l’Economie et des Finances est favorable à la concentration du système bancaire français, il est légitime de considérer qu’il ne s’opposera qu’exceptionnellement à ces opérations au nom de la protection de la concurrence. . Quant au contrôle des concentrations par le Conseil de la concurrence, il n’est que limité puisque son rôle n’est ici que consultatif. Ce modèle s’apparente à l’ancien modèle de justice retenue, étape historique de la justice administrative où le juge ne pouvait trancher lui-même le litige mais se bornait à proposer une décision de justice au Gouvernement. Ce contrôle est donc peu rigoureux. Deuxièmement, il est essentiel de noter que le contrôle européen des concentrations par la Commission poursuit un double objectif : l’intégration des marchés et la protection de la concurrence. Il en résulte une certaine ambiguïté du contrôle puisque la Commission donne la primauté à l’objectif d’intégration des marchés.

18. – Ce dernier élément révèle incontestablement que les sources juridiques de la concentration sont complétées par des causes économiques et managériales.

B/ Les causes économiques et managériales du processus de concentration bancaire

19. – La concurrence entraîne une concurrence accrue entre les établissements de crédit, ce qui conduit à de nombreuses concentrations. Ainsi, par exemple, la concurrence dans le métier de banque de détail tend à réduire les marges et conduit les acteurs à chercher à augmenter les produits distribués : produits d’épargne, d’assurance, etc. L’accès à ces activités passe par une stratégie de rapprochement. Des concentrations ont donc été initiées, notamment avec les compagnies d’assurance. De plus, cette concurrence doit de plus en plus s’exercer également contre des acteurs non bancaires. Citons les compagnies d’assurances qui sont entrées en force dans le secteur bancaire, notamment par le rachat de banques d’investissement. Par ailleurs, des entreprises du secteur de la distribution sont également entrées sur le marché bancaire.

D’un point de vue économique, la croissance de la taille des entreprises est quasiment la seule réponse aux besoins de cette nouvelle concurrence. On assiste donc à la globalisation du système bancaire et à un renforcement du pouvoir et de la propriété entre les mains d’une minorité. Le pouvoir économique est concentré sous prétexte de créer de la valeur. Cette course à la taille semble inéluctable en raison des critères de rentabilité.

20. – En effet, la concentration est susceptible de conduire à la réalisation de synergies et de complémentarités entre les entités liées. Ces synergies comprennent à la fois celles qui concernent les métiers et celles qui concernent le système de distribution lui-même. Le premier peut provenir soit de la complémentarité des portefeuilles clients et/ou produits, soit de la mutualisation de services centraux, de moyens logistiques, mais aussi de back-offices ou encore de savoir-faire. Les secondes peuvent, par exemple, se concrétiser en complétant un réseau de proximité par extension. Dès lors, l’accent a été mis sur les avantages conférés par la grande taille : facilités de financement, économies d’échelle, économies de gamme, gains de productivité, opportunités d’investissements risqués.

21. – Cependant, ces avantages doivent être relativisés dans le système bancaire car il n’est pas prouvé qu’il existe une relation entre la taille d’un établissement de crédit et sa rentabilité, sauf dans la banque de détail, d’autant plus que les coûts sont très disparates d’une banque à l’autre. Ainsi, la comparaison de la liste des 100 premières banques mondiales avec celle des 100 plus rentables, semble prouver l’inexistence d’une relation entre la taille et l’efficacité puisque seules 9 banques de la première liste figurent sur la seconde. Le professeur Alain Buzelay reconnaît l’existence d’une corrélation très faiblement positive entre la taille des organismes bancaires et leur rentabilité. Les travaux d’Alfred Steinherr montrent même une corrélation négative pour les plus grandes banques dans au moins six États membres. La « taille optimale » dépend du métier, la structure des coûts et le pouvoir de marché qu’elle confère. Certaines professions sont effectivement exercées au niveau départemental et régional. D’autres ne sont rentables qu’au niveau national, d’autres ont enfin besoin de se déployer au niveau international. Ainsi, les bénéfices économiques de ces stratégies sont, à ce jour, globalement très débattus : l’effet taille n’a pas forcément apporté plus d’économies d’échelle ni de diversification des risques. Dans certains cas, le développement incontrôlé de l’activité a même conduit à une accumulation considérable de risques ; l’importance des fonds propres et leur rendement ont pu poser des problèmes de réutilisation qui ont pu inciter les banques à développer des stratégies d’arbitrage prudentiel. Enfin, D’autres ne sont rentables qu’au niveau national, d’autres ont enfin besoin de se déployer au niveau international. Ainsi, les bénéfices économiques de ces stratégies sont, à ce jour, globalement très débattus : l’effet taille n’a pas forcément apporté plus d’économies d’échelle ni de diversification des risques. Dans certains cas, le développement incontrôlé de l’activité a même conduit à une accumulation considérable de risques ; l’importance des fonds propres et leur rendement ont pu poser des problèmes de réutilisation qui ont pu inciter les banques à développer des stratégies d’arbitrage prudentiel. Enfin, D’autres ne sont rentables qu’au niveau national, d’autres ont enfin besoin de se déployer au niveau international. Ainsi, les bénéfices économiques de ces stratégies sont, à ce jour, globalement très débattus : l’effet taille n’a pas forcément apporté plus d’économies d’échelle ni de diversification des risques. Dans certains cas, le développement incontrôlé de l’activité a même conduit à une accumulation considérable de risques ; l’importance des fonds propres et leur rendement ont pu poser des problèmes de réutilisation qui ont pu inciter les banques à développer des stratégies d’arbitrage prudentiel. Enfin, le développement incontrôlé de l’activité a même conduit à une accumulation considérable de risques ; l’importance des fonds propres et leur rendement ont pu poser des problèmes de réutilisation qui ont pu inciter les banques à développer des stratégies d’arbitrage prudentiel. Enfin, le développement incontrôlé de l’activité a même conduit à une accumulation considérable de risques ; l’importance des fonds propres et leur rendement ont pu poser des problèmes de réutilisation qui ont pu inciter les banques à développer des stratégies d’arbitrage prudentiel. Enfin,

22. – L’accélération du processus de concentration bancaire en Europe s’explique donc par la conjonction de plusieurs autres phénomènes.

23. – Tout d’abord, il y a la surcapacité bancaire qui est une des causes de la concentration. Corrélativement, il ne semble plus y avoir de place pour un nouveau réseau bancaire ni en France ni dans l’Union européenne, notamment en raison du taux de bancarisation très élevé. Cela laisse très peu de place aux nouveaux venus. Ainsi, il s’agit d’acheter des réseaux de guichets et de banques d’une certaine taille déjà implantés sur les marchés. L’explication des concentrations par la recherche de pouvoir de marché constitue donc une hypothèse de travail beaucoup plus féconde. Les banques se concentrent parce qu’elles veulent défendre voire étendre leurs positions sur leur marché domestique face à des concurrents nationaux qui se concentrent, mais aussi face à des concurrents étrangers potentiels.

24. – Ensuite, les concentrations apparaissent souvent comme un moyen au service de la mise en œuvre d’une stratégie permettant d’atteindre l’objectif à la mode. En effet, on peut s’interroger sur le caractère mimétique de certaines de ces opérations, dans la mesure où des effets pervers sont apparus par le passé pour contredire, au moins dans un certain nombre de cas, les bénéfices économiques de stratégies couramment appliquées à la fois par majorité des acteurs du secteur. Par exemple, les stratégies commerciales des banques ont été marquées, dans les années 1980, par une course à la taille des bilans. Au cours des années 1990, le montant des capitaux d’abord, puis leur rendement, sont devenus les nouveaux critères de développement. Enfin aujourd’hui,

Le système bancaire présente ainsi parfois un fonctionnement concurrentiel consensuel et, dans certains cas, oligopolistique, où les principaux acteurs sont dans l’ensemble assez peu différenciés. Elle apparaît donc souvent sensible à une modification de l’environnement concurrentiel local, qui peut alors être perçue comme une modification des règles du jeu, à laquelle il faut répondre soit en s’y conformant, soit en changeant à nouveau ces règles soi-même. . Par conséquent, de nombreuses opérations de consolidation peuvent être déclenchées par un effet d’imitation de fusion initié par un concurrent. Au niveau européen, le mimétisme semble également perceptible. En effet, l’européanisation de plusieurs banques est motivée par le fait que leurs principaux concurrents s’installent en Europe.

25. – L’accélération des opérations de consolidation peut aussi résulter d’une réaction défensive de certains acteurs face aux initiatives des concurrents. Ces comportements micro-économiques, appelés « équilibre de Nash » en théorie des jeux, conduisent un agent à adopter la réponse qu’il juge la plus crédible à la stratégie de son concurrent pour maintenir ou préserver sa position. A cet égard, certains rapprochements du système bancaire réalisés récemment en Europe semblent avoir été initiés davantage en réponse à une modification des équilibres existants que dans la perspective d’atteindre un objectif initial fort.

26. – Les comportements mimétiques, comme les stratégies réactives, ont leur propre rationalité économique, mais qui n’est pas nécessairement fondée sur la création de valeur : dans le premier cas, la réduction des asymétries d’information entre concurrents sur le marché. un ensemble assez homogène, comme c’est le cas dans le système bancaire, peut les inciter à des réactions de type mimétique ; dans le second cas, c’est surtout la crédibilité de la réaction qui prime.

27. – La course à la concentration s’explique aussi par la volonté des dirigeants des banques d’être des « prédateurs » plutôt que de risquer de devenir la cible d’une OPA inamicale. De ce point de vue, la taille moyenne des banques françaises révèle le risque de rachat par de plus grands établissements étrangers. Il faut noter que la recherche de puissance est en elle-même un facteur de concentration non négligeable. Par exemple, en 1999, la bataille boursière entre la BNP et la Société Générale a démontré qu’au-delà des raisons économiques, se posaient aussi des questions de prééminence des individus et de prestige des équipes dirigeantes.

28. – Par ailleurs, les pressions actionnariales jouent également un rôle déterminant dans les concentrations bancaires. Celles-ci apparaissent comme une réponse à la demande de rendement pour les actionnaires. En effet, l’importance croissante des investisseurs institutionnels dans le capital des établissements de crédit conduit naturellement les dirigeants de ces derniers à orienter leurs objectifs de gestion vers la valeur actionnariale. Les objectifs de rentabilité demandés atteignent le taux de rentabilité des fonds propres de 15%. Face à cette pression actionnariale exigeante, les banques cherchent d’abord à y répondre en s’efforçant de développer leur performance interne et en accélérant leur croissance. Mais la marge potentielle de croissance interne atteint rapidement ses limites : en effet, les gains de productivité moyens oscillent généralement entre 2 et 5 % par an ; quant à la croissance globale des activités, il est d’environ 3 % par an sur le marché intérieur. Le maintien d’un taux de rendement supérieur à 10 % nécessite donc le recours à la croissance externe.

29. – Par ailleurs, le marché unique et l’introduction de l’euro s’avèrent décisifs dans la métamorphose du secteur. Ils ont transformé les marchés nationaux en un marché paneuropéen. Ainsi, la Commission européenne a estimé que : « (…) l’euro ferait sans doute sentir ses effets dans un grand nombre de secteurs, notamment les services financiers (…) ». En définitive, l’avènement de l’euro a fait office de détonateur avec encore plus de force que ne l’avaient prévu les spécialistes. Cela élimine le risque de taux de change au sein de la zone euro. De plus, il assure une monnaie commune pour la gestion d’actifs. Enfin, les frais prélevés par les établissements de crédit sont également exprimés dans la même devise partout en Europe. L’homogénéisation des produits et la transparence des prix sont donc encouragées. Cette concurrence accrue contribue à l’écrasement des marges sur certaines activités. Cela incite les banques à rechercher plus de volume, et donc des parts de marché plus élevées.

30. – Par ailleurs, grâce à la croissance des marchés financiers, des capacités et des opportunités d’acquisition ont été générées. La situation internationale s’est améliorée et a été marquée par une reprise de la croissance et des taux d’intérêt relativement bas, malgré une hausse récente. Cet environnement a profité aux marchés boursiers, ce qui a pu contribuer à accélérer le processus de consolidation bancaire à plusieurs égards :

– par la création de capacités d’acquisition du fait des fortes hausses de valorisation de certains établissements,

– en déclenchant des acquisitions précoces de cibles dans le but de minimiser le coût de la restructuration en vue d’une revalorisation croissante du système bancaire, – par des opportunités d’investissement bon marché grâce à l’abondance des ressources de marché, voire internes.

31. – Finally, mergers are part of a context of increasing globalization of financial markets and technological progress linked to the development of new channels of distance marketing and negotiation. There are indeed high-tech sectors which are globalized from the outset: electronic components, IT, aeronautics. Some more traditional sectors are in the process of globalisation: the automobile industry, the tire industry, as many client companies that the banks must support in their race to global size if they wish not to lose them. As for the financial industry itself, it is becoming global, as activity on the financial markets can only be considered on a global scale. It is certain that globalization constitutes a factor of concentration. Initially, national operators are concentrating. In a second period, they are concentrated at European level. Finally, in a third step, they should focus globally. National rivers should flow into a European river and then into a global banking and financial ocean. However, the current situation seems stuck between the first phase and the second.

II/ The contemporary situation of the movement of banking concentration

32. – A movement of concentration of the banking systems of all the States of Europe can be noted (A). As regards the movement of cross-border concentration, this is having difficulty developing (B).

A/ The movement towards concentration of banking systems in the States of Europe

33. – It seems that the concentration process got off to a moderate start in France.

34. – D’une part, comme nous l’avons déjà précisé, il existe encore de nombreuses lois en droit bancaire français. Cela limite théoriquement la concentration des banques mutualistes. Ainsi, la règle selon laquelle ils ne peuvent payer en titres, notamment l’acquisition d’autres établissements, continue de s’appliquer. Cela pénalise le développement du secteur mutualiste qui, paradoxalement, a pourtant réussi à se concentrer. A noter la concentration du Crédit Agricole avec Indosuez ainsi que Sofinco, la concentration entre Banque Populaire et Natexis, ainsi que le rachat du CIC par le Crédit Mutuel. Cependant, le risque demeure pour le secteur mutualiste de ne pas réussir à acquérir une dimension européenne.

35. – En revanche, les banques françaises, malgré l’amélioration de leurs résultats, due en grande partie à l’amélioration de la situation économique, souffrent toujours de l’insuffisance des bénéfices de leur activité domestique, comme en témoigne leur relative faiblesse en termes de rentabilité des fonds propres à l’échelle internationale. Cela tient peut-être aussi à la gestion de la catastrophe du Crédit Lyonnais et à toute une série de faillites de banques ou d’entreprises de moindre importance qui ont fait peser une charge très lourde sur la collectivité publique et les grands groupes privés qui se retrouvent considérablement fragilisés. Le groupe Suez et la société Paribas, par exemple, ont dû digérer les abus qu’ils avaient provoqués dans le domaine de l’immobilier. Les banques de dépôt traditionnelles, comme la BNP ou la Société Générale, ont également dû faire face aux erreurs qu’ils avaient commises en prêtant aux petites et moyennes entreprises. Cela plaçait la France, au regard de la concentration du système bancaire, dans une position médiane par rapport aux autres États membres de l’Union européenne.

36. – Cependant, entre le 01/01/1987 et le 31/12/2001, le nombre total d’établissements de crédit implantés en France a néanmoins sensiblement diminué, passant de 2152 en 1987 à 1837 en 1991, à 1608 en 1994, à 1209 en 1998, à 1085 en 2000, à 1035 en 2001 et à 975 en 2002. La baisse a été de 5% en 1998 et 2000 et, en quatorze ans, de 51,9%. Toutes les catégories d’établissements sont concernées par ce changement. Ainsi, le nombre de banques AFB est passé de 412 en 1991 à 386 fin 1997 et 359 fin 1998. Cette « réduction régulière, à partir de 1988, et qui se poursuit actuellement (…) se traduit notamment (…) groupes d’établissements ». En effet, de 1985 à 1998, 1277 opérations de fusion ont été enregistrées et plus de 900 rachats par de nouveaux actionnaires.

37.- Para hacer frente al aumento de la competencia y la caída de los márgenes, las redes han emprendido programas de racionalización destinados a crear entidades de tamaño suficiente. Esta búsqueda de masa crítica ha llevado a los grupos mutualistas a realizar numerosas fusiones entre entidades afiliadas.
La acción más destacada es la llevada a cabo por el grupo Caisses d’Epargne et de Prévoyance. Beneficiándose, con la Caisse Nationale d’Epargne, del monopolio del livret A y estando estrechamente especializados en vivienda y préstamos comunitarios, no habían sentido la necesidad de adaptar su organización. Aún siendo 468 a fines de 1984, tenían, en su mayor parte, solo un radio de acción limitado a una ciudad y algunas ciudades vecinas. Luego adoptaron un plan de reagrupamiento que, en etapas sucesivas, redujo su número a 186 en 1990, a 35 en 1993 y luego a 34 en 2000.

Las otras redes han llevado a cabo una acción similar, pero de forma más progresiva. Por ejemplo, el grupo Crédit Agricole, que todavía contaba con 95 bancos regionales en 1987, redujo su número, mediante fusiones sucesivas, a 90 en 1990, luego a 74 en 1993, a 59 en 1996, a 54 en 1999, a 51 en 2001 y 43 en 2003.

De manera similar, el grupo Banques Populaires, que tenía 42 Banques Populaires en 1984, redujo su número a 32 en 1992 y luego a 25 en 2002.

Asimismo, Crédit Mutuel redujo el número de sus sucursales de 40 a 26. Finalmente, el grupo de Sociétés anonymes de credit immobilier emprendió durante este período una racionalización de sus estructuras, reduciendo su plantilla de 171 en 1984 a 103 en 1999, 87 en 2001 y 59 en 2004.

38.- Paralelamente a estas operaciones de fusión dentro de los grupos bancarios, se produjeron operaciones de concentración de gran envergadura. Ha ocurrido un big bang, pero aún no está completo porque el movimiento de concentración está en marcha. Los operadores económicos son cada vez más poderosos y esto tiene como consecuencia que todos deben fortalecerse, no teniendo más remedio que beneficiarse de la igualdad de armas. Los ejemplos incluyen la fusión Indosuez/Crédit Agricole en 1996; en 1997, las operaciones de Crédit du Nord/Société Générale y Natexis/Banques Populaires; la adquisición de CIC por Crédit Mutuel y de Société Marseillaise de Crédit por CCF en 1998. En 1999, la mayor oferta bancaria pública en Francia dio lugar a BNP-Paribas. Por otro lado, la Caisse Nationale du Crédit Agricole ha adquirido el 70% del especialista en crédito al consumo Sofinco. Groupe Caisses d’Epargne compró Crédit Foncier de France y se reorganizó el accionariado de DEXIA bajo los auspicios del holding belga del grupo. En 2000, el Comptoir des Entrepreneurs se concentró en Banque La Hénin. En 2001, Banque Hervet pasó a manos de CCF, mientras que Caisse des Dépôts et Consignations y Ecureuil transfirieron la mayor parte de sus actividades a la sociedad financiera Eulia, con el fin de crear el tercer centro bancario más grande de Francia. Esto, sin duda, reforzó la concentración del sistema bancario francés. En 2002, Axa Banque compró Banque Directe, el grupo Crédit Coopératif se integró en el grupo Banques Populaires, Cetelem compró Facet y Crédit Agricole ganó Finaref. En 2003, Crédit Agricole toma el control de Crédit Lyonnais. Finalmente, en 2004, Crédit Foncier de France adquirió Entenial,

39. – Mais alors que le mouvement de concentration s’accélère dans de nombreux pays européens, les Français commencent à prendre conscience de leur retard. Les pouvoirs financiers nationaux sont devenus dérisoires. L’exemple de la Société Générale, grande banque française, est révélateur. Il détient 7 % du marché français de la banque de détail. Or, compte tenu du fait que la France pèse 17 à 20 % du marché européen, cela signifie qu’elle représente environ 1,3 à 1,4 % de ce marché. Il s’agit probablement d’une partie insuffisante qui ne peut garantir son existence à long terme. De plus, le nouveau groupe, né de la concentration entre BNP et Paribas, devenu le « champion national », n’est pas un groupe optimal.

Les banques françaises doivent donc croître pour concurrencer la concurrence européenne, faute de quoi elles seront rachetées par des établissements étrangers comme le CCF, passé sous pavillon anglais, suite à une offre publique lancée par le groupe HSBC le 04/01/2000. En effet, les banques britanniques sont bien plus puissantes que les françaises, notamment grâce aux nombreuses fusions qui ont eu lieu ces dernières années. Il s’agit notamment des opérations Lloyds TSB/Scottish Widdows, Natwest/Legal and General, Barclays/Woolwich et Bank of Scotland/Halifax. La plus spectaculaire est certainement l’offre publique de Royal Bank of Scotland sur Natwest. Une bataille épique contre la Bank of Scotland a été lancée pour le contrôle. C’est finalement Royal Bank of Scotland qui l’a emporté grâce à l’aide de son premier actionnaire :

En Espagne, un phénomène de concentration en cascade s’est également produit. Ce sont d’abord Banco de Bilbao et Banco Vizcaya qui ont fusionné en 1988 pour créer BBV. Puis en 1991, Banco Hispano Americano a été absorbée par Banco Central. Peu de temps après, Banco Santander a racheté le Banesto en difficulté. De même, cinq établissements publics ont fusionné pour former la Banque Argentaria. Enfin, plus récemment, Banco Santander et Banco Central Hispano se sont rapprochés. Depuis, BSCH a fortement consolidé sa position de premier groupe bancaire ibérique. Sa capitalisation boursière a augmenté de 55% à 40 milliards d’euros et son total de bilan, de 240,5 milliards d’euros, représente plus de 23% des actifs bancaires du pays. Enfin, Banco Bilbao Vizcaya et Argentaria ont fusionné pour donner naissance à BBVA le 01/01/2000. Ce processus s’accélère également au Portugal. En 2000, Banco Commercial Portugues est passé à l’offensive en fusionnant avec Banco Mello et Banco Pinto e Sotto Mayor. De même, Banco Espirito Santo et Banco Portugues di Investimento se sont concentrées. Cette opération a ainsi marqué la naissance du premier groupe bancaire portugais avec 40,484 milliards d’euros d’actifs.

En Italie, le système bancaire connaît également depuis plusieurs années une période de restructuration accélérée qui lui a permis de se renforcer. Ainsi, en 1998, la banque Abrovenento rachète Cariplo, pour former la banca Intesa et, en 1999, Intesa reprend Comit. Par ailleurs, les fusions San Paolo/IMI, mais aussi Credito Italiano/ Unicredito, San Paolo/ Cardine, Banca Popolare di Verona/ Banca Popolare di Novara, Banca Popolare Bergamo/ Crédito Varesino/ Banca Popolare Commercio Industria et enfin Capitalia / Bipope Carire peuvent être cité. Les performances financières des banques italiennes se sont nettement améliorées et de véritables champions nationaux, capables de jouer un rôle actif dans le concert des banques européennes, commencent à émerger.

En Belgique, les reprises de Banque Indosuez Belgique par CERA et de Banque Paribas Belgique par Bacob se sont succédées. Plus fondamentalement, on peut notamment relever l’intégration de Générale de Banque au groupe Fortis. Cette opération s’accompagne d’un rapprochement avec la CGER qui prend le contrôle de la SNCI.

Quant au redéploiement bancaire aux Pays-Bas, il a donné naissance à trois géants ABN AMRO, Rabobank et ING, dès le début des années 1990. Ces trois premiers établissements de crédit détiennent 90 % du marché bancaire néerlandais. Cette forte part de marché domestique et ces dix années d’avance, ont permis aux groupes néerlandais de prendre des positions significatives au niveau international. Après le rachat en août 1999 de la banque allemande BHF, ING a une présence significative dans cinq pays européens. Lui aussi convoitait le CCF, mais ce fut un échec. Une offre publique d’achat à 137,5 euros par action est lancée en décembre 1999, mais elle est immédiatement retirée. Certains avaient affirmé que la rupture était définitivement consommée, mais un observateur avisé nous avait confirmé que les pourparlers entre les deux banques n’étaient pas définitivement rompus. Patrick Dupray a également estimé qu’ING devrait « revenir à la charge dans les mois à venir ». Les événements lui donnèrent raison, puisque le 16/03/2000, un nouveau rebondissement se produisit. Le président d’ING a profité de la présentation des résultats annuels pour lancer un ultimatum à Charles de Croisset. Or, le 01/04/2000, aux termes d’accords rapides et secrets, HSBC s’est révélé offrir aux actionnaires du CCF un prix supérieur de 9% à celui d’ING, qui a été obligé de s’incliner. Le président d’ING a profité de la présentation des résultats annuels pour lancer un ultimatum à Charles de Croisset. Or, le 01/04/2000, aux termes d’accords rapides et secrets, HSBC s’est révélé offrir aux actionnaires du CCF un prix supérieur de 9% à celui d’ING, qui a été obligé de s’incliner. Le président d’ING a profité de la présentation des résultats annuels pour lancer un ultimatum à Charles de Croisset. Or, le 01/04/2000, aux termes d’accords rapides et secrets, HSBC s’est révélé offrir aux actionnaires du CCF un prix supérieur de 9% à celui d’ING, qui a été obligé de s’incliner.

De plus, les banques allemandes, à la traîne dans la course à la concentration, semblent déterminées à rattraper leur retard. On peut citer les fusions entre Hypo Bank et Vereinsbank et entre Bankgesellchaft Berlin et Nordeutsche/LB. Les trois principales banques publiques régionales du Bade-Wurtemberg ont fusionné pour créer la Landesbank Baden Württemberg. En outre, il convient de se référer à l’annonce du projet de fusion entre Deutsche Bank et Dresdner Bank le 08/03/2000. Ce regroupement aurait donné naissance à la première banque mondiale avec 1 200 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cependant, suite à de nombreux différends, notamment concernant l’intégration dans la Deutsche Bank de Dresdner Kleinwort Benson, la banque d’investissement de Dresdner, la fusion a été abandonnée. C’est finalement Allianz qui rachète la Dresdner Bank en 2001 et donne naissance à un empire financier. Enfin, il faut mentionner la fusion DGBank et GZ-Bank ainsi que la fusion d’Eurohypo, DeutscheHyp et Rheinhyp.

Enfin, le Danemark a connu une vague de fusions à la fin des années 1980 avec les fusions de Copenhagen Handelsbank/ Den Danske Bank/ Provinsbanken, Privatbanken/ Sparekassen SDS/ Andelsbanken et Sydbank/ Sparekassen Sydiylland.

40. – Les concentrations bancaires nationales se sont donc indéniablement multipliées ces dernières années. En ce qui concerne les concentrations transfrontalières, le tableau est plus nuancé.

B/ Le mouvement relatif de concentration bancaire transfrontalière

41. – Les regroupements se sont, jusqu’à présent, principalement opérés au sein des marchés nationaux dans le but de consolider les positions et de constituer de vastes pôles nationaux dans les zones considérées par les intéressés comme les plus rémunératrices en fonction des spécificités locales. Ainsi, bien que le mouvement de concentration soit évident, les fusions bancaires transfrontalières, contrairement à ce qui est observable dans le secteur, sont assez rares.

Parallèlement à la constitution de grands groupes nationaux, seules quelques opérations transfrontalières ont eu lieu. Les transactions sortant du cadre national concernaient principalement les pays voisins comme Merita/ Nordbanken en Finlande et en Suède, Merita Nordbanken/ Unidanmark entre la Finlande, la Suède et le Danemark, Merita Nordbanken/ Christiana en Finlande, en Suède et en Norvège. Citons également les opérations Hypo Vereinsbank/ Bank Austria entre l’Allemagne et l’Autriche, Cera/ Kredietbank et ING/ BBL aux Pays-Bas et en Belgique, ING/ BHF Bank, ABN Amro/ Delbrück, ING/ Entrium et ABN Amro / BethmannMaffei aux Pays-Bas et Allemagne, Crédit local de France/ Crédit communal de Belgique pour former Dexia. Ce dernier s’est ensuite concentré, en 2001, avec le belge Artésia Banking Corp et le néerlandais Kempen. Il faut également citer les fusions entre BSCH et une partie du groupe Champalimaud en Espagne et au Portugal, et enfin les opérations franco-britanniques HSBC/CCF et Egg/Zebank. A noter enfin qu’en 2004, l’Espagnol Santander rachète le britannique Abbey National. Cette opération constitue une véritable concentration d’échelle paneuropéenne dans la banque de détail. Le mouvement transfrontalier de ces acteurs s’explique notamment par l’absence de cibles domestiques alternatives. Cette opération constitue une véritable concentration d’échelle paneuropéenne dans la banque de détail. Le mouvement transfrontalier de ces acteurs s’explique notamment par l’absence de cibles domestiques alternatives. Cette opération constitue une véritable concentration d’échelle paneuropéenne dans la banque de détail.

42. – Les différences de culture, d’éloignement géographique, de langue rendent plus difficile la mutualisation des ressources et notamment des back-offices. Les synergies émergent moins facilement sur le plan commercial, notamment en raison de la difficulté supplémentaire d’homogénéiser des marques géographiquement dissociées. Mais selon nous, la difficulté fondamentale réside dans les disparités des réglementations ainsi que dans les protections dont bénéficient les activités des banques, comme l’ont souligné des exemples récents. En effet, les autorités norvégiennes, par exemple, ont longtemps refusé l’offre de Merita-Nordbanken sur Christiania avant de donner leur accord. Les autorités portugaises se sont également opposées au rachat du groupe BPSM-MC par BSCH et l’intervention de la Commission européenne a été nécessaire pour permettre un déblocage partiel. Ce dernier cas est exemplaire. En soutenant cette opération,

43. – En principe, il est donc désormais impossible de s’opposer aux concentrations bancaires initiées par les opérateurs européens. Cela serait contraire aux principes du marché bancaire unique et au droit communautaire de la concurrence. Mais il est pertinent de noter que la protection du droit à la concentration transfrontalière, par Bruxelles, n’est pas suffisante pour rendre ce droit effectif. En effet, il existe de nombreux autres obstacles qui proviennent du manque d’harmonisation européenne des lois, de la fiscalité et de la comptabilité. On sera donc amené à s’interroger sur une éventuelle harmonisation européenne. Une directive sur les aspects juridiques des fusions entre sociétés d’Etats membres différents est toujours en préparation, tandis que la directive CEE du 23/07/1990, relative au régime fiscal de ces mêmes fusions, a été transposée en droit français. Cette absence de régulation justifie en partie la préférence pour les opérations nationales, outre le fait que les opérateurs économiques privilégient d’abord le renforcement de leur territoire national avant d’avoir une politique de croissance internationale. La tendance à la concentration transfrontalière ne peut s’épanouir que dans la mesure où la réglementation applicable à ces concentrations est parfaitement connue. outre le fait que les opérateurs économiques privilégient d’abord leur renforcement sur leur territoire national avant d’avoir une politique de croissance internationale. La tendance à la concentration transfrontalière ne peut s’épanouir que dans la mesure où la réglementation applicable à ces concentrations est parfaitement connue. outre le fait que les opérateurs économiques privilégient d’abord leur renforcement sur leur territoire national avant d’avoir une politique de croissance internationale. La tendance à la concentration transfrontalière ne peut s’épanouir que dans la mesure où la réglementation applicable à ces concentrations est parfaitement connue.

44. – European banks will have to merge and the legal system will have to offer them the means to do so, “it is a question of rationality”. Consequently, the consolidation of national banking systems, the harmonization of rules of law and the control of concentrations should constitute a prerequisite for profound transformations at European level.

45. – Selon la Fédération bancaire européenne, 2 955 banques commerciales sont présentes en Europe occidentale avec un total d’actifs de 9 144 milliards d’euros, opérant à travers 99 456 agences et succursales et employant 1,84 million d’employés. En France, le poids économique du système bancaire est également considérable et décisif. Elle emploie 423 798 personnes, traite 3,4 milliards d’euros de paiements par chèques, cartes ou virements et gère l’essentiel des crédits à l’économie, soit 1 176,7 milliards d’euros. L’équilibre de cet édifice et sa stabilité à moyen terme seront nécessairement bouleversés avec à la clef une redistribution des parts de marché et une recomposition des forces en présence qui se traduira par un nombre beaucoup plus réduit d’entités en Europe. Les chiffres sont révélateurs. Il y avait 12 500 établissements bancaires en Europe en 1990. Il n’en restait plus que 8 000 en 2000. En 1998 et 1999, 188 opérations en capital ont concerné des banques européennes. Le montant des actifs qui ont été échangés fonde la thèse que ces opérations sont de plus en plus colossales. Ainsi, le nombre de fusions et acquisitions de plus de 500 millions de francs, concernant des banques européennes, est passé de 54 en 1994 à 98 en 1998. En 1994, 109 milliards de francs ont fait l’objet d’échanges contre 710 milliards de francs en 1998 et 923 milliards de francs en 1999. Cette course à la taille et aux parts de marché menace de déstabiliser le système bancaire et financier. De plus, cette évolution augmentera considérablement les risques de monopolisation et de cartellisation. Le phénomène appelle en réponse à un renforcement du système assurant la stabilité du système bancaire et financier, mais aussi une accentuation du contrôle des autorités chargées de surveiller la concurrence sur le marché. Il faut donc rechercher la méthode préférée pour tenter de proposer une régulation de ce mouvement.

III/ Méthodologie pour une nouvelle approche des concentrations bancaires

46. ​​– L’approche adoptée doit être juridique (A), mais il convient d’aller au-delà de cette vision monodisciplinaire grâce à une analyse interdisciplinaire (B).

A/ Comprendre le processus de concentration bancaire par la loi

47. – L’élément essentiel des concentrations bancaires réside dans leur particularité. La principale raison de cette situation tient au fait que le système bancaire est spécifique car il est dépositaire de fonds appartenant à autrui, notamment sous forme de dépôts à restituer ultérieurement. C’est le principal détenteur de liquidités mais aussi le principal fournisseur de services de paiement d’où proviennent la quasi-totalité des transactions réalisées dans l’économie. Enfin, c’est de lui que dépendent réellement le bon fonctionnement et l’efficacité de l’économie, à travers le processus d’intermédiation financière. Ainsi, c’est un élément vital de presque toutes les transactions économiques.

48. – La loi a donc notamment pour objet de prévenir le risque systémique propre au système bancaire. Cela génère un traitement juridique spécifique des concentrations bancaires. Cette spécificité se traduit par un contrôle plus approfondi que celui appliqué aux autres secteurs économiques. Ce contrôle supplémentaire est régi par le droit bancaire.

49. – Un régime d’autorisation préalable des concentrations bancaires est organisé par l’article L. 611-1 du code monétaire et financier. Ce dernier habilite le ministre chargé de l’économie à fixer les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou transférées dans des établissements de crédit et les conditions permettant à ces établissements de prendre des participations. Le règlement n° 96-16 du 20/12/1996 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière a ainsi prévu l’autorisation préalable de toute modification majeure dans la composition des apporteurs de capitaux afin d’assurer la solidité financière de l’entreprise.

50. – Par ailleurs, la spécificité de l’appréhension juridique des concentrations bancaires est matérialisée par la délicate coordination, voire les conflits entre, d’une part, le droit des sociétés, le droit boursier et, d’autre part, le droit bancaire. Les fusions bancaires ne remettent pas seulement en cause ces trois droits particuliers. Elles entraînent également la rencontre de ces branches avec le droit commun, inévitable dans l’ordre juridique français où les droits spéciaux ne peuvent totalement chasser le droit privé fondamental.

51. – Par exemple, un conflit entre le droit bancaire et le droit des contrats ne peut être évité. En effet, sur la base du droit des contrats, les parties sont libres d’acquérir et de vendre leurs parts dans une société. Toutefois, le CECEI soumet l’autorisation de prise de participation dans une banque à un accord entre les banques.

52. – De même, le conflit entre le droit des sociétés et le droit bancaire est manifeste. En effet, le droit des sociétés définit la notion de contrôle d’une société. Toutefois, le droit bancaire ne renvoie pas à la définition de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

53. – Enfin, le conflit entre le droit bancaire et le droit boursier est évident. L’opération est soumise au contrôle de la loi bancaire, qui assure le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des clients. Il prévoit notamment les conditions d’autorisation des prises de participation dans les banques. Le droit boursier, quant à lui, agit en faveur du bon fonctionnement des marchés financiers. Il prévoit les conditions de recevabilité des offres publiques et leur déroulement. La rencontre de ces deux droits engendre un conflit de droits spéciaux.

54. – Ainsi, le problème majeur est celui de l’articulation des différentes branches du droit. En effet, la mise en œuvre du droit bancaire s’oppose à de nombreuses règles juridiques issues d’autres branches du droit. Le droit applicable aux concentrations bancaires révèle donc un certain nombre d’incertitudes qui ont été en partie levées par le législateur ou qu’il convient de lever.

55. – En definitiva, la especificidad bancaria implica una adecuación de la ley. Por lo tanto, sería relevante cuestionar el surgimiento de una ley de concentración bancaria. Sin embargo, este ejercicio es complicado por dos razones. Por un lado, la ley aplicable a las concentraciones bancarias es solo ocasionalmente específica. Más precisamente, parece que en ciertos casos, la especificidad bancaria se tiene en cuenta en la ley de fusiones, mientras que en otros casos, se aplica plenamente la ley “común” de fusiones. Por otra parte, las bases de este sistema se encuentran dispersas en varias ramas del derecho. En efecto, la concentración bancaria presenta tantas expresiones como disciplinas. Sin embargo, las disciplinas jurídicas en cuestión son numerosas: derecho contractual, derecho de sociedades, derecho de privatización, derecho bancario, derecho del mercado financiero, derecho de la competencia, derecho bursátil y derecho laboral. La dinámica impuesta por la concentración bancaria cristaliza las orientaciones que constituyen el marco de este ordenamiento jurídico. A falta de un régimen jurídico exhaustivo, extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundacionales de su propio régimen. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. La dinámica impuesta por la concentración bancaria cristaliza las orientaciones que constituyen el marco de este ordenamiento jurídico. A falta de un régimen jurídico completo, extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundacionales de su propio régimen. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. La dinámica impuesta por la concentración bancaria cristaliza las orientaciones que constituyen el marco de este régimen jurídico. A falta de un régimen jurídico exhaustivo, extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundacionales de su propio régimen. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundamentales de su propio sistema. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundamentales de su propio sistema. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundamentales de su propio sistema. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes. extrae de diferentes disciplinas jurídicas los principios fundamentales de su propio sistema. Esto presupone un conjunto de reglas y controles tomados de las disciplinas jurídicas en cuestión, pero también un modo de resolución adaptado a los conflictos derivados del choque de las múltiples disposiciones presentes.

56.- El ataque a la propia autonomía relativa de las ramas del derecho, la falta de coordinación entre ellas, en particular con el derecho bancario, está en el origen de conflictos que resultan de difícil solución. Así, la complejidad de las normas y controles que rigen la realización de concentraciones bancarias y su pertenencia a distintas disciplinas jurídicas generan dificultades.

57. – The solution certainly lies in better interpenetration of the branches of law within the judicial system. This would, in our opinion, reduce the divergences between the different branches of law which have unifying objectives. Banking concentration would constitute a legal concept bridging several legal disciplines, bringing them together and going beyond their autonomy. This would allow it to be subject to a unitary legal regime. This argument militates for an interdisciplinarity internal to the law but also external.

B/ Interdisciplinary understanding of the banking concentration process

58. – El carácter multidimensional del fenómeno de la concentración bancaria no parece prestarse a un análisis basado en una sola disciplina. Así, un enfoque legal del movimiento implica una cierta apertura. Por lo tanto, es preferible tratar de adoptar un método interdisciplinario. Esta será tanto más fiable cuanto más concretamente se defina su campo de acción.

La multidisciplinariedad es de actualidad en las ciencias jurídicas. El Sr. Claude Champaud afirma que “salvo que perseveremos en una concepción puramente normativa, inmanente y cuasi bíblica del derecho, debemos considerar la regla jurídica como el resultado de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que se ejercen en un momento dado” .

El Sr. Gérard Farjat, otro precursor del derecho económico, también apeló fuertemente a un razonamiento basado en la confrontación de varias disciplinas. Recomendó en particular para el especialista en derecho económico, además de los enfoques jurídico y económico, el uso de métodos comparativos. Según este autor, los desarrollos en el derecho económico a menudo se sustentan en comparaciones entre estructuras legales formales y sustantivas. Sin embargo, Gérard Farjat se vio llevado a señalar uno de los límites ineludibles del enfoque generalista, el riesgo de conocer sólo superficialmente cada noción estudiada sin dominar por completo el área cubierta. Para evitar este escollo, el autor recomienda trabajar en equipo con especialistas en cada disciplina.

Quiconque mène une étude individuelle ne peut envisager cette possibilité. Cependant, s’il est convaincu de la nécessité d’une analyse liant les problèmes juridiques aux phénomènes sociaux et économiques sans pour autant posséder les connaissances approfondies indispensables à une véritable pluridisciplinarité, le chercheur peut alors tenter de s’engager dans la voie de l’interdisciplinarité. Dans ce cas, il s’agit d’établir un dialogue avec différentes sciences humaines d’un domaine précis – celui du droit – en soumettant l’objet étudié aux éclairages d’autres disciplines.

Il est donc éminemment nécessaire d’adopter un discours fait d’une dialectique permanente entre droit, économie, gestion et politique. C’est dans cet esprit que cette thèse sur les fusions-acquisitions bancaires sera abordée.

59. – Concrètement, il s’agira d’abord de recourir à une approche interdisciplinaire interne au droit. En effet, la liste des notions ou mécanismes juridiques auxquels renvoie la seule référence à la concentration bancaire est très longue. Ainsi, cette étude nécessite de puiser dans différentes disciplines juridiques les principes fondateurs d’un régime. Toute tentative de systématisation de ce phénomène suppose un mode d’appréhension complexe nécessitant une lecture croisée des différentes disciplines juridiques concernées.

Il en résultera une tentative de dépassement de la distinction entre droit public et droit privé. La remise en cause de cette division du droit semble féconde dans un examen du mouvement de concentration bancaire. A cette occasion, la logique « publiciste » ainsi que la logique « privatiste » doivent être prises en compte simultanément. Rappelons que le professeur Gérard Farjat assimile la loi de la concentration à la loi de la « collectivisation des biens de production et de l’organisation de l’économie par les pouvoirs publics ou privés ».

Cela conduit à une altération de la distinction entre droit public et droit privé. Traditionnellement, le droit public est le droit de l’État dans ses relations avec les citoyens. Ce qui caractérise la norme publique, c’est l’acte unilatéral symbole d’autorité, de commandement. En revanche, la société civile est fondée sur le contrat librement négocié. Cependant, force est de constater qu’il existe des sources de droit privées et mixtes qui concurrencent les sources publiques de droit.

Par exemple, les accords d’entreprise sont une source de droit privé. Dans de nombreuses concentrations, les banques trouvent des solutions par le biais d’accords sociaux sur l’emploi. Ces derniers mettent en évidence une décentralisation du droit. Ils font de l’entreprise le lieu privilégié de la production du droit. Ils permettent une adaptation, une création de règles correspondant aux besoins spécifiques de la banque lors de sa concentration. Par ailleurs, les pratiques et règles établies dans les entreprises et formalisées dans les accords ont pour effet soit d’être prises en compte et entérinées par la loi, soit de rendre certaines normes « inefficaces ».

Les sources mixtes du droit remettent également en cause la distinction traditionnelle entre droit public et droit privé. On parle ici d’autorités administratives indépendantes. Ils sont à l’intersection des pouvoirs publics et privés. Leur création permet de dépasser une contradiction entre la nécessité d’une intervention économique de l’État liée à la concentration et le principe de séparation du pouvoir politique et du pouvoir économique. La création d’autorités administratives indépendantes permet de mener une politique publique qui ne dépend pas d’un département ministériel. Ils sont le résultat de l’action de l’État et des forces du marché. Ils permettent ainsi de concilier politiques publiques et politiques de marché.

60. – It will then be necessary to apply external interdisciplinarity. The task is then delicate because the lawyer must integrate extra-legal data into his reasoning. It is a question of appealing to notions of economy, finance, management and politics.

61. – Ultimately, it will be a matter of determining whether there is a need for the law to take into consideration the economic specificity of banking activities. In other words, should banking concentrations be subject to specific legal treatment? More precisely, in which hypothesis is the law of concentration forced to take into account the banking specificity?

62. – It is therefore essential to seek the principle which justifies the intervention of provisions specific to the banking system. These constitute a source of vigor by inspiring confidence in the clientele. However, excessive or inappropriate regulation is harmful because it constitutes an obstacle to restructuring. Thus, it is important to find a compromise between the prudential rules which favor the sector by protecting the stability of its structure and the excessive provisions which are harmful to it.

63. – Our hypothesis is to demonstrate that the existence of banking specificities is only consistent when it comes to protecting the banking and financial system. Logically, when the protection of the latter is no longer concerned, the “common” merger law should fully apply. A legal consecration of banking specificity will therefore be demonstrated in the context of the protection of the banking and financial system (1st part). In line with this reasoning, a gradual decline in banking specificity may be observed in the absence of any need to protect the system (2nd part).

First part: The legal consecration of banking and financial specificity

64. – Les fusions bancaires présentent des similitudes avec les fusions réalisées dans d’autres secteurs de l’économie, mais les obstacles à la réalisation de telles opérations sont beaucoup plus nombreux et complexes. En effet, elles posent des problèmes spécifiques liés à leurs conditions institutionnelles, leurs interactions avec les enjeux de politique monétaire et les exigences prudentielles liées notamment à l’existence d’un risque systémique. Ainsi, la grande originalité des concentrations bancaires réside dans l’existence d’autorités chargées du contrôle des établissements de crédit, ce qui fait que le principe dans le secteur bancaire n’est pas la liberté totale de restructuration mais la liberté contrôlée. L’objectif principal est de contrôler la nouvelle composition de l’actionnariat,

65. – Par la suite, certaines dispositions de la loi bancaire du 24/01/1984 conduisent à une concentration dérogatoire au droit des sociétés. En effet, dans le cas où un établissement de crédit porterait atteinte à la sécurité des déposants, la Commission bancaire a la faculté de « saisir le Tribunal de Grande Instance afin que (…) la cession des actions détenues par un ou plusieurs de droit ou de fait actionnaires. Le tribunal peut également ordonner le transfert de toutes les parts de l’établissement. La vente forcée est donc ici un instrument de concentration ayant pour objectif de protéger l’ensemble du système bancaire. Certes, la possibilité d’une vente forcée d’actions peut rappeler celle de l’article L. 621-59 du Code de commerce, selon laquelle le Tribunal de commerce peut ordonner une telle expropriation lorsque la survie de l’entreprise l’exige. Mais aux termes de la loi bancaire, le transfert en question peut être prescrit même en dehors du cadre d’une procédure collective. Par souci de symétrie, les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la faculté, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider de fusionner deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que l’ensemble ou transfert de leur propriété commerciale. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. la cession en question peut être prescrite même en dehors du cadre d’une procédure collective. Par souci de symétrie, les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la possibilité, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que la cession totale ou partielle de leur Fonds commercial. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. la cession en question peut être prescrite même en dehors du cadre d’une procédure collective. Par souci de symétrie, les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la faculté, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider de fusionner deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que l’ensemble ou transfert de leur propriété commerciale. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. la cession en question peut être prescrite même en dehors du cadre d’une procédure collective. Par souci de symétrie, les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la faculté, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider de fusionner deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que l’ensemble ou transfert de leur propriété commerciale. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. la cession en question peut être prescrite même en dehors du cadre d’une procédure collective. Par souci de symétrie, les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la faculté, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider de fusionner deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que l’ensemble ou transfert de leur propriété commerciale. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la possibilité, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que la cession totale ou partielle de leur Fonds commercial. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés. les organes centraux des réseaux mutualistes et coopératifs ont également la possibilité, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, de décider la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements affiliés ainsi que la cession totale ou partielle de leur Fonds commercial. Il est de faire litière du droit des sociétés, en excluant toute décision de l’assemblée des associés.

66. – La spécificité bancaire et financière est donc prise en compte dans les mécanismes de concentration (Titre 1) et corrélativement les contrôles eux-mêmes apparaissent spécifiques dans le but de protéger le système bancaire et financier (Titre 2).

Titre 1 : Prise en compte de la spécificité bancaire et financière dans les mécanismes de concentration

67. – « Il faudrait avoir en droit une science des mécanismes juridiques (…) Nous décririons et classerions les mécanismes utilisés pour les créations et les transferts de propriété, de droits et d’obligations (…). Ce mécanisme juridique ne serait pas sans intérêt ». Ainsi, Dean Ripert a souligné l’importance des mécanismes juridiques. Or, dans son esprit, ce terme renvoyait à des techniques aussi disparates que les lettres de change, les opérations boursières ou les sociétés par actions. Le sens utilisé dans cette étude est nécessairement plus restrictif. En effet, seules les techniques juridiques permettant la réalisation de la concentration sont envisagées.

68. – Les autorités bancaires restent neutres quant au dispositif juridique permettant de réaliser la concentration. Néanmoins, il convient de noter qu’elles procèdent à des contrôles rigoureux afin de garantir la bonne gestion des établissements de crédit. Par exemple, contrairement à d’autres secteurs de l’économie, les initiateurs d’une reprise doivent présenter des garanties suffisantes ; dans le cas contraire, les autorités bancaires ont le pouvoir d’interdire l’opération. En outre, ce dernier peut s’opposer à une fusion bancaire, notamment si l’absorption fait courir un risque excessif à l’entité absorbante en raison d’une concentration importante des risques.

69. – Finally, the protectionist attitude of certain countries is particularly acute in the context of banking concentrations, as recent examples show. Some States prohibit or limit the establishment of foreign credit institutions on their territory by providing for very heavy legal constraints. Obviously, this complicates and slows down banking concentrations. Thus, the Norwegian authorities have long refused the offer of Merita-Nordbanken on Christiania before giving their approval. The Portuguese authorities opposed the takeover of the BPSM-MC group by BSCH and the intervention of the European Commission was necessary to allow a partial unblocking.

70. – We will therefore demonstrate that account is taken of the specific nature of banking and finance in concentration mechanisms in domestic law (chapter 1) as well as in Community law (chapter 2).

Chapter 1: Concentration mechanisms in domestic law

71. – It should be noted that financiers and economists too often refer to the term “mergers” as operations which, from a legal point of view, only result in acquisitions of shares of companies without merger between the entities concerned which remain legally distinct. The rigor of the jurist is not satisfied with this. This is the reason why it is necessary to make an essential distinction.
The merger and the takeover are thus distinguished by the nature of the object of the obligations of the parties. With regard to the merger, the obligation of the absorbed or combined bank is to make the contributions while for the beneficiary company, it is a question of settling the net assets contributed by means of social rights. With regard to the takeover, the beneficiary bank’s obligation will simply be to pay the acquisition price for the shares of the target. There is therefore a fundamental distinction in the mode of settlement of the concentration. Indeed, within the framework of the merger, a settlement by means of social rights distributed among the partners of the company or companies absorbed or combined must take place. This requirement highlights that the holders of the capital of the absorbed or combined companies remain “stakeholders” in the new unit resulting from the merger. This criterion therefore makes it possible to distinguish the merger (section 2) from other concentration operations such as the acquisition of control (section 1).

Section 1: Acquisitions of control

72. – As P. Coupaye points out: “the constitution of banking groups which occupy a dominant position on the market was carried out (…) through numerous equity investments. This concentration has generally taken place through takeovers of existing companies. During this period, we sometimes witnessed large-scale stock market maneuvers to ensure control of the coveted establishment or establishments”. The author alludes to the famous battle between the Suez and Paribas groups, with regard to CIC: given the 1966 legislation, the investment banks expressed the desire to widen their room for maneuver, by taking an interest in the banks depository with a sufficiently extensive network of counters. In this context, the banks Paribas and Suez engaged in a severe financial confrontation in 1968 to take control of CIC. After many stock market adventures, the Suez group took control of CIC, but sold 80% of the capital of the Banque de l’Union Parisienne to Paribas in 1971. The Crédit Commercial de France banking group was essentially formed by taking control of existing units. In a first phase, it strengthened its geographical presence by taking stakes in local or regional banks as well as in specialized establishments. In 1965, the CCF took stakes in the Regional Bank of Artois, in Finindus, in the Pierre Brun et fils bank, in 1966 in the Kolb bank and in the Borgeaud bank, in 1967 in two rediscount houses Morrhange et Cie , as well as Union d’Escompte, in 1968 in Banque Rivaud, in 1971 in Banque de Savoie, in 1972 in Banque Derobert. These concentration operations are interesting because they show that the beginnings of the concentration movement go back several decades. However, it should be noted that these concentration operations are small in scale compared to recent takeovers. Since 1996, the concentration movement has truly taken shape. Most of the major French banking groups have experienced numerous operations that have resulted in the takeover of very significant establishments. It can be cited, in 1996, the takeover of Indosuez by Crédit Agricole, in 1997, that of Crédit du Nord by Société Générale, in 1998, that of Natexis by the Banques Populaires group and that of CIC by Crédit Mutuel. In 1999, Crédit Foncier de France was acquired by Caisses d’Epargne, while BNP took control of Paribas. Finally, in 2003, Crédit Agricole succeeded in its public offer for Crédit Lyonnais and, in 2004, Crédit Foncier de France acquired Entenial.

73. – These concentrations lead to the creation of complex groups. Indeed, financial links can be established in various ways:
– a company takes exclusive control of a bank which becomes its subsidiary;
– several companies can together create a bank which will be their joint subsidiary;
– several companies may jointly take control of another bank.
We will therefore study the acquisition of exclusive control (§ 1) but also the joint takeover (§ 2) by demonstrating that the banking and financial specificity is taken into account in these modes of concentration.

§ 1: Taking account of banking and financial specificity in the acquisition of exclusive control

74. – En Francia, la aceptación legal de la noción de control data de mediados de la década de 1980. Este período corresponde a una ampliación del fenómeno de las fusiones e inaugura un verdadero reconocimiento legal del poder de control. Esta consagración legislativa es imperfecta. Muchas dificultades están relacionadas con la calificación del control (A). El objeto bancario de las operaciones aumenta la complejidad. Esto da como resultado una serie de problemas que están relacionados con la configuración de la toma de control (B).

A/ Dificultades relacionadas con la calificación del control

75.- Estas dificultades surgen del desarrollo de definiciones divergentes entre las diferentes ramas del derecho (1). Sin duda, el problema fundamental radica en la determinación del umbral de la opa (2).

1/ Definiciones divergentes

76. – El concepto de control se presenta como un concepto funcional cuya utilidad ha consistido precisamente en permitir al legislador ya la jurisprudencia extraer las consecuencias del fenómeno de la concentración. Por lo tanto, se define puntualmente según su uso. Así, una dificultad radica en el hecho de que no hay una sino varias acepciones de control cuyo significado varía con el uso. Es innegable que hay un sentimiento de heterogeneidad.

77. – En el derecho de sociedades, esta noción se considera compleja, incluso fugaz, por su dinamismo y relatividad. No existe una sino varias nociones jurídicas de control. Si el control exclusivo normalmente se adquiere por ley cuando una empresa adquiere la mayoría de los derechos de voto de una empresa, también puede adquirirse con una “minoría cualificada”, que puede establecerse por cualquier elemento de hecho o de derecho. . La dificultad surge del hecho de que el control no puede, en general, resultar de la mera existencia de un vínculo de capital entre las estructuras en cuestión. Por lo tanto, el legislador ha intentado, al desarrollar definiciones de control, capturar la diversidad de situaciones de control.

El artículo L. 233-3 del Código de Comercio prevé dos tipos de control. El control legal existe tan pronto como una empresa “posee, directa o indirectamente, una fracción del capital que le otorga la mayoría de los derechos de voto en las juntas generales”. El control de facto se caracteriza por el poder que tiene la sociedad, gracias a los derechos de voto que posee, para determinar las decisiones de las asambleas generales. Esta facultad se presume cuando éste “posee, directa o indirectamente, una fracción de los derechos de voto superior al 40% y ningún otro socio o accionista posee directa o indirectamente una fracción superior a la suya”.

78. – En cuanto a los estados financieros consolidados, el artículo L. 233-16 del Código de Comercio contiene una definición de control de jure y control de facto esencialmente similar a la del artículo L. 233-3 del Código de comercio. En efecto, este artículo define el control de jure por la posesión de la mayoría de los derechos de voto y el control de facto por “el nombramiento, por dos ejercicios económicos sucesivos, de la mayoría de los miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión” con idéntica presunción vinculado al umbral de poseer el 40% de los derechos de voto. Es cierto que no se refiere expresamente, como el artículo L. 233-3 del Código de Comercio, a la facultad de determinar las decisiones de las juntas generales. Pero es innegable que una empresa que tenga la facultad de designar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, órganos de dirección o de supervisión de otra sociedad, ostente tal facultad. En última instancia, la única diferencia entre estas disposiciones se deriva del hecho de que el artículo L. 233-16-II 3° del Código de Comercio francés también establece que el control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. la única diferencia entre estas disposiciones se deriva del hecho de que el artículo L. 233-16-II 3° del Código de Comercio francés también establece que el control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o estatuto cláusulas”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. la única diferencia entre estas disposiciones se deriva del hecho de que el artículo L. 233-16-II 3° del Código de Comercio francés también establece que el control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o estatuto cláusulas”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. 233-16-II 3° del Código de Comercio francés también establece que el control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o de cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. 233-16-II 3° del Código de Comercio francés también establece que el control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o de cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia. ese control surge “del derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa en virtud de un contrato o cláusulas estatutarias”. Este criterio de control se encuentra en la ley de competencia.

79. – Pour le droit de la concurrence, la prise de contrôle, caractéristique nécessaire de toute opération de concentration, confère la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. C’est une notion reprise notamment par le droit français, mais aussi par le droit communautaire des concentrations. Les articles L. 430-1 du Code de commerce et 3 § 2 du règlement CE n°. qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une société ».

80. – Les dispositions du droit de la représentation collective relatives à la constitution du comité de groupe visent les sociétés contrôlées dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, mais aussi par influence dominante. Cette dernière existe toujours lorsque la société dominante détient une participation d’au moins 10 % du capital de la société dominée et que « la permanence et l’importance des relations de ces sociétés établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à une même entité économique ». ”.

81. – Enfin, le droit bancaire et notamment le droit comptable bancaire retiennent des définitions différentes de la notion de contrôle. Selon le règlement n° 85-12 du Comité de la réglementation bancaire « une société est considérée comme contrôlée de manière exclusive lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, une participation au capital et soit la majorité des droits de vote, soit le pouvoir de nommer le majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Dans les deux cas suivants, l’existence d’un contrôle exclusif est également présumée :
– lorsqu’il n’existe pas d’autres actionnaires ou associés détenant ensemble une participation supérieure à celle du groupe et détenant chacun plus de 5 % du capital ; – lorsque, notamment, en vertu d’un contrat de gestion ou de clauses statutaires, une société du groupe y exerce une influence dominante ».

82. – Il semble imprudent d’adopter des définitions différentes du contrôle dans les différentes branches du droit qui visent à appréhender le phénomène de concentration. Un auteur souligne que si « le pluralisme doctrinal peut être source de progrès par les réflexions et les propositions qu’il implique, en revanche, la diversité juridique engendre la confusion et le doute quant à la réalité d’une notion ; il sera difficile d’instituer une réglementation cohérente (…) si l’on n’arrive pas, au préalable, à unifier la notion de contrôle sur laquelle repose tout l’édifice ». Dès lors, certains souhaiteraient que le législateur intervienne pour donner une définition unitaire du contrôle. Néanmoins, une partie de la doctrine stigmatise les obstacles qui s’opposent à une définition unitaire.

2/ Les obstacles à la fixation d’un seuil unitaire
83. – En remontant aux catégories juridiques, on peut dire que le contrôle est le droit de disposer de l’entreprise en tant que propriétaire. La substance du droit de propriété classique est le « jus abutendi », c’est-à-dire le droit de disposer. En pratique, c’est la possibilité de choisir le mode d’exploitation du bien. Ainsi, dans la propriété classique, le lien d’appartenance implique la capacité de contrôler la propriété. Les aspects d’appartenance et de maîtrise sont indissociables.

84. – Or, c’est précisément cette relation qui aujourd’hui est souvent rompue. Certains actionnaires ne sont que des « prêteurs », tandis que d’autres contrôlent des actifs qui ne leur appartiennent pas.

85. – The major problem is to know the threshold which will make it possible to qualify the control and consequently the existence of a substantial property right. According to Article L. 233-3-I of the Commercial Code, when a company holds more than 50% of the share capital of another company, we are in the presence of a parent company and its subsidiary in the legal sense. of the term.

86. – However, as we have already shown, there is no need to hold more than 50% of the capital of a company to exercise control. In reality, control of a credit institution is very often monopolized by minorities. Indeed, the majority principle combined with the wide dispersion of shares in the public allows certain minority shareholders to exercise power.
Paradoxically, the controlling shareholders are frequently in the minority, whereas the majority in number have no power over social management. It is therefore necessary to dissociate belonging and control. Unquestionably, we can affirm that the ownership of a certain number of shares will allow shareholders to extend their control well beyond what their membership should give them insofar as they will be able to control the totality of the economic activity of the company.

87. – It is therefore certain that the level of participation in the capital of a firm does not mean by itself that the bank is controlling. “Large packages of shares held by a bank can have a neutral meaning from this point of view. Moreover, the intensity of a control is not automatically proportional to the weight of the participation in the capital of a company. With 10%, total control is possible (…)”. Consequently, part of the doctrine proposes to carry out a case-by-case analysis. It would be necessary to know the distribution of the capital, to compare the rate of participation of the various shareholders, the respective weight of their representatives within the board of directors, to take account of the degree of absenteeism.

88. – This assertion is not called into question by taking into account the specificity of banking. However, the latter leads to increased complexity. There is an autonomy of the banking texts in the determination of the threshold of the takeover (a). The banking regulator’s interpretation also seems specific (b).

a/ The autonomy of banking texts in determining the threshold for taking control

89. – Company law, when it defines the notion of control, provides a certain number of thresholds.

90. – Banking law, in Article 2 of Regulation No. 96-16 of 20/12/1996, refers to the acquisition of the effective power of control without defining this notion. This criterion is foreign to the legal qualifications traditionally retained by company law. Thus, the notion of effective control, used on several occasions by banking regulations, is not defined in relation to Article L. 233-3 of the Commercial Code. This is due to the concern to assess on a case-by-case basis the reality of the control exercised, including moreover in establishments whose corporate form is not that of a commercial company. Given that this text does not specify the threshold for holding an effective power of control, it is necessary to try to find other provisions of banking law which could provide some indications.

91. – Bank accounting law has attempted to give a very realistic definition of the notion of exclusive control. This is much more precise than that given by company law. Indeed, relatively precise indications are provided as to the determination of the takeover. A company is presumed to be exclusively controlled when there are no other shareholders or partners holding together a stake greater than that of the group and each possessing more than 5% of the company’s capital.

92. – In our opinion, this definition is very interesting because it gives a number of indications for setting the threshold for a takeover. However, it is not widely recognized. The banking regulatory authority does not retain this definition either to set the threshold for the takeover.

b/ The specificity of the interpretation of the banking regulatory authority in determining the threshold for taking control

93. – A major difficulty is therefore to know from what threshold a bank obtains control of its target. This problem was highlighted in the BNP/Societe Generale/Paribas affair. In a decision of 08/28/1999, the Credit Institutions and Investment Firms Committee decided that BNP had not obtained “effective power of control” over Société Générale with 31.8% of the rights of voting.

94. – Thus, if it appears obvious that it is not enough to refer to the rates of the simple majority of 50% of the capital, it is commendable to seek what is the threshold for the acquisition of control of an establishment of credit for the CECEI. This is essential in the banking system because, if the CECEI finds that an initiating company has not succeeded in taking control of its target, it can prohibit it from keeping its stake. This was the case in the BNP/Société Générale/Paribas case. The CECEI found that BNP did not clearly have the effective power to control Société Générale. The Committee considered that, in a non-concerted framework and taking into account the shareholding structure of this establishment, the holding by BNP of such a stake was likely to disrupt the management of Société Générale. However, because of its place within the French banking system, the risk of disruption of its management was likely to thwart the overall functioning of the banking system. The Committee therefore decided not to authorize BNP to hold its stake in Société Générale. It can therefore be seen that the CECEI does not want to leave credit institutions in ambiguous situations concerning their control. However, he failed to demonstrate precise thresholds of control. the Committee decided not to authorize BNP to hold its stake in Société Générale. It can therefore be seen that the CECEI does not want to leave credit institutions in ambiguous situations concerning their control. However, he failed to demonstrate precise thresholds of control. the Committee decided not to authorize BNP to hold its stake in Société Générale. It can therefore be seen that the CECEI does not want to leave credit institutions in ambiguous situations concerning their control. However, he failed to demonstrate precise thresholds of control.

95. – First of all, it seems that it can be said that he did not refer to the takeover threshold set by Articles L. 233-3-II and L. 233-16 -II of the Commercial Code. Indeed, an impression of autonomy emerges from the notion of manifest possession of the effective power of control vis-à-vis that of presumed control. It should nevertheless be specified that the level of participation obtained by BNP in Société Générale prevents any definite conclusion from being drawn on this point.

96. – Next, the silence of the CECEI on the criteria it uses also makes it impossible to have any certainty as to the use of the notions of “control in fact” or “decisive influence” used by the internal and Community authorities of the competition. On the one hand, de facto control requires a retrospective vision of the distribution of powers in society. It is carried out, by definition, in view of the progress of the general meetings, therefore, over time. In the BNP/Societe Generale/Paribas case, the CECEI did not carry out such a check due to the context and the urgency of resolving it. It appears that the protection of the banking and financial system requires not leaving credit institutions in situations of uncertainty concerning their control. It is moreover for this reason that the authorization of the CECEI intervenes a priori before any meeting. Such a review over time is therefore difficult to implement. On the other hand, concerning the use of the concept of decisive influence, here again, we can estimate that it was autonomy that prevailed with regard to the 31.8% of the voting rights acquired by the BNP. Indeed, the latter was likely to exercise a decisive influence because of the dispersal of the rest of the capital and voting rights.

97. – Finally, it is certain that the takeover threshold set by the texts of banking accounting law was not retained. Indeed, as we have already specified, control is presumed there when there are no other shareholders or partners holding together a stake greater than that of the group and each possessing more than 5% of the capital. The BNP respected this scenario. Therefore, it is certain that the CECEI here adopted a specific interpretation of the notion of control.

98. – We have just highlighted the complexity of defining the threshold for taking control. The difficulty is further increased in certain hypotheses because of the configuration of the acquisition of control.

B/ Difficulties related to the configuration of the acquisition of control

99.- Se tiene en cuenta la especificidad bancaria y financiera en la adquisición del control de entidades privadas (1), públicas (2) y mutualistas (3).

1/ Teniendo en cuenta la especificidad bancaria y financiera en la adquisición del control de un banco privado

100. – Esquemáticamente, se pueden distinguir dos situaciones en las que la protección del sistema bancario y financiero parece imprescindible. Por lo tanto, la especificidad bancaria y financiera se tiene en cuenta cuando un banco está en quiebra (a) y cuando cotiza en bolsa (b).

a/ Tener en cuenta la especificidad bancaria y financiera en la adquisición del control de un banco en quiebra

101.- Los procedimientos de insolvencia en una empresa son un fenómeno normal, inevitable y hasta deseable cuando son la consecuencia y el castigo de una mala administración.

102. – En nuestra opinión, este razonamiento no puede trasladarse al sistema bancario. De hecho, este último todavía está estrechamente asociado en la actualidad con la producción y gestión del dinero. Es cierto que esta moneda es cada vez más difícil de definir e identificar, ya que se desmaterializa, pero sigue estando fundamentalmente vinculada a la idea de confianza. Dado que el dinero transmite confianza, la quiebra de un banco tiene una resonancia mucho mayor que los procedimientos de insolvencia de una empresa industrial o comercial de tamaño equivalente. Así, los bancos en quiebra fueron frecuentemente rescatados bajo la égida del estado (α). Si en algunos casos este último fue el verdadero artífice del rescate, ahora es la intervención de la autoridad reguladora bancaria la que se consagra (β).

α/ El rescate de los bancos bajo la égida del Estado

103. – La crisis de los años 90 puso en dificultades a un gran número de bancos franceses. El Estado, al no querer liquidarlos, ha lanzado con frecuencia planes de rescate que han resultado en que los bancos en quiebra sean respaldados por grupos más poderosos.

104.– Tomemos el ejemplo del Comptoir des Entrepreneurs. Es una sociedad anónima de derecho privado a la que el Estado ha encomendado una misión de interés general en la construcción de viviendas, lo que le permite distribuir préstamos subvencionados bajo diversas fórmulas. Desde finales de la década de 1980, se ha privado de la distribución de préstamos asistidos con acceso a la propiedad, ahora reservados únicamente para Crédit Foncier de France.

Así, el 17/02 y el 19/1993, el Comptoir des Entrepreneurs ya no pudo renovar certificados de depósito con Société Générale SICAV. Este último se encuentra en estado de cesación de pagos y, técnicamente, en situación de insolvencia.

Con muchas dificultades, el Estado logra establecer un rescate del Comptoir des Entrepreneurs. Esta es, en su opinión, la única solución para evitar el pánico en el mercado interbancario y en el mercado de bonos donde el Comptoir des Entrepreneurs es un emisor importante. El plan tiene tres componentes:

– un aumento de capital de 800 millones de francos acompañado de la emisión de títulos de deuda subordinada por un importe de 200 millones de francos. AGF aumenta su participación hasta casi el 30% y Crédit Foncier entra en el capital con un 10%;

– une ligne de crédit de 6 milliards de francs est accordée par les principales banques de Paris au nom de la solidarité de la place, à l’initiative du gouverneur de la Banque de France, qui active la procédure de l’article 52 de la loi bancaire du 24/01/1984 ;

– enfin, la Caisse des dépôts accorde une avance de trésorerie de 1,6 milliard de francs sur cautions apportées par le Comptoir des entrepreneurs.

Malgré ce plan de sauvetage, la cession de plus de 3 milliards de francs de créances et l’émission, avec la garantie de l’Etat, de 5,5 milliards de francs d’obligations, le Comptoir des Entrepreneurs se retrouve, un an plus tard, au bord du gouffre.

En 1994, un dispositif de cession de créances est mis en place, permettant de sortir les principaux risques immobiliers du bilan du Comptoir des Entrepreneurs.

Le Comptoir des Entrepreneurs accumule encore des pertes de 1024 millions de francs et il faut mettre en place, en 1995, une deuxième opération de désendettement du bilan pour un montant de 7 milliards de francs. L’Etat intervient en garantie à hauteur de 4,5 milliards. AGF contribue ensuite à hauteur de 450 millions à la souscription de titres de créances subordonnés émis par le Comptoir des Entrepreneurs. Le solde, soit 2,1 milliards, est constitué de dette senior obtenue par conversion de prêts accordés par les AGF et la Caisse des dépôts. Enfin, une recapitalisation d’environ 1,2 milliard est prévue sur deux ans. Deux opérations intervenues en 1996 pour 700 et 550 millions de francs ont amené le Comptoir des Entrepreneurs sous le contrôle des AGF avec une participation directe de 52, 43% et la contribution de leur filiale Société d’Investissement Bancaire et Immobilière à hauteur de 22,46%. Cette opération confirme l’adossement du Comptoir des Entrepreneurs aux AGF.

Le bilan du Comptoir des Entrepreneurs est allégé suite aux deux opérations de défaisance et assaini. Cependant, sa solvabilité n’est pas rétablie puisque son ratio de fonds propres ne dépasse pas 5 %. C’est pourquoi les AGF font porter les titres de leur participation au capital du Comptoir des Entrepreneurs par une société holding afin que la Commission Bancaire, plutôt que de contrôler le ratio de solvabilité de chaque composante du groupe, se contente d’une appréciation globale.

105. – Cette opération de sauvetage par l’État n’était pas la seule ; on peut aussi citer le cas du Crédit Foncier de France.

Cette dernière est une institution financière privée spécialisée. Bien qu’étant une entreprise privée, elle est en fait dépendante de l’État. Les deux tiers du capital sont entre les mains de particuliers et d’investisseurs institutionnels. La part de la Caisse des Dépôts et des assurances publiques ne dépasse pas 15 %. Cependant, c’est l’État qui nomme le gouverneur et les principaux dirigeants.

Depuis 1977, le Crédit Foncier de France partage le monopole de la distribution des prêts aidés à l’accession à la propriété avec les sociétés de crédit immobilier et le Comptoir des Entrepreneurs. A partir du 01/10/1995, ces derniers sont supprimés notamment parce que la baisse des taux d’intérêt du marché rend les prêts hypothécaires classiques moins chers que les prêts aidés à l’accession à la propriété.

En 1995, la crise immobilière entraînant une baisse de la valeur des actifs et de la demande de crédits, le Crédit Foncier de France subit une perte de 10,7 milliards de francs et ne parvient pas à faire face à ses obligations prudentielles. Celle-ci est particulièrement défaillante au regard des provisions qu’elle aurait dû constituer sur ses risques immobiliers.

L’État, ne pouvant faire appel à aucun actionnaire de référence, a organisé lui-même le sauvetage du Crédit Foncier de France, dans la mesure où une simple liquidation aurait pu entraîner l’effondrement de l’ensemble du marché du crédit immobilier et obligataire.

At the start of 1996, after lengthy negotiations, Crédit Foncier de France obtained a line of credit allowing it to refinance itself for an amount of 20 billion francs at market conditions. Undoubtedly, the Caisse des Dépôts et Consignations acts as a lender of last resort in place of the Banque de France, which does not wish to create a precedent by intervening itself in an overly conspicuous way. Then a few months later, the State itself guarantees the bond debt of Crédit Foncier de France which is, with an outstanding amount of 270 billion francs, the second issuer after the Treasury. Consequently, the State is actively seeking to back Crédit Foncier de France with a more solid institution which would take over the net liabilities. It took more than three years for a solution to be found to this crisis.

In a press release dated 03/13/1997, Minister Arthuis, whose services are advised by Deutsche Morgan Grenfell, launched a call for applications to recapitalize Crédit Foncier de France, which had been without capital for more than two years. A year later, this not very transparent procedure ends up releasing a potential buyer. A consortium formed by GMAC, the Texan investor Bass, the Caisses d’Epargne and the CCF, is continuing the discussions, after the abandonment of GE Capital, the Post Office and the Caisse des Dépôts et Consignations. Despite the interest of American groups for the prospects offered by the securitization of mortgage loans, the negotiations were finally broken off in 09/1998, in the face of the derisory price offered and guarantee requirements deemed exorbitant.

Minister Dominique Strauss-Kahn then announced a completely different plan. The first stage is that of a financial restructuring of Crédit Foncier de France to restore its solvency. The second stage is that of an “open, transparent and non-discriminatory” backing procedure. It led to a new Crédit Foncier, the main player in the obligations foncières market, which restored all of its attractiveness to the establishment in the eyes of potential buyers.

Crédit Foncier de France’s articles of association have been simplified and brought into line with company law, which excludes the appointment of managers by the State. Finally, Crédit Foncier de France is recapitalized with the approval of the European Commission. The operation is led by the Caisse des Dépôts et Consignations, as a shareholder advance, for an amount of 1.85 billion francs. This makes it possible, after reduction of the share capital, to bring the institution’s own funds to a level that complies with prudential regulations.

Finally, the buyer of 90.6% of the capital of Crédit Foncier de France is the Caisses d’Epargne group. Given that shortly before the final choice, the law of 25/06/1999 modified the status of the Caisses d’Epargne by making them cooperative companies and by providing the network with a central body, namely the Caisse Caisses d’Epargne, which becomes the real buyer of Crédit Foncier de France. It should be noted that the general interest mission of financing social housing falling within the remit of the Caisses d’Epargne, the attachment of Crédit Foncier de France is entirely justified.

106. – Unquestionably, these operations to rescue French banks were carried out under the aegis of the State. Yet, gradually, political intervention gave way to legal regulation. Indeed, from now on, the treatment of failing banks is carried out through the intermediary of the banking regulatory authority.

β/ The consecration of the intervention of the banking regulatory authority

107. – This consecration of the intervention of the banking regulatory authority gradually took hold. This could be seen during the default of Banque Majorel. The latter was declared insolvent at the beginning of 1992. Indeed, a provisional administrator had been appointed by the Banking Commission after the failure of negotiations with a possible buyer, Crédit Agricole de l’Aveyron. He had noted a very serious lack of provisions, since the outstanding amount had to be provisioned at more than 50%. However, the provisions recognized did not reach 10%. Consequently, the declaration of cessation of payments was made less than a month after the appointment of the provisional administrator. The Commercial Court of Rodez approved a transfer plan proposed by Société Bordelaise de CIC. The counters closed only a few days without serious problems vis-à-vis the customers. However, the disposal plan included aid from the AFB solidarity mechanism of 120 million francs supported by all the AFB banks.

108. – The Court of Cassation, in a judgment of 26/04/1994, upheld the power of the Commission Bancaire to decide on the compulsory resignation of the manager of the bank. The Commercial Chamber therefore confirmed that the managers were deprived of all powers with regard to the credit institution. The power conferred on the Banking Commission was therefore very significant.

109. – But a decision of principle of the Court of Cassation is not the law and it is with remarkable speed that the legislator, from law n° 94-679 of 08/08/1994, drew the first consequences of the Majorel judgment. This specified that the provisional administrator appointed by the Commission Bancaire was transferred “all the powers of administration, management and representation of the legal person”. The law of 08/08/1994 at the same time adjusted the powers of the Banking Commission by opening up greater ease of decision-making but by making it subject to an adversarial obligation. The legislator thus sanctioned the possibility of a very rapid appointment of a provisional administrator.

110. – The ultimate strengthening of the powers of the Banking Commission was found in the law relating to savings and financial security. The latter enshrined the specificity of judicial reorganization and liquidation, applicable to credit institutions and investment companies. This reform completed the derogations already adopted in favor of financial companies. More specifically, it recognized the specificity of financial enterprises, while keeping them within the ambit of common law. Indeed, the amended law of 25/01/1985 is still applicable to these companies, but the derogation measures are becoming more and more numerous.

Thus, the law of 06/25/1999 introduced a number of provisions aimed at modernizing the financial sector and strengthening the security of the system as a whole. To this end, it significantly strengthened the powers of the Banking Commission, giving it specific powers, in particular the prohibition on distributing dividends and the obligation to sell shares or shares. Similarly, the law organized the pre-eminence of the Banking Commission over the Commercial Court by obliging company directors to notify the Banking Commission beforehand of their intention to declare the cessation of payments by their establishment. In addition, it improved the transparency of credit institutions belonging to a group, by making their authorization conditional on the transparency of the group’s structures. Finally,

111. – The decree of 26/12/2000, in turn inaugurated this new approach by organizing a better distribution of powers between the different bodies that may intervene in the procedure: provisional administrator, judicial administrator, liquidator appointed by the Banking Commission and liquidator judicial. The competence of the banking and judicial authorities now gives way to the predominance of the banking commission, whose powers have been strengthened. Currently, the opening of reorganization or liquidation proceedings against a credit institution or an investment firm is subject to the prior opinion of the Banking Commission. The redefinition, by the law of 25/06/1999, of the notion of cessation of payments applicable to credit institutions required, in fact, a reorganization of the competent bodies to note this state and to open a collective procedure against these establishments. The “financialization” of the notion of cessation of payments, now perceived as the moment when the credit institution is no longer able to ensure its payments, immediately or in the near term, can only be assessed by a financial authority. . In this respect, the Banking Commission is henceforth the mandatory prerequisite for the opening of any collective proceedings or any amicable settlement. However, this is not an assent and the absence of a response within the time limit cannot prevent the opening of proceedings. The “financialization” of the notion of cessation of payments, now perceived as the moment when the credit institution is no longer able to ensure its payments, immediately or in the near term, can only be assessed by a financial authority. . In this respect, the Banking Commission is henceforth the mandatory prerequisite for the opening of any collective proceedings or any amicable settlement. However, this is not an assent and the absence of a response within the time limit cannot prevent the opening of proceedings. The “financialization” of the notion of cessation of payments, now perceived as the moment when the credit institution is no longer able to ensure its payments, immediately or in the near term, can only be assessed by a financial authority. . In this respect, the Banking Commission is henceforth the mandatory prerequisite for the opening of any collective proceedings or any amicable settlement. However, this is not an assent and the absence of a response within the time limit cannot prevent the opening of proceedings. the mandatory prerequisite for the opening of any collective proceedings or any amicable settlement. However, this is not an assent and the absence of a response within the time limit cannot prevent the opening of proceedings. the mandatory prerequisite for the opening of any collective proceedings or any amicable settlement. However, this is not an assent and the absence of a response within the time limit cannot prevent the opening of proceedings.

112. – Thus, a certain number of specific rules apply to credit institutions and investment firms in dealing with their default. These are part of a financial logic consisting in strengthening the prevention of difficulties that may affect them.

113. – However, it is certain that the new applicable rules are not infallible and that bank failures remain possible. In this case, it is a question of avoiding a high systemic risk. The takeover of a failing bank by a healthy financial institution is one of the solutions favored by the banking regulatory authorities. Indeed, this operation will lead to an increase in concentration which is likely to strengthen the structure of the banking system. The sale of a failing bank must then comply with the specific rules applicable to insolvency proceedings by credit institutions.

114. – Having demonstrated that banking and financial specificity are taken into account in the ordinary rules for the restructuring of defaulting capital, it should be verified that this same phenomenon is present in the takeover of a listed bank.

b/ Taking account of banking and financial specificity in the acquisition of control of a listed bank

115. – Banks are generally large in size. They are therefore frequently listed on the stock exchange. Only small entities and certain subsidiaries of large groups remain unlisted. However, these are less and less numerous because of the amplification of the phenomenon of concentration.

116. – The conditions for taking control of a listed bank are much stricter compared to other economic sectors. Indeed, the banking object of the takeover entails the application of banking law. The latter is more restrictive than stock market law. The distributive application of these two rights therefore generates obstacles to the gradual acquisition of control of a bank by picking up on the stock exchange. There are only two usable techniques left. These are the acquisition of a control block (α) and the public offering (β).

α/ Acquisition of a block of control

117. – The negotiation of a block of control is the operation by which the shareholder of a company which holds a sufficient number of shares allowing him to exercise in the organs of the company directly or indirectly, a preponderant influence, sells them to a person wishing to acquire them.

118. – Originally, the law of 02/08/1989 amended by the law of 31/12/1993 was applicable. This was taken up, with little modification, by article 33 of the law of 02/07/1996 incorporated into article L. 433-1 II of the Monetary and Financial Code. The latter instructs the financial regulatory authority to provide in its General Regulations, regulations in this area: “in order to ensure the equality of shareholders and the transparency of the markets…”.

119. – The General Regulations therefore provide in Book II, Title I, for a Chapter V concerning the price guarantee procedure. These are the rules relating to the conditions under which the proposed acquisition of a block of securities conferring the majority of the capital or voting rights of a company whose shares are admitted to trading on a regulated market obliges the the purchasers to buy the securities which are then presented to them at the price or at the price at which the transfer of the block is carried out. The purchaser of the block undertakes to acquire on the market, at the price of the block, the securities presented for at least ten trading days.

120. – The Autorité des Marchés Financiers focuses its attention mainly on the price offered and possibly authorizes a derogation from equal pricing. The filing is published by the Autorité des marchés financiers and its approval gives rise to the publication of a notice. The buyer of the block must also send a draft press release, the content of which is close to an information note. When this project is approved, it is published. As soon as the press release is published, the Autorité des Marchés Financiers declares the opening of the procedure. At the end of it, it pronounces its closure.

121. – This procedure was used in the banking sector, in particular, during the Banco espirito Santo/ Via Banque and Crédit Foncier de France/ Entenial transactions.

122. – Stock market rules must apply alongside banking rules. In fact, the acquisition of a control block entails the application of the Regulation of the Banking and Financial Regulation Committee No. 96-16 of 12/20/1996. The latter provides for the authorization of the takeover by the Credit Institutions and Investment Firms Committee. It should be specified that it is up to the person who acquires the control block to request the authorization thus provided for. This clarification is important because previously it was the establishment whose distribution of capital experienced a significant change that had to submit this request. In the event of non-compliance with the provisions applicable to shareholders of credit institutions, the law of 07/16/1992 provides for a specific sanction:

123. – This highlights the fundamental link between banking law and securities law. These two rights should therefore be coordinated, which is not obvious, particularly in terms of public offers.

β/ Public offering

124. – Public offerings of securities are the instrument par excellence for takeovers, particularly in the banking sector. The primary mechanisms of concentration are the public purchase or exchange offer. These consist, on the part of a company, in publicly proposing to the shareholders of another company to acquire their shares at a determined price, generally higher than the market price. When the price is settled in cash, it is a tender offer. When it is settled by the delivery of shares or bonds, it is a public exchange offer.

125. – The operation has many interests. It ensures equal treatment for all sellers and represents one of the techniques for protecting minority shareholders in banking groups. It constitutes an effective means of bringing about a grouping, which is particularly useful in view of the creation of the European financial market.

126. – For civil lawyers, the offer is “the proposal that it will suffice for the solicited party to accept for the contract to be concluded”. Thus, it is a proposal to contract, which can be made to a named person or to any other person, ie to the public, and this, whatever its meaning and its object: to acquire or to transfer; tangible or intangible property. Its author may therefore propose to acquire or sell securities held, as the case may be, by the public or by him. Recipients of the solicitation may or may not accept it. Also, the public offer is only one offer among others. It also presents the essential characteristic of any offer. She must be firm. It is for this reason that it constitutes an irrevocable commitment.

127. – If this contractual aspect is taken into consideration by stock market law, at the same time, it gives the public offer a procedural aspect. Indeed, it defines the public offer as the procedure which allows a natural or legal person to make known publicly that it proposes to acquire or sell all or part of the securities of a company listed on the first market. or at the coast of the secondary market. In the same vein, it indicates that the rules enacted set the general process for conducting a public offering with a view to the orderly conduct of operations in the best interests of investors and the market. This process is characterized by the filing of a draft offer, the decision on the admissibility of the offer,

128. – Thus, the public offer is subject to procedural rules of stock market law. However, these rules are not exclusive because of the interference of banking rules.

– Rules of stock market law

129. – Several procedures coexist: the so-called normal procedure and the so-called simplified procedure must be distinguished. The latter is of an exceptional nature and can only be implemented in the cases expressly specified. We will not devote any development to it because it does not aim to allow the takeover of a company. It is then necessary to differentiate between the normal procedure and the compulsory procedure. Within the framework of the first procedure, the offer can be freely launched by any person. In the context of the second procedure, a public offer must be filed when a shareholder exceeds the threshold of one third of the capital or voting rights as well as in the event that he rapidly increases his participation. The most innovative point concerns the temporary regularization of immigrants – those who entered Italy before December 31, 2011 – who will denounce the boss or the company exploiting or even mistreating them. Those who lodge a complaint and undertake to cooperate in the criminal proceedings brought against their employer will thus be issued a humanitarian residence permit for a period of six months, renewable for a period of at least one year.

130. – Various reforms have taken place, some of them without the support of a legal text, which is debatable. The stock market regulatory authority is authorized to make regulations concerning the operation of the markets placed under its control “for the execution of its mission”. It is for this reason that Regulation No. 89-03 was adopted. This was repealed by Regulation No. 2002-04, the provisions of which were taken over by the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers. These apply to public takeover bids relating to financial instruments traded on a regulated market. The text sets strict criteria for “any offer made publicly to holders of financial instruments traded on a regulated market (…) with a view to acquiring all or part of said financial instruments”. An ambitious triple objective is set: respect for the free play of bids and their higher bids, equal treatment and information for the holders of securities of the companies concerned, transparency, market integrity and fairness in transactions and competition. Consequently, the Regulation increases the level of information disseminated to the market and to the public. Thus, a draft information memorandum must be filed by the initiator of the public offer. This project, drawn up by the initiator and the target company, alone or jointly, must be the subject of a press release at the latest when it is filed. Likewise, any data likely to supplement this information note must be transmitted to the public. This is the case for any clause in the agreement concluded by the companies concerned or their shareholders likely to have an impact on the assessment of the public offer. This arrangement is clearly inspired by the BNP/Societe Generale/Paribas concentration. In this case, an agreement between Axa and Paribas had been revealed late when it provided for a device requiring the first to obtain the agreement of the second before bringing its shares to the offer. In addition, the initiator of the offer must specify its intentions in terms of volume and structure of the workforce, the orientations in terms of employment, as well as its objectives regarding the maintenance of the securities of the target company on the market for ” the next twelve months. The document must also set out “the financing conditions of the operation and their impact on the assets, activity and results of the companies concerned”. The target company is required to file a draft offer document. It states the reasoned opinion of the board of directors or the supervisory board deciding on “the interest of the offer or its consequences for the target company, its shareholders and its employees”. Finally, during the takeover bid, the companies concerned, the members of their administrative or management bodies, the presenting establishments and the consulting establishments, the persons or entities holding at least 5% of the capital or voting rights have the obligation to declare, each day,

131. – The regulation cannot add to the law as recalled by the Court of Cassation. However, the implementation of a legal support was late. This is welcome since stock market regulations clearly include constraints that can only come from legislative authorization. Indeed, article 34 of the Constitution provides that: “the law determines the fundamental principles of the system of ownership of real rights and civil and commercial obligations”.

132. – The law of 02/08/1989 inserted into the law of 22/01/1988 an article 6 bis in order to regulate public offers. This provision, which is at the origin of mandatory public offers, was modified by the law of 31/12/1993. It was taken up, with little modification, by article 33 of the law of 02/07/1996, which instructs the financial regulatory authority to provide in its General Regulations, regulations in this area. According to this text: “in order to ensure the equality of shareholders and the transparency of the markets, the General Regulations of the Financial Markets Council lays down the rules relating to public offers relating to financial instruments traded on a regulated market (…)”. It is specified that any person who comes to hold a fraction of the capital or voting rights of a company, must immediately inform the financial regulatory authority and file a public offer for the securities concerned. This threshold has been set at one third of a company’s capital or voting rights.

133. – Following the law of 02/08/1989, the General Regulations of the Stock Exchange Council, which could not derogate from the obligations laid down by law, dealt with public offers.

134. – This system was maintained by the law of 02/07/1996. This provided that the General Regulations of the Stock Exchange Council remain applicable, while indicating that they may be amended or repealed.

135. – It was amended by decrees of 03/27/1997, 07/09/1997 and 08/11/1997, then repealed and replaced, by the new Title V of the General Regulations of the Financial Markets Council. This was approved by a decree of 05/11/1998. This title defines the rules applicable to takeover bids. It should be noted that these General Regulations of the Financial Markets Council were amended by the decrees of 18/12/2000 and 15/11/2002. These texts approved new provisions in terms of public offers. Indeed, the old version had shown its weaknesses, in particular, during the great banking and stock market battle of 1999 between BNP, Société Générale and Paribas. It has been clarified that the initiator of a takeover bid or a public offer may specify a condition for obtaining below which this offer will not be followed up positively, which constitutes a derogation from the principle of irrevocability of the offer. . In the case of two simultaneous offers, he can waive the conditionality clause and reopen his offer if he holds more than two-thirds of the capital and voting rights. The threshold required for this reopening is reduced to the majority of the capital and voting rights if several offers are present. Finally, the option is introduced for an initiator to condition its public offer on the approval of the competition authorities. These provisions have been included in the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.

136. – These reforms are indicative of the consideration given to specific cases by the financial regulatory authority when drafting general rules. This phenomenon should also be highlighted with regard to the consideration of banking specificity in the regulation of public offers.

– The taking into account of banking specificity in the regulation of public offers

137. – Regulation No. 96-16 of 20/12/1996 of the Banking and Financial Regulation Committee provides for an additional formality for credit institutions. It submits to the prior authorization of the Credit Institutions and Investment Firms Committee any transaction involving the acquisition, extension or sale of direct or indirect holdings, when this transaction has the effect of allowing a person or a group of persons acting together to acquire the effective power of control over the management of the company or to acquire one-third, one-fifth or one-tenth of the voting rights.

138. – In our view, this provision is likely to complicate wildcard bids in the banking system. Indeed, the need to obtain the prior agreement of the CECEI to take control of a credit institution constitutes an obstacle. The latter is all the more important as the Committee has declared itself opposed to hostile takeover bids by banks. However, this is not an absolute anti-takeover defense because the target company only has a respite from the pre-clearance process. This respite may nevertheless be long enough to allow the target bank to organize its defense because the CECEI has the possibility of suspending the price of public offers. This could be seen in the BNP/Societe Generale/Paribas case. Firstly, the Committee blocked the overbidding on Paribas by postponing its decision because the project raised questions in particular from a prudential point of view. The authorization and therefore the continuation of the normal course of the offers, intervened only ten days later. On the other hand, the Committee delayed the announcement of the final results of the offers known from 14/08/1999 to 30/08/1999 without public justification, except the announcement of the hearing of the presidents of the two originator credit institutions. In this case, it was a question of modifying the price of public offers by forcing negotiation. the Committee delayed the announcement of the final results of the offers known from 14/08/1999 to 30/08/1999 without public justification, apart from the announcement of the hearing of the presidents of the two initiating credit institutions. In this case, it was a question of modifying the price of public offers by forcing negotiation. the Committee delayed the announcement of the final results of the offers known from 14/08/1999 to 30/08/1999 without public justification, apart from the announcement of the hearing of the presidents of the two initiating credit institutions. In this case, it was a question of modifying the price of public offers by forcing negotiation.

139. – Moreover, it is essential to note that the securities held beyond the established threshold are deprived of the right to vote. This sanction is interesting, because it goes beyond the framework of traditional legal sanctions. Indeed, there is an inadequacy of traditional sanctions. By their rigidity, the nullity, the rescission or the allocation of damages lack efficiency. It seems, for example, obvious that if the penalty for non-compliance with banking law was the nullity or resolution of the operation, this would have an impact on the purchaser of the securities but also on the existence of the company which could be put to danger. The deprivation of voting rights is efficient because the purchaser of the securities is not dispossessed of his membership, which moreover limits the infringement of his right,

140. – Por último, el artículo 9 de la ley de 15/05/2001 relativo a las nuevas normas económicas completó el artículo L. 511-10 del Código Monetario y Financiero. Se especifica que cualquier persona que considere presentar un proyecto de oferta pública con el fin de adquirir una cantidad específica de valores de una institución de crédito aprobada en Francia, debe informar al Gobernador de la Banque de France, Presidente de la CECEI, ocho días hábiles. antes de la presentación de este borrador de oferta o de su anuncio público si es anterior. Esta disposición tiene por objeto evitar que se repita lo que sucedió durante las ofertas públicas de BNP/Société Générale/Paribas en 1999, cuando se presentó a las autoridades bancarias un hecho consumado. De hecho, las autoridades de control se habían enterado de ciertas ofertas de los periódicos de la mañana.

Obviously, this measure is limited to simple information, of a confidential nature, of the Governor of the Banque de France. Thus, the latter has no decision to make. No legal sanction is applicable in the absence of information or in the event of late information. It should however be emphasized that the Governor of the Banque de France is the President of the CECEI. However, the powers of this Committee are considerable since it is responsible for issuing individual approvals as well as authorizations to take control. This constitutes a powerful incentive to comply with this information obligation.

141.- En consecuencia, al organizar mejor la información en el marco de las ofertas bancarias públicas, esta ley pretende proteger mejor el sistema bancario y financiero. Permite al Gobernador de la Banque de France “dar a conocer su evaluación, o incluso ejercer una función de buenos oficios antes de que el depósito haga irrevocable la oferta”. Introduce, por tanto, en la legislación bursátil una forma de intervencionismo estatal propia de las ofertas bancarias públicas. Es indiscutible aquí que la especificidad bancaria se tiene en cuenta en el mecanismo de las ofertas públicas.

142. – En definitiva, si esta consideración de la especificidad bancaria se produce en la toma de control de los bancos privados, el mismo fenómeno puede destacarse en la toma de control de los bancos públicos.

2/ Teniendo en cuenta la especificidad bancaria y financiera en la adquisición del control de un banco público

143. – Takeovers of public banks took place within the framework of privatization procedures. Privatization is the transfer from the public sector to the private sector of the majority stakes held by the State in certain companies. If the operation is complex, privatization is the basis of a transfer of ownership of the securities forming the capital of a State company to persons governed by private law.

144. – The decision can belong only to the legislator. The solution is expressed by article 34 of the 1958 Constitution: “The law establishes the rules concerning (…) the transfer of ownership of enterprises from the public sector to the private sector”. The principle has been reiterated by the Council of State on several occasions. A law was therefore needed, or at the very least a standard of equivalent value, such as an ordinance.

145. – Le gouvernement a choisi la voie des ordonnances. En conséquence, une loi du 02/07/1986 l’a habilité à procéder, par ordonnance, à la privatisation d’une série de sociétés qu’il a cotées. Le premier secteur concerné était précisément le secteur bancaire. L’ordonnance préparée n’a pas été signée par le président de la République, ce qui a obligé le gouvernement à modifier sa procédure.

146. – Un projet de loi a donc été soumis au parlement. Elle aboutit au vote de la loi du 06/08/1986 « relative aux modalités d’application des privatisations décidées par la loi du 02/07/1986 ». Le régime juridique des privatisations est ainsi tiraillé entre la loi du 02/07/1986 qui pose le principe et celle du 06/08/1986 qui décrit les modalités et qui a été modifiée par la loi du 19/07/1993.

147. – La privatisation est mise en place par la Direction du Trésor. L’opération nécessite également l’intervention de la Commission de privatisation, chargée d’évaluer la banque. La Commission décide sur la base des rapports d’évaluation établis par les banques du Conseil du Trésor. Il détermine la valeur minimale des entreprises à privatiser, avec l’aide d’expertises externes. Ces évaluations sont réalisées en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur de marché du titre, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence de filiales et des perspectives d’avenir. Une approche « multicritères » est donc consacrée. Le prix d’offre ou de vente est fixé par le ministre chargé de l’économie, qui ne doit pas être inférieur à l’évaluation donnée par la commission. Enfin,

148. – Toutefois, l’intervention des autorités bancaires est apparue incertaine (a). Néanmoins, la prise en compte de la spécificité bancaire et financière dans les procédures de privatisation est indiscutable (b).

a/ L’intervention incertaine des autorités bancaires dans les privatisations

149. – Il convient de préciser que les compétences de la Commission et du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement peuvent se heurter lors de privatisations bancaires. En effet, ils visent tous deux à maintenir le bon fonctionnement et la sécurité du système bancaire et financier. La Commission est ainsi compétente pour évaluer la banque, intervenir lorsque le statut de la banque publique change et choisir les acquéreurs. Le Comité est compétent pour autoriser les prises de participation. A cette occasion, son contrôle se concentre sur les actionnaires. En conséquence, les deux autorités interviennent pour décider du changement d’actionnaires.

Cette répartition des rôles n’a pas permis de surmonter un certain nombre de difficultés et de carences liées à l’ingérence de la spécificité bancaire dans ce mécanisme de restructuration. En effet, les autorités en charge de la définition et de la supervision bancaires n’ont pas vu leur rôle précisé dans le cadre de ces opérations. Ainsi, cela peut sembler, à première vue, relativement secondaire.

Le choix des membres des groupes d’actionnaires associés ne relève pas des compétences du CECEI, qui est seul chargé de l’approbation, du contrôle de l’actionnariat bancaire et de l’autorisation de franchir le seuil fixé au vote. Toutefois, dans le cadre de l’autorisation de prise de contrôle ou de franchissement de seuil, ces dernières auraient pu conditionner ces autorisations à un certain nombre de mesures visant à protéger de manière efficace le système bancaire. Ce n’était pas le cas. Précisons tout d’abord que le Directeur du Trésor est membre du CECEI. Pourtant, il est à l’origine du montage de l’opération. En outre, le Président du Comité est le Gouverneur de la Banque de France.

150. – Par ailleurs, la Commission bancaire aurait dû intervenir dans le but de protéger le système bancaire. En effet, dans un certain nombre de cas, les pertes des banques publiques s’accumulaient. Il y a eu des retards de provisionnement, des fonds propres insuffisants et le non-respect des ratios prudentiels. Toutefois, la Commission bancaire ne s’est pas prononcée sur l’opportunité de retirer l’agrément des établissements défaillants, notamment les filiales d’entreprises bancaires et les entreprises financières publiques de premier ordre. Cela aurait pu lui permettre de faire pression sur le choix du Trésor et du gouvernement dans la procédure de privatisation.

b/ La prise en compte des spécificités bancaires et financières dans les procédures de privatisation

151. – The taking into account of the banking and financial specificity was carried out within the framework of privatization procedures on the financial markets (a) as well as in the context of off-market privatization procedures (b).

α/ Privatization procedures on the financial markets

152. – These procedures are subject to specific rules. Banking regulation only appears in these hypotheses in a very incidental way.

– Rules specific to privatizations on the financial markets

153. – This method consists of the State offering the shares of the privatized company to the financial market. The operation is in a way a reverse takeover bid, ie a public sale offer. It is the direct result of the public offering procedure provided for by the general regulations of the Autorité des Marchés Financiers. A notice is published. It indicates the number of titles offered for sale as well as the price. Interested persons have a deadline to respond to this offer, indicating the number of securities they wish to purchase.

154. – It should be specified that Article 4-1 of Law No. 86-912 of 06/08/1986 provides that transfers made by the State “may be subject to payment in installments…” However, the implementing decree for this text was delayed since it was only published in 1997. Its scope is limited since it only concerns privatization operations which result in a transfer of control according to the procedures of the financial market.

155. – Without going into the details of the decree, it is however appropriate to dwell on the conditions of implementation of the right granted to the State in the event of default of payment by a shareholder. With regard to payment defaults, the procedure provides that “whatever the cause of the default, the registration in the account of the bearer of the shares whose due date has not been honored is automatically canceled. The new account entry is made in the name of the State by the issuing legal entity or the authorized financial intermediary without the bearer having been given prior formal notice to have to settle his debt”. The solution is as brutal as it is effective.

156. – It seems to us that such a legal retention of title could have been dangerous for the stability of the banking system. The State could again have shares in credit institutions in the event of non-payment. He would then have been able to sell them again. The banking authorities would certainly have had to intervene with the aim of protecting the banking system. This incursion would have highlighted the consideration of banking regulation.

– Consideration of banking regulation

157. – The privatization of a bank must in principle be subject to the prior authorization of the CECEI. Indeed, according to Regulation No. 96-16 of 20/12/1996, any transaction involving the transfer of holdings in a credit institution, when this transaction has the effect of allowing a person or a group of persons to acquire the effective power to control the management of the company or to acquire one-third, one-fifth or one-tenth of the voting rights, must be authorized. Thus, it is indisputable that the privatization of a bank must be authorized by the CECEI. Banking specificity therefore interferes in the privatization procedure.

158. – Sin embargo, cabe precisar que en los términos del Reglamento No. 96-16 de 20/12/1996, sólo son válidas las transferencias que permitan a una persona o a un grupo de personas adquirir por lo menos el 10% de los derechos de voto. previa autorización del CECEI. Así, en determinadas operaciones de privatización bancaria, los adquirentes no han alcanzado el umbral del 10% de participación. Por lo tanto, el Comité no fue informado por el Tesoro. En realidad, las operaciones de privatización que dieron lugar a la remisión al CECEI son aquellas que se realizaron parcialmente en los mercados financieros.

159. – Correlativamente, las enajenaciones que se produjeron en el marco de procedimientos de privatización fuera del mercado involucraron al CECEI.

β/ Procedimientos de privatización fuera del mercado

160. – Se puede transferir el control de un banco público fuera del mercado. En determinados casos, este procedimiento único se ha utilizado con el fin de formar un grupo conocido como “accionistas estables”. Puede demostrarse una consideración de la especificidad bancaria y financiera en las reglas aplicables a la privatización. Además, se puede destacar una particularidad de las diversas privatizaciones bancarias fuera del mercado.

– Tener en cuenta la especificidad bancaria y financiera en las normas aplicables a la privatización

161. – Under the terms of article 4 of law n° 86-912 of 06/08/1986, in its wording resulting from law n° 93-923 of 19/07/1993, the transfer or exchange of securities, sales of preferential rights or waivers of such rights are carried out according to financial market procedures. However, the Minister in charge of the Economy may decide to appeal to off-market buyers. The choice of the purchaser(s) and the terms of sale are determined by the Minister for the Economy, with the assent of the Privatization Commission, which has become the Participations and Transfers Commission. This also provides the valuation of the company. A Council of State decree sets in particular the publicity rules to which these decisions are subject and the cases in which a call for tenders is used. Furthermore, article l of decree n° 93-1041 of 03/09/1993, modified by decree n° 95-947 of 25/08/1995 specifies that, for the application of the provisions of the second paragraph of n article 4 of the law of 06/08/1986, private sector holdings in the capital of public companies are subject to certain rules. The decision to sell or exchange over-the-counter securities or rights of public companies is publicized by publication in the Official Journal. When specifications governing the operation are established, this insertion informs potential buyers so that they send their offer accompanied by their financial references. The drafting of the specifications in bank privatizations is the subject of specificities. It is recalled that the economic role of the bank to be privatized must be preserved in the country’s banking organization so as not to undermine the stability and security of the financial system. It is specified that prospective acquirers must explain how they intend to develop the bank while respecting the requirements of the specifications. In other words, they must commit to an industrial project and not just seek capital gains on a transitional equity investment. These specific provisions aim to protect the banking and financial system. When no specifications are provided, the Minister for the Economy appoints an independent personality whose name is made public. This establishes a report on the conditions and progress of the operation. This report is submitted to the Minister and to the Privatization Commission. Potential buyers must send their offer accompanied by their financial references.

162. – We have demonstrated the interference of banking and financial specificity in the rules applicable to privatization. Correlatively, in practice, the various off-market banking privatizations have been specific compared to other economic sectors.

– The specific nature of the various off-market banking privatizations

163. – Concerning the privatization of the Caisse Nationale de Crédit Agricole, law no. Provision has been made for the purchase of the Caisse Nationale de Crédit Agricole by the regional banks for 90% of the capital and by the group’s employees for 10% of the capital.

164. – Article 4 of this law provided that the valuation of the fund should be carried out according to the procedure provided for by law no. 86-912 of 06/08/1986. After the vote of the law of 18/01/1988, the Privatization Commission therefore issued an opinion on 19/02/1988. The complexity of the relationship between the regional banks and the Caisse Nationale de Crédit Agricole has been taken into account, as well as the specific nature of the risks weighing on the whole. It is for this reason that the Commission has set the minimum value of the Caisse Nationale at 7 billion francs.

165. – This valuation gave rise to controversy because it could have been higher. In fact, the Commission relied on the net assets of the Fund which it evaluated at 8.1 billion francs at 31/12/1986. This amount was obtained by adding the State allocation, the consolidated results and the 1986 result. this savings was not assimilated to equity. However, this provision is considered by the Banking Commission as capital for the calculation of prudential ratios, in particular the risk coverage ratio and the reserve requirement ratio. The provision for home savings was also recorded in equity in an information note made available to the public during a financial operation set up by Unicredit, a subsidiary of the Caisse Nationale. This document, endorsed by the Stock Exchange Commission and drafted by the National Fund, specified that these equity capital amounted to 14.12 billion francs. Furthermore, a particular point relating to the nature of the guarantee fund was not the subject of any comment in the Privatization Commission’s estimate. This fund, amounting to 2.4 billion at the end of 1986, made up of contributions from regional mutuals, guarantees deposits in the event of failure of a local or regional mutual. The law provided for its absorption by the National Fund but its amount was not added to that of equity. Conversely, this decision therefore contradicted the specific provisions of the Rural Code applicable to Crédit Agricole. Indeed, it is provided that “in the event of dissolution, the surplus assets [of the common guarantee fund] are allocated to the Crédit Agricole endowment”.

166. – Without taking this controversy into account, on 25/02/1988 the Ministers of Economy and Agriculture issued the decree provided for in article 5 of the law of 18/01/1988. This notably provided for the sale price of Caisse Nationale de Crédit Agricole shares to employees as well as to the regional mutuals. The price retained is the minimum value proposed by the Privatization Commission. In our opinion, it is the fear of a financial weakening of the regional funds that guided this measure. The substantial objective is to protect the solvency of the regional banks as well as the structure of the banking system as a whole. This appears indisputably because it is provided that the latter do not have to mobilize all of their own funds. Moreover, part of the financing can be achieved through a public call for savings through investment certificates, equity securities or bonds. Finally, a last specific provision, aiming at the same objective, has been organized. With regard to the regional banks of Crédit Agricole, at least 50% of the shares had to be paid in cash, the payment of the balance being scheduled for a later date. Thus, the decree therefore granted time limits to the funds that so wished when their risk coverage ratio was less than 5.5% on 30/06/1987. These were authorized to settle 33.3% of the shares at maturity of one year, 33.3% of the shares at maturity of two years and 33.4% of the shares at maturity of three years, on the anniversary dates of the cash payment. In practice,

167. – This privatization therefore led to the takeover of the Caisse Nationale de Crédit Agricole by the regional banks. The Caisse Nationale was transformed into a public limited company governed by the law of 07/24/1966. Incidentally, the transformation of the status of the Caisse Nationale de Crédit Agricole raised the question of the compatibility of that of the regional banks which are the new owners. Can the latter remain civil companies with variable capital and engage in commercial activities and equity investments that generate profits? In our opinion, these questions remain fundamentally undetermined, but article 625 of the Rural Code, which exempts the Crédit Agricole funds from registration in the trade and companies register, seems sufficient to avoid a more in-depth debate.
Thus, we have demonstrated that the privatization of Crédit Agricole was special.

168. – This was also the case with the privatization of BFCE. The decree of 12/12/1995 authorized the transfer to the private sector of BFCE, in which the State only indirectly holds a majority stake. The operation was carried out by private sale without specifications, with an expert’s report and the opinion of the Privatization Commission. By an opinion of the Minister of Economy and Finance published in the Official Journal of 13/12/1995, Mrs Hagelsteen, State Councillor, was instructed to draw up a report on the conditions and progress of this operation of privatization. The Privatization Commission issued a favorable opinion on Crédit National’s offer.

169. – The Credit Institutions Committee has been seized of the file. It gave its authorization on 12/21/1995 on the condition, however, that Crédit National obtains a solvency ratio of 9.2% after the acquisition. This condition set by the banking regulatory authority was intended to preserve Crédit National’s sound financial situation. The primary objective was indeed the protection of the banking system.

170. – By order of 01/23/1996, on the assent of the Privatization Commission, the Minister authorized the transfer of BFCE to the private sector, thus allowing Crédit National to take control.

171. – Crédit National still had to supplement its own funds to meet the requirements of the CECEI and it had to increase them from 8.85% to 9.2%. To fill this gap, an issue of 500 million perpetual subordinated securities, eligible as quasi-equity in the solvency ratio, was organised. The AGF subscribed to it for 340 million francs. The balance of 140 million francs was covered by the CDC. Ultimately, Crédit National’s Cooke ratio was indeed increased to 9.2%, but its core capital ratio fell from 8.7% to 6.2%. This value was considered insufficient given the range and type of the group’s activities and given its dependence on the cost of refinancing on the market. Crédit national-BFCE’s rating was downgraded by the Standard and Poor’s agencies,

172. – The privatization of SMC did not lead to such a deterioration in the ratings of the buyer because the State carried out several recapitalizations before the sale to the private sector.

173. – The government decided by decree of 26/10/1995 to transfer the State’s stake in the SMC to the private sector through a procedure of transfer by mutual agreement without specifications. At the end of 1996, the Minister appointed Mr. Maugars, Inspector General of Finance, as an independent figure to investigate the privatization file. Several times suspended and resumed, the privatization operation encountered many difficulties, in particular when the Korean group Daewoo proposed to buy out SMC for the symbolic sum of 1 franc.

174. – A government notice dated 04/21/1998 relaunched the procedure for the transfer of SMC by sale by mutual agreement, without specifications but with the obligation for the purchaser to present an industrial recovery project. the bank. The overriding objective was to secure the future of the bank in order to avoid further difficulties. More broadly, the purpose was to protect the structure of the banking system. After competition between four candidates for the takeover of SMC, BNP, Société Générale, Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse and Banque Chaix, a subsidiary of CCF, the latter alone submitted a final offer to ‘purchase. On 12/06/1998, she signed a contract to take over SMC shares.

175. – Following the assent of the Participations and Transfers Commission and the prior authorization of the CECEI, the government decided by decree of 22/10/1998 to transfer ownership of the SMC to the private sector. This transfer took place by sale of the entire capital to Banque Chaix following the last recapitalization of SMC by the State in the amount of 2.9 billion francs. The amount of the transaction, symbolic given the sad state of the bank, was 10 million francs.

176. – It should be noted that while these privatization operations were carried out without specifications, other operations were organized within the framework of calls for tenders on the basis of specifications. Thus, the transfer procedure and the specific obligations to be respected have been specified. These obligations may have varied depending on the objectives sought. It could, in particular, be a temporary inalienability of the securities acquired and a right of pre-emption. Finally, the Minister chose the purchaser(s) based on the offers and guarantees provided, with the assent of the Commission.

177. – This procedure was the source of significant litigation initiated by potential buyers not chosen by the minister. Thus, it is this procedure which was the basis of the appeal brought before the Council of State by Société Générale, BNP and CCF during the privatization of CIC.

178. – Let us first recall the facts. CIC was privatized in 1998 under an off-market procedure. By decree n° 96-681 of 07/30/1996, the Prime Minister decided to transfer from the public sector to the private sector the majority stake held by the State, in the financial company of CIC and the European Union . The Minister of Economy and Finance then chose to carry out this transfer through a tender procedure, governed by specifications. Seven candidates were declared admissible, by the Minister, to submit an offer. Five of these candidates have actually filed a purchase offer. By a decision made public on 23/03/1998 the Minister authorized Société Générale, ABN-Amro and the Banque fédérative du Crédit Mutuel, to the exclusion of BNP and CCF, to continue the selection procedure. In a decision made public on 04/14/1998, the minister appointed the Banque fédérative du Crédit Mutuel as the buyer. By an order of 24/04/1998, it then set the terms of the transfer from the public sector to the private sector.

179. – It is the terms of this transfer which have been the subject of an appeal by certain unsuccessful applicants. Société Générale, BNP and CCF jointly requested, on 12/06/1998, the annulment for abuse of power of various administrative decisions: the decision of the minister declaring admissible the offer of the Banque fédérative du Crédit Mutuel, that of 03/12/1998 of the Credit Institutions and Investment Firms Committee authorizing a possible takeover of Compagnie Financière du CIC et de l’Union Européenne by Banque Fédérative du Crédit Mutuel, the decisions of the Minister for 23 /03 and 14/04/1998, the decree of 24/04/1998 and the opinions issued by the Privatization Commission during the privatization procedure. In summary, the first challenge related to the illegality of the procedure. The second objection was based on the fact that, according to the applicants, the buyer being a mutual bank, its status prohibited it from taking over an AFB bank. Finally, the third argument maintained that the procedure for transfer to the private sector should be based, with regard to the principle of equality, solely on the content of the offers. Thus, the applicants considered first of all that the provisions allowing a transfer according to the off-market procedure had not entered into force. Indeed, the decree of application concerning the cases of implementation of a call for tenders had not been published. However,

Next, the applicants also complained about the takeover by a mutual institution of a bank known as “AFB”. To challenge this choice, they based their argument on a specificity of the banking system. They considered on the one hand, that the provisions of the banking law would have opposed the takeover of a bank affiliated to the AFB by a mutual bank. They also asserted that the provisions governing the operation of Crédit Mutuel, and more particularly those of Article 2 of Ordinance No. 58-966 of 16/10/1958 under the terms of which “the Caisses de Crédit Mutuel exclusively for the purpose of mutual credit”, would have obstructed the takeover by these funds of a credit institution not affiliated to the Crédit Mutuel network. The Council of State refutes the argument. It “appears from the documents in the file that BFCM, the candidate selected by the Minister to acquire the State’s stake in the Compagnie financière du CIC et de l’Union européen, is itself affiliated to the AFB and not to the network of Credit Mutuel”. The solution provided by the Council of State is, moreover, very interesting. In fact, by rejecting the plaintiffs’ argument because BFCM was itself affiliated with AFB, the latter suggests that if the economic entity had been affiliated with the Crédit Mutuel network, the takeover could have been contested. The solution provided by the Council of State is, moreover, very interesting. In fact, by rejecting the plaintiffs’ argument because BFCM was itself affiliated with AFB, the latter suggests that if the economic entity had been affiliated with the Crédit Mutuel network, the takeover could have been contested. The solution provided by the Council of State is, moreover, very interesting. In fact, by rejecting the plaintiffs’ argument because BFCM was itself affiliated with AFB, the latter suggests that if the economic entity had been affiliated with the Crédit Mutuel network, the takeover could have been contested.

Finally, concerning the terms of transfer to the private sector by way of a call for tenders for a State participation in a public company, the applicants maintained that the choice between the candidates could not be legally justified, with regard to the principle of equality, only on the content of their offers. The applicant banks maintained that the specifications did not respect the principle of equality between candidates. Firstly, it did not define with sufficient precision the concepts of ‘firm offer’ and ‘definitive offer’. The same applied to the conditions and limits under which the candidates could modify, when formulating their “final offer”, the content of their “firm offer”. On the other hand, it restricted access to certain information only to candidates admitted to make a “final offer”. The key to reading these expressions is in the specifications. Thus, under the terms of article 5-3 of these specifications, “the firm offer will constitute an irrevocable commitment to acquire the stake sold for a period of six months, subject, where applicable, to any amendments contained in the offer. final”. Similarly, under the terms of article 7-3 of the same specifications “the final offer must include the elements of the firm offer, as well as the draft sales contract. In the event that amendments are proposed to the firm offer or to the draft sales contract, all the necessary justifications must be attached to the final offer”. The Council of State observes that it results from the preceding provisions and, in particular, from the need to justify any amendment made to the firm offer, that each candidate must, as soon as his firm offer is formulated, set out the conditions under which he undertakes irrevocably to acquire, if selected, the transferred interest. It thus clarifies the meaning to be given to the expressions “firm offer” and “definitive offer”. According to the High Court, the applicant is only authorized to adjust his final offer in relation to his firm offer to the strict extent of new elements brought to his attention after the filing of the firm offer within the framework of the organized procedure. by the specifications. Consequently, “the provisions of the specifications,

Other means, linked to the Livret bleu, were also invoked. These included the exclusive distribution of this Livret bleu. In addition, reference was made to the existence of a procedure initiated by the European Commission which would not have been brought to the attention of the Privatization Commission. Both were rejected on the grounds that they had no influence on the regularity of the privatization procedure.

180. – Ultimately, this appeal made before the High Administrative Court by the ousted establishments was an opportunity for the case law to clarify certain points of the procedure for the transfer to the private sector of shares held by the State when this this takes the form of an off-market sale.

181. – These clarifications certainly facilitated the privatization of Banque Hervet. This is the last French bank to have been privatised. The procedure was launched on 11/07/2000 after several previous failed attempts. The government first decided to sell its holdings through a public offering. Finally in November 2000, the latter preferred to opt for a private sale procedure similar to the privatization of CIC.

182. – The State shareholder sold the bank to CCF for 530 million euros. The Ministry of Economy and Finance was therefore not arrested by the majority shareholder of CCF, who is nevertheless British. The State has therefore shown impartiality in the choice of the buyers of Banque Hervet without interfering with nationalist criteria. This seems to mark a pledge of goodwill on the part of the French authorities in the creation of a true single banking market. They chose the proposal that best met the four criteria of the specifications in order to efficiently protect the banking system. This takeover by CCF was a strategic move for HSBC. First, the takeover of CCF in July 2000 enabled it to acquire a banking platform in France. Secondly, the takeover of Banque Hervet strengthened it in France, in particular thanks to geographical complementarity. The CCF was in fact totally absent from the four favorite departments of Banque Hervet.

183. – Having demonstrated the taking into account of banking and financial specificity in the acquisition of control of public banks, we will attempt to highlight the same phenomenon during the acquisition of control by a mutual or cooperative bank.

3/ The taking into account of the banking and financial specificity in the acquisition of control by a mutual or cooperative bank

184. – The cooperative or mutual banks could be considered as having a significant handicap in the acquisition of a European size or even global. Originally, the overriding problem was that they could not carry out cross-shareholdings or pay in shares for their takeovers. Thus, when cash is the only possible method of payment for external growth operations, the equity ratios of the buying mutual banks can only suffer.

185. – However, it should be noted that takeover operations were nevertheless carried out. The external growth of mutual or cooperative banks has even taken on an unexpected scale. Indeed, these have succeeded in acquiring vehicles listed on the stock exchange allowing them to benefit from market capitalizations. For example, Crédit Agricole was able to launch a public offer on Crédit Lyonnais shares thanks to the stock market listing of Crédit Agricole SA.

186. – It is therefore appropriate to highlight the consideration of banking and financial specificity in the acquisition of hybrid control (a) as well as in external growth between mutual banks (b).

a/ Taking account of banking and financial specificity in the acquisition of hybrid control

187. – The definition of hybrid takeover should be clarified. This is a concentration between a mutual bank and a bank of another status. This operation involves taking account of the banking specificity because it concerns two banks belonging to different statutes and being subject to different legal rules. In addition, the takeover is financial because it concerns a mutual bank, with a theoretically disinterested vocation, which binds itself financially to a capitalist company with the aim of growing and reaching a critical size. This specificity has consequences.

188. – Indeed, in joint-stock companies, there is a category of agents specialized in the function of owner: the shareholders. They also have a function of providing capital.

189. – Mutual banks are consumer cooperatives. The property rights are devolved to the members, the members of the mutual, who are contributors of equity, but who in all cases are also part of the clientele. This confusion between members and customers is likely to modify the objective of the company. It is no longer necessary to optimize the situation of the owner of the shares, therefore to maximize the financial profitability, since the latter is also the client. The cooperative is thus, in theory, more oriented towards satisfying the needs of the customers, which can modify the commercial relationship.

190. – The property rights of members of cooperative banks are limited compared to those of shareholders. In mutuals and cooperatives, the owners of shares cannot exchange them. In addition, decisions are taken in general assembly democratically which implies that “one man corresponds to one vote”. Thus, the members’ rights of control over the managers are much more diluted than in public limited companies, because it is impossible for an individual or a group of individuals to accumulate enough shares to have a significant influence on decisions. In French cooperative banks, this rule is however not always applied to the letter, but the voting rights of a member, even institutional, are capped. This limitation of the rights of the members is also manifested by the limitation of the return on capital. This does not take the form of dividends distributed or that of an increase in the value of the share, but that of interest paid. It is the general meeting which decides annually on the rate of remuneration of the shares, after proposal of the board of directors. Compared to public limited companies, the remuneration of the owners of the capital therefore appears to be lower.

191. – Consequently, there is an important difference between the legal status of the shareholder and the member.

192. – These hybrid takeovers lead to a partial opening of the mutualist structure thanks to financial links. Shareholders enter the mutualist structure and potentially have a greater right to remuneration than members. Logically, the entry of shareholders into these groups poses the problem of the recognition of members. Indeed, they have never derived any value from their shares. In addition, such operations lead to the use of funds collected by banks from their members. Thus, when Crédit Agricole took control of Crédit Lyonnais, this massive use of the money collected from members, via the regional banks, was denounced.

193. – Ultimately, it is possible to consider that the mutual bank loses its soul by opening up to capitalism. Indeed, it frequently strays from its original missions. Correlatively, it would be logical that the members no longer support the group’s policy, which abandons the values ​​that preceded its constitution.

194. – Some have considered these hybrid takeovers to be the start of a creeping demutualization process. In other words, banking mutualism would be self-destructing.

195. – However, it seems that mutualist groups have succeeded in reconciling mutualist and capitalist structures.

196. – Crédit Agricole notably took control of Indosuez in 1996. This operation was an opportunity for the green bank, hitherto centered in France on its traditional activities of financing agriculture, SMEs and individuals , to settle in trades and markets that are completely new to it. Thus, it has intervened with the clientele of large international companies, in the business of investment banking abroad or even the financing of assets and projects, the traditional hunting grounds of investment banks. To achieve its objectives, Crédit Agricole has exploited the international presence of Indosuez. Indeed, if the group today has many direct establishments in the world via subsidiaries or branches, this is largely thanks to the contribution of Indosuez. Consequently, on the one hand, there was a local generalist bank, with a mutualist culture and a very decentralized structure. On the other, was an investment bank geared towards large companies and large financial operations. Its culture was profit-oriented. However, Crédit Agricole has succeeded in combining its mutualist structure with a capitalist structure while avoiding major conflicts.

197. – In 1997, the Banques Populaires group took control of Natexis while retaining a free float allowing the bank to be listed on the stock exchange. Natexis-Banques Populaires has become the cooperative group’s wholesale bank. The banking group is therefore made up of three levels: the regional banks, the Banques Populaires federal bank and the capital structure that is Natexis-Banques Populaires. More specifically, the Banque Fédérale des Banques Populaires owns more than half of Natexis-Banques Populaires. The regional banks, Casden Banque Populaire and Crédit Coopératif hold 98% of the Banque Fédérale des Banques Populaires. In addition, the regional banks have a 25% stake in Natexis-Banques Populaires. In total, 77% of the capital of Natexis-Banques Populaires is held by the Banques Populaires group. The latter succeeded in reconciling a mutualist and capitalist structure. The chairman of the group also insists on the possibility given to members to also become shareholders of the structure to which they are already attached. Shareholders and members are therefore now part of the life of the group.

198. – Finally, Crédit Mutuel acquired CIC in 1998. The latter is an AFB bank listed on the stock exchange. However, Crédit Mutuel has not demutualized from the inside insofar as the control it holds allows it to ensure that the cooperative logic prevails over the subsidiary logic. According to Mr. Etienne Pfimlin, President of the National Confederation of Crédit Mutuel, it does not seem healthy to erect “Chinese walls” which would prevent cooperative banks from equipping themselves with the tools necessary to adapt to a competitive environment. According to him, the prosperity of the subsidiaries has no other justification than to reinforce that of the parent companies to enable them to continue to provide the best services to the members.

199. – We have just highlighted the consideration of the banking and financial specificity in the acquisitions of hybrid control. The same phenomenon can be observed in the external growth of mutual banks.

b/ Taking account of banking and financial specificity in the external growth of mutual banks

200. – The concentration of mutual banking groups is specific. To make them grow, it is enough that another group adheres to them. This is how the Crédit Coopératif group was integrated into the Banques Populaires group in 2002.

201. – Thus, the merger of the two groups was based on the implementation of the potential of their cooperative status coupled with the provisions of the banking law applicable to mutualist networks.

202. – Crédit Coopératif therefore adopted the legal form of a Banque Populaire limited cooperative company and was affiliated as the parent company. It is therefore associated with the destiny of the group through a stake in the capital and the deliberative bodies of the Banque Fédérale des Banques Populaires. The Banque Fédérale des Banques Populaires replaced the Caisse centrale de Crédit Coopératif as the central body of the Crédit Coopératif group for all of its affiliates.

203. – Toutefois, aux termes de l’article L. 512-11 du code monétaire et financier, la Banque Fédérale des Banques Populaires est chargée :

1/ définir la politique et les orientations stratégiques du réseau Banque Populaire ;
2/ négocier et conclure des conventions nationales et internationales pour le compte du réseau Banque Populaire ;
3/ agréer les dirigeants des Banques Populaires et définir les conditions de cet agrément ;
4/ approuver les statuts des Banques Populaires et leurs modifications ;
5/ assurer la centralisation des excédents de trésorerie des Banques Populaires et leur refinancement ;
6/ prendre toute mesure utile à l’organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau Banque Populaire et appeler les contributions nécessaires à l’accomplissement de ses missions d’organe central.

204. – Enfin, aux termes de l’article L. 512-12 du code monétaire et financier, la Banque Fédérale des Banques Populaires doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau Banque Populaire en définissant et mettant en œuvre les mécanismes internes de solidarité financière nécessaires. Ces dispositions concernant les Banques Populaires visent plus largement à protéger la stabilité du système bancaire.

205. – Par conséquent, cet organe central unique a une mission politique et une mission financière. Cette structure est la synthèse entre une organisation politique, dans laquelle les dirigeants sont les représentants des sociétaires, et la direction, puisque le conseil d’administration de la Banque fédérale est composé des présidents et directeurs généraux des Banques Populaires.

206. – Compte tenu des prérogatives étendues de la Banque Fédérale des Banques Populaires, celle-ci exerce incontestablement ce que l’on peut qualifier de contrôle sui generis sur le Crédit Coopératif. Notre argumentation est confirmée par le ministre de l’Economie. Selon ce dernier, « cette opération, en ce qu’elle entraîne le transfert du contrôle du groupe Crédit Coopératif au profit de la Banque Fédérale des Banques Populaires, constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce. ” .

207. – Il est clair que les reprises que nous venons d’étudier sont exclusives. Certaines reprises peuvent être réalisées conjointement par deux établissements de crédit.

§ 2 : Prise en compte des spécificités bancaires et financières dans l’acquisition du contrôle conjoint

208. – Les OPA sont des formes privilégiées de concentration entre banques. L’objectif est d’atteindre la « taille critique » qui permet de mieux résister à la concurrence en s’unissant. Elles correspondent à des situations où aucun des partenaires ne souhaite se retirer du marché, ou dans lesquelles aucun des deux n’a les moyens d’acquérir la part de l’autre.

209. – Ces mécanismes permettent de limiter les risques d’investissement des banques, alors que leurs ressources en capital sont rares et chères.

210. – La prise en compte de la spécificité bancaire et financière se vérifie à travers les notions permettant la qualification d’OPA (A) ainsi que dans la réalisation de l’OPA (B).

A/ La prise en compte de la spécificité bancaire et financière dans les concepts permettant la qualification de prise de contrôle en commun

211. – Concerted action constitutes an element of the definition of joint control (1) making it possible to highlight the takeover control (2).

1/ Action in concert, an element of the definition of joint control

212. – Action in concert is subject to a definition in company law (a). The definition of banking law seems different, which reflects the consideration of banking specificity (b).

a/ The definition of company law

213. – Since the adoption of the law on new economic regulations, concerted action constitutes an element of the definition of joint control.

214. – The control exercised by a concert results from a double presumption. Indeed, article L. 233-10 of the Commercial Code, modified by the law of 11/12/2001, is used to presume the existence of an action in concert. Persons who have entered into an agreement with a view to acquiring or transferring voting rights or with a view to exercising voting rights, in order to implement a policy vis-à-vis the Company “. Such an agreement is presumed to exist: between a company, the chairman of its board of directors and its managing directors or the members of its management board or its managers; between a company and the companies it controls within the meaning of Article L. 233-3; between companies controlled by the same person or persons; between the partners of a simplified joint-stock company with regard to the companies that it controls. Persons acting in concert are jointly and severally bound by the obligations imposed on them by law and regulations.

b/ The interference of banking specificity

215. – The notion of concerted action is also defined by banking law in Article 4 of Regulation No. 96-16 of 20/12/1996. The latter provides that “persons who have entered into an agreement with a view to acquiring or transferring voting rights or with a view to exercising rights to implement a common policy vis-à-vis the subject undertaking”.

216. – At first sight, the wording of this article seems to be close to that given in company law. However, by rigorously analyzing this provision, the differences appear significant and highlight a specificity of banking law.

217. – First of all, the law of 11/12/2001 on urgent economic and financial reform measures modified the definition of concerted action in company law. A fundamental comma has been added after the words “for the purpose of exercising voting rights”. This reform clarified the wording of Article L. 233-10 of the Commercial Code. It is therefore now certain that company law places the incident relating to the common policy as a common factor of the two objects of the agreement. Thus, it is distinguished, among the agreements with a view to acquiring or transferring voting rights, those whose purpose is to implement a common policy and those which do not have this purpose.

218. – However, banking law has not undergone the same modification. There is therefore a difficulty of interpretation concerning the purpose of the linking of the words “to implement a common policy”. The text refers to two types of agreements, one with a view to acquiring or transferring voting rights, the other with a view to exercising rights. In the presence of this distinction, it is possible to consider that the incidental “to implement a common policy” relates exclusively to agreements with a view to exercising rights. From this, it may follow that all agreements to acquire or dispose of constitute actions in concert, without there being any reason to ask whether their purpose is to implement a common policy.

219. – Admittedly, it may seem excessive to take advantage of such a formal observation. However, it confirms an analysis authorized by Regulation No. 96-16 of 20/12/1996. The latter, considering action in concert, specifies “in order to exercise rights…”. However, company law refers to the exercise of voting rights. The difference is essential. Once again, it seems that banking law retains an extensive definition of the agreements concerned. It is not just about agreements to exercise voting rights to implement a common policy. It could be contracts made between people allowing them to benefit from certain rights within the bank concerned.

220. – The interference of banking specificity is therefore evident in the definition of legal concepts. In addition, the specific definition of banking law logically entails a broad application of Article 2 of Regulation No. 96-16 of 20/12/1996. Indeed, it provides that any person or group of persons acting together must obtain authorization from the CECEI when a stake greater than one-tenth of the voting rights is acquired or sold. Its authorization is fundamental because if the CECEI opposes the operation, the project will have to be abandoned. This authorization is intended to protect the banking system. The CECEI verifies that there is consultation between the parties in order to avoid conflicts between shareholders and guarantee the stability of the entity. So, it makes its authorization subject to the conclusion of a formal agreement guaranteeing the cohesion of the block of shareholders. Finally, he ensures the existence of a clear and viable industrial project, always with the aim of avoiding disruption of the banking system. Indeed, acting in concert can result in a joint takeover.

2/ Qualification of joint control resulting from concerted action

221. – Not every concert can constitute control. Article L. 233-3 paragraph 3 of the Commercial Code resulting from the law relating to new economic regulations and modified by the law of 11/12/2001 allows the exercise of joint control to be presumed. This provides that “two or more persons acting in concert are considered to jointly control another when they in fact determine the decisions taken at the general meeting”. The objective of the legislator was thus to introduce a provision aimed at recognizing the existence of control held in concert. The law therefore adjusts to the realities of power within societies.

222. – In banking law, there is no provision defining joint control. However, the persons considered to be acting together are not apprehended in the same way in banking law and company law. This lack of banking law is a source of questioning.

223. – A fundamental question therefore arises in the context of joint banking subsidiaries. To what extent can joint control be qualified?

224. – In general, on this issue, no fundamental divergence has emerged between company law, banking law, securities law and competition law. We can therefore highlight the criteria of joint control without having to distinguish between these different rights.

225. – There is a joint takeover when the controlling companies must agree on the major decisions concerning the controlled company.

Thus, there is joint control, when two partners each own half of the capital of a joint venture, each control half of the voting rights in meetings and therefore have the right to appoint half of the members of the management bodies. In such a situation, the partners are obliged to come to an agreement in order to avoid reciprocal blocking during votes on decisions concerning the activity of the joint venture. However, joint control is likely to exist, even in situations where the distribution of capital is not egalitarian, when a sufficiently significant common interest emerges from the analysis of all the factual and legal circumstances. .

Such reasoning, which takes into account all the legal and factual circumstances for the purpose of recognizing a minority partner’s participation in joint control, must be generalized to joint ventures under the influence of more than two partners. In its Communication on concentration and cooperation operations, the European Commission thus indicates that a joint venture may be controlled by a multiplicity of undertakings when the latter are able to bring together a majority of the capital, seats or votes in the joint undertaking’s decision-making bodies. However, joint control can only be presumed if the factual or legal circumstances, in particular a convergence of economic interests, tend to demonstrate the existence of a deliberate common policy of the parent undertakings with regard to the joint undertaking. In practice, this is deduced from the existence of veto rights obliging each of the companies to agree on the management of the joint venture.

226. – On the other hand, it should be specified that a company would not be considered to exercise joint control if it benefited from prerogatives aimed solely at protecting its financial interests. It is clear that in practice such a distinction is not without posing delicate problems of appreciation. Indeed, the question of the existence or not of joint control does not always call for an obvious answer in practice, given the complexity of certain factual and legal situations.

227. – The above developments show that this process is halfway between financial links and cooperation agreements. Indeed, banks that control joint subsidiaries are not necessarily financially linked. However, financial links still exist, but only between the parent bank and the subsidiary. We are therefore faced with a funnel-shaped diagram and not the classic pyramid-shaped diagram with a bank having several subsidiaries. This assertion will appear very clearly in the study of the realization of the joint takeover.

B/ The taking into account of banking and financial specificity in the realization of the joint takeover

228. – It is necessary to demonstrate the taking into account of the banking and financial specificity in the negotiations of joint takeover of control (1) as well as than the heterogeneity of situations in the banking system (2).

1/ Taking account of the banking and financial specificity in the negotiations for the joint takeover

229. – The Governor of the Banque de France intervened on several occasions to force negotiations so that banking law would be respected.

230. – For example, in the 1990s, Banque Pallas found itself in great difficulty because of the real estate crisis. An audit was carried out in 1991. The Salustro report revealed that out of the 4.9 billion francs in assets whose pledges were appraised, the potential risk of loss was 882 million francs.

Estando el banco en una situación catastrófica, se organizó una reunión en desastre en el Gobernador de la Banque de France con los principales accionistas de Pallas Holding, “para tratar lo más urgente y prestar dinero al banco”. El gobernador de la Banque de France exigió que el banco respetara los coeficientes de solvencia previstos por la ley bancaria. Presionó a este último para encontrar una solución rápidamente.

Por tanto, Pallas se comprometió a acercarse a Bred creando una filial conjunta. La operación se llevó a cabo rápidamente sin que se informara a la cámara sindical de los Banques Populaires, el organismo supervisor de Bred. Este organismo actúa como órgano central de las Banques Populaires. Como tal, cabe recordar que garantiza la seguridad del sistema, de los depósitos realizados en los distintos establecimientos miembros de la red y realiza funciones de inspección. El Comité de Entidades de Crédito dio su acuerdo a la fusión sin solicitar el acuerdo de la Cámara Sindical. De hecho, en ese momento, no necesitaba el acuerdo legal formal de un tercero para decidir. Es costumbre que sus miembros se aseguren de que el establecimiento en cuestión informe a su organismo de control. El Comité sí le pidió a Bred que hablara sobre su proyecto al presidente de la cámara sindical, pero este último lo hizo muy tarde. Cuando el presidente se enteró, no pudo hacer nada más. Se le presentó un hecho consumado. La flexibilidad de la normativa ha ayudado al Banque de France, que ha actuado para que esta operación se lleve a cabo. De hecho, quería evitar la quiebra de un banco vinculado a la crisis inmobiliaria.

Así, el 20/01/1992, se firmó un protocolo entre los dos bancos. Esto preveía la creación de una filial conjunta: Bred-Pallas Financement Immobilier. Bred poseía el 51% a través de Cofibred, Banque Pallas France el 49%.

231. – Este ejemplo plantea una pregunta. ¿A qué grupo debe pertenecer la entidad cuyo control conjunto se negocia? A esta pregunta no se le puede dar una respuesta definitiva. Debe demostrarse que detrás de la apariencia de unidad de esta noción se esconde una heterogeneidad de situaciones.

2/ La heterogeneidad de las situaciones de control conjunto en el sistema bancario

232. – The operations allowing the implementation of joint control are heterogeneous. Banks can decide to establish an equal or unequal control. Thus, Mr. Dupuy suggests examining the representation of mothers on the board of directors of the subsidiary, in other words to observe interpersonal relations.

233. – However, for Mr. Dupuy, interpersonal relations must be treated with caution. Indeed, while there is no doubt that they indicate the presence of influence in the broad sense, their ability to reveal command relationships is more doubtful. Unquestionably, everything depends on the attitude adopted by the participants in the board of directors and supervisors. However, this attitude obviously depends on the objectives pursued by the companies or organizations represented.

234.- Según el señor Parent, estaríamos en presencia de una especie de súper grupo donde los vínculos son sólidos pero dejan mucha libertad. De hecho, los bancos matrices deben trabajar juntos para hacer que una subsidiaria trabaje en conjunto, cuya actividad y estrategia determinarán conjuntamente. Por tanto, podría considerarse que la entidad formada por los bancos socios y su filial conjunta constituye un único grupo.

235. – Algunos autores no están de acuerdo con esta opinión, en particular el Sr. Ruffini. Este último escribe que no se trata de confundir la filial conjunta de varios bancos con el concepto de grupo.

236.- Por nuestra parte, creemos que las teorías antes expuestas son correctas. Sin embargo, para tener una visión precisa, es necesario tener en cuenta la heterogeneidad de las operaciones conjuntas de toma de control.

237. – Indeed, some of them are intended to allow the development of banking activities that are still non-existent or even not very widespread. In this case, the joint venture constitutes, without any hesitation, the joint subsidiary of several groups. In banking, this very flexible mode of development has been very successful. Groupama and Société Générale signed an agreement in 2001 creating a common multi-channel bank. The 8 million members and customers of Groupama and the individual customers of Société Générale thus have access to the products offered by the two groups. The creation of this joint bank therefore enabled Groupama to develop its banking activities after it had just failed to take over Banque Hervet.

238. – The joint venture may also combine the majority of the activities of two or more groups. It seems that the operation then leads to the creation of a super group. This is probably often a common core relating to certain activities, while other activities are carried out by the participating groups themselves. However, the common core is generally of considerable importance and the turnover of the joint subsidiary often exceeds that of the activities of its members. This type of joint venture has been successful at the national level.

239. – Let us mention the creation of the joint venture called Compagnie financière Eulia. The latter groups together the majority of the assets of the Caisse des Dépôts et Consignations as well as of l’Ecureuil. During his hearing by the Finance Committee of the National Assembly on 06/27/2001, the managing director of the Caisse des Dépôts et Consignations insisted on the scope of the merger between his institution and the Caisses d’Epargne. The objective is “to reach critical mass on a global scale in the sectors of banking, finance, insurance and markets, marked by fierce competition. While the trend is towards concentration, it was appropriate to bring together the activities, assets and teams of the two groups in the competitive banking sector, in order to pursue European development from a very strong domestic base”. The new entity therefore constitutes a powerful French public and semi-public banking center.

240. – The implementation of the operation required the establishment of three major working groups. The first group worked on finalizing the transaction. He drew up the contribution agreements and prepared the files for the Credit Institutions and Investment Firms Committee, the specific body for controlling the structure of the banking system. The second group worked on setting up the common company, in particular its organization, its services and its operation. This team had to reflect on the mode of governance of the holding company vis-à-vis its subsidiaries. Finally, the third group piloted the strategic project. He had to establish a two-year business plan providing for many synergies on existing businesses.

241. – The two groups only pooled their competitive activities. The company is 50.1% owned by Caisse des Dépôts et Consignations and 49.9% by Ecureuil. This group, staffed by 48,000 people, controls a perimeter of 17.7 billion euros in equity. The joint venture provides strategic management of the financial businesses of the two former groups and holds the interests they have in common in four markets: retail banking, investment and corporate banking, insurance and real estate. . For retail banking, the groups contributed all the stakes held in the specialized subsidiaries and the cooperative investment certificates issued by the Caisses d’Epargne network. The investment and corporate banking division was supplied by 53% of CDC Ixis, subsidiary of the CDC, through interests of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne in CDC Ixis Capital Market and in CDC Ixis Asset Management as well as through the financial division of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. The capital markets businesses have been grouped together in a single CDC Ixis division. The insurance branch has been supplemented by the participation of the CGE in Ecureuil Vie and its surety company, SACCEF, as well as the participations of the two groups in Ecureuil Iard. Lastly, activity in the real estate branch was made up of 40% of Crédit Foncier de France held by the CGE and the subsidiaries jointly held by the two partners. through investments of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne in CDC Ixis Capital Market and in CDC Ixis Asset Management as well as by the financial division of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. The capital markets businesses have been grouped together in a single CDC Ixis division. The insurance branch has been supplemented by the participation of the CGE in Ecureuil Vie and its surety company, SACCEF, as well as the participations of the two groups in Ecureuil Iard. Lastly, activity in the real estate branch was made up of 40% of Crédit Foncier de France held by the CGE and the subsidiaries jointly held by the two partners. through investments of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne in CDC Ixis Capital Market and in CDC Ixis Asset Management as well as by the financial division of the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. The capital markets businesses have been grouped together in a single CDC Ixis division. The insurance branch has been supplemented by the participation of the CGE in Ecureuil Vie and its surety company, SACCEF, as well as the participations of the two groups in Ecureuil Iard. Lastly, activity in the real estate branch was made up of 40% of Crédit Foncier de France held by the CGE and the subsidiaries jointly held by the two partners. The insurance branch has been supplemented by the participation of the CGE in Ecureuil Vie and its surety company, SACCEF, as well as the participations of the two groups in Ecureuil Iard. Lastly, activity in the real estate branch was made up of 40% of Crédit Foncier de France held by the CGE and the subsidiaries jointly held by the two partners. The insurance branch has been supplemented by the participation of the CGE in Ecureuil Vie and its surety company, SACCEF, as well as the participations of the two groups in Ecureuil Iard. Lastly, activity in the real estate branch was made up of 40% of Crédit Foncier de France held by the CGE and the subsidiaries jointly held by the two partners.

242. – This concentration operation enabled the new entity to offer very diversified products. The latter was thus able to offer a full range of financial services: from consumer credit to home loans, including personal loans, life insurance, mutual funds and traditional personal insurance products. The lack of integration, optimization and strategy from which the Caisse des Dépôts et Consignation and l’Ecureuil undeniably suffered in the face of integrated financial entities such as BNP-Paribas or Dresdner-Allianz has therefore been able to be resolved. In addition, the creation of this joint venture made it possible to significantly increase the concentration of the French banking system. Finally, this association has opened the door to new concentrations. These have, in particular,

Section 2: Merger operations

243. – Ces opérations découlent de la pratique, puis sont reconnues par la jurisprudence. Une première définition de la fusion est issue d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28/01/1946. Ensuite, la loi du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales a consacré quelques articles aux fusions et scissions, mais uniquement pour les SARL et les SA. Ces dispositions ont été modifiées et complétées par les lois du 04/01/1978 et 05/01/1988 qui ont étendu la possibilité d’utiliser ces opérations à toutes les sociétés.

244. – L’ensemble de ces textes permet de définir un ensemble cohérent de règles permettant le traitement juridique des opérations de fusion. Ainsi, les opérations de fusion sont généralement définies par l’article 1844-4 du Code civil, qui a vocation à s’appliquer à toutes les sociétés.

245. – A côté de la fusion, il y a la scission. Cette opération consiste en un apport d’actifs à deux ou plusieurs sociétés, la société scindée disparaissant.

246. – A ces opérations s’ajoute l’apport partiel d’actifs soumis au régime de la scission, sur option. Cette dernière permet à une entreprise d’apporter une partie de son patrimoine à une autre, à condition que cette dernière constitue une branche d’activité indépendante. S’opère alors une transmission universelle des droits, biens et obligations qui s’attachent à cette branche d’activité. Mais il reste une différence essentielle par rapport à une scission : la société qui réalise cette opération ne disparaît pas. Toutefois, cette opération peut être soumise à la procédure de scission. Cependant, le régime de la scission est très proche de la fusion, les techniques de transmission des actifs étant similaires. Nous n’étudierons donc pas spécifiquement ces deux dernières techniques.

247. – Enfin, les opérations de dissolution par fusion de biens permettent à l’associé unique de recevoir la totalité de l’actif de la société dont il détient la totalité des actions sur simple déclaration faite au greffe du tribunal de commerce. Cette opération permet de réaliser une transmission universelle de patrimoine avec un formalisme simplifié par rapport aux fusions dites simplifiées. L’absorption d’une filiale détenue à 100 % bénéficie ainsi d’un régime simplifié prévu à l’article L. 236-11 du Code de commerce. La dissolution par regroupement d’actifs permet la disparition des filiales détenues à 100 % sans qu’il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, sans l’intervention d’un commissaire aux apports et sans accord de fusion, à la différence d’une fusion simplifiée. Lorsqu’une société est devenue actionnaire unique d’une de ses filiales, le recours à la consolidation de patrimoine lui permet d’appréhender, au moyen d’un formalisme simplifié, l’ensemble du patrimoine de la société dissoute sans sa liquidation. Nous ne développerons pas ce mode de restructuration car ses effets sont équivalents à ceux d’une fusion. De même, nous n’aborderons pas les « fusions à l’anglaise » qui ne sont qu’un mode d’apport de parts sociales soumis à un régime particulier en matière de droits d’enregistrement. Nous ne développerons pas ce mode de restructuration car ses effets sont équivalents à ceux d’une fusion. De même, nous n’aborderons pas les « fusions à l’anglaise » qui ne sont qu’un mode d’apport de parts sociales soumis à un régime particulier en matière de droits d’enregistrement. Nous ne développerons pas ce mode de restructuration car ses effets sont équivalents à ceux d’une fusion. De même, nous n’aborderons pas les « fusions à l’anglaise » qui ne sont qu’un mode d’apport de parts sociales soumis à un régime particulier en matière de droits d’enregistrement.

248. – Ainsi, seul le cadre juridique de la fusion nous retiendra. Celui-ci comporte trois systèmes occupant en quelque sorte trois cercles concentriques. Le régime « rudimentaire » est représenté par l’article 1844-4 du Code civil. Le régime de droit commun est applicable à toutes les sociétés commerciales définies par les articles L. 236-1 à L. 236-6 du Code de commerce. Enfin, le régime « développé » est applicable aux fusions entre sociétés anonymes prévues par les articles L. 236-8 à L. 236-22 du code de commerce. Le cadre juridique des fusions a longtemps été différent selon qu’il s’agissait d’une fusion entre banques AFB ou d’une fusion entre banques coopératives. Les premières étaient soumises à la loi du 24/07/1966, c’est-à-dire au régime de droit commun mais surtout, compte tenu de l’importance de ces banques, au régime « développé ». Ces derniers étaient soumis au régime « rudimentaire » que représente l’article 1844-4 du Code civil, notamment pour les Caisses régionales de Crédit Agricole. Cette disposition législative a lourdement pesé sur les opérations de fusion des caisses régionales. Elle a permis de souligner, une fois de plus, la prise en compte de la spécificité bancaire dans ces instruments de concentration.

249. – In fact, before 1984, there were more than thirty different statuses of credit institutions, often giving their beneficiaries a monopoly on the exercise of certain activities, frequently accompanied by tax and financial advantages. This banking specificity has been the subject of a reform. The banking law of 01/24/1984 partially unified banking statutes and recognized the universal vocation of credit institutions. This measure favored the process of concentration by limiting the number of existing statutes. This relative trivialization of statutes was of paramount importance for the organization of the profession. Indeed, once they are no longer subject to a special legal regime,

250. – However, despite this unification of banking statutes, this law does not have a totally universal vocation. It is a compromise law that respects the various interests involved. Thus, if a unique legal framework has been established, this does not mean that the statutory specificities of cooperative or mutual banks have disappeared. This therefore necessarily has an impact on banking concentrations.

251. – Since credit institutions cannot freely choose their status without depending on a parliamentary or administrative decision, mergers of banks belonging to different legal statuses are problematic. Nevertheless, such operations remain possible but their implementation is so complex that they are generally carried out between credit institutions of the same statutory nature.

252. – Logically, this coexistence of different statuses within credit institutions leads to a distinction between mergers of commercial banks (§ 1) and mergers of mutual or cooperative banks (§ 2).

§ 1: Mergers of commercial banks

253. – The legal regime applicable to these mergers was modified by the law of 05/01/1988. This development was justified by the desire to harmonize French legislation with the provisions contained in European directives.

254. – This law certainly favored the process of concentration in the banking system. We give as proof of this the large number of bank mergers after 1988, whereas this number was much lower previously.

Thus, Compagnie Financière de CIC merged with Banque de l’Union Européenne in 1990. Sogebanque was absorbed by Société Générale in 1991. Banque Gravereau was also absorbed by Société Générale in 1992. BFCE and the Crédit National gave birth to Natexis in 1995. Compagnie Bancaire, Compagnie Financière de Paribas and Banque Paribas merged in 1998. Finally, BNP and Paribas merged in 2000.

255. – Compared to previous provisions, the 1988 law has the merit first of all of providing a definition of merger. This is now defined as the transmission by one or more companies of their assets to an existing company or to a new company that they constitute.

256. – La fusion entre deux ou plusieurs sociétés emporte transmission universelle de l’actif de la société absorbée au profit de la société absorbante ou de la société nouvelle créée à l’occasion de la fusion.

257. – En outre, la société absorbée est systématiquement dissoute, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la liquidation de cette société. Cependant, il convient de noter qu’il existe ici un conflit entre le droit des sociétés et le droit bancaire. En effet, cette dernière prévoit qu’en cas de fusion, l’établissement de crédit voit son agrément retiré et entre en liquidation. La loi du 02/07/1996 n’a pas résolu ce problème. Elle indique seulement, à ce sujet, que l’établissement ne peut effectuer que les opérations bancaires et de placement strictement nécessaires au règlement de sa situation. Ce dernier texte reste donc imprécis et peut impliquer que cette opération entraîne la liquidation de l’établissement de crédit. Il y a donc ici conflit de lois internes. Selon nous,

258. – Par conséquent, l’application distributive du droit des sociétés et du droit bancaire est délicate. Néanmoins, il faut arriver à prendre en considération la spécificité bancaire lors du processus de rapprochement des actifs, qu’il s’agisse de la période antérieure à la fusion (A) ou de la décision de fusion proprement dite (B).

A/ La période de pré-fusion

259. – La période précédant la fusion comprend deux phases distinctes. Une première phase, de durée variable, n’est autre qu’une étape de rapprochement (1). La deuxième phase est un moyen pour les entreprises de matérialiser leur volonté de fusion. Cette phase est l’occasion d’élaborer et de signer le projet de fusion (2).

1/ La fusion d’entreprises

260. – La phase des sociétés candidates à la fusion est très variable d’une fusion à l’autre. Elle varie d’ailleurs tant par sa durée que par son contenu.

261. – Ce qu’il y a de commun, en effet, entre la fusion de deux sociétés qui ne se connaissent pas, et la fusion de deux filiales dans le cadre de la restructuration d’un groupe imposée par la société mère. Dans le premier cas, il est pratiquement nécessaire de prendre contact et de faire connaissance. Dans le second cas, au contraire, on peut très vite en venir à la signature du projet de fusion, comme ce fut le cas lors de la restructuration du groupe bancaire Lazard.

262. – Cette phase de fusion comporte deux aspects : d’une part, des négociations interentreprises (a) et, d’autre part, une intervention fréquente des pouvoirs publics qui constitue une spécificité bancaire (b).

a/ Négociations inter-entreprises

263. – Les fusions d’entreprises sont des opérations à géométrie variable. Les entreprises participant à une fusion peuvent être extrêmement nombreuses ou bien il ne peut y en avoir que deux. De la même manière, des fusions peuvent avoir lieu entre des entreprises de taille, de structure, de rentabilité ou d’activité différentes.

264. – Juridiquement, la fusion peut avoir lieu entre des sociétés de formes différentes. En outre, une société en liquidation peut participer à une opération de fusion à la condition toutefois que la répartition de l’actif de cette société entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution.

265. – Quelles que soient les différences entre les sociétés qui se regroupent, la phase de négociation n’est soumise à aucun formalisme juridique précis. Les sociétés organisent ainsi librement les modalités de leur fusion.

266. – This phase of rapprochement is often secret, at least initially. Secrecy is fully justified in the banking system. Indeed, banks are generally listed on the stock exchange. In most bank reconciliations, this phase has therefore remained secret so as not to cause disturbances in the financial markets.

267. – The content of this merger phase is extremely variable from one merger to another. In some cases, this stage gives rise to the carrying out of studies intended to better understand the companies involved: commercial diagnosis, evaluation of bank assets, social audit, financial analysis, etc. This diagnosis should allow companies to determine whether they are pursuing or not the initiated merger and, if so, to decide what will be the best legal support.

268. – The lawyer must make the most judicious choice and for this he must carry out an interdisciplinary analysis. Correlatively, it must take into account the specificity of the banking activity, as it is obvious that the efficient choice of the instrument of concentration will be different from that which could have been selected in another economic sector. For example, in the context of the takeover of a structure with a human component, specialized in mergers and acquisitions, the merger may not be a good decision. Indeed, imposing a culture on this type of structure would lead to destroying it in favor of a homogeneity that would have no meaning. The bank’s essential human resources would be forced to resign. Gold, it is essential to note that the conservation of human heritage is fundamental in the banking sector. Thus, it seems more interesting, in the case presented, to adopt another strategy in order to avoid endangering the entity concerned.

269. – It is therefore generally at this stage that the decision is made whether or not to move towards a merger. If this is the case, the representatives of the banks continue the negotiation phase by endeavoring to establish the essential conditions of the operation. This supposes the evaluation of the banks in presence (α) and the determination of the parity (β).

α/ Taking account of banking and financial specificity in the evaluation of the entities involved

270. – The evaluation of the entities involved is certainly one of the most difficult problems to resolve in terms of mergers. Indeed, it is necessary to determine the respective weight of each company. It is therefore necessary to proceed with the evaluation of the companies involved, seeking to get as close as possible to the value representative of their economic reality. To do so, it is necessary to take into consideration the specificity of banks compared to traditional companies.

271. – There are many methods for valuing banks, in particular:
– valuation at book value;
– valuation at market value;
– valuation at net asset value;
– valuation using the earnings capitalization method;
– valuation based on cash flows;
– evaluation based on forecasts of activity or results;
– evaluation based on the mathematical value;
– valuation at value in use;
– valuation at insurance value;
– the valuation based on the corrected net assets…

272. – In matters of mergers, there are no rigid methods to be followed in order to assess companies. It is advisable to retain several evaluation criteria without their number being excessive. The criteria retained must be selected in such a way as not to duplicate each other. The valuation methods must be applied in the same way to the different companies involved. The criteria selected must be significant. The forecast results can only be used as a valuation method under certain technical conditions guaranteeing the reasonable nature of the valuations. Similarly, the use of discounts, fixed allowances or weighting coefficients is rejected.

273. – The diversity of criteria used to assess companies can be a source of dispute, particularly between majority and minority shareholders. If this evaluation is a source of dispute, it is because it is a delicate exercise. The complexity is all the more marked in the banking system because of the existence of banking specificities. Indeed, some criteria for evaluating banks differ from ordinary companies. Four of them are particularly important: net banking income, the Cooke ratio, the evolution of deposits and the “return on equity”. The net banking income is the equivalent of the turnover of a traditional company. These are the interest margin, commissions and fees. To judge its evolution and the orientations of the bank, it is necessary to analyze the net banking income of each of the four main business lines: retail banking, financial services, private banking and asset management as well as investment banking. The second important criterion is the Cooke ratio which describes the solvency of the establishment. This is the ratio between equity and outstanding loans. It must be at least 4% for the ratio of “hard” equity and weighted assets. It must be 8% for the ratio of total equity and weighted assets. The evolution of deposits indicates, in turn, the commercial success of an institution, particularly in its ability to attract deposits from its customers. However, this does not provide any information on profitability. The latter is assessed with the study of the “return on equity”, ie the return on equity.

274. – The difficulty of evaluation is all the greater for the banks as there is significant diversity in the application of accounting rules. Generally, the most widely used approach today, based on modern financial theory, is that of determining the discounted future net cash flows of each of the entities.

As far as credit institutions are concerned, a more traditional approach based on ratios is still sometimes used. The data that is used comes from the financial statements and is therefore based on accounting rules. Benchmarking generally does not disregard past performance, examined from balance sheets and income statements. Accounting data is therefore a privileged source of information. For the analyzes and conclusions drawn from them to be relevant, the accounting data must be comparable. This comparability is subject to the use of identical accounting rules or leading to slightly different valuations, if the methods are not strictly similar.

The accounting regulatory framework imposed on credit institutions in France is set relatively strictly. The rules for valuing and presenting the accounts are defined by the regulations and instructions of the Banking and Financial Regulation Committee, supplemented, where applicable, by interpretations published in the bulletin of the Banking Commission. Since 1999, the regulations drawn up by the banking section of the National Accounting Council have been applied.

Therefore, it might seem, a priori, that French credit institutions apply identical rules and methods that allow their accounts to be compared without restatements and without significant risk of error. Experience leads, on the contrary, to highlight many and varied sources of differences.

275. – The origins of the distortions existing in the evaluation of the accounts of credit institutions can be grouped by type.

276. – First of all, there are discrepancies arising from the different application of the rules. Generally accepted accounting principles require fixed assets to be depreciated and provisions to be made for asset depreciation and/or provisions under the conditions set by law. However, there is a specificity in the banking system because the policies for provisioning real estate risks from one institution to another are not identical. The very definition of real estate assets requiring an evaluation and, if necessary, an impairment is not common to all.

The same observation can be made for country risks. The definition of the bases to be subject to a provision sometimes turns out to be different from one institution to another. However, each bases its analysis on precise written provisions transmitted annually by the Banking Commission. The differences concern whether or not all or part of short-term transactions are taken into account, and whether certain guarantees are taken into account. Even before the harmonization of the depreciation rates, it is therefore more fundamental to question the comparison of the definition of the risk base.

With regard to doubtful debts, beyond the classic causes of differences, it was noted, for example, in 1996 that certain establishments decided to initiate an accounting provisioning of the credit risk as soon as a loan was granted . This “early” taking into account of the risk necessarily has significant consequences on the comparability of the performance of the establishment which practices it in relation to those which, more traditionally, only provision for risks arising.

277. – Secondly, there are discrepancies stemming from the options offered by the texts or the rules themselves.

The accounting rules in force sometimes leave institutions the choice between several possible methods or offer them the possibility of certain accounting practices. Of course, the fund for general banking risks should be mentioned. This is a real provision of a reserve nature, constituted or reversed by the income statement and which should, of course, be restated in the perspective of a valid comparison between several establishments. The hybrid nature of this position has raised a number of questions about its treatment. The new methodology for banks’ consolidated accounts seems to resolve these difficulties by specifying that it is not an identifiable liability:

Les provisions pour pensions qui, en France, peuvent être constituées ou non, totalement ou partiellement, sont également une source notoire et valable de distorsions. Les frais d’émission d’emprunt peuvent, sur option, être amortis sur la durée de vie de l’emprunt, ce qui est le cas le plus courant, mais de nombreux établissements comptabilisent immédiatement ces frais en charges.

278. – Troisièmement, il existe des divergences liées à l’absence de dispositions précises dans les textes.

Une analyse plus détaillée des pratiques comptables des établissements de crédit et plus particulièrement des opérations bancaires met en évidence, dans certains cas, des différences de traitement dont l’impact sur les résultats et les capitaux propres n’est pas négligeable. Ils nécessitent donc des retraitements d’harmonisation pour réaliser une analyse comparative pertinente et fiable. Le fait générateur de la prise en compte du résultat d’exploitation est déterminant. Sa détermination peut entraîner des décalages dans le temps dans la comptabilisation des produits ou des charges.

De nombreux services bancaires sont rémunérés sous forme de commissions, qui peuvent être payées d’avance, in fine ou en plusieurs fois. D’un point de vue comptable, la prise en compte du résultat des commissions doit être liée à la nature des prestations fournies et aux obligations qui en découlent. Ainsi, la réglementation prévoit que les commissions assimilées à des intérêts sont assimilées à ces derniers. Mais il existe un certain nombre d’autres commissions qui ne sont pas comparables à l’intérêt.

Certains établissements n’enregistrent les commissions qu’à la date de réception ; d’autres, au contraire, attendent systématiquement la fin des prestations ; d’autres, enfin, répartissent tout ou partie des commissions dans le temps sur la durée de la prestation. Les commissions, qui constituent une part croissante du produit net bancaire et des résultats bancaires, doivent donc faire l’objet d’un examen approfondi, afin d’harmoniser les faits donnant lieu à leur prise en compte, selon leur spécificité.

En ce qui concerne les titres, si les règles d’évaluation sont strictement définies en fonction du type de portefeuille auquel elles se rattachent, là encore il existe des sources de distorsions. Par exemple, les modalités d’amortissement des décotes/primes relatives aux titres à revenu fixe peuvent varier. Elles sont parfois pratiquées sur la durée restant à courir jusqu’à l’échéance du titre, tandis que certains établissements utilisent une méthode de calcul actuariel, selon la nature du titre. Enfin, d’autres procèdent à un épandage linéaire systématique.

Par ailleurs, les modalités de détermination des résultats de cession des titres du portefeuille d’investissement ne sont pas toujours identiques d’un établissement à l’autre. Certains utilisent la méthode FIFO, d’autres celle du prix moyen pondéré, d’autres encore procèdent à une « sélection » des gammes commercialisées.

Les remboursements anticipés d’emprunts donnent généralement lieu, sur une base contractuelle, au versement d’indemnités financières compensatoires par les clients ou les établissements. Les pratiques adoptées consistent soit à prendre en compte immédiatement ces indemnités, soit à les étaler sur la durée restant à courir de l’ancien prêt voire sur la durée du financement de remplacement, lorsqu’il existe.

Dans le domaine des produits dérivés, une certaine diversité des pratiques peut également être soulignée. Par exemple, l’évaluation à la valeur de marché ou à la « juste valeur » des instruments financiers auxquels cette méthode s’applique peut être prise en compte. Les modalités de calcul des frais de gestion futurs des swaps et autres instruments valorisés à la valeur de marché prennent en compte une part plus ou moins importante des frais indirects. De plus, la définition des coûts directs eux-mêmes peut varier. Enfin, la notion même de couverture ne peut être considérée comme définie de manière uniforme. Les difficultés liées à l’application de la notion de couverture conduisent également certains normalisateurs comptables à ne plus reconnaître la comptabilité de couverture.

279. – It is obvious that the differences in accounting methods result in non-homogeneous valuations and influence the results. This diversity of methods in the context of an establishment merger has consequences. Only a detailed analysis or audit work can make it possible, on the one hand, to identify the differences between two or more establishments, and on the other hand, to measure the possible impact of these divergences. Furthermore, when performance is analyzed over certain previous years, it is necessary to measure this impact for each of the periods examined.

β/ The determination of the parity

280. – The determination of the parity therefore implies the concretization of the balance of power which exists between the banks. The parity is the exchange ratio of the shares decided most often, but not exclusively, from the evaluations of the banks. The determination of parity calls for a few remarks.

281. – Firstly, the reference made to the valuation of companies, although it is frequent in practice, does not have the effect of freezing the determination of the exchange ratio. Indeed, the parties involved can introduce other parameters intended to achieve the most equitable balance of power.

282. – Secondly, the parity will set the terms according to which the partners of the acquired company will become partners of the acquiring or new company. However, it is possible that, taking into account the parity adopted, the shareholders or partners are not entitled to receive a whole number of shares of the acquiring or new company. Consequently, in practice, companies will have to resort to the so-called fractional trading procedure.

283. – However, in order not to burden the merger operation with such negotiations, which may prove to be lengthy in the event of dilution of the capital, companies may use palliatives, including the possibility of payment of a balance in species. This technique, which received legal sanction with the law of 05/01/1988, no longer has the effect of causing the operation to lose its nature of amalgamation, on the condition, however, that this balancing payment does not represent more than 10% of the nominal value of the shares or shares remunerating the contributions.

284.- Las empresas también tienen la opción de hacer una distribución excepcional de dividendos. Permite reequilibrar las paridades y abaratar la absorción de una empresa. En efecto, al pagar tal dividendo, el futuro absorbido reduce proporcionalmente su patrimonio neto, lo que permite a la sociedad absorbente limitar el número de valores a emitir para remunerar su adquisición. Por lo tanto, las distribuciones de dividendos excepcionales se utilizan regularmente.

285. – Las negociaciones entre las sociedades solicitantes de la fusión son, por tanto, un elemento esencial. Sin embargo, en el sistema bancario, la intervención del gobierno también es muy importante.

b/ Tener en cuenta la especificidad bancaria en las negociaciones: intervención de los poderes públicos

286. – Taking account of banking specificity materializes both through the intervention of political power (α) and the banking authorities (β).

α/ The intervention of political power

287. – There is a specificity to reconciliation negotiations in the banking system. Indeed, these take place between the economic actors, but the public authorities also frequently intervene in the negotiation.

288. – Tomemos el ejemplo de la fusión entre la Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie y el Comptoir National d’Escompte de Paris. El gobierno intervino para liderar las negociaciones de fusión. Michel Debré lo deja muy claro “(…) la competencia económica global y la influencia económica, pero también la política de Francia exigía que tuviera instrumentos de acción y de dimensión internacional. Creé el BNP para servir a la influencia económica y nacional de nuestro país”. Por abrupta y dirigida que sea, la decisión del Estado de asociar el BNCI y la CNEP en 1966 pretende estimular el sector bancario y constituir una verdadera “fuerza de choque financiera, el BNP”. En efecto,

During the negotiation of this merger, the public authorities were really very present. They mobilized all their energy to push the BNCI to accept the principle of merger. They thus highlighted the complementarity of the goodwill of the CNEP, active with large companies, and the BNCI, very present with small and medium-sized companies. They also indirectly highlighted the interest of creating a new major bank, alongside Crédit Lyonnais and Société Générale.

As soon as the choice was made, the government quickly decided on the principles to be applied in order to carry out the operation, in order to ensure maximum efficiency and to avoid any rumors or possible pressure.

On 05/04/1966, the merger between the BNCI and the CNEP was publicly announced: “The Council of Ministers today approved the merger of the Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie and the Comptoir National d’Escompte of Paris into an establishment which will take the name of Banque Nationale de Paris”.

289. – After this operation, the State took part in many other mergers which, moreover, did not necessarily constitute mergers stricto sensu. For example, in 1999, during BNP’s public exchange offer for Paribas and Société Générale, which resulted after the merger of BNP and Paribas, the public authorities intervened on several occasions. This interference took place in a confidential and public manner. It should be verified that this same phenomenon characterizes the intervention of the banking authorities.

β/ The intervention of the banking authorities

290. – The intervention of the banking authorities was carried out in order to promote the merger of banks in difficulty with the aim of protecting the banking system. Indeed, the failure of a bank can generate a systemic risk. The merger of a failing bank with a healthy credit institution is one of the solutions favored by the banking regulatory authorities.

291. – In the case of Banque Pallas, the Governor of the Banque de France intervened. Given that the Société des Banques Suisses was asking for authorization to create a new subsidiary in France, he strongly encouraged the directors of the SBS to hold talks with the directors of Pallas. “The governor’s encouragements are received five out of five. The Swiss allow their arm to be twisted and run”. Negotiations between companies are therefore influenced by the Banque de France. The agreement providing for the merger of Comipar and Pallas Holding, as well as that of Banque Pallas with Banque Stern was signed at the end of March 1992.

292. – Consequently, in a classic merger, the preparatory phase is essentially a matter of negotiations between the representatives of the companies involved. However, in the banking system, this phase frequently involves the public authorities. It is clear that once the decision has been taken to resort to merger, the managers must adopt the measures made necessary by the development of the merger project. To do this, the companies must essentially convene and meet the bodies responsible for drafting the project. Regularly convened, the directors will be able to proceed with the development of the merger project.

2/ The merger project

293. – There is no doubt that this act goes beyond the talks. These are completed when the merger project is completed. Moreover, in the event, frequent in practice, where the shareholders’ meetings decide in favor, this project will become the agreement itself. This is why it is possible to affirm that this act already constitutes the agreement, specifying however that its effectiveness is suspended on one condition: the approval of the shareholders’ meetings. This analysis undoubtedly has the merit of clarity. However, it has a major drawback. Until the agreement is approved, it has no legal effect. This means that in case of refusal, it would be necessary to consider that there was no agreement. This conclusion clashes with reality. The draft agreement not only concretizes an agreement in principle between the parties but even confirms this agreement on the details of the operation. Therefore, another analysis of the merger project is preferable. This can be viewed as an agreement which binds neither the partners nor the companies but only the managers of these companies as such. They are now required to make every effort to ensure that the partners of their company accept the merger under the conditions determined by the project. It goes without saying that this obligation is only an obligation of means. This can be viewed as an agreement which binds neither the partners nor the companies but only the managers of these companies as such. They are now required to make every effort to ensure that the partners of their company accept the merger under the conditions determined by the project. It goes without saying that this obligation is only an obligation of means. This can be viewed as an agreement which binds neither the partners nor the companies but only the managers of these companies as such. They are now required to make every effort to ensure that the partners of their company accept the merger under the conditions determined by the project. It goes without saying that this obligation is only an obligation of means.

294. – Thus, the draft merger is indeed the “official” starting point for the operations which should result in the merger of two or more companies. Centerpiece in the merger, it is necessary to study the adoption of the merger project (a) and the repercussion of the merger project (b).

a/ Adoption of the draft merger

295. – The draft merger is a document made compulsory by the law of 05/01/1988 and the content of which was clarified by the decree of 22/04/1988.

296. – When the managers of the companies involved have decided on the final terms of the merger project, they must, if necessary, grant a delegation to the legal representative of the company, or to any person authorized for this purpose to proceed with the signing of the project. .

297. – The draft is established in a number of copies which varies from one merger to another. In principle, the recipients of the project are each of the companies participating in the operation, the merger auditors, the registry of the Commercial Court, the Autorité des Marchés Financiers and the CECEI. The communication of the merger project to the latter constitutes a banking specificity. Indeed, the merger concerning credit institutions generates the intervention of the banking regulatory authority. It is therefore essential that the latter be informed of the operations that it must control.

298. – In addition, the merger plan must be circulated within the bank. The draft must, in particular, be made available to shareholders with a view to holding extraordinary meetings to decide on the merger operation. It must also be made available to the works council. Employers must provide reasoned answers to questions asked by members of the works council, in particular with regard to the repercussions of the proposed merger.

b/ The repercussions of the merger plan

299. – Once the merger plan has been signed by the representatives of the different companies, the merger operation must be approved by the meetings of the partners of each of the companies. However, for the partners, or shareholders, to be able to decide with full knowledge of the facts, it is necessary to submit the conditions of the operation beforehand to the control of external and independent experts. This need requires the intervention of merger auditors.

300. – The merger commissioner, which appeared with the law of 05/01/1988, is appointed by order of the president of the Commercial Court. This ordinance is taken at the request of the managers of the various banks which are merging without limitation of time.

301. – The intervention of the merger auditor is required only in joint-stock companies and in limited liability companies. The strict application of the texts, and particularly of Articles L. 236-1 and L. 236-2 of the Commercial Code, leads to the conclusion that only transactions between public limited companies and/or SARLs are concerned by the appointment of a merger commissioner. This designation is not required in the context of an operation involving a company of another legal form.

302. – It should be specified that the merger of banks incorporated in the form of LLCs is impossible. Although the banking law does not specify that LLCs are excluded from the banking profession, this is the case in practice. Indeed, under the terms of Article L. 511-10 paragraph 2 of the Monetary and Financial Code, the CECEI “verifies the adequacy of the legal form of the company to the activity of the credit institution”. Thus, the CECEI has always refused to approve a bank incorporated in this corporate form. However, a distinction should be made between banks and finance companies. Indeed, the CECEI agrees to approve financial companies incorporated in the form of limited liability companies. Mergers between them are therefore possible.

303. – Furthermore, the mission of the merger auditor is defined by Article L. 236-10 of the Commercial Code. It is invested with a double mission. It must issue an opinion on the determination of the values ​​attributed to the shares or units of the companies participating in the operation and on the fairness of the exchange ratio. It must also formulate an opinion on the value of contributions in kind and special benefits.

304. – At the end of this assignment, the merger auditor is required to write a report.

305. – Finally, to carry out the merger operation, the companies involved must move on to the stage of final completion of the operation.

B/ The merger decision

306. – This last step concerns the approval of the operation. The approval of the merger by the assemblies obeys different rules depending on whether it is a merger-absorption operation (1) or a merger by creation of a new company (2).

1/ Approval in the case of a merger-absorption

307. – Approval of the merger by the shareholders of the companies presupposes the calling of the meeting.

308. – The decision approving the merger must be taken under the conditions provided for the amendment of the articles of association. It follows that in the SA, the decision is within the competence of the extraordinary general meeting. The rules for calling this meeting must be respected. Without going into the details of these rules, it should be remembered that the notice of meeting is generally preceded by a notice of meeting, published in the Bulletin of mandatory legal notices with regard to bank mergers. Indeed, as commercial banks generally make public calls for savings, this constitutes an obligation towards them.

309. – The convocation is carried out by applying the provisions contained in the statutes. Notwithstanding these provisions, the company must respect the obligation to insert the notice of meeting with mention of the agenda in a journal of legal announcements. In addition, the notice must be sent to the company’s auditors.

310. – In order to be able to make an informed decision, shareholders must have specific information. Thus, during the 30 days preceding the general meeting called to rule on the merger operation, the shareholders must be able to consult at the registered office or obtain a certain number of documents on simple request.

311. – Finally, the partners of the absorbed company rule on the merger project under the conditions provided for the modification of the articles of association, ie by a majority of 2/3 in the SA. However, if the merger has the effect of increasing shareholders’ commitments, the decision to approve the operation must be taken unanimously. Depending on the prospects of the operation, the majority in the assembly is more or less large. For example, during the merger between BNP and Paribas on 05/23/2000, the shareholders approved the merger by 99.72%.

312. – Au-delà de ces règles générales de fonctionnement de l’assemblée en cas de fusion, la décision de l’assemblée appelle un commentaire. Les associés ne sont pas tenus de procéder à l’approbation ou au rejet pur et simple du projet de fusion qui leur est soumis. Ils ont la possibilité de modifier les termes de ce projet. Toutefois, si tel est le cas, la modification doit être étendue à toutes les sociétés participant à la fusion, dans la mesure où les assemblées qui statuent sur l’opération doivent adopter le même texte.

313. – Par ailleurs, la loi bancaire doit être appliquée. L’établissement de crédit absorbant doit modifier son agrément en raison, par exemple, de l’extension de ses activités. Parallèlement, l’établissement absorbé doit demander son retrait d’agrément au CECEI. Le retrait d’agrément prend effet à la date de réalisation de l’absorption. Enfin, en cas de fusion par création de société nouvelle, une demande d’agrément doit être introduite auprès du CECEI.

2/ Agrément en cas de fusion avec création d’une société nouvelle

314. – Cet agrément est régi par les règles bancaires (a) ainsi que par les règles du droit des sociétés (b).

a/ Encadrement par les règles bancaires

315. – Ce type de fusion entraîne la création d’une nouvelle entité juridique. Ainsi, les établissements concernés doivent solliciter, auprès de l’autorité de régulation bancaire, simultanément le retrait de leur agrément ainsi qu’un agrément pour la nouvelle entité.

316. – Les associés doivent approuver les éléments constitutifs de la nouvelle banque. L’ingérence des règles bancaires entraîne une atteinte au libre choix de la forme sociale par les associés. En effet, comme nous l’avons déjà précisé, la constitution d’une banque sous forme de SARL est impossible car cette forme sociale n’est pas en adéquation avec les besoins du système bancaire. Les banques devant disposer de fonds propres importants, le recours aux SARL est exclu.

317. – En outre, la réglementation bancaire déroge aux dispositions du droit des sociétés concernant le capital minimum des sociétés par actions. En effet, selon le droit des sociétés, il « doit être d’au moins 225 000 euros si l’entreprise fait un appel public à l’épargne et d’au moins 37 000 euros sinon ». Cependant, la loi bancaire prévoit que le capital minimum que doivent avoir les établissements de crédit est précis. Donc,

– les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses populaires à statut large et les établissements financiers spécialisés doivent disposer d’un capital d’au moins 5 millions d’euros ;

– les sociétés financières, à quelques exceptions près, doivent avoir un capital d’au moins 2,2 millions d’euros ;

– les caisses populaires qui limitent leur activité au nantissement corporel des prêts et les sociétés financières dont l’agrément est limité à la pratique des opérations de cautionnement doivent disposer d’un capital au moins égal à 1,1 million d’euros.

318. – Enfin, l’absence d’assemblée constitutive a pour effet de transférer aux assemblées générales des banques qui fusionnent l’obligation de choisir les premiers administrateurs et commissaires aux comptes. Concernant la nomination des commissaires aux comptes, le Code monétaire et financier a pris en considération la spécificité du système bancaire. Ainsi, il a imposé la nomination de deux commissaires. Cela se fait « après avis de la Commission bancaire » qui peut également « nommer un commissaire aux comptes supplémentaire lorsque la situation le justifie ». L’établissement de crédit doit communiquer à la Commission bancaire les noms des commissaires aux comptes qu’il se propose de nommer. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination du commissaire aux comptes. S’il l’estime nécessaire, il peut demander des informations complémentaires. Lorsque son avis est défavorable ou sujet à réserves, il doit être motivé. Elle ne peut être prise qu’après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations.

319. – Moreover, this designation can only be made within the framework of the new company’s articles of association, which must be approved by the extraordinary general meetings of the companies taking part in the operation. This last rule demonstrates the fundamental connection that should be made between the rules of banking law and company law.

b/ Rules of company law

320. – In theory, the merger entailing the creation of a new bank, it would be advisable to respect all the rules and formalities related to the constitution of a company, whatever the form of the company. news thus created.

321. – However, in order to facilitate the carrying out of merger operations, the legislator has introduced various simplification measures. These provisions essentially apply when the new company is formed without any contributions other than those of the merging companies.

322. – If the new company is an SA, Article L. 236-12 of the Commercial Code provides that this company may be incorporated without any contributions other than those made by the merging companies. In this case, the statutes of the future company are approved by each of the general meetings of the companies which disappear on the occasion of the merger. Similarly, it is not necessary to proceed with the meeting of the constituent assembly of the new company. The abolition of this meeting essentially results in concentrating the carrying out of merger operations within the framework of the extraordinary general meetings of the merging companies. Most of the other incorporation formalities are however maintained, but their fulfillment is largely transferred to the level of the companies that are disappearing.

323. – Once the merger has been approved, it is necessary to publicize the merger decision. These are the rules applicable to commercial bank mergers. These differ in many respects from the rules in force in mergers involving cooperative banks.

§ 2: Mergers involving cooperative or mutual banks

324. – There are two different types of mergers involving cooperative or mutual banks. On the one hand, there may be mergers internal to the cooperative or mutualist group (A). On the other hand, some mergers occur with banks outside the cooperative or mutualist group (B).

A/ Internal mergers within the cooperative or mutualist group

325. – Internal mergers within mutualist groups have been numerous. We will distinguish between the merger of the Crédit Agricole regional banks (1) and the merger of the savings and provident funds (2).

1/ Taking into account the banking specificity in the merger of the regional banks of Crédit Agricole

326. – The regional banks of Crédit Agricole have not escaped the changes in the banking system which take on a particular dimension for them due to the structural characteristics of the institution of Crédit Agricole and the specificities of their activity. It should be specified from the outset that the network banking activity is carried out through the intermediary of regional mutuals. These are independent legal persons with as many organized structures to achieve their corporate purpose of fundraising and granting credit. This departmental fragmentation of the exercise of their activity turned out to be unsuited to the constraints of the European financial economy. It is to deal with this that the national fund has launched a major movement to bring together the regional funds. These mergers have left only a limited number of funds satisfying rigorous and precisely defined criteria. The implementation of these operations has raised particular problems, both practical and theoretical, which are commensurate with the specificity of this institution.

327. – The old structural organization of Crédit Agricole cannot, however, make us forget the evolution that the institution has known since 1920. Originally, exclusively focused on the financing of agriculture, Crédit Agricole has gradually seen its expand their areas of expertise. Many elements are indicative of the phenomenon of trivialization experienced by the institution:
– financial autonomy, which was granted to the national fund by the State in 1966; – corporate tax liability of the national fund and the regional funds from 1979;
– the increased role of banking transformation played by the national mutual, by placing available cash from the regional mutuals on the money market; – the integration of Crédit Agricole into the common framework for banking activity, by the banking law of 01/24/1984;
– the “pooling” of the national fund, whose capital is now held by the regional funds.

328. – Thus, Crédit Agricole had to adapt. The regional banks are characterized by their monopoly of distribution of subsidized loans. However, they had to deal with the abolition of these same bonuses. Then, these banks are strongly collectors. Consequently, they must bear the significant cost of their networks in terms of personnel, geographical locations and administrative management. In addition, since these are geared towards the exploitation of a traditional market, they must bear the cost of setting up management tools and commercial techniques likely to enable them to impose themselves on the technical markets. banking news. Finally, as banks specialized in the agricultural sector, they must face the probable new transformation of French agriculture,

329. – These phenomena of trivialization and exposure of the activity of the regional mutuals have led them to seek solutions to the imperatives of competitiveness and strengthening of their own funds, without the satisfaction of which their sustainability cannot be ensured. To meet these challenges, many Crédit Agricole regional banks have merged. The merger therefore appeared for the regional mutuals as the privileged element in the constitution of banking establishments of a sufficiently large size to meet the challenges of the European financial economy.

330. – The implementation of these merger operations is specific in that they concern establishments which have a banking activity (a) and which are subject to the rules of cooperation (b).

a/ The specificity of the merger linked to the banking activity

331. – The completion of the merger requires the prior harmonization of the accounting information processing methods. Indeed, one of the first practical consequences of the final completion of a merger lies in the obligation for the fund resulting from the operation to be able to produce financial and accounting statements which take into account all the operations of the new company, while satisfying the imperatives of speed and reliability essential in the banking system.

332. – The objective of obtaining a single general accounting, with a single computerized processing system, based on a single chart of accounts, generated by single files and according to identical procedures, is fundamental. It therefore presupposes that a work plan be put in place with a schedule providing for the merging of computer files and the definition of a uniform chart of accounts. Experience shows that this objective can only be achieved in a progressive manner and by giving priority above all to pragmatism. The following approach can be retained as likely to be used in the context of operations to merge regional mutuals. In a first step, it is a question of issuing the accounts of the fund resulting from the merger by adding the accounts of the funds involved in the operation. This solution makes it possible to draw the consequences of the retroactivity clauses generally printed on merger operations, and to immediately provide the banking authorities with the summary statements and the statistical elements required. It assumes that the charts of accounts have been harmonized beforehand and that an unambiguous relationship between the accounts of the regional mutuals has been established in order to allow the computer production of a “third” account. At the end of this transitional period, the merger of the files must be carried out, which must in any case end at the end of the current financial year at the time of the definitive completion of the merger. Finally, accounting procedures must be put in place that allow harmonization of the respective practices of the funds,

333. – Furthermore, it should be noted that the French banking system has developed a set of rules and principles allowing the computerization of interbank data. Provision is made for the allocation to each establishment of a specific codification allowing it to be recognized in computer communication networks. This is how transfer and payment orders between different banks can be “addressed” and processed electronically. Each institution is responsible for setting up a computer recognition and coding system compatible with interbank rules. It is clear that the management of this problem is of extreme importance given the magnitude of the flows processed daily and the nature of the potential problems generated in the event of a malfunction.

334. – It is therefore all the specificities specific to the banking activity of the regional mutuals that must be taken into account in the context of their merger. Consideration should also be given to their cooperative status.

b/ The specificity of the merger linked to the applicability of the rules of cooperation

335. – The regional banks of Crédit Agricole are cooperative companies and are therefore placed under the empire of the legislation applicable to cooperation. This specific legal provision weighed heavily on the merger operations of the regional mutuals (α). It is for this reason that the law relating to the modernization of cooperative enterprises has made fundamental changes with a view to facilitating these merger operations (β).

α/ The heaviness of the legal regime prior to the law of 07/13/1992

336. – Mergers of regional banks of Crédit Agricole were subject in principle to the rules of article 1844-4 of the Civil Code. Thus, they could only exceptionally, in the event of a conventional agreement, be subject to the law of 07/24/1966.
– The principle application of the rules of the Civil Code

337. – The implementation of the operations to merge the regional mutuals required taking into consideration their character as a specific banking establishment. The reform introduced in France by the banking law of 01/24/1984 took this specificity into account. Thus, this law has not been to the end of its logic of universality. Indeed, it left the specificities of the various particular networks and “central bodies” responsible for running them. It is therefore through the Caisse Nationale de Crédit Agricole that requests for approval of mergers pass. However, the funds must comply with the rules laid down by the banking authorities with regard to changes in their mode of operation and seek the necessary approvals from the CECEI.

338. – Firstly, an observation clearly marks the major distinction between a mutual company and a commercial company. Obeying the rule according to which “one man equals one vote”, the deliberations of the general meetings of the regional mutuals are governed by this rule. This wants each member of the cooperative to be equal to any other. It is true that, in practice, objective factors such as the technical nature of banking and the cumbersome nature of the organizations that the regional banks have become temper the rigor of this principle. The fact remains that the sensitivities of members must necessarily be taken into consideration in the context of mergers in order to ensure the successful completion of operations.

339. – Next, the members are unable to claim to receive from the funds in which they hold shares other than the payment of interest or the reimbursement of their contributions in the event of withdrawal from the fund from which they hold shares. have joined. This completely changes the economy of the operation compared to a merger of commercial companies.

340. – Indeed, in terms of commercial companies, the valuation of each of the participating companies constitutes the obligatory stage in determining the exchange ratio. Once this ratio has been set, the calculation of the amount of the capital increase to be carried out to remunerate the shareholders of the absorbed company makes it possible to determine the possible merger premium. The amount of the latter represents the difference between the value given in the contribution agreement to the net assets contributed and the amount of the capital increase of the company receiving the contributions.

341. – This logic could not be adopted with regard to the merger of regional mutuals. First of all, it was laid down in principle that each member of the absorbed fund could only receive shares in the absorbing fund for the nominal value of the shares he held before the merger operation. Consequently, in the event that each of the regional mutuals had a share capital made up of shares of the same nominal amount, the exchange parity was necessarily established at one share of the absorbing mutual for one share of the absorbed mutual. . The amount of the capital increase of the absorbing regional fund is therefore, in this case, equal to the amount of the capital of the contributing fund.

342. – This logic necessarily finds its limit in the existence of cooperative investment certificates issued by the absorbed fund. Created by the law of 06/17/1987, cooperative investment certificates are indeed transferable securities without voting rights representing pecuniary rights attached to a share of share capital. They cannot be analyzed as resulting from the dismemberment of the social share. Nevertheless, the holders of these certificates have a right to the net assets of the regional mutual in proportion to the capital that they represent. It is clear that this provision is an important departure from the principles laid down by the law on cooperation. It raises for the funds participating in merger operations, after issuing certificates, the problem of the exchange of securities of cooperative investment certificates in the same terms as commercial companies. In addition, it is noteworthy that, insofar as cooperative investment certificates are issued through a public call for savings, any merger operation then presupposes control by the Autorité des Marchés Financiers over that -this.

343. – The direct consequence of the double constraint constituted by the impossibility of taking into consideration the respective weights in terms of net assets of the regional mutuals participating in the merger operation and by the application of the rule “one man equals one voice” poses the problem of the policies of each of the funds in terms of membership. Indeed, a merger operation can bring together a regional mutual with few reserves but with many members. However, a fund, having a significant economic weight but a policy leading to having few members, necessarily sees the first having power in general assembly.

344. – Subsequently, it appears that the management of the number of members is one of the problems that must be examined before the merger operations are launched. One solution consists in bringing together the members of each of the funds participating in the operation in intermediate structures, so as to balance or modulate the powers.

345. – Finally, the problem of the scope of the mission of the auditors in the regional banks of Crédit Agricole is an old problem. The banking law has made the regional mutuals responsible for having an auditor.

346. – The same does not apply to contributions auditors and merger auditors, since no legislative or regulatory provision provides for their intervention in the context of the merger of regional mutuals. Asked about this problem, the National Company of Auditors took a position in 1986. In the absence of express reference in the law of 01/24/1984 and in the Rural Code to the provisions of the law of 07/24/1966 with regard to contributions auditors, since a regional mutual is not a commercial company, these mergers do not have to be submitted for the approval of an contributions auditor. For the same reasons, the auditor of the regional mutual concerned would not have to issue a report on the consideration for the contributions. Although part of a reformed legislative framework, this response, in our view, retains its full value. Indeed, no legislative or regulatory text has imposed on the regional mutuals the obligation to have recourse to a contributions auditor. This leads to the conclusion for the same reasons that there was no intervention by a merger auditor. It is clear that the importance of the stakes and the character of the regional mutuals as a banking institution make it desirable, in this matter, to modify the applicable texts, so as to confer on these mergers all the necessary security.

347. – En consecuencia, el estatuto original de los bancos regionales de Crédit Agricole les prohibía en primer lugar tomar prestado de sociedades mercantiles los proyectos de fusión que han sido consagrados en textos legales y reglamentarios de conformidad con las directivas comunitarias adoptadas en la materia. Luego, pudieron aplicar voluntariamente la ley del 24/07/1966.

– La aplicación voluntaria de la ley de 24/07/1966 reconocida por la jurisprudencia

348. – Como sociedades no comerciales, los bancos regionales de Crédit Agricole no estaban originalmente sujetos a las disposiciones aplicables a las sociedades comerciales. El único texto aplicable, en materia de fusión, a las sociedades no comerciales, era el artículo 1844-4 del Código Civil modificado por la ley del 01/04/1978. En esta ocasión, el legislador generalizó el principio de las operaciones de fusión en un marco jurídico de interés para todo tipo de sociedades, inspirándose en gran medida en los términos previstos por la ley de 24/07/1966. No obstante, nos quedamos con este texto al nivel de los principios, sin abordar los mecanismos de este tipo de operaciones. Cabe señalar entonces que ni el Código Rural ni la ley de 10/09/1947 contenían disposición alguna sobre operaciones y mecanismos de fusión.

349. – Así, determinadas sentencias aceptaron inicialmente que las normas de la ley de 1966 relativas a las fusiones podían aplicarse a las sucursales de Crédit Agricole, que por su condición no estaban sujetas al dominio de esta ley.

350. – En la sentencia citada, el derecho de oposición previsto en el artículo L. 236-14 del Código de Comercio se ejerció contra un banco regional de Crédit Agricole, cuando este último se fusionó con la caja de un departamento vecino. No obstante, el artículo L. 236-14 del Código de Comercio se sitúa en un apartado titulado “Disposiciones relativas a las sociedades anónimas”. Además, los bancos regionales Crédit Agricole son sociedades cooperativas de capital y personal variable, sujetas al Código Rural. Según el artículo 618 de este código, su capital no puede estar constituido por suscripción de acciones. Debe ser adquirida por los socios por medio de acciones nominativas, de las que sólo pueden apropiarse determinadas categorías de portadores, definidas en el artículo 617, por su integración en el mundo agrícola. Entonces,

351. – These bodies therefore have profound differences with public limited companies. However, their financial activity tends to link them to the commercial world or, at least, to the economic world. In addition, the law of 18/01/1988 made the Caisse Nationale a public limited company, while the law on new economic regulations of 2001 authorized Crédit Agricole to acquire a vehicle listed on the stock exchange. Finally, the mergers of regional mutuals revealed a rise in power at the regional level, which distanced these mutuals from their mutual bases.

352. – It is quite clear that the judgment of 15/07/1992 did not justify the application of the law of 24/07/1966 by the commercial nature of the regional funds. Indeed, in its response to the first branch of the first plea, it approved the Court of Appeal which admitted that Article 381 of the law of 07/24/1966 was normally inapplicable to a merger between regional funds. But he considered that “in the silence of the law establishing the status of the Crédit Agricole funds, it was not prohibited” for these funds to “allow creditors to assert their rights by implementing the opposition provided for by the 381”.

353. – This judgment recognized the contractual application of the 1966 law. The assertion was both useful and timely. Useful, because it was not easy to extend the scope of a law designed for commercial companies. Appropriate, because the absence of specific legislative provisions and the insufficiency of article 1844-4 of the Civil Code, made it desirable to provide the partners of the merging entities with protection comparable to that existing in public limited companies. This was all the more necessary when the non-commercial company carried out a financial activity.

354. – It should however be recognized that this judgment did not seek to determine precisely the conditions for a conventional application of the 1966 law. The interpreter was led to suppositions and deductions when he had to say which entities could abide by rules designed for commercial companies. Moreover, the embarrassment was not less great in front of the need to sort, among the provisions of the law of 1966, those which could be retained and those which were appropriate only for the commercial companies.

355. – It is in particular because of the legal problems posed by the absence of compulsory application of the law of 24/07/1966 to mutual banks that the law of 13/07/1992 was adopted.

β/ Amendments resulting from the law of 13/07/1992

356. – The provision of the law concerning mergers only applies to cooperative banks. It was requested by Crédit Agricole to facilitate such operations. It is intended to increase the legal certainty of the latter.

357. – It provides that these companies are henceforth subject to the provisions of the law of 24/07/1966 on commercial companies with regard to mergers, demergers and partial contributions of assets.

358. – In this respect, the regime for mergers, spin-offs and contributions of public limited companies provided for in Book II of the Commercial Code is applicable to cooperative banks, with the exception of Article L. 236-10 of the Commercial Code in assuming that the cooperative has not issued any securities giving rights to the net assets.

359. – Thus, the legal bases of regional mutual merger operations are more clearly defined. In practice, however, the application of the law has not led to any fundamental changes for Crédit Agricole’s bank merger operations. Indeed, as we have already explained, in the absence of applicable texts, the rules enacted by the law of 1966 were generally retained voluntarily.

360. – It should be noted that the regional mutuals issuing securities giving a right to the net assets were led, within the framework of a merger operation, to appoint a contribution auditor and a merger auditor. This practice, already used by the caisses that issued cooperative investment certificates and that merged, to ensure the protection of the interests of their security holders, was therefore confirmed by law.

361. – This law constitutes a fundamental modification of the general statute of cooperation. It has enabled the issue of new securities representing capital, the modification of the remuneration paid to capital contributors and the profound transformation of the social structures of cooperative societies.

362. – The above developments have highlighted the specificity of mergers of cooperative banks through the study of the situation of the regional banks of Crédit Agricole. Banking specificity is also taken into account in the mergers of savings and provident funds.

2/ Taking account of banking specificity in the merger of savings and provident funds

363. – A law of 10/07/1991 organized mergers between savings and provident funds. This law applies specifically to savings and provident funds. It therefore highlights the existence of a specificity of these merger operations.

364. – In addition, Article L. 512-1 of the Monetary and Financial Code provides that “mutual or cooperative banks are subject to the regime for mergers, demergers and contributions of public limited companies provided for in Book II of the Commercial Code (… )”. As the savings and provident funds have become cooperative banks since the law of 25/06/1999, these provisions are undoubtedly applicable to them. However, the legislator has taken into account the specificity of these banks by providing that Article L. 236-10 of the Commercial Code is not applicable to those establishments which have not issued securities giving a right to the net assets.

365. – Finally, the law on urgent economic and financial reform measures of 11/12/2001 also provided for provisions aimed at facilitating the merger of savings and provident funds.

366. – The legislator thus decided to exempt local savings companies from the obligations to set aside available sums provided for in article 16 of the law of 10/09/1947 on the status of cooperation.

367. – In addition, Article L. 512-90 of the Monetary and Financial Code has also been amended. This provides that “savings and provident funds are run by a management board under the control of a supervisory board. The latter takes the specific name of guidance and monitoring council. The Orientation and Supervisory Board is made up of seventeen members. It includes, under the conditions provided for by the articles of association:

1° Members elected directly by the employee members of the savings and provident fund;
2° Members elected directly by local authorities, members of local savings companies affiliated to the savings and provident fund; 3° Members elected by the general meeting of members of the savings and provident fund. Are not eligible as such the local authorities or the employees of the savings and provident fund”.

368. – In the event of a merger of the savings and provident funds, the number of members of the orientation and supervisory board of the fund resulting from the merger may be greater than seventeen, for a maximum period of three years. from the date of the merger. In this case, the board of directors and supervisor cannot be composed of more than thirty-four members. The number of members elected by the employees and that of the members elected by the local authorities cannot exceed six.

369. – In the absence of agreement between the funds concerned, the total number of members of the orientation and supervisory board, as well as the distribution of the latter by fund and by category, may be fixed by the Caisse nationale des caisses d savings and pensions.

370. – Thus, a derogation is possible with regard to the maximum number of members of the orientation and supervisory board resulting from a merger. The number can thus reach 34 people, almost double the legal maximum. However, a reserve is provided. It is advisable to respect the distribution between the different categories of members, that is to say the representatives of the employee members, the representatives of the local authorities and the representatives of the members. This therefore facilitates agreements in the context of mergers between savings and provident funds. Indeed, these provisions should avoid conflicts between the two merging entities when it is appropriate to determine the composition of the management board.

371. – It is obvious here that banking specificity interferes with the mechanism of the merger. The objective is to facilitate the merger of savings and provident funds but above all to avoid blockages during these concentration operations.

372. – The operations that we have just studied concern the legal framework for internal mergers within the cooperative or mutualist group. Mergers with a bank outside the cooperative or mutualist group should also be examined.

B/ Merger with a bank outside the cooperative or mutualist group

373. – These mergers are specific because they occur between banks with different statuses. Banking specificity must therefore be taken into consideration because the legal rules applicable to entities with separate statutes are not harmonised. A cumulative application of the legislative and regulatory provisions in force is therefore necessary. Logically, this cumulative application of the rules of law increases the complexity of these mergers.

374. – We will first refer to operations which do not constitute mergers stricto sensu. Indeed, the concentration was carried out in the first place by means of a takeover. However, it is appropriate to refer to it because certain entities of the groups concerned have merged.

375. – Thus, Crédit Agricole notably took control of Indosuez in 1996. The integration was carried out gradually. The merger between Crédit Agricole and Indosuez was completed on a legal level in 1997. Crédit Agricole-Indosuez became a subsidiary of the Caisse Nationale du Crédit Agricole, grouping together its business banking and major international customers. Interesting developments have occurred. Indosuez had a network of twelve branches in the provinces. They lacked financing capacity and some operations escaped their control. After the merger, thanks to the contribution of Crédit Agricole’s financial capacities, Crédit Agricole-Indosuez was able to participate in an increased number of financing transactions. Conversely, thanks to the expertise of Crédit Agricole-Indosuez,

376. – As regards the concentration between the Banques Populaires and Natexis, this took place in several stages. First, the Banques Populaires group took control of Natexis. Then, the subsidiaries of the two groups exercising the same businesses were merged. For example, in the field of employee savings, Natexis transferred its subsidiary Vitalia Epargne to the Interépargne subsidiary of the Banques Populaires group. In the equipment leasing activity, the two networks have combined their specialized subsidiaries within Bail Banques Populaires. Finally, the merger was achieved through an operational integration. In 1999, the Caisse centrale des Banques Populaires transferred its operational activities to Natexis SA and gave birth to a new entity, Natexis Banques Populaires. On 06/28/2000,

This concentration has enabled the Banques Populaires group to be more active internationally. Indeed, the group was not very present on the international scene. Thus, the merger with Natexis made it possible to support a desire to go beyond borders. It has provided a better international image and a presence in new businesses: structured finance, trade or project finance through establishments, for example in Asia, the United States or Europe. Above all, Natexis-Banques Populaires has very broad financing lines abroad, particularly in terms of export financing and documentary credit confirmations.

377. – Finally, the financial company Eulia, jointly controlled by the Caisse des Dépôts et Consignations and the Caisse d’Epargne group, in a first stage, merged in a second stage. Indeed, Eulia first merged with the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. Then, the latter absorbed CDC Ixis. Thus, the Caisse d’Epargne group is now the third largest banking network in France. This external growth operation allows L’Ecureuil to constitute a complete mutualist group which also has an investment banking activity.

378. – The sale of Eulia constitutes the last transfer from a public bank to the private sector. The domestic concentration of the major French networks is therefore almost complete. Correlatively, reconciliations of credit institutions must now be carried out at European level.

Chapter 2: European mergers

379. – Tangible manifestations of the reality of the single market and the globalization of the economy, cross-border restructuring is on the increase. In search of critical size in order to remain competitive, companies are concentrating.

380. – Merger constitutes one of the modalities of such mergers. The need to allow mergers between companies having their registered office in different Member States was affirmed by the Treaty of Rome establishing the European Economic Community in its Article 220. This provides that “Member States shall enter into where necessary, negotiations with a view to ensuring in favor of their nationals the possibility of mergers of companies governed by different national legislations”.

381. – Thus, in theory, there is nothing to prevent such mergers from being carried out. However, the directive on the legal aspects of intra-Community mergers is still under discussion. In addition, in practice, the existence of significant discrepancies between national legislation raises serious obstacles to the realization of these international mergers. Indeed, not all the States of the European Union recognize the mechanism of the merger, yet an essential condition for the realization of an international merger is the recognition of the universal devolution of the heritage. Some authors therefore do not hesitate to conclude that mergers between companies of different nationalities are impossible when there is incompatibility of the applicable legislation. Finally, even when there is no incompatibility of legislation, the lack of harmonization of the notions of merger, takeover and takeover bid is also a source of legal problems. For example, the notion of merger does not have the same meaning in English law as in French law. The concept is much broader in England. It encompasses both the creation of concentrative joint ventures and lease-management operations. Consequently, uncertainties as to the qualification of the merger transaction or public takeover bid may arise. This is likely to cause reconciliations to fail. Indeed, in the first case, the initiator can proceed as he wishes, in particular by exchange of securities. However, if the last hypothesis is retained, certain legislations require the buyer to offer the possibility of payment in cash.

382. – Carrying out mergers between companies of different nationalities therefore raises significant difficulties. However, European banks have every interest in merging. Indeed, credit institutions have an interest in operating abroad through branches rather than through subsidiaries because of the importance of the guarantees they are required to provide. It should be specified that when they act by branches, these guarantees are assessed solely at the level of the head office, whereas each subsidiary would be required to present its own guarantees. Thus, it is necessary to take into consideration the banking specificity to understand that the simple takeover is less advantageous than the international merger.

383. – Nevertheless, the obstacles to international mergers being very high, companies try to find other legal means. The practice essentially retains two reconciliation techniques. However, these concentration instruments are complex and the lack of European harmonization of legislation also constitutes an obstacle.

384. – It is possible to simply take a majority stake in the capital of the target. The solution, which often leads to holding almost all of the capital of the target company, nevertheless also has drawbacks. First of all, these equity investments, even by a large majority, do not produce effects comparable to mergers. If they make it possible to ensure control of the target company, they do not lead to the confusion of assets which characterizes the merger. Then, certain legislations subject to very strict controls the acquisition of holdings by foreign partners.

385. – Concernant le jumelage, il s’agit d’une technique où les entreprises conservent leur autonomie juridique et leur nationalité mais les décisions collectives sont prises par une commission réunissant les dirigeants des différentes entreprises. C’est une sorte de comité de pilotage supranational qui fonctionne de manière conventionnelle. Un exemple peut être cité dans le secteur bancaire. Le Crédit Local de France et le Crédit Communal de Belgique ont opté pour cette solution en 1996. Cela leur a permis d’éviter de changer de nationalité. Le montage juridique adopté a conduit à la création de deux sociétés holding détenant à parts égales les deux sociétés d’exploitation. Pour ce faire, les deux établissements, fin 1996, ont commencé par filialiser leurs activités opérationnelles. Les deux sociétés mères nées de cette opération, baptisées Dexia-France et Dexia-Belgique, ont ensuite procédé à un échange d’actions de leur filiale afin d’en détenir chacune 50 %. La valorisation du Crédit Local de France était cependant supérieure de 626 millions de francs à celle du Crédit Communal de Belgique. Pour que les actionnaires de la première banque ne soient pas lésés, il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. ont ensuite procédé à un échange d’actions de leur filiale afin d’en détenir chacune 50 %. La valorisation du Crédit Local de France était cependant supérieure de 626 millions de francs à celle du Crédit Communal de Belgique. Pour que les actionnaires de la première banque ne soient pas lésés, il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. ont ensuite procédé à un échange d’actions de leur filiale afin d’en détenir chacune 50 %. La valorisation du Crédit Local de France était cependant supérieure de 626 millions de francs à celle du Crédit Communal de Belgique. Pour que les actionnaires de la première banque ne soient pas lésés, il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. La valorisation du Crédit Local de France était cependant supérieure de 626 millions de francs à celle du Crédit Communal de Belgique. Pour que les actionnaires de la première banque ne soient pas lésés, il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. La valorisation du Crédit Local de France était cependant supérieure de 626 millions de francs à celle du Crédit Communal de Belgique. Pour que les actionnaires de la première banque ne soient pas lésés, il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre, les fusions transfrontalières sont possibles. il a été décidé de conserver 626 millions de francs de trésorerie dans Dexia-France lors de sa filialisation puis de les distribuer sous forme de dividende. Il est à noter que ce type de rapprochement est complexe et peut avoir été contesté. C’est la raison pour laquelle, à l’été 1999, Dexia-France et Dexia Belgique ont finalement fusionné. Cela prouve que malgré les difficultés de mise en œuvre,

386. – Consequently, incontestably, legal obstacles to European mergers exist (section 1). However, a number of developments are likely to favor these concentrations (section 2).

Section 1: Legal obstacles to European mergers

387. – Compared to national mergers, cross-border banking mergers remain exceptional for the time being. It seems that this is linked to cultural differences, geographical distance, language, which make it more difficult to group resources and in particular back offices. Synergies emerge less easily on the commercial level, in particular because of the additional difficulty of homogenizing geographically dissociated brands. But in our view, the fundamental difficulties lie in the protections afforded to the activities of banks and in the application of different legislation.

388. – Thus, companies from different Member States wishing to group together are faced with an obstacle resulting in particular from the insufficiency of rules from a European source (§1). Also, the economic constraint leads these companies to seek the means of reaching this objective by having recourse to the rules of conflict of laws (§2).

§ 1: The insufficiency of the rules of European source in terms of cross-border banking concentrations

389. – This insufficiency is materialized by the absence of coordination of the European rules governing concentrations with banking law (A), by the insufficient coordination of provisions applicable to banks in Europe (B) as well as the absence of a legal regime for cross-border mergers (C).

A/ The lack of coordination of European rules governing mergers with banking law

390. – Currently, national banking laws are often very strict and sometimes divergent. Nordic banking laws provide that a public bank offer to be valid must obtain at least 90% of the securities of the target company. Other laws provide for very complex rules which aim to prevent the takeover of national banks by foreign banks. This is the case of Italy but also of Portugal. The taking into account of banking specificity is obvious.

391. – Thus, in certain cases, the general mechanisms governing concentrations cannot be applied correctly to banks. It is therefore necessary to solve this delicate problem so that the European rules governing concentrations can be applied effectively to credit institutions in all the Member States of the European Union.

392. – Moreover, banking supervision is currently the responsibility of the home State of the bank carrying out the operation. However, it should be noted that this rule does not apply correctly. In fact, in certain cases, the national banking regulatory authorities have transferred responsibility for supervision to each other. This led to a situation of inefficiency. In addition, the home authority finds it increasingly difficult to carry out efficient control when the entity concerned acquires a multinational dimension and carries out its activities in many States.

393. – Finally, currently, when a credit institution takes control of another entity in the European Union, it must comply with the law applicable to the company it takes control of. For example, when Consors was taken over by Cortal, German law was intended to apply. However, given that there are significant differences between company law, stock market and banking law in the various Member States, European mergers remain very complex.

394. – It is therefore necessary to seek solutions, taking account of banking specificities, in order to solve this problem. A European regulation or directive, intended to modify all national laws, could be adopted. The aim would be to define new, more effective rules concerning banking supervision and stock market regulation. We suggest that Member States transfer these powers to European supervisory authorities.

B/ Insufficient coordination of provisions applicable to banks in Europe

395. – Banking rules must be reformed for the sake of efficiency. The various national banking laws (1) as well as European banking law and French banking law (2) must be subject to closer coordination.

1/ A necessary strengthening of the coordination of the various national banking laws

396. – The banking sector clearly suffers from a lack of overall coherence within the European Union. The different banking arrangements appear as so many kaleidoscopic figures, given the divergent or dissimilar situations from one country to another. Undeniably, efforts have been made in recent years to bring things together. Nevertheless, multiple differences remain between the nations of the European Union.

397. – This lasting lack of homogeneity is due to the nature and legal value of the directive itself as well as to the way in which it is adapted into the domestic law of each country. Community law thus establishes a fundamental distinction between regulations and directives, only regulations having direct effect in all Member States and being binding in their entirety. On the other hand, the directives fix objectives and only oblige the States on the only results to be reached and not on the means. Consequently, the directives do not constitute sources of law directly applicable in domestic law, but they must, each time, be specified by the laws or regulations adopted by the public authorities of each country.

398. – Consequently, the legislators of the Member States were able to adopt distinct positions. There are therefore a multitude of different banking rights in the European Union even if everyone agrees to pursue common objectives. For example, the UK has consistently sought to change its law only to the bare minimum necessary to transpose directives.

399. – Concerning the legal definition of credit institutions, it was therefore impossible to update a common conception. The very notion of bank does not necessarily cover the same meaning or the same entity in all countries. According to French banking law, credit institutions are “legal persons which carry out banking operations as their usual profession”. It is specified that “banking operations include the receipt of funds from the public, credit operations, as well as the provision to customers or the management of means of payment”. The criteria established by this definition are alternative and not cumulative as in Community law. Thus, the granting of credit is considered, on its own, as a banking operation, whereas the laws of the other Member States only subject this activity to approval if it is accompanied by the collection of deposits. In addition, while some states, such as France, Germany and Portugal, reserve the lending activity to approved and supervised establishments, other European countries leave this activity completely free. This is notably the case of the United Kingdom, the Netherlands and Belgium.

400. – It is above all with regard to leasing and factoring that French banking legislation differs from that of other Member States. In France, to carry out leasing transactions, you must be a credit institution. However, in the other countries of the European Union, such approval is not required. Similarly, a French factoring company must be approved as a credit institution to exercise its activity, which is not the case for factors governed by the law of other Member States. In Belgium, Luxembourg and Spain, in particular, leasing and factoring are admittedly assimilated to credit operations but not to banking operations. In these countries, these activities may be carried out by financial institutions that do not have a credit institution licence. Gold, these financial institutions are subject to less strict rules than credit institutions.

401. – Además, la ley bancaria francesa cita entre las operaciones bancarias la provisión o gestión de medios de pago. No obstante, según la legislación española, la actividad de emisión y gestión de medios de pago no es monopolio de las entidades de crédito y esta actividad forma parte de la que pueden ejercer las entidades financieras. Así, una simple entidad financiera puede emitir y gestionar medios de pago en España, mientras que una empresa francesa sólo puede realizar esta actividad si ha sido previamente homologada como entidad de crédito.

402. – En consecuencia, en caso de concentración bancaria, la aplicación de la ley francesa perjudica al operador económico mientras que la aplicación de la ley española constituye una fuente de flexibilidad. Tales disparidades dentro de Europa aumentan la complejidad de las fusiones y adquisiciones europeas.

403. – Lastly, as State laws differ with regard to the definition of a credit institution, this results in legal uncertainty concerning the designation of the competent authority to control the concentration operation. 404. – It would therefore be essential to unify the rules applicable in the various European States. The solution certainly lies in a deepening of coordination. This would eliminate any uncertainty regarding the designation of the competent authority.

405. – In addition, certain national laws grant aid to credit institutions to promote their concentration. This is the case of Italy. This aid scheme results from the application of law n° 461 of 02/12/1998 as well as decreto legislativo n° 153 of 17/05/1999, which provide for certain tax incentive measures applicable to concentration operations banking. The purpose of such provisions is to promote the national concentration of credit institutions. Logically, these measures constitute a source of distortion of competition.

406. – Thus, it is appropriate to propose that such measures be removed from all national laws. This would restore an egalitarian situation in all countries. This would undeniably favor European mergers.

407. – To achieve this objective, it is necessary to systematically attack these aid schemes on the basis of Article 87 of the Community Treaty, which prohibits State aid incompatible with the common market.

408. – If the European Commission considers that the aid is illegal, it may order the recovery of the aid. Since the decision is retroactive, the State is forced to recover the sums unduly paid.

409. – As the banks in question did not want to repay the aid, a dispute developed. The Associazione Bancaria Italiana therefore appealed to the Court of First Instance of the European Communities on 21/02/2002. The applicant requested the annulment of the Commission’s decision of 11/12/2001 “for breach of essential formalities and/or for lack of contradictory character and/or lack of reasoning, within the meaning of Article 253 EC, read in combination with Articles 87 and 77 EC and Council Regulation 659/1999/EC…”.

410. – In our opinion, the decision of the European Commission considering the State aid scheme as incompatible with the common market is entirely justified. The condemnations of the aid put in place by the Member States will dissuade the latter from setting up such mechanisms. This will promote competition within the European Union and cross-border banking concentrations. To achieve this objective, a strengthening of the coordination of European banking law and French banking law is necessary.

2/ A necessary strengthening of the coordination of European banking law and French banking law

411. – First of all, there is a lack of coordination in the definition of a credit institution between Community law and French law. The credit institution is, according to the first banking coordination directive of 12/12/1977, a company whose activity consists in receiving deposits or other repayable funds from the public and in granting loans for its own account. It is to this definition that the second banking coordination directive of 15/12/1989 expressly refers. However, Article L. 311-1 of the Monetary and Financial Code defines the notion of credit institution differently. Thus, “credit institutions are legal persons which carry out banking operations as a regular profession. Banking operations include receiving funds from the public,

412. – Thus, in Community law, contrary to French rules, an institution which is only intended to carry out one of the two activities does not have to be qualified as a credit institution. Consequently, a company can be qualified as a credit institution under French law, and not under Community law.

413. – In the absence of coordination of the definitions of credit institutions and financial institutions, the question is which definition to use in the context of a cross-border concentration. Is this the definition as it results from the banking directives codified in the 2000 directive? In the absence of coordination between Community law and French law on this point, the definition to be retained may be that of domestic law. But textually none is necessary. Community texts give no indication and allow any interpretation. In our opinion, it would be appropriate, in the event of a European concentration, to apply the definition appearing in the banking directives codified in the 2000 directive.

414. – The consistency and rigor necessary for the proper functioning of the single banking market require the adoption of the same definitions of the concept of credit institution and financial institutions in Community law and in domestic law. Thus, a removal of this inaccuracy is desirable. It would therefore be essential to find a compromise to uniquely define the notion of credit institution. Indeed, a conflict between Community law and French law could occur.

415. – In addition, the rules applicable to financial institutions are less stringent than those governing credit institutions. Given that a French company can be qualified under internal law as a credit institution but be a financial institution under another legal system respecting Community law, conflicts may arise between these two laws concerning the applicable prudential rules. The fundamental question is therefore to know what prudential rules should be applied when acquiring holdings in financial companies. The national rules applicable to banking concentrations are likely to be invoked to prevent these operations. The problem is that Community law has only achieved minimal harmonization in this area. National laws may therefore be more stringent. The question of the application of prudential rules is therefore fertile ground for conflicts of law, particularly in the event of a merger.

C/ The lack of harmonization of the legal regime for cross-border mergers

416. – A first attempt to provide cross-border mergers with a harmonized legal regime in Europe took the form of an international convention concluded between the then six Member States. This was to organize the legal regime for international mergers, but this project, published in 1973, was not ratified.

417. – It was not until the following decade that a directive was proposed, inspired in large part by the aborted convention of 1973. This initiative was confined to the traditional method and principles of private international law. It applied distributive or cumulative solutions depending on the case.

418. – The proposal for a directive on cross-border mergers of capital companies, drawn up in 2003, uses a similar method. In its explanatory memorandum, it starts from the observation that it seems essential to provide for regulations for mergers involving companies governed by the laws of different Member States.

419. – This proposal for a directive on cross-border mergers is intended to apply for France only to capital companies and their counterparts in other Member States.

420. – On the substance, in the very many cases where the procedures for carrying out the internal merger and that of the cross-border merger agree, the text merely refers to the national provisions. Therefore, this proposal for a directive is limited to the elements which, in the cross-border merger, differ from the internal merger or which are necessarily added to it. Indeed, the text does not provide otherwise.

421. – Member States shall provide that each management or administrative body of each of the merging companies draws up a common cross-border merger plan. The proposed directive lists the elements that must be included in this draft.

422. – It is possible to provide for a single expert report for all the partners. In most cases, this expert is a notary.

423. – After having read the experts’ report, the general meeting of each of the merging companies approves the joint cross-border merger project.

424. – A preventive control of legality is applicable. Each Member State designates the competent authorities to control the legality of the merger for the part of the procedure relating to each of the merging companies and which is subject to its national legislation. In each Member State concerned, the competent authorities deliver to each of the merging companies and which come under its national legislation, a certificate conclusively attesting to the correct accomplishment of the acts and formalities prior to the merger.

425. – The legislation of the Member State to which the company resulting from the merger is subject determines the date on which the cross-border merger takes effect.

426. – The publicity and the formalities required, for the opposability to third parties, of the transfer of certain assets, rights and obligations, are carried out in accordance with the legislation of each Member State.

427. – The proposal for a directive thus aims to ensure the protection of the interests of creditors.

428. – Nevertheless, the nullity of a cross-border merger that has taken effect cannot be pronounced. This is to avoid calling into question the cross-border merger for the purpose of legal certainty.

429. – It is regrettable that the proposal for a directive, which constitutes the inseparable complement of the directive on internal mergers, has still not entered into the positive law of the various legislations of the Member States. There would then exist in Europe a real common law on mergers, both internal and cross-border, transposed into the internal laws of all the Member States. Obstacles related in particular to the transfer of the registered office and the change of nationality of the acquired company would be removed and the legal certainty of such operations ensured.

430. – It should be noted that the European Regulation on the European company does not solve the problem of the legal aspects of cross-border mergers. Indeed, this allows the legal person resulting from this merger to be housed in this Community instrument that is the European company. However, the legal process of cross-border concentration remains unclear. Also, it is necessary to resort to the complex rules of private international law.

§ 2: The necessary recourse to the rules of private international law

431. – In the absence of international conventions and national or European rules governing cross-border mergers, the only solution for carrying out these operations is to apply the rules of conflict of laws private international law. Indeed, a cross-border merger necessarily involves companies subject to different national laws. However, before looking for the conflict rule (B), it should be ensured that the legislation of each of the Member States to which the companies involved in the merger are attached meets certain prior conditions (A).

A/ Taking account of banking specificity in the preconditions relating to the legislation of the Member States concerned

432. – Each of the legal systems applicable to companies participating in the merger must recognize the existence of participating foreign credit institutions (1 ). In addition, the legislation of each of the Member States concerned must not contain any provision opposing the merger (2).

1/ Mutual recognition of the credit institutions participating in the operation

433. – The domestic law of each of the States where the registered office of the companies taking part in the merger is located must recognize the existence of credit institutions subject to the legislation of another State. An international convention signed on 02/29/1968 was supposed to lead to the automatic recognition, by the signatory States, of companies belonging to another Member State of the European Community, but this text has not entered into force.

434. – Bank specificity should be taken into consideration. The banking rights of the Member States have only been subject to minimal harmonisation. Thus, as we have already specified, there are differences in the definition of credit institutions. A State may therefore not recognize the existence of a foreign company but in addition a foreign law may qualify a banking company whereas the banking law of the State of origin of the acquired company does not result in such a result. These qualification difficulties are of major importance because the formalities for setting up a credit institution differ from those of a traditional company.

435. – Consequently, credit institutions wishing to carry out a European merger must check that the legal systems applicable to the companies taking part in the merger recognize the existence of foreign establishments. If this first prerequisite is met, companies must then ensure that there are no provisions hostile to cross-border mergers.

2/ The absence of provisions hostile to cross-border mergers

436. – The legal systems of the companies participating in the operation must not contain any provision whose purpose or effect is to oppose international mergers. In this case, any risk of rejection of a law of a Member State by the international public order of another Member State seems to have been eliminated since the transposition of the various European directives and, more particularly, of the third. Moreover, countries, such as Italy or Spain, expressly recognize in their law the possibility of carrying out such operations. Others, without having adopted specific provisions, such as France, do not oppose it. Some, however, still appear reluctant. This is the case with Germany, which no doubt fears

437. – Thus, these two preconditions are necessary. However, they are not sufficient, since it is also necessary to determine the legal regime applicable to the operation, taking into consideration the legal systems to which the companies involved in the merger are subject.

B/ The distribution key between the distributive and the cumulative

438. – It is first necessary to seek the rule of conflict of law applicable in the two legal systems. This will be determined by taking into account the fact that all legal systems in the Member States retain the lex societatis which can be defined as the national law applicable to the company. This governs, in particular, the constitution, the formalities of publication, the issue of securities and their regime, the internal organization, the functioning, the ability to contract, the powers of the bodies, the dissolution and the liquidation of the Company. The application of the law of the real seat or the law of incorporation as the case may be, leads to this conclusion indiscriminately.

439. – The law applicable to the operation must then be determined. In this respect, this identification is delicate because of the difficulty linked to the participation of companies of different nationalities, this obstacle not being solved by the identification of the lex societatis.

440 – Indeed, several laws are intended to apply to the principle, the effects and the conduct of the merger. If we reason within the framework of a cross-border merger involving two companies, the respective national laws are necessarily in competition. This affirmation is valid at each stage of the operation: the lex societatis of the new company or of the absorbing company, on the one hand, and, on the other hand, that of any absorbed company. But these laws will not, in principle, be applied cumulatively; in other words, it will not be necessary for each company to fulfill all the conditions required by the various laws. It will suffice for the absorbing company to observe the rules of its own personal status to integrate the other company.

441. – It will then be appropriate to proceed with a distributive application of the laws for internal procedures (1). This remains the case most commonly encountered, during the various stages leading each of the companies to approve the operation and allow it to be carried out. On the other hand, we will have to make a cumulative application of the two rights involved, when it comes to the elements of the merger of interest to the two companies on a bilateral basis, that is to say when the relations between the parties are directly in question. (2). This is essentially the case with the content and form of the merger agreement.

1/ The distributive application of the laws of the companies concerned to internal procedures

442. – Distributive application consists in applying to the operations carried out within each of the companies participating in the merger their respective national law alone. Thus, it is necessary to distinguish between the situation of the acquiring company (a) and the situation of the absorbed company (b).

a/ The situation of the acquiring company

443. – The lex societatis of the absorbing company governs the operations to be carried out in order to enable it to receive the assets of the absorbed. This law alone will apply to the various decisions that the acquiring company must take, as well as to the formalities that it must complete during the merger process. Thus, for a company governed by French law, this concerns the appointment by the competent court of a contribution auditor, the convocation and the meeting of the board of directors deciding on the principle of the merger and convening the meeting. It is also about the establishment of the reports of the board of directors, the auditor of the contributions and the auditors, the methods of convocation, the quorum and majority rules relating to the extraordinary general meeting as well as all the formalities to be carried out by the acquiring company. The provisions of the Commercial Code and the decree of 03/23/1967 are then applicable.

444. – Although, in accordance with the third directive, the universal transfer of assets is recognized by the various Member States, some of them apply it only in the case of internal mergers. This is the case with English law, which admits this concept when it comes to a merger between two companies incorporated in the United Kingdom, but does not recognize it in the case of a cross-border merger. Thus, for example, when the acquiring company is a company governed by English law and the absorbed company a company governed by French law, English law allows that the latter, once absorbed, will cease to exist. However, insofar as French law will apply to the transmission of assets, English law will recognize that these are to be deemed to have been transferred under the terms of the merger agreement. The same will not apply to the liabilities of the absorbed company. Also, the solution to obtain an effect equivalent to that resulting from the universal transmission of the assets, with regard to the liabilities, then consists in having the acquiring English company, party to the merger agreement, subscribe to a unilateral and irrevocable commitment. Under the terms of the latter, called “deed poll”, this company will undertake to assume all the liabilities of the absorbed company. then consists in having the acquiring English company, party to the merger agreement, subscribe to a unilateral and irrevocable commitment. Under the terms of the latter, called “deed poll”, this company will undertake to assume all the liabilities of the acquired company. then consists in having the acquiring English company, party to the merger agreement, subscribe to a unilateral and irrevocable commitment. Under the terms of the latter, called “deed poll”, this company will undertake to assume all the liabilities of the absorbed company.

445. – It is this solution that was implemented during the merger by absorption of Barclays SA by Barclays PLC. This case concerns the completion of an international merger of companies resulting from the absorption by an English parent company, Barclays Bank PLC, of ​​its French subsidiary, Barclays Bank SA, incorporated as a public limited company.

The extraordinary general meeting of shareholders of Barclays Bank SA on 06/25/1993 took note of the merger project of 05/18/1993 and its amendment of 06/22/1993. Barclays Bank SA transferred, by way of merger, to Barclays Bank PLC all of its assets for a net amount of 1,549,087,424.99 francs. It was noted that Barclays Bank PLC holding all the shares of Barclays Bank SA, there was no need for a capital increase of Barclays Bank PLC, nor for an exchange of Barclays Bank SA shares for Barclays Bank PLC shares. . Thus, the merger project was purely and simply approved. The board of directors of Barclays Bank PLC has taken note of the approval by the extraordinary general meeting of Barclays Bank SA of the merger absorption.

This merger was therefore approved and finalized on 06/30/1993 with retroactive effect from 01/01/1993. It resulted in the automatic dissolution of Barclays Bank SA without any liquidation operation, all of its assets having been transferred to Barclays Bank PLC.

In this case, the merger was carried out in accordance with the provisions of article 1844-4, paragraph 1, of the Civil Code and articles 371 and following of the law of 07/24/1966 on commercial companies.

446. – A second more recent cross-border merger can be mentioned. This is the merger of Sema Group plc and Financière Sema under which the former, a company listed on the London Stock Exchange, absorbed the latter, a public limited company governed by French law which itself held 41% of the former .

Like the aforementioned operation, this merger was subject to Article 1844-4, paragraph 1, of the Civil Code and to Articles 371 et seq. of the law of 07/24/1966.

In this case, the purpose of the proposed merger was such that, through the effect of the universal transfer of the assets of Financière Sema to Sema Group plc, the latter should have received its own shares as a contribution. However, English company law does not allow a company to acquire its own shares and hold them until they can be cancelled. Consequently, it was necessary to proceed simultaneously with the universal transfer of the assets of Financière Sema and the cancellation by Sema Group plc of its own shares previously held by Financière Sema. This cancellation was carried out in accordance with English law pursuant to a “scheme of arrangement”, concluded between Financière Sema, its shareholders and Sema Group plc, and governed by Section 425 of the Companies Act applicable to the latter company.

The cancellation resulted in the accounts of Sema Group plc by the reduction of the issued share capital item with, in return, the creation of a reserve item. The company governed by English law simultaneously issued new shares to Financière Sema shareholders by deducting the entire amount from this reserve item.

The merger, which was linked to the fulfillment of conditions and, in particular, to the effective cancellation of the shares of Sema Group plc held by Financière Sema, was automatically carried out on the date on which the “scheme of arrangement “.

447. – A third example of a merger in the banking sector between two companies subject to different rights can be found in the press specializing in legal announcements. This concerns the absorption of a company governed by Portuguese law, PSA Credito Sociedade Financeira Para Aquisicoes a Credito SA (PSA Credito) by its parent company governed by French law, Banque PSA Finance Holding (BPSAFH).

Due to the status of banking institution granted to BPSAFH, and in application of the second European directive 89/646 of 15/12/1989 on banking coordination, this merger had a purpose. The aim was to strengthen the coordination of the credit activities of the subsidiaries of this company by replacing them with branches.

The merger project was approved by the extraordinary general meeting of BPSAFH shareholders held on 06/16/1997. In addition, it noted that the merger would take place without a capital increase of BPSAFH, in accordance with Article 372-1, paragraph 2-1° of the law of 07/24/1966, BPSAFH being the owner of 100% of the capital of PSA Credito.

Subjecting the operation to the provisions of article 372-1 of the law of 07/24/1966, the merger agreement provided that PSA Credito transmitted to BPSAFH all the elements making up its assets, in the state in which they would be on the final completion date of the merger. This resulted from the registration, on 01/07/1997, at the registry of the Commercial Court of Lisbon, of the deed received by the Portuguese notary noting the fulfillment of the condition precedent set out in the merger contract. This operation was carried out without retroactivity. The effective date having been fixed for 01/07/1997, it was on this date that the merger-absorption was carried out and that the company PSA Credito was automatically dissolved.

448. – Finally, a fourth example of international merger can be cited. This is the merger-absorption, during the summer of 1999, of Dexia-France by Dexia-Belgium.

449. – All these international mergers concerned the banking and finance sector. As we have already specified, these establishments have indeed an interest in establishing themselves abroad by means of branches because of the importance of the guarantees required in their regard. When they act through branches, these guarantees are assessed at head office level, whereas each subsidiary would be required to present its own guarantees. Thus, it is necessary to take into consideration the banking specificity to understand the multiplication of these European mergers in the banking system.

450. – The realization of these operations has confirmed practitioners and academics in the opinion that international mergers are not always practically impossible. In the current state of positive law, carrying out such operations demonstrates that despite the obstacles they come up against, in the absence of specific European regulations, they nevertheless appear possible. The law applicable to the foreign company party to the merger must then recognize the validity of such an operation. In addition, the requirements set out by the two laws applicable to the acquiring company and to the absorbed company must be complied with on a distributive basis.

b/ The situation of the absorbed company

451. – The resolutions relating to the approval of the merger and the decision to dissolve which will be adopted by the general meeting of the absorbed company which will disappear as a result of the merger are subject to its own lex societatis. Only the internal law of the absorbed is then intended to apply.

452. – A pitfall may nevertheless arise for this company when its capital is not wholly owned by the absorbing company. According to a classic conception, the absorption of a French company by a foreign company entails a transfer of the head office and therefore a change of nationality because the absorbed company extends into the absorbing company. This transaction must therefore, pursuant to Article L. 225-97 of the Commercial Code, be authorized by the extraordinary general meeting of the absorbed company ruling, not by a two-thirds majority, but by unanimity.

453. – Tal análisis puede ser discutido. En efecto, la sociedad adquirida se disuelve y desaparece por el propio efecto de la fusión. Por lo tanto, es difícil ver cómo podría mantenerse su personalidad jurídica. Sólo subsiste su patrimonio, que a su vez fue objeto de una transmisión universal en beneficio de la sociedad absorbente. Por lo tanto, el artículo L. 225-97 del Código de Comercio no puede aplicarse a una fusión transfronteriza porque no puede haber traslado del domicilio social ya que la sociedad absorbida se disolvió durante esta operación. Por lo tanto, la decisión de la junta general de los absorbidos debe tomarse por la mayoría requerida para una decisión de disolución.

454. – También podría argumentarse, con base en los principios del derecho comunitario, que sería discriminatorio exigir un quórum y una mayoría más altos para una fusión entre dos empresas de la UE que para una fusión interna. Pero este argumento no pudo ser recibido favorablemente, debido a la posición adoptada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Daily Mail. Según esta decisión, “los artículos 52 y 58 del Tratado… no confieren, en el estado actual del derecho comunitario, ningún derecho a una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tenga su domicilio social en él, para trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro”. Así, en el estado actual de la jurisprudencia europea,

455. – No obstante, indiscutiblemente, se pretende aplicar el derecho interno de la sociedad adquirida. Además, los dos ordenamientos jurídicos deben tenerse en cuenta de forma acumulativa en lo que se refiere a elementos vinculados al fondo de la operación, como el contrato de fusión.

2/ Aplicación acumulativa de las leyes de las sociedades concernidas al acuerdo de fusión

456. – El método acumulativo consiste en aplicar los ordenamientos jurídicos de que se trate combinándolos. Este será el caso cuando las empresas involucradas en la operación suscriban el o los convenios en los que se establezcan los distintos términos de la fusión en sí. Así, la exigencia de un acuerdo de fusión y, en su caso, de un contrato posterior, su forma, bajo firma privada o notarial, su contenido, la fecha de efectos de la fusión, o las nulidades que puedan afectar a estos contratos, se regirán por las disposiciones acumulativas de los dos ordenamientos jurídicos en cuestión. En caso de diferencias entre las disposiciones de estas leyes, se aplicarán las normas más restrictivas.

457. – With regard to the form of the merger contract and, where applicable, the subsequent contract, certain legal systems require an authentic act, unlike French law. It is therefore appropriate to apply the two legal systems cumulatively. Logically, if a company from a Member State prescribing the authentic form merges with a company subject to the legislation of another State which does not impose such a formalism, the merger contract must take the authentic form. This implies the participation of the notary of the country whose legislation requires such intervention.

458. – Por lo tanto, parece que las fusiones transfronterizas tropiezan con numerosos obstáculos que, en la mayoría de los casos, dificultan su realización. De hecho, subsisten muchos obstáculos para la realización de tales transacciones, el principal derivado de la necesidad de obtener el acuerdo unánime de los accionistas de la empresa adquirida. Todas las dificultades a las que se enfrentan las fusiones transfronterizas en la Unión Europea solo pueden eliminarse realmente con la adopción de la décima directiva o un texto equivalente. Finalmente, una vez superados estos obstáculos a la concentración transfronteriza, quedará un último problema: la internacionalización de las operaciones bancarias y financieras. Las entidades financieras tendrán que aprender a controlar los riesgos asociados a las situaciones jurídicas, económicos y financieros diferentes a los de su país de origen y, a menudo, de carácter multinacional. Los especialistas legales tendrán entonces que proponer los cambios necesarios para enfrentar este nuevo desafío.

Section 2: Developments likely to favor European banking concentrations

459. – The adoption of new European business groups (§ 1) and the directive on public offers (§ 2) constitute favorable developments for European banking concentrations.

§ 1: The adoption of new European business groupings taking account of banking specificity

460. – Two new business groupings will certainly encourage European banking concentrations. This is on the one hand the European Society (A) and on the other hand the European Cooperative Society (B).

A/ The European company

461. – Various proposals for regulations or directives on the European company were presented by the European Commission to the Council. These were discussed at length, then blocked and rejected due to disagreements between member states on the issue of worker participation in administrative bodies.

462. – Indeed, Spain did not want to see a method of employee participation imposed on it that did not correspond to its “corporate culture”. However, the draft directive provided that in the event of a merger between two European companies, the employee participation model could prevail, provided that 25% of the employees concerned by the merger already benefited from a management participation scheme of the company. Spain refused this “premium” for participation and wanted the choice of employee status to be made by majority vote.

463. – Enfin, après trente ans d’un débat infructueux suscité par le volet social, opposant d’une part un modèle allemand, inspiré par la cogestion, et un modèle latin plus libéral, le règlement sur la société européenne, comme nouvel instrument communautaire, a fait l’objet d’un accord politique surprise au sommet européen de Nice le 08/12/2000. Cet accord a donné lieu à l’adoption du règlement communautaire n° 2157/2001 du 08/10/2001. Celle-ci est accompagnée d’une directive 2001/86 du 08/10/2001 complétant le statut de la société européenne en ce qui concerne l’implication des travailleurs. Un compromis a donc été trouvé. Elle prévoit que les pays qui le souhaitent, en l’occurrence l’Espagne, ne peuvent transposer dans leur législation nationale les dispositions de la directive relatives à la règle des 25 %. En retour, aucune société européenne préparant une fusion n’a le droit d’établir son siège social en Espagne. L’Allemagne craignait que des entreprises allemandes ne s’enregistrent en Espagne pour échapper à un système restrictif.

464. – Le statut de société européenne constitue ainsi un apport fondamental pour la réalisation des concentrations bancaires européennes (1). Par ailleurs, il convient de souligner que la spécificité bancaire est prise en compte dans ce mécanisme de concentration (2).

1/ Une contribution fondamentale à la réalisation des concentrations bancaires européennes

465. – Cet apport est lié aux spécificités de la société européenne qui constitue un mécanisme de concentration (a) permettant l’européanisation (b).

a/ Un mécanisme de concentration spécifique

466. – L’article 2 § 1 du règlement communautaire n° 2157/2001 du 08/10/2001 dispose que « les sociétés anonymes énumérées à l’annexe I, constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire société et leur siège social l’administration de la Communauté peut constituer une société européenne par voie de fusion si au moins deux d’entre elles sont régies par le droit d’États membres différents ».

467. – La fusion prévue à l’article 17 du règlement peut prendre la forme soit d’une fusion-absorption, soit d’une fusion par constitution d’une société nouvelle.

468. – La spécificité de la fusion envisagée par le règlement est que l’opération s’accompagne nécessairement de la création d’une société européenne. Ainsi, lorsque la fusion consiste en l’absorption d’une société par une autre, la société absorbante doit nécessairement se transformer en société européenne lors de l’opération de fusion. Lorsque la fusion entraîne la disparition des sociétés qui fusionnent pour donner naissance à une nouvelle société, cette nouvelle société est nécessairement une société européenne. Il en découle une première conséquence : en toutes circonstances la date de réalisation de la fusion est nécessairement la même que la date d’immatriculation de la société européenne.

469. – Il convient de noter que la réglementation procède, conformément au principe de subsidiarité, à une large attribution de compétence aux lois nationales. Ainsi, la protection de tous les intérêts susceptibles d’être affectés par une fusion leur est laissée.

470. – Quant à ce dont traite le règlement lui-même, il apporte de nombreuses simplifications. Il décrit en détail le contenu du projet de fusion.

471. – Les simplifications de fond sont particulièrement visibles. Par exemple, l’obligation de désigner ce que la loi française appelle un commissaire à la fusion dans chaque société participant à l’opération peut être remplacée par la désignation d’un expert indépendant unique. Ceci à la seule condition que cet expert soit désigné par une juridiction ou une autorité administrative.

472. – Furthermore, when the merger is complete, ie when the resulting European company has been registered, the nullity of the operation can no longer be pronounced. This solution is made possible by the existence of a procedure involving the purging of defects in the constitution of the European company. This is the establishment of a prior control of the legality of the merger. This control must be carried out by a court, a notary or any authority that national law would like to invest. The accomplishment of this control is materialized by the delivery of a certificate of legality. This document is required for the registration of the European company resulting from the merger. Only the lack of legality control could lead to a merger being called into question,

473. – If the European company is a concentration mechanism, it is correlatively an instrument of Europeanisation.

b/ A specific instrument of Europeanization

474. – This regulation on the European company is essential to promote European banking concentration. This will indeed allow the creation of a common statute for public limited companies, within the European Union, essential within the framework of a single market and a single currency so that the banks of different Member States merge . This removes one of the obstacles to bank mergers. Many banks will certainly adopt this European company statute. This will thus allow all the subsidiaries and employees of a transnational group to live according to the same legal and financial rules wherever they are located in Europe.

475. – The fundamental new element is the existence of a society which is not linked to the nationality of a particular State. European society is “at home everywhere” in the Community territory. She has a real European nationality. This is important both practically and in principle. Concretely, the company which will adopt the social form of European company will be able to act in the States without having to constitute national subsidiaries for each of the countries. This corresponds to pecuniary savings but also to a kind of economy of legal means because it will not have to manage the multiplicity of national laws. Finally, in terms of principles, it should be noted that for the first time legal persons of European nationality have been created. This is fundamental for the banks because of the protectionism of the Member States in the face of transnational banking concentrations. This last argument highlights the need to take account of banking specificity.

2/ A necessary taking into account of banking specificity

476. – Concerning the constitution of the European company, a minimum capital of 120,000 euros is provided for. Banking specificity implies the non-application of this provision to banks. Indeed, a derogation is provided for in sectors where certain Member States require a higher capital. This is indeed the case for French banks which must have a minimum capital equal to 5 million euros.

477. – In addition, Article 9 § 3 of the Regulation provides that if the nature of the activities carried out by a European company is governed by specific provisions of national legislation, these apply in full to this company. Thus, the Regulation confirms the essential role of national mandatory laws. It is therefore devoted to the application of specific provisions to banking activities. These relate to access to banking activity and the supervision of these activities.

478. – Concerning the functioning of this European company, Community law has sometimes purely and simply renounced regulating a matter. It therefore referred directly to the national law of the Member State of the seat, subject to the application of such and such a directive. This is the case of article 62 relating to the annual accounts of European companies operating credit institutions or financial institutions which enshrines a banking specificity. This provides that European companies “which are credit institutions or financial institutions are subject, with regard to the preparation of their annual accounts and, where applicable, their consolidated accounts, including the management report accompanying them, their control and their publicity, the rules provided for in the national law of the Member State of the registered office pursuant to Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20/03/2000 concerning access to the activity of credit institutions and its exercise “. Thus, the European companies that will emerge will all come from the same normative texts, ie Community Regulation No. 2157/2001 of 08/10/2001 and Directive 2001/86 of 08/10/2001. However, they will hardly look alike. Indeed, different corporate and banking rules may apply depending on the applicable national law. the European companies that will be created will all come from the same normative texts, ie Community Regulation n° 2157/2001 of 08/10/2001 and Directive 2001/86 of 08/10/2001. However, they will hardly look alike. Indeed, different corporate and banking rules may apply depending on the applicable national law. the European companies that will be created will all come from the same normative texts, ie Community Regulation n° 2157/2001 of 08/10/2001 and Directive 2001/86 of 08/10/2001. However, they will hardly look alike. Indeed, different corporate and banking rules may apply depending on the applicable national law.

479. – Moreover, it is indeed a capital company with a corporate name and a registered office, located in the State where the company actually has its administrative headquarters. The possibility of merging is therefore only open to joint-stock companies. This excludes SARL, general partnerships and limited partnerships. Concerning SARLs, the difficulty can be ruled out from the outset because due to the specificity of credit institutions, this type of structure is not accepted for the exercise of banking activities. Concerning general partnerships and limited partnerships, these should first be transformed into public limited companies before being able to obtain the status of European company.

480. – Finally, from an internal point of view, the resemblance to the public limited company scheme with shareholders’ meetings, a management body and a president able to represent the company towards third parties is enshrined. . Nevertheless, the corporate functioning must necessarily take into consideration the banking specificity. Indeed, according to French banking law, the effective determination of the orientation of the activity of credit institutions must be ensured by at least two people. This precautionary principle requires the appointment of two accountable managers.

481. – Consequently, the creation of the statute for a European company constitutes an essential development for Community law. The same applies to the adoption of the statute for a European cooperative society.

B/ The European cooperative society

482. – Community Regulation No. 1435/2003 of the Council of 22/07/2003 as well as Community Directive 2003/72 EC of the Council of 22/07/2003 allow cooperative enterprises operating in the territory of several Member States to acquire a single legal personality. The European cooperative society is defined as a company having legal personality and whose capital subscribed by its members is divided into shares. Its head office, fixed by the statutes, must be located within the Community and must correspond to the place where its central administration is located. The European cooperative society has legal personality from its registration in the State of its headquarters.

483. – A true legal statute for the European cooperative society is thus put in place. Indeed, these new texts allow the creation of a cooperative by persons residing in different Member States or by legal entities established in different Member States. The European Cooperative Society therefore has the possibility of carrying out its activities throughout the internal market with a single legal personality, rules and structure. It can therefore expand its cross-border operations without having to set up a network of subsidiaries. This is a time and money saving factor.

This new status of European cooperative society is parallel to that of the European company, but takes into account the specific characteristics of cooperatives. Thus, unlike the European Company, a European Cooperative Society can be created from scratch but also by merger or conversion of an existing company. Cooperatives from several countries can now merge in the form of a European cooperative society and a national cooperative, having activities in a Member State other than that in which it has its registered office, can be converted into a European cooperative without prior dissolution.

484. – The main purpose of the European cooperative society is to meet the needs and/or develop the economic and/or social activities of its members. An evolution of the capital requires neither modification of the statutes, nor publicity. The bodies of the European cooperative society are the general assembly and a dual management/supervision system. The management body is appointed and dismissed by the supervisory body. Certain operations, such as acquisitions, require the authorization of the supervisory body or a deliberation of the general meeting. The European Cooperative Society may offer for subscription to any interested person shares which do not confer on their holders the right to vote. Finally, the European cooperative society is subject to the legislation of the state of its headquarters.

485. – Banking specificity must necessarily be taken into account. Indeed, the Regulation provides for a minimum capital of 30,000 euros to set up such a company. However, it specifies that the legislation of a Member State providing for a higher subscribed capital for legal entities carrying out certain types of activities applies to European cooperative societies having their registered office in that Member State. Consequently, French cooperative banks wishing to adopt this social form must have a minimum capital equal to 5 million euros.

Ultimately, the creation of new European business groups constitutes an essential development for Community law. The adoption of the directive on public offers is also fundamental.

§ 2: The directive on public offers

486. – The lack of harmonization between the various European regulations relating to public offers and the difficulties of arriving at a thirteenth European directive on public offers have often been criticized.

487. – These criticisms are now outdated, since, after more than ten years of discussions, the directive on public offers has been adopted.

488. – It is obvious that the transposition of this directive remains essential in order, in particular, to harmonize the conditions of jurisdiction between the various national authorities in charge of public tender procedures. It is part of a legal environment that should promote the smooth running of public offers. It must also facilitate cross-border public offers with the aim of consolidating the single European market. Indeed, the trend towards cross-border concentration will only be able to flourish fully if economic operators have a single set of regulations to carry out these operations.

489. – Nevertheless, it should be noted that the ambitions of the Community authorities have been gradually scaled down. Several versions of the directive have been proposed: the first in 1989 and amended in 1990, the second in 1996 and amended in 1997, the third in 2002. While the three versions state the same general principles for the conduct of takeover bids and the protection of minority shareholders, they are distinguished by the method used. The 1989/1990 version aimed to establish detailed and uniform common rules and thus specified the conditions for applying the principles set out, whereas the latest versions no longer include provisions specifying these procedures. They merely set out the principles and ask the Member States to establish their mode of application.

490. – Thus, Member States must ensure, in the event of acquisition of control of a company, that the rules in force either require the launch of a bid or provide for an equivalent mechanism. It is up to the Member States to set the method of calculating the percentage of voting rights conferring control. They are also responsible for ensuring compliance with the following principles:

– all holders of securities of the target company who belong to the same category must benefit from equivalent treatment; in addition, if a person acquires control of a company, other security holders must be protected;

– the recipients of the offer must have sufficient time and information to be able to make an informed decision on the offer; when advising the holders of securities, the administrative or management body of the target company must present its opinion on the repercussions of the implementation of the offer on employment, employment conditions and company business sites;

– the administrative or management body of the target company must act in the interest of the company as a whole;

– there must not be any distorted markets for the securities of the offeree company, the offeror company or any other company concerned by the offer so that the rise or fall in the prices of the securities becomes artificial and the operation markets are disrupted;

– an offeror should announce an offer only after satisfying itself that it can supply the full consideration in cash, if such consideration has been offered, and after having taken all reasonable steps to ensure the supply of any other kind counterparty;

– the target company must not be hampered in its activities by an offer for its shares beyond a reasonable time.

491. – Domestic law is already in harmony with the Thirteenth Directive, which was moreover taken into account in the 1989 reform. As the latest version leaves much more latitude than the 1989-1990 version, its adoption will not result in a change in domestic law. But not all Member States are in harmony with this draft directive.

Conclusion of Title 1:

492. – We have tried to demonstrate that the banking and financial specificity is taken into account in the concentration mechanisms in domestic and Community law.

493. – In national law, this banking specificity first materializes through an independent understanding of the concept of control. Then, this banking and financial specificity is taken into consideration in the process of implementing the takeover. Indeed, concerning the restructuring of defaulting capital, when the objectives of the law of insolvency proceedings no longer agree with those of the law of financial activities, derogatory provisions are added to the common law still applicable. The same applies to, in particular, public offers and privatizations. Finally, specific banking and financial provisions are intended to apply during the merger implementation process. For example, the banking and financial specificity is taken into account in the evaluation of the entities and in the constitution of the new company resulting from the merger. Thus, the consideration of banking rules entails an attack on the free choice of the corporate form by the partners. Moreover, the banking rules derogate from the provisions of company law concerning the minimum capital of joint-stock companies.

494. – In Community law, the protectionism of certain Member States reveals the specificity of banking. Moreover, the significant obstacles to European mergers are, in particular, linked to the insufficiency of rules from a European source. This is materialized by the absence of coordination of the European rules governing mergers with banking law, by the insufficient coordination of the provisions applicable to banks in Europe as well as by the absence of a legal regime for cross-border mergers. Nevertheless, developments, such as the adoption of new European business groupings taking account of banking specificity are likely to favor these European banking concentrations.

495. – Banking and financial specificity are therefore taken into account in concentration mechanisms. Correlatively, the specificity of the controls applicable to these operations is legitimized by the protection of the banking and financial system.

Title 2: The specificity of controls legitimized by the protection of the banking and financial system

496. – The law of 24/01/1984, known as the banking law, replaced a framework that had become unsuitable with provisions common to all establishments now under the authority of the same supervisory bodies. It was modified by the law on the modernization of financial activities of 02/07/1996 which enshrines the unity of the financial market while maintaining the specificity of financial intermediation in relation to credit businesses. This has profoundly transformed the sector by establishing imperfect competition, but which has allowed the development of the movement of concentration.

497. – Thus, free competition is instituted, but this freedom is corrected by a series of controls tending to control and regulate it. The regulation allows the organization, the maintenance and the durability of a balance in a whole. “Regulation is then a kind of support for the economy between abandonment and being put under guardianship”. A balance in the sector is built and maintained by regulation because the sector is both open to competition and not abandoned to competition.

498. – On parle de droit réglementaire parce qu’on observe un nouveau rapport entre le droit et l’économie. C’est une relation d’organisation et de contrainte détachée du passage obligé par l’Etat et son organisation administrative. Cette loi de régulation est une loi régie par l’analyse téléologique avec les dangers qu’elle représente. Au sens technique du terme, cela signifie que la fin justifie et crée les moyens. La méthode requise est donc avant tout guidée par l’efficacité, qui est le corollaire de l’instrumentalisation du droit. Par conséquent, l’objectif réglementaire établit les pouvoirs de ce droit. En même temps, il les fonde et il les limite. Les autorités en charge de la régulation doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires à la régulation, mais uniquement de ceux qui sont indispensables. De la même manière, la loi est un instrument parmi d’autres pour atteindre les objectifs recherchés. Logiquement, la préservation de l’équilibre justifie des solutions non directement déduites de la loi mais sans lesquelles la réglementation est invalide.

499. – Si la doctrine est unanime à considérer que le droit boursier constitue incontestablement un droit de régulation, l’affirmation est moins claire pour le droit bancaire. En effet, le système bancaire est traditionnellement très réglementé. Néanmoins, en se référant aux définitions de la régulation proposées par Mme Frison-Roche, on peut souligner que le système bancaire est régulé. En effet, dans un premier sens du terme, la régulation serait « une intervention de nature politique dans un secteur qui l’exige parce que les intérêts de la Nation sont en jeu ». Sans aucun doute, les règles applicables au secteur bancaire visent à protéger le système bancaire et, corrélativement, à défendre les intérêts de la nation. Dans un deuxième type d’utilisation, la régulation interviendrait dans la mesure où « un secteur serait amené à se déployer autour d’une règle économiquement non spontanée ». Incontestablement, le respect des règles prudentielles n’est pas spontané. C’est pour cette raison que le législateur a créé des autorités bancaires chargées de contrôler leur application effective. La troisième définition de la régulation proposée en fait un « moyen dynamique de faire passer un secteur d’un état à un autre ». Cependant, certes, la loi bancaire ainsi que les textes élaborés par la suite ont généré un processus de déréglementation permettant le passage d’un système bancaire régulé à un système régulé. Continuons notre argumentation. « La régulation peut aussi être la conséquence d’une décision politique, lorsque le Parlement a jugé opportun de laisser se développer des comportements concurrentiels mais aussi jugé nécessaire de maintenir le secteur sous des impératifs qui lui sont étrangers ». La régulation est alors le « moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur ». Elle constitue un ensemble de techniques définitivement rattachées au secteur concerné. A notre avis, l’objectif du législateur était d’introduire une concurrence entre les établissements de crédit. Cependant, il a également été guidé par des impératifs non concurrentiels lors de la conception des contrôles visant la stabilité du système bancaire. En conséquence, on peut considérer que le système bancaire est régulé par des autorités appliquant les procédures et règles prudentielles prévues par le Code monétaire et financier. La régulation est alors le « moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur ». Elle constitue un ensemble de techniques définitivement rattachées au secteur concerné. A notre avis, l’objectif du législateur était d’introduire une concurrence entre les établissements de crédit. Cependant, il a également été guidé par des impératifs non concurrentiels lors de la conception des contrôles visant la stabilité du système bancaire. En conséquence, on peut considérer que le système bancaire est régulé par des autorités appliquant les procédures et règles prudentielles prévues par le Code monétaire et financier. La régulation est alors le « moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d’un secteur ». Elle constitue un ensemble de techniques définitivement rattachées au secteur concerné. A notre avis, l’objectif du législateur était d’introduire une concurrence entre les établissements de crédit. Cependant, il a également été guidé par des impératifs non concurrentiels lors de la conception des contrôles visant la stabilité du système bancaire. En conséquence, on peut considérer que le système bancaire est régulé par des autorités appliquant les procédures et règles prudentielles prévues par le Code monétaire et financier. elle a également été guidée par des impératifs non concurrentiels lors de la conception des contrôles visant la stabilité du système bancaire. En conséquence, on peut considérer que le système bancaire est régulé par des autorités appliquant les procédures et règles prudentielles prévues par le Code monétaire et financier. elle a également été guidée par des impératifs non concurrentiels lors de la conception des contrôles visant la stabilité du système bancaire. En conséquence, on peut considérer que le système bancaire est régulé par des autorités appliquant les procédures et règles prudentielles prévues par le Code monétaire et financier.

500. – Précisons tout de suite que ce qui nous intéresse relève de la régulation bancaire et boursière. S’agissant de la réglementation bancaire, c’est la réglementation de l’accès à la profession qui est mise en œuvre. Celui-ci s’exerce à travers l’agrément des établissements de crédit et le contrôle des participations qui prend la forme d’une vérification du maintien de l’agrément initial. S’agissant donc du système de régulation boursière, c’est la régulation du marché lui-même qui est en cause. En réalité, seule la régulation des offres publiques est demandée.

501. – Les opérations de concentration sont donc soumises au contrôle de la loi bancaire qui veille généralement au bon fonctionnement du système bancaire et à la sécurité de la clientèle. Celle-ci prévoit les conditions d’autorisation des prises de participation dans les banques.

502. – In addition, stock market law intervenes in favor of the proper functioning of the financial markets. It provides for the conditions of admissibility of public offers and their conduct. In general, it oversees the protection of savings, the quality of investor information, the equality of shareholders, the fairness of transactions and the transparency of the financial markets.

503. – Ahora bien, los dos objetos particulares que acabamos de identificar presentan una diferencia en especie. La regulación de las ofertas públicas es una regulación de medios, mientras que la regulación de las participaciones en el capital de una entidad de crédito es una regulación de fines. En efecto, las disposiciones bancarias implementadas están directamente interesadas en las instituciones que integran el sistema bancario. Su objetivo es protegerlos a través de controles prudenciales. Es un conjunto de reglas, ratios y umbrales que las autoridades nacionales competentes controlan para garantizar la buena salud financiera de las entidades de crédito. Por el contrario, la ley de ofertas públicas es en gran medida desinteresada en el destino de las empresas iniciadoras o de destino. Sólo se ven afectados indirectamente. Efectivamente, el corazón del derecho de oferta pública es el mercado. Por lo tanto, las empresas solo están preocupadas en la medida en que su comportamiento afecta a este mercado. El objetivo es eliminar todos los obstáculos para una decisión de mercado informada.

504. – Esta diferencia de naturaleza explica las diferencias de vocación de cada sistema y su respectiva lógica. Como regulación de fines, la regulación bancaria tiende a estar impulsada por una lógica con un contenido muy político en el sentido de que apunta a definir objetivos en términos de oportunidad y realizar acciones para alcanzarlos. Por el contrario, la regulación bursátil, la regulación de los medios, tiende a estar animada por una lógica con escaso contenido político. El futuro de las empresas en cuestión no importa: la neutralidad es su política. Es esta diferencia esencial la que está en la base de la dualidad de las lógicas implementadas. Dualidad, que refleja la vacilación de los poderes públicos entre dos orientaciones difíciles de conciliar: el libre comercio bursátil y el proteccionismo bancario.

505.- No obstante, más allá del posible conflicto entre los controles bancario y bursátil, se observa una complementariedad de éstos. Pretenden alcanzar un objetivo fundamental concreto que permita superar su dualidad: la protección del sistema bancario y financiero.

506.- Vamos a demostrar la veracidad de esta hipótesis a través de todos nuestros desarrollos. En aras de la claridad y la educación, cabe destacar que esta protección específica se realiza gracias a los controles bancarios (capítulo 1) que deben coordinarse con los demás controles de concentración (capítulo 2).

Capítulo 1: La especificidad de los controles bancarios

507.- Indudablemente, los controles bancarios fueron instituidos con el fin de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema bancario. La originalidad de estos controles está ligada al mayor riesgo sistémico generado por estas concentraciones que refuerzan la necesidad de regulación. De hecho, la importancia de los grupos creados posiblemente puede conducir a un aumento del riesgo de saturación de los sistemas de pago ya una cobertura insuficiente de los depósitos. Pero el argumento central es el de “demasiado grande para fallar”. Más allá de cierto tamaño, que varía de un país a otro y, en un mismo país, de un período a otro, una entidad de crédito no puede quebrar sin generar efectos de contagio, un riesgo sistémico importante. Las autoridades monetarias harán todo lo posible para evitarlo. Desde entonces, estos “megabancos” podrían beneficiarse de una garantía pública de facto, lo que reforzaría el riesgo moral. Estos últimos podrían así optar por dedicarse a actividades más riesgosas y volátiles, considerándose seguros de ser salvados en caso de dificultades. Por lo tanto, las concentraciones bancarias pueden debilitar el sistema bancario, por lo que, en nuestra opinión, es necesario reforzar el control.

508. – It is in the direction of deregulation that the choice of the French government has been made. Deregulation does not mean fewer rules, but a redeployment of standards. It requires regulation. Thus, the banking law, amended by the law on the modernization of financial activities, has put in place a process of controlled liberalization of the banking and financial system. This has resulted in the creation of original supervisory authorities (section 1) which exercise extensive banking supervision (section 2).

Section 1: The originality of the banking regulatory authorities

509. – The banking law has unified the supervision that weighs on all credit institutions. The profession is regulated by a certain number of institutions whose organization and competence are original. The law on the modernization of financial activities, for its part, introduced the bank into the securities business. The unity of the financial market is thus consecrated in order to ensure better regulation. It follows from this duality of functions that the supervisory bodies of credit institutions also control investment firms. They therefore see their competence extended and their name modified.

510. – These bodies have various and even uncertain legal structures. Thus, for example, the question of whether the Committee for Credit Institutions and Investment Firms can be qualified as an independent administrative authority is legally disputed. Indeed, the CECEI is not qualified by the law of 01/24/1984. This stipulates that “a Committee of Credit Institutions and Investment Firms is hereby established (…), the full members of which are chosen from within the National Council for Credit and Securities”. The majority doctrine, based on this article, sees in it only an emanation of the National Credit and Title Council and not a real independent authority. However, part of the doctrine has suggested, since the birth of this Committee, to qualify it as an independent administrative authority. This qualification subsequently met with a certain echo in the doctrine. Even today, such a position is defended by several specialists in banking law such as Mr. Bonneau. In this sense, the public report of the Council of State on the independent administrative authorities expressly refers to the CECEI on several occasions. Finally, the Committee was even described as an independent administrative authority during the parliamentary debate preceding the adoption of the law relating to new economic regulations. the Council of State’s public report on the independent administrative authorities expressly refers to the CECEI on several occasions. Finally, the Committee was even described as an independent administrative authority during the parliamentary debate preceding the adoption of the law relating to new economic regulations. the Council of State’s public report on the independent administrative authorities expressly refers to the CECEI on several occasions. Finally, the Committee was even described as an independent administrative authority during the parliamentary debate preceding the adoption of the law relating to new economic regulations.
However, for lack of certainty, we must be content with the sui generis qualification proposed by the CECEI itself, which defines itself as “a collegial administrative authority to which decision-making power has been entrusted vis-à-vis the banking profession by the law of 24/01/1984 (…)”. As regards the Banking Commission, the texts qualify it as an administrative jurisdiction. Admittedly, the latter does not participate in the elaboration of the rules of law. However, its role of controlling an economic sector brings this Commission closer to the other independent administrative authorities. In addition, the qualification of administrative jurisdiction is unnecessary since the said powers are not dependent on this qualification. Also, is it possible to estimate, without sticking to the legal qualification,

511. – Logically, the lack of certainty as to the qualification of independent administrative authorities leads us to seek a more adequate qualification. It seems to us that only the notion of regulatory authority can offer a certain unity. This qualification can be retained insofar as they are each intended to regulate the banking system through their prudential controls.

512. – Consequently, regulatory authorities responsible for enforcing the rules relating to the particularism of the banking and financial system have been put in place. These are the Credit Institutions and Investment Firms Committee (§ 1) and the Banking Commission (§ 2).

§ 1: The Credit Institutions and Investment Firms Committee

513. – The CECEI is subject to a specific operation (A). In addition, his competence is extensive and multidisciplinary. This allows it to carry out extensive control of banking concentrations. Changes made to essential elements of the position of credit institutions and investment firms, which were first approved by the Committee at the start of their existence, are subject to prior authorization by it ( B).

A/ The specificity of the operation of the CECEI

514. – Its operation is governed by general rules and by rules specific to certain types of decision.

515. – The law on new economic regulations has made its operation more transparent by providing in particular for the publication in the Official Journal of internal regulations.

516. – Many of the members sit there in the capacity of leader of this or that administrative institution. This tends to increase the legitimacy of the functioning of the regulatory authority because it is the place where other institutions meet. This also tends to encourage de facto “interregulation”. However, the effectiveness of the operational independence of the CECEI is weakened.

517. – The law relating to new economic regulations broadened its composition. It included an adviser to the Court of Cassation and increased the presence of representatives of trade union organizations representing staff. The latter participate fully in the activities of the Committee by sitting on it. The challenge is to increase the credibility of this body, particularly in terms of its independence from constituted bodies and conventional administrations. On the one hand, this increase in bank union representatives in control bodies is a means of taking into account the concerns of employees in the procedures for controlling financial movements. On the other hand, it is a means of reversing the relationship of subordination which weighs on the employees with the aim of better balancing the balance of power. It should be noted that the CECEI is the only French regulatory authority involving trade unions in its operation.

518. – In principle, the CECEI meets monthly. However, particular emergencies, in particular in the event of banking concentration, may require the holding of additional meetings. Thus, in 2003, during the examination of Crédit Agricole’s public offer for Crédit Lyonnais, the CECEI organized four extraordinary meetings.

519. – Law No. 92-665 of 16/07/1992 made any person who participates or has participated in the Committee’s deliberations or activities subject to professional secrecy.

520. – All decisions of the Committee are taken by majority vote, must be reasoned, and are subject to appeal before the administrative jurisdiction.

521. – Enfin, le règlement intérieur du CECEI émane de diverses dispositions particulières de la loi du 24/01/1984 modifiée et insérée dans le code monétaire et financier. Il n’y a pas de délai uniforme pour que le Comité se prononce sur les demandes qui lui sont soumises. Ainsi, pour délivrer une licence bancaire, le Comité statue dans les douze mois suivant la demande. Toutefois, pour l’agrément autorisant la fourniture d’un ou plusieurs services d’investissement à un établissement de crédit ou pour celui d’une entreprise d’investissement, il dispose d’un délai de trois mois pour statuer à compter de la transmission de la demande. En ce qui concerne les autorisations de prise de participation prévues par la réglementation, le Comité dispose d’un délai de trois mois pour les établissements de crédit.

522. – Après avoir démontré que le CECEI a des règles de fonctionnement spécifiques, il faut également prouver que le contrôle qu’il effectue est spécifique.

B/ La spécificité du contrôle du CECEI

523. – Le CECEI est chargé de missions de contrôle spécifiques auprès des établissements de crédit (1). L’exercice de ces missions génère des critiques sur la légitimité de cette autorité de régulation (2).

1/ Missions de contrôle spécifiques auprès des établissements de crédit

524. – Le CECEI est indispensable dans le cadre du contrôle des concentrations bancaires. En effet, il est chargé de veiller au bon fonctionnement du système bancaire et à la protection de la clientèle. Ainsi, il doit prendre toutes les décisions individuelles prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit, à l’exception de celles qui relèvent de la Commission bancaire.
Concrètement, il est chargé de délivrer les agréments et autorisations de prise de participation.

525. – Depuis l’affaire BNP/Société Générale/Paribas, elle s’est imposée comme une véritable autorité de marché. En effet, en prenant une série de décisions successives sur les conditions d’acceptabilité du rachat de la Société Générale et de Paribas par la BNP, elle a élargi le champ de son contrôle. Elle s’est dotée d’une réelle capacité d’appréciation de l’opportunité économique des opérations. Cependant, il est louable de se demander si ce pouvoir est compatible avec son objet légal.

526. – Il règne donc en maître quasi absolu sur la structure des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Concrètement, elle exerce un contrôle technique spécifique sur les concentrations bancaires afin de préserver l’équilibre du système bancaire et financier. Cependant, assurer la stabilité du système nécessite d’abord de garantir la stabilité de toutes les institutions qui le composent et, en particulier, de veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’une « gestion saine et prudente ».

527. – Ainsi, le Comité est compétent pour autoriser les prises de participation dans les établissements de crédit ainsi que les établissements financiers qui détiennent au moins un établissement de crédit.

528. – Par ailleurs, la loi de modernisation des activités financières du 02/07/1996 a étendu sa compétence aux agréments nécessaires pour exercer l’activité de prestataire de services d’investissement en France, ainsi que pour gérer le passeport européen dans ce domaine. La gestion de celle-ci, tant à l’égard des établissements de droit français que des établissements communautaires, confirme la spécificité de sa mission.

529. – Until the adoption of the financial security law, if the project included investment services, the Committee had to closely coordinate its action with the Financial Markets Council and the Stock Exchange Commission in the case of portfolio management for others. Indeed, these two organizations had to give their approval or their refusal on the activity program of investment services. This approval was necessary for each investment service provided, which included the receipt and transmission of orders on behalf of third parties. Finally, the CECEI was required to refuse approval to a company whose activity program had not been approved by the Financial Markets Council. The Financial Security Law maintained the approval of the activity program relating to portfolio management activity on behalf of third parties, but removed that relating to other investment services. The Financial Markets Authority, which has replaced the Financial Markets Council and the Stock Exchange Commission, therefore only has to intervene during authorization in matters of portfolio management to approve the activity program on this activity. It does not have to approve the activity program relating to the other investment services. therefore only has to intervene during the approval in terms of portfolio management to approve the program of activity relating to this activity. It does not have to approve the activity program relating to the other investment services. therefore only has to intervene during the approval in terms of portfolio management to approve the program of activity relating to this activity. It does not have to approve the activity program relating to the other investment services.

530. – To prevent the juxtaposition of these procedures from unduly lengthening the duration of the examination of the files, or even giving rise to differences in interpretation, the secretariats of the authorities held regular meetings, these allowing an initial examination of the folders. This has been observed in recent mergers such as the BNP/Société Générale/Paribas case.

531. – At the beginning of 1999, Société Générale and Paribas reached a merger agreement. On 02/11/1999, the CECEI authorized Société Générale to take majority control of Paribas subject to a certain number of undertakings by the latter to strengthen the organization of control of the new group. These commitments aimed to guarantee the protection of the banking and financial system.

532. – However, on 09/03/1999, the BNP which found itself marginalized by this public offer, reacted in a very unexpected way by counter-attacking. Thus, it launched a public exchange offer on these two banks with the aim of creating SBP, a powerful network bank, which would bring together Société Générale, BNP and Paribas.

533. – Such an initiative took not only the target banks by surprise but also the public authorities and the markets. Given the magnitude of the operation, the Minister of Economy and Finance published, jointly with the President of the CECEI, a press release in which he affirmed “to carefully examine the consequences of this operation…” The authority of banking supervision was then forced to arbitrate between two visions of the future of French banking.

534. – On 29/03/1999, the Committee authorized BNP to take control of at least 50.01% of the voting rights of Paribas and of Société Générale. In its decision, the Committee therefore considered only the possibility of majority control. It considered, in particular, that the proposed operation seemed suitable to meet the need for customer security. It did not require the BNP to mobilize additional financial resources. Thus, it seemed compatible with the proper functioning of the French banking system. The authorization concerned the potential change of control of more than 100 establishments.

535. – In the press release published at the end of the meeting of 03/29/1999, the Committee recalled that each of its authorizations is valid only for the project referred to it and under the conditions on which it based her decision. It has therefore reserved the right to examine, on the one hand, any higher bids which could subsequently be launched, and on the other hand, situations created by the possible existence of minority holdings.

536. – On 14/06/1999, Société Générale raised its offer for Paribas. On July 1, 1999, the Committee authorized Société Générale to take control of Paribas to at least 50.01%, subject to undertakings intended to take into account the payment of a balancing payment and the announcement of the implementation of a share buyback program.

537. – At the end of its meeting of 01/07/1999, the Committee indicated that, in the event that the shareholders did not decide clearly between the two initiators and where the latter nevertheless wished to acquire minority interests, it would examine the clear and concerted industrial solutions proposed.

538. – The Committee only considered the possibility of minority control in a press release dated 07/07/1999. He specified that he would decide on the existence of an effective power to control the establishments concerned. For the first time, it admitted a minority takeover, but required that it confer control on the offeror.

539. – After BNP announced new conditions for its bid for Société Générale and Paribas, the Committee authorized it to carry out its project. It took into account the commitments made by BNP concerning the accounting and prudential treatment of the certificates of guaranteed value that it had offered to the shareholders of Paribas. The latter therefore specified the conditions for the use of certificates of guaranteed value given that nothing had yet been provided for their handling by a bank and that no prudential control existed in the matter. He ultimately considered that the BNP operation could be accepted “because of the commitments made by the bank”. They concerned in particular “the method of valuation at their nominal value, certificates of guaranteed value, their immediate deduction of the amount of capital used to calculate the prudential ratios and the gradual constitution of a specifically dedicated reserve, contributing to the maintenance of the solvency of the institution, in particular during the possible payment of the certificates of guaranteed value at their maturity ” . The Committee has therefore taken all measures to ensure the protection of the banking and financial system. Furthermore, provision has been made for the eventuality of an operation subsequently having the effect of causing BNP to lose the control mentioned above. This would have to request a new authorization from the Committee, which would decide, in particular, with regard to the existence of an effective power to control the establishments concerned.

540. – On 07/16/1999, in an explanatory letter, Mr. Jean-Claude Trichet, Governor of the Banque de France and Chairman of the CECEI, answered questions asked by Société Générale. He indicated, on the one hand, that the 50.01% threshold must be understood in terms of voting rights, and on the other hand, that the request for a concerted solution in the event of the acquisition of a minority stake was justified by concern for the proper functioning of the banking system.

541. – On 08/17/1999, the Committee took note of and carried out an initial examination of the situation resulting from the provisional results of the public offers published on 08/14/1999.

542. – On 08/24/1999, the Committee met again. It noted the acquisition of the majority stake in Paribas and heard additional explanations from the presidents of BNP and Société Générale on the situation resulting from the outcome of the public exchange offers. He had never had to render a decision in a “hostile” situation where the initiator claimed to have acquired effective control while the target defended the opposite position. It examined the various possible options and the risks they entailed, particularly with regard to the proper functioning of the banking system. He let it be known that he would make his decision at a meeting to be held on Friday 27/08/1999.

543. – On 27/08/1999, the Committee met for the last time on this matter and heard the presidents of BNP and Société Générale. It was on 28/08/1999 that the Committee announced its decision, the session having ended at 4 am. It found that, given the results of the offer, BNP clearly did not have the effective power to control Societe Generale. He observed that despite the efforts made by BNP, in liaison with Société Générale, it had not been possible to arrive at the presentation of a clear and concerted industrial solution. In other words, the two banks had failed to strike a strategic deal. Under these conditions, the Committee decided not to authorize BNP to hold a stake representing 31. 8% of voting rights at meetings of Société Générale. The latter considered that, in a non-concerted framework and taking into account the shareholding structure of this establishment, the holding by BNP of a stake which did not correspond to a situation of effective power of control, was of a nature disrupting the management of Societe Generale. However, because of its place within the French banking system, the risk of disruption of its management was likely to thwart the overall functioning of the banking system. was likely to disrupt the management of Societe Generale. However, because of its place within the French banking system, the risk of disruption of its management was likely to thwart the overall functioning of the banking system. was likely to disrupt the management of Societe Generale. However, because of its place within the French banking system,

544. – This means that the Committee intended to agree to give its authorization only if the two banks undertook to act in concert, a requirement of which one may wonder whether it is fully in line with the power of this body. Indeed, on reading Regulation No. 96-16 of the Banking and Financial Regulation Committee, it seems that the acquisition of a simple non-concerted minority stake is not ruled out in principle.

545. – Por lo tanto, es lamentable que esta decisión no haya sido apelada ante un tribunal. Es interesante averiguar por qué el Consejo de Estado ha tenido que conocer de disputas contra decisiones del Comité sólo excepcionalmente. Según la Banque de France, el hecho de que estos últimos “sólo muy rara vez den lugar a recursos y, en particular, que ninguno de los relativos a asuntos de gran importancia haya sido impugnado ante un tribunal, atestigua la buena aceptación de sus decisiones y de ahí la pertinencia de sus valoraciones como, de manera más general, la de sus métodos y procedimientos”. En nuestra opinión, este argumento es absolutamente inexacto. Los bancos no apelan debido a la excesiva demora en el examen del caso. Oro, los operadores económicos no pueden permanecer en la inseguridad jurídica durante varios años. Además,

546. – En consecuencia, parece que esta decisión del CECEI es criticable. Más en general, parece que el ejercicio de las misiones de esta autoridad genera críticas a su legitimidad.

2/ Críticas a la legitimidad del control del CECEI

547. – Las principales controversias se refieren a la falta de transparencia (a) y la autonomía de control (b).

a/ Transparencia insuficiente

548.- Debe hacerse una crítica sobre la especificidad del procedimiento de control ante el CECEI. Esto carece de transparencia, a pesar de que la ley de nuevas regulaciones económicas en general lo ha fortalecido al limitar el margen de apreciación del Comité. El artículo L. 612-4, apartado 1, del Código Monetario y Financiero prevé que un decreto adoptado en Conseil d’Etat determine las reglas de mayoría y quórum que rigen las deliberaciones del Comité. Asimismo, este artículo dispone que el Reglamento establezca los procedimientos para la investigación y examen de los expedientes sometidos a la consideración del Comité y en particular las condiciones en que éste podrá oír a cualquier persona interesada que pueda aclarar su decisión. Finalmente, existe la posibilidad de consulta por escrito del Comité.

549. – In reality, the heart of the problem concerns the publication of the individual decisions of the CECEI. The latter is not required to publish them. Indeed, Article L. 511-10 of the Monetary and Financial Code merely provides for the publication of the list of credit institutions. Moreover, the annual report of the CECEI only mentions the number of decisions of the Committee, their distribution in the fields of its competence as well as certain elements involved in their adoption. In particular, in its reports, the CECEI mentions the factual elements that it takes into consideration to apply the legal conditions of approval. However, this information does not make it possible to know precisely the policy followed by the Committee, which is not without drawback. They may possibly turn out to be partial and prohibit, in any case, to form for oneself an opinion of the decisions taken and of the policy actually followed. This lack of information still prohibits relying on a previous to obtain, in a specific case, a decision along the same lines.

550. – Consequently, since the decisions are not published and accessible to the public, only press releases are likely to give an account of them. However, the distribution of simple press releases, more or less reducing decisions, seems to us in this respect quite insufficient. The press release is more like a brief overview of the decision than a real report. In other words, the press releases of the CECEI do not really allow one to get a precise idea of ​​the reasons that were retained. The latest press release, in the BNP/Societe Generale/Paribas affair, is limited to recalling, without specifying them, the assessment criteria of the CECEI. This indicates that the Committee “first noted that in view of the results of the offers, BNP does not clearly hold the effective power of control of Société Générale.

551. – This practice is not without foundation. According to the case law of the Council of State, individual administrative acts in principle escape any publication. This is hardly surprising since no text, of general scope, allows to establish an obligation of publication. The law of 07/17/1978, which envisages the publication of certain non-nominative administrative documents, does not provide for the publication of individual decisions and even prevents it. Admittedly, Article 6 bis recognizes the right of persons to obtain the communication of documents which concern them. However, article 10 paragraph 2, specifies that “the exercise of the right of communication instituted by this title excludes, for its beneficiaries or for third parties, the possibility of reproducing, disseminating or using for commercial purposes the submitted documents”.

But the principle is not without exception. Texts organize the publication of certain individual acts. This is particularly the case with the Commercial Code, which provides for the publication of decisions taken by the competent Competition Council in matters of concentration, agreements and abuse of domination.

Or, tel n’est pas le cas des décisions rendues par le CECEI. L’absence de texte imposant la publication de ses décisions conduit à s’interroger sur les causes de cette opacité. Voulait-on permettre au CECEI de ne pas formaliser ses décisions ? Il ne semble pas. En effet, l’article 15 alinéa 1 du règlement n° 96-16 du 20/12/1996 dispose que « les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement prises en application du présent règlement sont notifiées aux demandeurs et entreprises concernés. S’agit-il alors de dispenser le Comité de motiver ses décisions ? Il ne semble pas non plus que, selon l’article 1er de la loi du 11/07/1979, les motifs des décisions administratives, qui notamment refusent une autorisation, doivent être communiqués aux intéressés.

Ainsi, cette absence de publication est peut-être moins due à des raisons relatives au Comité qu’à des raisons relatives aux parties. Cette absence d’accès au texte de la décision se fonde donc sur des considérations au premier rang desquelles figure l’exigence du secret des affaires. Nous savons cependant que dans certaines circonstances, l’information du public est nécessaire. La publication des pactes d’actionnaires en est une illustration.

552. – En réalité, cette opacité pose d’autant plus de questions qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences négatives au regard des droits des tiers. La publication des décisions administratives a pour objet de faire courir le délai de recours. Cependant, le communiqué de presse peut être considéré comme une mesure publicitaire. Cependant, il ne permet pas, en fait, à un candidat potentiel d’introduire un recours fondé sur des griefs spécifiques car il n’a pas accès au contenu réel de la décision. Une telle situation n’est pas unique et de nombreux recours sont autorisés contre des décisions implicites. Cependant, l’extrême complexité de ces dossiers de concentration rend difficile l’exercice d’un recours effectif.

553. – L’absence de publicité affecte donc la motivation de la décision. Cette dernière ne peut réellement être appréciée, ce qui constitue une source d’atteinte au principe d’impartialité. On note avec M. Daigre que « (…) [les] décisions du CECEI sont couvertes par la confidentialité des décisions individuelles, ce qui est regrettable et probablement discutable (comment un tiers pourrait-il exercer un recours contre une décision dont il ne connaître la motivation ?) (…) ». Une telle situation n’est pas sans soulever certaines interrogations quant au droit à un procès équitable. Le fort courant jurisprudentiel en faveur de l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux autorités de régulation conduit en effet, à analyser cette question à la lumière de ce droit consacré par l’article 6 § 1 de cette convention . Cet article dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ». dirigée contre elle ». Un arrêt de la Cour de cassation sur la régulation de la concurrence clarifie les critiques que pourrait encourir le CECEI. L’exigence d’auditions publiques ne serait pas vraiment de nature à menacer le processus décisionnel du CECEI. En effet, la Cour de cassation a considéré que la publicité des débats, et par extension, la publicité de la décision, pouvait être écartée pour des raisons de « souplesse et d’efficacité ». Le secret des affaires pourrait être allégué à l’appui de ce manque de publicité, malgré la faiblesse de cet argument.

554. – Au contraire, les décisions de l’autorité bancaire pourraient utilement être contestées sur le fondement d’un autre principe : celui de l’égalité des armes. En effet, le manque de publicité est susceptible de contraindre les tiers désireux d’agir à former un recours « aveugle » incompatible, sinon avec la lettre de la Convention, du moins avec son esprit. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation a révélé le potentiel de cette exigence. Aurait-elle cependant été punissable en cas de recours au Conseil d’Etat contre la décision du CECEI ? Rien n’est moins sûr. En effet, si les juridictions suprêmes appliquent toutes deux l’article 6 § 1 aux autorités de régulation, elles ne le font, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, qu’en matière contentieuse. Aussi, les principes du droit à un procès équitable sont appliqués, pour le moment, uniquement aux procédures de sanction de ces autorités. Dans le cadre des agréments et autorisations de prise de contrôle de banques, aucune procédure de ce type n’est engagée. Les principes tirés de l’article 6 § 1 ont donc peu de chances d’être sanctionnés par le juge. Néanmoins, la dynamique d’application de cet article ne permet pas de préjuger de la solution qui pourrait être adoptée et le risque de censure ne peut être exclu, notamment au sens large de la notion de procédure de sanction. Les principes tirés de l’article 6 § 1 ont donc peu de chances d’être sanctionnés par le juge. Néanmoins, la dynamique d’application de cet article ne permet pas de préjuger de la solution qui pourrait être adoptée et le risque de censure ne peut être exclu, en particulier au sens large de la notion de procédure de sanction. Les principes tirés de l’article 6 § 1 ont donc peu de chances d’être sanctionnés par le juge. Néanmoins, la dynamique d’application de cet article ne permet pas de préjuger de la solution qui pourrait être adoptée et le risque de censure ne peut être exclu, notamment au sens large de la notion de procédure de sanction.

555. – The CECEI should therefore adopt a more open position and communicate its decisions so that the public knows its motivation, while respecting business secrecy. Mr. Philippe Richard, Deputy Director of the Credit Institutions and Investment Firms Department, did not show himself to be hostile to this proposal during our aforementioned interview. The European Commission could be taken as a model, because it publishes its decisions, while respecting business secrecy. Thus, for example, the market shares held by the controlled companies are not disclosed. It is simply revealed the range in which the market share of the entity in question is situated on the various segments.

In addition, a delayed publication, and not immediate would also be likely to solve the difficulty.

Finally, a selection could be made by the CECEI to ensure the publication of the most interesting decisions. Moreover, the Court of Cassation carries out a relatively severe one since its bulletin includes only 20% of the judgments rendered. The other decisions, without being officially published, are broadcast. Only decisions without interest are excluded from any publication or distribution.

556. – It seems possible to consider that the CECEI was sensitive to the criticisms and proposals put forward by the doctrine. Indeed, in 2003, the latter published its decision to authorize the concentration between Crédit Agricole and Crédit Lyonnais. We hope that this practice of authority will be perpetuated. Nevertheless, nothing is less certain. Only legislative intervention would be likely to remove all uncertainty. 557. – The legislator should indeed intervene to solve the problem. It could have done so within the framework of the law relating to new economic regulations of 15/05/2001. However, the uncertainties raised by the lack of publicity of certain decisions have not found an answer.

558. – No provision has confirmed the practice of decisions on minimalist advertising, and for good reason. Such validation for the future would have been useless. Indeed, the practices in question directly affect the rights of those regulated and in particular their right to an effective remedy. However, if this dysfunction were to be qualified as a violation of Article 6 § 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the domestic or European judge, the law validating this practice would not have sheltered the decisions of the regulatory authorities from judicial censorship. In the case of an international convention, the judge would indeed have to reject the argument based on respect for the law.

559. – Consequently, the only possibility open to the legislator was to allow the publicity of the decisions themselves and to waive the confidentiality of individual decisions. The government did not want it. A single change is made in terms of the communication of documents and stems from article 21 of the law relating to new economic regulations. Article L. 612-6 of the Monetary and Financial Code is supplemented by a paragraph worded as follows: “Notwithstanding the legislative and regulatory provisions governing professional secrecy, the Credit Institutions and Investment Firms Committee may, with the prior agreement of the natural or legal person who sent him documents for the investigation of the file concerning him, communicate some of the said documents to any natural or legal person who requests it”. This provision is insufficient and has not met this persistent need for publication.

560. – We can only regret this lack of transparency, whereas it is a question of a decision, just as much as the judgments and judgments rendered by the courts, which are for their part public. The CECEI is a regulatory authority and as such, it should respect the principle of transparency which would give legitimacy and indisputable effectiveness to its regulatory powers. The lack of transparency in this case is obvious and inevitably leads to suspicion.

b/ The controversy over the autonomy of control

561. – The decisions of the CECEI would be influenced by the political power traditionally very present in the banking sector. However, this assertion must be put into perspective. The specific control carried out by the CECEI seems to be gradually acquiring maturity and autonomy. A parallel can be drawn with other sectors of the economy in which the state has been very present and where deregulation has taken place. The specific control initially has difficulties in legitimizing itself, but gradually, it acquires its autonomy. Thus, as part of the deregulation of the telecommunications sector, the Telecommunications Regulatory Authority was created. She was initially accused of bias but gradually managed to justify her control. In the BNP/Societe Generale/Paribas case, the CECEI has also proven that it can resolve disputes impartially and independently. He thus demonstrated that compliance with the legal rule should prevail over political inclinations.

562. – It is clear that the banking regulatory authority found itself in a very complex situation. It has been the subject of criticism which has been amplified in particular because of the politicization and media coverage of this affair. 563. – Indeed, supporters of a liberal economy welcomed the initiative taken by the BNP, whose audacity appeared as a sign of emancipation from the State. The proponents of this vision of the economy therefore reacted badly to the Banque de France’s attempts at conciliation and to the CECEI’s desire to impose a concerted solution.

564. – On the other hand, the proponents of a market economy tempered by the action of the State feared a fight exclusively arbitrated by the markets. Thus, some politicians have expressed their wish to see the government intervene more or less strongly, even if it means influencing the regulatory authority.

565. – Moreover, political leaders on the right and on the left were unanimous in considering that France should have a world-class banking group. Thus, Mr. Chevènement, Minister of the Interior, qualified as a real “attack against the national interest”, the decision of the CECEI not to authorize the BNP to take control of Société Générale. According to him, this interest “obviously commanded the broadest possible grouping, required by the promotion and defense of our economic interests in globalization”. In addition, he qualified the CECEI as an “irresponsible committee of bankers independent of any democratic authority” and considered that this highlighted “the decay of the State”.

566. – Concerning, more specifically, the intervention of the media in this case, it was spectacular. These have been very active. Le Monde newspaper interviewed a number of observers to express their opinions. Judgments have often been harsh on the combination in France of “state archaeo-interventionism and protectionism” in the face of foreign takeovers: “Mr. French World Bank. This cocky obsession contravenes the Anglo-Saxon philosophy of laissez-faire”. The criticisms were also very virulent with regard to the CECEI. Thus, Mr. Henri Gibier described “the CECEI [of] a mysterious committee which makes its decisions in the early, pale mornings”.

567. – Consequently, for several years now, the movement to restructure the banking system has placed the CECEI and the Directorate of Credit Establishments and Investment Firms at the heart of criticism. According to the words of Mr. Philippe Richard, “in concrete terms, in 1998, one out of three credit establishments and almost two out of three investment firms had to contact the CECEI for a change in their situation. For 1998 alone, the Committee was called upon to rule on 427 credit establishments and 106 investment firms. This therefore represented 533 decisions to be rendered and as many requests to be processed for the DECEI”. All these decisions cannot satisfy all the parties, especially when the operations concerned give rise to problems. The instruction is therefore most often very thorough and is the subject of negotiations. The DECEI also often questions the General Secretariat of the Commission Bancaire in order to obtain additional analysis on certain prudential aspects of the project. Indeed, the Banking Commission is the second bank supervisory body.

§ 2: The Banking Commission

568. – The banking law of 24/01/1984 instituted a Banking Commission. It is appropriate to specify the characteristic traits of this eminent authority in the supervision of banks. However, merger control is carried out ex ante, whereas the Commission Bancaire exercises essentially ex post control. This explains why the study of this body has a secondary interest, except with regard to the control of financial companies in which the Banking Commission plays a role in matters of merger control. This constitutes proof that this authority assists and completes the control exercised by the CECEI (A). In addition, closer collaboration between the Banking Commission and the Insurance Control Commission has been put in place, confirming the phenomenon of bancassurance (B).

A/ Complementarity between the CECEI and the Banking Commission

569. – The Banking Commission exercises a mission of sanctioning breaches noted. It is for this reason that the legislator describes it as an administrative jurisdiction. For its other activities and decisions, it is unquestionably an administrative authority.

570. – From this difference arises a duality of deliberation regime and procedure. As an administrative jurisdiction, except in an emergency, it deliberates validly only when all of its members are present or represented. In other cases, it is sufficient that the absolute majority of its members be present or represented. In the event of an equal division of the votes, the vote of the president is preponderant.

571. – The dual nature of the Commission also has an impact on the rules applicable to appeals lodged against its decisions. With regard to the decisions rendered in its capacity as a court, in the absence of a text providing for an appeal procedure, they can only be the subject of an appeal in cassation before the Council of State. As for actions for liability, in accordance with the principles of the case law of the Council of State, the authority which attaches to res judicata opposes the bringing into play of the responsibility of the State which would result from the very content of a judgment that has become final. On the other hand, with regard to its activity as an administrative authority, and in particular as it carries out its mission of control,

572. – L’article L. 631-1 du code monétaire et financier prévoit, pour sa part, la possibilité de transmettre des informations aux autorités financières françaises, pour l’exercice de leurs missions respectives. Il est particulièrement remarquable qu’une collaboration importante existe entre la Commission bancaire et le CECEI, d’autant plus que ces autorités sont toutes deux rattachées à la Banque de France et que les agents travaillent dans les mêmes locaux.

573. – La loi bancaire a confié plusieurs missions à la commission bancaire. Il s’agit du contrôle des établissements de crédit (1) et des sociétés financières (2).

1/ Surveillance des établissements de crédit

574. – Les missions semblent textuellement générales (a). Néanmoins, celles-ci semblent substantiellement exactes (b).

a/ La généralité textuelle des tâches

575. – La Comisión Bancaria debe vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones de crédito de las leyes y reglamentos que les son aplicables y sancionar las infracciones que observe. En este caso, la Comisión Bancaria puede complementar el control del CECEI en caso de incumplimiento de una decisión o compromisos adquiridos al solicitar la autorización para tomar el control. Así, aparece como el brazo armado del CECEI.

El alcance de esta misión está redactado en términos muy generales. No parece adecuado considerar que esta formulación pueda conferir a la Comisión un poder de control y sanción en materias que el legislador de 1984 no había previsto. Supervisa así el cumplimiento por parte de las entidades de crédito de las disposiciones de la ley bancaria y de los textos adoptados para su aplicación.

576. – En caso de incumplimiento de una de estas disposiciones, ejerce su facultad sancionadora. En particular, podrá actuar de oficio para incoar procedimientos disciplinarios.

577. – Además, el artículo L. 613-1 del Código Monetario y Financiero establece que la Comisión Bancaria debe “velar por el respeto de las reglas de buena conducta de la profesión”. Por esta expresión parece que hay que entender las reglas éticas que no dan lugar a prescripciones legislativas o reglamentarias, sin las cuales esta misión se reduciría a la de velar por el cumplimiento de las normas profesionales.

578.- En realidad, todos estos controles tienen como objetivo proteger el sistema bancario. Así, la consecución de este objetivo pone de relieve la gran precisión de las misiones atribuidas a la Comisión Bancaire.

b/ Aclaración sustancial de las misiones

579. – La Comisión Bancaire examina las condiciones de funcionamiento de las entidades de crédito y supervisa la calidad de su situación financiera. Esto implica asegurar el cumplimiento de estándares de gestión que tienen como objetivo, en gran medida, preservar una situación financiera sólida, que sólo puede resultar de condiciones de operación satisfactorias. Así, la ley de 25/06/1999 relativa al ahorro y la seguridad financiera encomienda a la Comisión la tarea de supervisar la eficacia del control interno de los bancos.

580. – In the event of non-compliance with banking regulations, the latter has the possibility of pronouncing a disciplinary sanction, ranging from a warning to disbarment. This means that he can withdraw, for disciplinary reasons, the accreditation issued by the CECEI. It has, for example, the possibility of sanctioning the non-respect by a credit institution of the commitments made during its concentration and which gave rise to the granting of an authorization by the CECEI. He therefore completes his control.

581.- Esta situación es posible luego de una concentración bancaria, dado que esta puede ser costosa y tener consecuencias financieras negativas. De hecho, no todas las fusiones y adquisiciones resultan rentables a largo plazo. Cuando no generan sinergias reales, estas operaciones no permiten compensar su coste de financiación y los establecimientos se ven debilitados. Por lo tanto, estas concentraciones pueden conducir a una rebaja de las calificaciones.

582. – The fragility linked to the emergence of new groups, materialized by the need to merge different cultures as well as by the decision to reorient a development strategy justifies the great vigilance of the Banking Commission. Indeed, this situation requires a particularly solid financial base capable of withstanding the delays in setting up and harmonizing the new group, as well as reassuring shareholders and the financial markets.

583. – The preventive treatment of banking crises therefore involves prudential supervision. It consists of a set of rules, ratios and thresholds that the competent national authorities monitor to ensure the sound financial health of credit institutions. In addition to the liquidity and risk division ratios, the prudential system concerns the coverage, by adequate equity and quasi-equity, of counterparty risk and market risk. Additional measures may also be justified by the specific situation of a particular entity. These may include, for example, specific requests regarding the organization of the information system, the structure and attachment of internal control, the specific monitoring of certain activities or entities of the group.

584. – The emergence of new groups of significant size must be studied with regard to overall financial stability in order to avoid the occurrence of systemic risks. Indeed, these financial empires raise questions about the possibility of systemic risks and about the maintenance of financial stability.

585. – In fact, the trend towards banking concentration signifies an extension of the perimeter of “too big too fail” and an accentuated dispersal of shareholding, therefore a potential weakening of banking systems. Within the various financial systems in Europe, any failures of credit institutions are borne by the national deposit guarantee systems. Indeed, the Maastricht Treaty does not assign the function of “lender of last resort” to the European Central Bank. The financing of these systems differs according to the country but the guarantee funds are generally sized to support several “local” crises. On the other hand, it is not up to these guarantee systems to be able to withstand a systemic crisis which, by nature, comes under other types of intervention. Gold, given the intertwining of European banking and financial systems, it is to be expected that certain banking difficulties will cause a major problem through the effect of a shock wave going beyond the national framework to affect the entire area euro. Also, the consequences of the creation, on a European scale, of multi-location and multi-activity groups, likely to have an increased systemic impact, deserve to be examined.

586. – Consequently, in general, the extent of the consequences linked to the consolidation of the banking system justify the controls of the Commission Bancaire. To deal with this, it is necessary to tighten the prudential system for credit institutions. This task of “reprofiling” the Cooke ratio is therefore clearly in interaction with banking concentrations.

587. – Correlatively, these controls can lead to measures that are very detrimental to freedoms in order to achieve the objective of protecting the banking system. In fact, if a credit institution cannot comply with these prudential rules, the Commission Bancaire has the option of “bringing the matter to the Tribunal de grande instance so that (…) the sale of shares held by one or more shareholders by right or fact “. Admittedly, the possibility of a forced transfer of shares can resemble that of article L. 621-59 of the Commercial Code, according to which the Commercial Court can order such an expropriation when the survival of the company so requires. requires. But the specificity of this transfer is that it can be prescribed even outside the framework of collective proceedings.

588. – Undoubtedly, the missions of the Banking Commission with regard to credit institutions are complementary to those exercised by the CECEI and have a similar objective: the protection of the banking system. Regarding the control of financial companies, complementarity can also be observed. Indeed, in this case, the legislator has expressly entrusted the Commission Bancaire with certain powers that are normally vested in the CECEI.

2/ Supervision of financial companies

589. – Pursuant to Law No. 93-1444 of 12/31/1993 and Bank Regulation Committee Regulation No. 94-03 of 12/08/1994, it is the Commission which draws up and updates the list of financial companies. The latter are financial establishments whose subsidiaries are mainly credit establishments, investment firms or financial establishments. At least one of these subsidiaries is a credit institution or an investment firm.

590. – In reality, it is a question of allowing supervision on a consolidated basis of the prudential standards applicable to the establishments that these companies supervise. To this end, financial companies are subject to the requirements applicable to credit institutions with regard to the establishment of consolidated accounts and management standards.

591. – Thus, the Commission Bancaire draws up and updates the list of financial companies over which it exercises supervision on a consolidated basis. This is an exception to the principle according to which, in the banking and financial field, it is the CECEI which performs the so-called “civil status” tasks. Consequently, this prerogative demonstrates that the Banking Commission has a certain importance in the context of the control of concentrations between financial companies.

592. – Ultimately, the Commission Bancaire and the CECEI have complementary functions. The CECEI has a fundamental role with regard to the restructuring of the banking system. However, we have demonstrated that the role of the Commission Bancaire should not be neglected in the context of mergers. This complementarity in control can also be observed between the Banking Commission and the Insurance Control Commission. A collaboration between these last two authorities was thus instituted by a charter signed in 2001.

B/ Reinforced collaboration between the Banking Commission and the Insurance Control Commission

593. – The insurance and banking sectors often prove to be similar, even intrinsically linked, due to the increasingly frequent concentrations between banks and insurance. In addition, it is possible to observe a blurring of the distinctions between certain activities of the two sectors and the convergence of certain control issues such as the internal control of asset management risks and that of conglomerates.

594. – This porosity of the banking and insurance sectors has a fundamental consequence. The propagation of systemic risks from one to the other is increasing. Thus, a new legal solution is needed. It consists of networking the banking and insurance supervisory authorities in their prudential, disciplinary and market regulation tasks. This therefore makes it possible to observe the emergence of “inter-sectoral regulation”.

595. – At Community level, this consideration of the phenomenon of bancassurance has been enshrined in the directive on the supervision of financial conglomerates. The directive retained a relatively broad definition of conglomerate, by adopting a complex formula in which the ratio, if it exceeds 10%, makes a given group a conglomerate. This equation provides a clear view of how equity is allocated within a group, by business. It makes it possible to designate the banking groups which allocate their own funds to activities other than banking, in particular to insurance. The rate of 10% adopted has caused a large number of European groups, but also French ones, to fall within the scope of the directive. A lead supervisor must be designated for any given group. In the spirit of the directive, the leader is chosen according to the dominant activity of the conglomerate, in the country where the head office is located. He therefore coordinates all the other supervisors involved, focusing his vigilance on intra-group transactions and on the concentration of risks within the company.

596. – This movement has led some countries to implement fundamental reforms of supervisory authorities, going as far as complete mergers. This is the case of Great Britain and Germany.

597. – In France, it should be immediately specified that the bill on the reform of financial authorities provided, in addition to the merger of market authorities, for a union between the Banking Commission and the Insurance Control Commission. This would have been a real revolution, because the first is placed under the authority of the Banque de France and the second under that of the Ministry of Finance. If the two commissions had merged, the Governor of the Banque de France would have lost his right of scrutiny since he has no legal legitimacy to exercise control over the insurance sector.

598. – Finally, the financial authorities reform bill only provided for enhanced cooperation between the Banking Commission and the Insurance Supervisory Commission. For political reasons, this bill has been frozen. Given the urgency of establishing closer collaboration between the Banking Commission and the Insurance Control Commission, a cooperation charter was nevertheless signed between these two authorities. This made it possible to develop control and the exchange of information.

599. – Better coordination has therefore been organized between these control authorities. The bringing together of the control commissions of the two sectors was carried out thanks to the pooling of members at joint sessions. In addition, cooperation has been developed between their departments, allowing the development of synergies, exchanges of skills and the dissemination of better control methods.

600. – This practice has been endorsed by the Financial Security Act. Indeed, the latter stipulates that the chairman of the Commission for the control of insurance, mutual insurance companies and provident institutions, or his representative, is now one of the members of the Banking Commission. The legislator specifies that the two authorities meet jointly at least twice a year and, as needed, on subjects of common interest.

601. – Consequently, the authorities we have just described have come together with the aim of carrying out more efficient checks. The implementation of these controls must therefore be studied.

Section 2: The implementation of extensive banking controls

602. – Clearly, the legislator was guided by the quality and cohesion of the shareholding, the aptitude and competence of the managers, the stability of the conditions for exercising activity and the good internal organization of the establishments. Controls thus ensure that the necessary stability of the banking system is taken into account. It can therefore be noted that the application of the banking law has enshrined specific criteria for assessing concentrations (§ 1). In addition, the importance of several restructuring operations led to the implementation of more rigorous verification of compliance with the criteria laid down by the banking law (§ 2).

§ 1: The traditional specificity of the criteria for assessing mergers

603. – Credit institutions must be approved by the CECEI at the start of their existence. This can also begin following a merger by creating a new company. In this hypothesis of concentration, two entities unite and disappear to give birth to a third (A). In the logical progression of this reasoning, Article L. 511-15 of the Monetary and Financial Code allows the Committee to withdraw the approval it has granted. An authorization from the CECEI will therefore also be necessary during the existence of a credit institution when changes are made to the essential elements of its situation. Thus, for example, the realization of a concentration operation thanks to a takeover generates a change of situation (B).

A/ Conditional approval during the merger by creating a new credit institution

604. – It should be noted that the first and second European banking coordination directives, respectively of 12/12/1977 and 15/12/1989, defined a number of harmonized minimum conditions for the authorization of credit institutions , without prejudice to the existence of other national conditions. Only the application of an economic need test has been prohibited by paragraph 3 of article 3 of the first directive, with a view to promoting free competition and concentration in the single market.

605. – The law of 24/01/1984 therefore does not contain any provision referring to the economic needs of the market. This has provided for a specific procedure for granting approvals. It has therefore appointed the Credit Institutions Committee to rule on applications for approval submitted by credit institutions. It is therefore seized of cases involving the creation or concentration of banks.

606. – The law on the modernization of financial activities also gave the Committee competence to issue the license authorizing the provision by a credit institution of one or more investment services.

607. – The Financial Security Law has maintained this competence but has modified the conditions for approval of the program of activity. The Commission des Opérations de Bourse and the Conseil des Marchés Financiers having been replaced by the Autorité des Marchés Financiers, it is to the latter that the power to approve activity programs has been attributed. This is only involved in portfolio management.

608. – The conditions for the approval of credit institutions are set out in Articles L. 511-10 to L. 511-13 of the Monetary and Financial Code, and in Article L. 532-3 of the Monetary and Financial Code, with regard to the provision of investment services.

609. – In general, compliance with the conditions of approval is assessed on the applicant legal person. However, for the mutualist and cooperative networks, the CECEI may issue a collective approval to the regional or federal mutuals and to the local mutuals affiliated to them, when the liquidity and solvency of the local mutuals are guaranteed by this affiliation. In this case, compliance with the regulations is assessed collectively. These provisions take into account the real economic unity of entities which, while being legally distinct, have a solidarity between them which would make it inappropriate to assess compliance with the regulations on an individual basis. The counterpart of this collective appreciation is the existence of legal guarantees of this solidarity.

610. – There are therefore specific conditions for obtaining approval. These are monetary (1) and personal (2).

1/ Financial conditions

611. – Las directivas europeas primera y segunda de coordinación bancaria establecen normas europeas de armonización en materia de capital mínimo para la autorización de entidades de crédito. La definición del capital de las entidades de crédito, que incluye la del “capital inicial” prevista como condición para la aprobación, fue aclarada por la directiva de 17/04/1989. De conformidad con la legislación francesa, el artículo L. 511-11 del Código Monetario y Financiero establece que las entidades de crédito deben tener un capital desembolsado o una asignación pagada por un importe al menos igual a la suma fijada por el reglamento bancario del Comité. Así, una regulación específica es aplicable al capital de las entidades de crédito. En su artículo 2, el Reglamento del Comité de Regulación Bancaria N° 92-14 del 23/12/1992 precisó que, para la aplicación de estas disposiciones: “Se consideran capital, además del capital social de las instituciones (…), las cantidades que toman su lugar o se asimilan a éste, de conformidad con la legislación vigente, en las cuentas de los establecimientos regidos por un estatuto especial (… )”. A estos elementos se suman “las reservas cuya distribución está prohibida y los recursos asimilables a ellas”. Este monto de capital mínimo debe estar representado a lo largo de la actividad de la institución, es decir que el excedente efectivo de sus activos sobre los pasivos debe ser por lo menos igual al monto previsto para el capital mínimo. . además del capital social de los establecimientos (…), las cantidades que lo sustituyan o se asimilan a él, de conformidad con la legislación vigente, en las cuentas de los establecimientos regidos por un estatuto particular (…)”. A estos elementos se suman “las reservas cuya distribución está prohibida y los recursos asimilables a ellas”. Este monto de capital mínimo debe estar representado a lo largo de la actividad de la institución, es decir que el excedente efectivo de sus activos sobre los pasivos debe ser por lo menos igual al monto previsto para el capital mínimo. . además del capital social de los establecimientos (…), las cantidades que lo sustituyan o que se asimilan a él, de conformidad con la legislación vigente, en las cuentas de los establecimientos regidos por un estatuto particular (…)” . A estos elementos se suman “las reservas cuya distribución está prohibida y los recursos asimilables a ellas”. Este monto de capital mínimo debe estar representado a lo largo de la actividad de la institución, es decir que el excedente efectivo de sus activos sobre los pasivos debe ser por lo menos igual al monto previsto para el capital mínimo. . A estos elementos se suman “las reservas cuya distribución está prohibida y los recursos asimilables a ellas”. Este monto de capital mínimo debe estar representado a lo largo de la actividad de la institución, es decir que el excedente efectivo de sus activos sobre los pasivos debe ser por lo menos igual al monto previsto para el capital mínimo. . A estos elementos se suman “las reservas cuya distribución está prohibida y los recursos asimilables a ellas”. Esta cantidad de capital mínimo debe estar representada a lo largo de la actividad de la institución, es decir, que el excedente efectivo de su activo sobre el pasivo debe ser por lo menos igual al monto previsto para el capital mínimo. .

612. – Por otra parte, el apartado 4 del artículo 3 de la primera directiva de coordinación bancaria indica que: “Los Estados miembros disponen (…) que la solicitud de autorización debe ir acompañada de un programa de actividades (…)”. Correlativamente, el artículo L. 511-10 del Código Monetario y Financiero establece que, para pronunciarse sobre una solicitud de aprobación, el Comité tendrá en cuenta el programa de actividades del solicitante, así como los recursos técnicos y financieros de que disponga. para implementar. Este último valora también la capacidad de la empresa solicitante para alcanzar sus objetivos de desarrollo en condiciones compatibles con el buen funcionamiento del sistema bancario y que proporcionen a los clientes una seguridad satisfactoria.

613.- Por último, la ley sobre nuevas normas económicas facultó al CECEI para sujetar condiciones específicas a la autorización que emita, tendientes a preservar el equilibrio de la estructura financiera de la institución y el buen funcionamiento del sistema bancario. También podrá supeditar la concesión de la autorización al cumplimiento de compromisos contraídos por la institución requirente. Tal era ya la práctica de la autoridad, pero carecía de base legal. Su fundamento es en adelante cierto, ya que descansa en la ley. Así, se consagra el sistema de aprobación condicional, condición basada en particular en la permanencia del cumplimiento de los requisitos iniciales para la concesión así como de los compromisos de las empresas. Por lo tanto, el legislador ha introducido criterios más subjetivos junto con los criterios objetivos.

614. – Consequently, the nature of the checks in this area reveals the Committee’s wide discretion in examining applications for approval. The same applies to the verification of the conditions relating to persons.

2/ Conditions relating to people

615. – These conditions relate to the form of the legal person (a) as well as to the persons exercising a strategic role (b).

a/ Conditions relating to the form of the legal entity

616. – The existence of a legal person, abstract but in essence capable of acting, has proved necessary for the banking activity, which incurs high risks for the property of others. Thus, under article L. 511-1 of the Monetary and Financial Code, the usual practice of banking operations is reserved for legal entities, and therefore prohibited for sole proprietorships. French law is thus aligned with the first banking coordination directive of 12/12/1977. In practice, the vast majority of banks were already operating as companies. In the absence of further details, it is reasonable to assume that all forms of legal personality are now authorized.

617. – The exclusion aimed at limited liability companies has therefore disappeared. However, in practice, the CECEI, which is responsible for verifying the adequacy of the legal form of the company to the activity of the credit institution, has not approved any limited liability company as a bank.

618. – As for non-trading companies having the status of credit institution, these raise legal difficulties. This is particularly the case with the Crédit Agricole funds. Indeed, a civil society whose purpose is commercial incurs requalification as a de facto company. However, the latter is subject to the regime of the joint venture, which falls under the rules of the SNC when its object is commercial. It is therefore normally necessary to refrain from resorting to a civil company to carry out banking operations on a regular basis. The case of the Caisses de Crédit Agricole is special because their civil nature, enshrined by the Court of Cassation, accepted by the banking authorities and desired by the legislator, appears to be imposed by positive law.

619. – Concerning the adoption by a credit institution of the form of a simplified joint-stock company, the CECEI did not oppose it. However, it felt that given the great flexibility that characterizes this legal form, special precautions should be taken to make possible the assessment that the banking law requires it to make. Thus, the latter would like the organization and statutory operation of establishments constituted in this form to be designed in such a way that compliance with the regulations can always be ensured and, in particular, the possibility of carrying out the prior checks which it are incumbent. The Committee therefore carefully examines the statutes submitted to it and makes any subsequent change to them subject to its prior agreement.

b/ Conditions relating to persons exercising a strategic role

620. – The first banking coordination directive of 12/12/1977 provides that: “the presence of at least two people to effectively determine the orientation of the activity of the credit institution is necessary for the approval of ‘a credit institution’. Thus, article L. 511-13 of the Monetary and Financial Code states that “the effective determination of the orientation of the activity of credit institutions must be ensured by at least two people”.

621. – This principle is justified on the one hand by prudence. No leader should have a “reserved area”. On the other hand, business continuity presupposes that the temporary absence or impediment of a manager is not such as to “endanger the necessary continuity of management of a credit institution, by preventing the decisions required by the circumstances are taken or by depriving the banking authorities of a responsible interlocutor able to respond to any request for information”.

622. – For the banking authorities, the two persons at least ensuring the effective determination of the orientation of the activity of a credit institution constitute the responsible managers. Prior to the adoption of the law relating to new economic regulations of 05/15/2001, the CECEI considered that these persons could be the managers of a general partnership, the president and the general manager of a Banque Populaire or a Crédit Mutuel bank, the chairman and director of a Crédit Agricole bank or a Crédit Municipal bank, the members of the management board of a Caisse d’Epargne. They may also be two members of the management board of a public limited company with a supervisory board. Finally, it can be the chairman and the managing director in the case of a public limited company with a board of directors. A problem arises in the latter case. Indeed, the law relating to the new economic regulations and its decree of application have modified the functioning of the governing bodies of public limited companies by offering the possibility of distinguishing the chairmanship of the board of directors from the general management. The CECEI, which decides on the appointment of new responsible managers, has studied the combination of these innovative provisions of company law with the specificities of banking and financial legislation. The managing director, now vested with effective management, is necessarily one of these two natural persons. However, it cannot determine, alone or with the Deputy Chief Executive Officers, the orientations of the activity, an area of ​​a strategic nature which clearly falls within the competence of the Board of Directors. The other person, within the meaning of the banking law, cannot be the college constituted by the board of directors. The chairman of this council seems best able to personify him and speak in his name, appearing in this capacity as another responsible leader. Following an analysis of the de jure and de facto powers retained by the chairman of the board of directors of a public limited company, as well as taking into account the specificities of banking law with regard to the control of managers, the Committee therefore chose not to question its doctrine. It has chosen a clear solution, meeting its duty of vigilance,

623. – The banking authority is therefore showing flexibility. Indeed, one of the objectives pursued by the legislator in the designation of a two-headed management is precisely to ensure the continuity of the operation of the establishment in the event of impediment of one of the two leaders. However, the chairman of the board of directors who has not been entrusted with the function of general manager will not be able to replace the latter in the daily determination of the activity and the performance of acts committing the establishment vis-à-vis – vis-à-vis third parties. Consequently, it seems to us that the appointment of one or more deputy general managers should be considered in structures with a board of directors.

624. – Correlatively, Article L. 511-10, paragraph 6 of the Monetary and Financial Code, states that: “the Committee may (…) refuse approval if the persons referred to in Article L. 511-13 do not do not have the repute and experience appropriate to their position. Originally, these two conditions did not entail the obligation to fulfill a professional criterion. Since the entry into force of the law relating to the new economic regulations, these people must also be equipped with the necessary skills. The requirement of these criteria of good repute, experience and competence is perfectly illustrated by the questionnaire that any candidate for the position of accountable manager must send to the General Secretariat of the CECEI. With regard to the experience of future leaders,

625. – Lastly, Article L. 511-10, paragraph 2, of the Monetary and Financial Code indicates that the Committee “takes into account (…) the quality of the contributors of capital and, where applicable, of their guarantors”.

626. – This provision should be compared to that contained in Article L. 511-42 of the Monetary and Financial Code. It specifies that when “the situation of a credit institution justifies it, the Governor of the Banque de France, Chairman of the Banking Commission, invites (…) the shareholders or members of this institution to provide it with the support which he needs”. This article aims to prevent the risks of “illiquidity” and to remedy the insolvency of credit institutions. In our opinion, this provision is exorbitant from the common law of the limited liability of shareholders, which nevertheless constitutes a fundamental principle of company law.

627. – The Committee is therefore, in certain cases, led to make its decision subject to explicit commitments of support. For the past fifteen years, all authorization or takeover files have included letters from shareholders referring to the aforementioned article. When reviewing approvals and takeovers, the Committee clarified the nature of the commitments requested from capital contributors. Any shareholder required to hold at least 10% of the capital or voting rights of an establishment must declare, in the form of a so-called “capital contributors” letter, that they have read Article L. 511-42 of the Code monetary and financial.

628. – De tels engagements écrits sont notamment demandés aux investisseurs du secteur non bancaire. Ainsi, lorsque les actionnaires majoritaires ne sont pas des établissements financiers ou des entreprises de renom, le comité a souhaité que des partenaires ayant une expérience et des caractéristiques de solvabilité reconnues soient présents au capital, pour participer à l’orientation et au suivi de la gestion des établissements. Cette association, dite de parrainage, permet également de s’assurer que le soutien nécessaire à l’établissement lui sera apporté si nécessaire.

629. – Il convient de noter que lorsque les établissements de crédit français ont vu leur contrôle repris par un actionnaire étranger, des engagements adéquats ont été obtenus de la part du nouveau détenteur du contrôle.

630. – Il est clair que les engagements spécifiques demandés par le Comité se réfèrent au particularisme du système bancaire. En effet, la pérennité d’un établissement de crédit, en cas de survenance de difficultés, dépend de la qualité de ses actionnaires pour lui fournir les ressources en fonds propres nécessaires au respect de la loi bancaire. Aussi, cette condition relative aux apporteurs de capitaux est beaucoup plus sélective qu’il n’y paraît, car elle pourrait poser problème lors de fusions. Cependant, cette exigence est louable car les autorités ne veulent pas qu’une concentration mette en danger le système bancaire.

631. – Afin d’accroître la sécurité juridique de ces lettres, le Comité porte une attention particulière aux conditions d’engagement de la personne morale signataire et exige, à cet égard, le respect d’un certain formalisme. Par exemple, pour les sociétés anonymes, l’engagement doit être autorisé, selon leur forme, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance. Cet acte est demandé au signataire en sa seule qualité d’associé. Le Comité considère que la procédure décrite ci-dessus doit être respectée par tous les signataires, y compris les établissements de crédit.

632. – L’opportunité de renforcer la valeur juridique des engagements des actionnaires a été examinée dans le cadre des travaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Le rapport a cependant abandonné cette idée. Ces derniers ont souligné que cela risquait de rendre très difficile pour les établissements de crédit la recherche d’un actionnariat stable, alors que le système actuel n’a échoué que dans des cas très limités, notamment lorsque la structure de contrôle n’était pas clairement organisée.

633. – Le comité s’est ainsi déclaré très réservé à l’égard des structures à capital dilué ou équiréparti. En effet, l’expérience a montré qu’en cas de désaccord entre les partenaires, des situations de blocage pouvaient survenir. La répartition du capital doit donc présenter une stabilité suffisante en cas de contrôle effectif d’un établissement de crédit par plusieurs apporteurs de capital. En pratique, le CECEI subordonne son agrément à la conclusion d’un accord entre actionnaires garantissant leur cohésion. Cela permet de s’assurer que l’actionnariat a une cohérence suffisante. La nécessité d’éviter les structures opaques où le contrôle n’est pas clairement identifié a également été soulignée.

634. – En conséquence, la procédure d’agrément vise, dans tous les cas, à identifier des actionnaires de référence stables et à les faire souscrire à des engagements. Logiquement, lorsque le CECEI a donné son agrément, il doit autoriser la reprise d’un établissement de crédit afin de s’assurer qu’une telle opération ne remette pas en cause les conditions qui ont permis de délivrer l’agrément.

B/ Réitération du contrôle lorsque la situation des établissements agréés évolue

635. – The Banking and Financial Regulation Committee has set the rules concerning changes in the situation of credit institutions and investment firms. Thus, Regulation No. 96-16 of 20/12/1996 subjects certain modifications to the conditions to which approval was made subject to prior authorisation. This system is linked to the necessary protection of the banking system. This procedure is imposed for any significant change in the composition of capital contributors in order to ensure the financial soundness of the company. Are therefore subject to the prior authorization of the Committee, any operation of acquisition, extension or sale of direct or indirect participation resulting in the acquisition or loss of the effective power of control as well as those of the third party,

636. – For the determination of the thresholds whose crossing requires authorization, as well as for the assessment of the effective control exercised over an establishment, are assimilated to the voting rights held by a person the voting rights possessed on his behalf by another person, the rights possessed by companies placed under the effective control of that person, the voting rights possessed by a third party with whom that person acts and the voting rights which may be acquired at the sole initiative of that person under a deal. Moreover, Article 4 of Regulation No. 96-16 specifies that persons who have entered into an agreement to acquire or transfer voting rights or to exercise rights to implement a common policy towards the establishment. A broad conception of the holding of voting rights and the agreements that will trigger control is thus adopted. It seems that this results from a will of the authorities to detect all the situations of control, of concentration of the credit establishments. The legal reality is therefore privileged over the formal relations of belonging. It seems that this results from a will of the authorities to detect all the situations of control, of concentration of the credit establishments. The legal reality is therefore privileged over the formal relations of belonging. It seems that this results from a will of the authorities to detect all the situations of control, of concentration of the credit establishments. The legal reality is therefore privileged over the formal relations of belonging.

637. – Again, with a view to realism, Regulation No. 96-16 takes note of the dissociation that may exist in certain establishments between shares and shares, on the one hand, and the voting rights attached to them, on the other hand. Consequently, it specifies that, in certain cases, compliance with the percentages of the prior authorization thresholds must be assessed in shares or shares and not in voting rights. This is the case “when, under legislative or statutory provisions, the number or distribution of voting rights is limited in relation to the number or distribution of shares or shares to which they are attached”. This is aimed in particular at public limited companies for mortgage loans and cooperative societies.

638. – As we have already specified, the notion of effective control, used on several occasions by banking regulations, is not defined in relation to Article L. 233-3 of the Commercial Code. In addition, Article L. 611-1 of the Monetary and Financial Code has clearly established that this system of prior authorization for the acquisition, extension or sale of holdings in credit institutions applies to transactions carried out indirectly within the meaning of French law. companies, which had previously been disputed in doctrine. Also covered are holdings in the capital of financial institutions that hold effective control over one or more credit institutions.

639. – It should be noted that an essential problem arises if holding companies are interposed between the shareholders and the credit institution in the event of transfer of control of the holding company. Formally, the legal entity still exists and controls the bank. However, substantially, since the shareholders of the holding company are no longer the same, the orientations of the bank can be modified. Its stability may be affected. The difficulty has been solved in practice because the CECEI asks these shareholders to undertake not to cede control of these holding companies without having obtained its authorisation.

640.- Por lo tanto, el CECEI asegura que tal operación no cuestiona las condiciones que permitieron otorgar la autorización al establecimiento en cuestión. De lo dispuesto en la ley de 24/01/1984 se desprende que la capacidad de la empresa para asegurar su desarrollo sin poner en peligro el buen funcionamiento del sistema bancario o la seguridad de los clientes, es una de las condiciones que debe respetar. ser revisado

641. – Además, la ley sobre las nuevas regulaciones económicas establece que “en los casos en que deba expedirse una autorización, ésta podrá ir acompañada de condiciones específicas que respondan a los fines mencionados en el párrafo sexto del artículo L 511-10 o sujetas al cumplimiento de compromisos asumidos por la institución”.

642. – We have therefore just demonstrated that the CECEI monitors bank restructuring in order to ensure the stability of the banking system. It seems that the importance of several operations notified in recent years has led it to check more closely that applicants comply with the criteria of Article L. 511-10 of the Monetary and Financial Code.

§ 2: The increased specificity of the assessment criteria in the context of large-scale restructuring

643. – The enrichment of the control of large-scale concentration operations aims to strengthen the protection of the banking system (A). To achieve this objective, the regulatory authority has drawn up a rigorous analysis grid (B).

A/ The objective of enhanced protection of the banking system

644. – Durante las operaciones de reestructuración bancaria de gran envergadura, el Comité se ve obligado a examinar, dadas las implicaciones de estas operaciones, una gama particularmente amplia de áreas. De hecho, cualquier fusión entre grandes grupos bancarios y financieros implica una reorganización considerable para permitir la constitución de un todo coherente.

Art. 645. – Para asegurar la admisibilidad del proyecto en cuanto a los criterios que le corresponde evaluar, el Comité podrá solicitar al iniciador de la oferta compromisos específicos en materia de organización y gestión del proyecto. nuevo set.

646.- Asimismo, en relación con los proyectos de toma de control que no hayan recibido el consentimiento de los órganos sociales de la sociedad objetivo, el Comité consideró que la presentación de una solución clara y concertada es especialmente deseable para dar a los proyectos sus mejores posibilidades de éxito. Esto es para evitar que cualquier dificultad, durante o después de la finalización de la operación, tenga repercusiones adversas en el sistema bancario, dado el tamaño del nuevo grupo. Cuando el Comité constató que no se había alcanzado el umbral bursátil establecido en una oferta pública y que no se había llegado a un acuerdo entre las partes interesadas, procuró verificar la existencia de un poder manifiesto de control sobre el nuevo grupo.

647. – In all cases, the Committee intends to verify that the technical, organizational and financial means of the new ensembles are suitably adapted. He also ensures that the development of new assemblies has been correctly planned and that there is no foreseeable risk for his customers. Insofar as this type of operation can have repercussions for the banking system as a whole, the Committee wishes to ensure that the projects envisaged do not risk prejudicing the proper functioning of the latter. Thus, it was led to gradually establish an analysis grid given to the actors of these large-scale restructurings.

B/ The establishment of a rigorous analysis grid

648. – This rigorous analysis grid is characterized by the institution of refined simulations (1), by the establishment of an increased control of risks (2) as well as by the deepening of the control of the harmonization of the structures (3).

1/ The institution of refined simulations

649. – The development of refined simulations is carried out by the concentrated entities (a) as well as by the regulatory authority (b).

a/ Development of simulations by the concentrated entities

650. – In order to highlight the complementarities and overlaps between businesses, a description and costing of the activities carried out must be provided, such as retail banking, international, specialized financing, investment banking, holdings and venture capital as well as than asset management.

651. – A forecast of results over three years must be presented, both globally and by business. In particular, it must indicate the net banking income, general expenses, provisions and current result. Simulations must be made according to capital allocation hypotheses. This should make it possible to highlight the rate of return of the various trades.

652. – Pro-forma projected balance sheets by large masses as well as a description of the general principles of balance sheet management must be drawn up. The forecast balance sheets must highlight the refinancing needs and the different categories of resources envisaged, in particular those of an interbank nature and those coming from the markets, distinguishing each time between needs at less than one year and those at more than one year.

653. – In the same way, forecasts of solvency ratios on a consolidated basis must be presented, both in terms of basic own funds and total own funds. In addition, for groups with an international dimension, it is required that the ratios be sufficient compared to those existing with their main competitors.

654. – A measurement of the transformation must be communicated. It must include simulations of the coefficient of capital and permanent resources. Similarly, liquidity forecasts over a three-year horizon must be provided, accompanied by a calculation of the liquidity ratios. This heading must include the indication of the openings of safety lines.

655. – Le niveau des frais généraux et leur évolution constituent des indicateurs majeurs de l’appréciation des établissements, car ils sont sans doute l’un des leviers stratégiques les moins aléatoires. Dans ces conditions, les objectifs à court et moyen terme que se fixent dans ce domaine les responsables emportent une importance particulière. Les dossiers présentés doivent ensuite comprendre une évaluation des économies résultant des synergies comme des coûts éventuels de restructuration, notamment des provisions nécessaires. Cette évolution doit bien entendu être accompagnée par une rédaction précise des hypothèses utilisées. Les évolutions des coefficients d’exploitation doivent être calculées.

656. – Il est également demandé une évaluation de l’exposition du futur ensemble au risque de crédit. Les simulations doivent traduire la sensibilité au risque de taux et la dégradation de la qualité des signatures, en particulier, au regard d’un choc macro-économique. Il doit être indiqué si les calculs sont opérés à partir de modèles internes et, dans l’affirmative, les expliciter.

657. – Enfin, le dossier doit indiquer les partenariats existants de chacun des groupes concentrés et exposer la stratégie prévue dans ce domaine. Il faut également évaluer les grands principes qui sous-tendront la mise en cohérence dans le nouvel ensemble des partenariats actuels. Un recensement des incompatibilités et des exclusivités éventuelles doit être communiqué.

b/ L’élaboration de simulations effectuée par l’autorité de régulation

658. – La dimension atteinte par certains regroupements bancaires implique que le Comité s’assure de la compatibilité des objectifs du nouvel ensemble avec le bon fonctionnement du système bancaire. Ainsi, ce dernier est conduit à élaborer des simulations mettant en scène l’établissement de crédit concentré.

659. – En outre, depuis l’adoption de la loi de sécurité financière, les concentrations bancaires sont soumises au droit commun de la concurrence. Néanmoins, lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, le Comité est également consulté. Celui-ci doit alors nécessairement effectuer une première simulation pour pouvoir rendre son avis sur les aspects prudentiels de l’opération.

660. – Par ailleurs, le Comité effectue un contrôle accru des risques.

2/ L’instauration d’un contrôle accru des risques

661. – Un rapprochement de deux ou plusieurs groupes bancaires et financiers peut, le cas échéant, entraîner une concentration excessive des risques tant de bénéficiaires individuels que sectoriels.

662. – Il est donc demandé, pour le nouveau groupe ou à défaut pour chacune des entités avant regroupement, la liste nominative des vingt premiers risques sur la clientèle nets de contre garanties et le pourcentage des fonds propres qu’ils représentent. Les principales contreparties interbancaires doivent également être recensées à l’actif et au passif et ne doivent pas appeler défavorablement l’attention en termes de division des risques. Dans les mêmes conditions, l’état des risques pays doit être donné, précisant les montants par pays, par zone sensible ainsi que les taux de provisionnement. De manière générale, la présentation des risques doit être complétée par des recensements sectoriels et géographiques, de façon à permettre aux autorités d’apprécier convenablement leur nature et leur dimension.

663. – Le Comité demande aux responsables de l’opération d’indiquer les montants des fonds propres alloués aux opérations de marché et de justifier l’adéquation de ces ressources à la nature et au volume des positions supportées sur les différents marchés.

664. – Il convient de préciser la (ou les) méthodologie(s) retenue(s) de consommation des fonds propres, notamment le choix entre les règles « standard » ou le recours à des modèles internes selon la méthode de la valeur en risque. En outre, il est demandé de compléter cette seconde approche par un scénario de stress. Les caractéristiques de cette méthode des valeurs extrêmes, qui sont à détailler, doivent notamment correspondre aux recommandations des autorités de surveillance et permettre ainsi la comparabilité des résultats entre les différents établissements.

665. – L’enveloppe de risque de perte maximale ainsi que par métier doit être communiquée. Il doit être indiqué si ces limites ont été fixées en accord ou non avec les organes sociaux des groupes.

666. – L’initiateur du projet doit indiquer s’il transposera son système de contrôle aux entités dont il prendrait le contrôle et fournir le plan d’action visant à permettre l’adaptation du dispositif, incluant le recensement des difficultés éventuelles à surmonter. Les renseignements doivent comprendre la description des principes fondamentaux qui sous-tendent l’organisation en vigueur dans ce domaine au sein du groupe de l’initiateur, tels qu’ils peuvent être concrétisés dans une charte du contrôle interne. Ces principes concernent notamment l’identification du centre responsable de l’organisation du contrôle interne des entités, la délégation dont bénéficient les responsables de tous niveaux, la séparation des fonctions garantissant un contrôle exercé de manière indépendante et l’existence d’un référentiel d’instruction. En outre, l’organisation et les différents niveaux de contrôle, concourant à la maîtrise des différents risques, doivent être précisés. Ceux-ci peuvent par exemple se décliner en contrôle opérationnel au premier niveau, contrôle hiérarchique au second, tutelle fonctionnelle du groupe au troisième, contrôle indépendant au quatrième. Enfin, des informations doivent être fournies concernant le dispositif spécifique de supervision des filiales, s’il existe.

3/ L’approfondissement du contrôle de l’harmonisation des structures

667. – Le dossier transmis au Comité doit décrire le processus d’harmonisation des structures de chacun des groupes concernés, en indiquant notamment quelle sera la structure qui pilotera ce rapprochement. Il doit être joint une description précise des missions confiées à cette structure et du programme de mise en œuvre, ainsi que des moyens en personnel qui y seront affectés.

668. – L’information nécessaire du Comité ne se limite pas à l’indication de l’identité des dirigeants responsables de chacune des principales entités du nouvel ensemble. Elle doit englober des informations sur la composition, l’origine et les critères de sélection des personnes appelées à faire partie des instances décisionnelles du futur groupe, qu’il s’agisse des organes sociaux comme des comités exécutifs ou stratégiques. De manière générale, cette information s’étend aux responsables des lignes de métier ou aux principaux responsables hiérarchiques. Il doit être précisé si la future organisation entraînera des modifications de pouvoirs des principales instances du groupe et de ses membres. Toutes les modifications statutaires envisagées doivent être précisément exposées. Il est rappelé que les éventuels changements de statut juridique des établissements doivent être également soumis à l’autorisation préalable du Comité.

669. – Les répercussions du projet sur l’emploi des personnels doivent être fournies en indiquant les entités, les métiers et les zones géographiques concernés. Dans l’hypothèse d’une réduction des effectifs sans licenciement, il faut préciser si celle-ci sera réalisée dans le cadre d’une diminution naturelle et/ou par des mesures incitatives de départ, et fournir un descriptif des dispositifs. De même, en cas de recours à la mobilité pour l’adaptation des effectifs, il faut mentionner leur étendue et les règles qui régiront les mouvements. Si des mesures de licenciement sont envisagées, il convient d’indiquer si un plan de sauvegarde de l’emploi est en cours d’élaboration, quelles en sont alors ses caractéristiques et s’il a déjà fait l’objet d’une présentation ou d’une négociation avec les représentants des personnels. D’une manière générale, le calendrier des rencontres avec les instances représentatives des salariés est à communiquer.

670. – Par conséquent, il vient d’être démontré que des contrôles spécifiques aux concentrations bancaires sont effectués. Ces derniers doivent se coordonner avec les autres branches de droit.

Chapitre 2 : La coordination des contrôles et des branches de droit

671. – Tous les établissements de crédit ont un besoin de fonds très important, car ils doivent accompagner leur clientèle à l’échelle internationale. En outre, ils doivent respecter le ratio Cooke. Ainsi, ils sont de plus en plus fréquemment cotés en bourse. En effet, le marché des valeurs mobilières remplit une fonction primordiale que va utiliser le secteur bancaire. C’est un marché primaire, qui permet aux sociétés de lever des capitaux en vue d’assurer leur financement. Cette fonction atteste l’importance d’un bon fonctionnement des marchés financiers pour l’économie nationale et justifie pleinement les contrôles des autorités financières et boursières sur les sociétés dont les titres sont cotés.

672. – Ces autorités ont voulu garantir un bon fonctionnement du système financier. Elles ont donc fait respecter le principe d’égalité, de loyauté des transactions et de transparence du marché. Cette protection part du postulat suivant : tous les actionnaires doivent bénéficier des mêmes conditions de prix. C’est le dogme de l’unité de marché.

673. – Les banques étant majoritairement cotées en bourse, les prises de contrôle de ces dernières se réalisent sur le marché boursier. Ceci engendre la juxtaposition du contrôle des autorités financières et boursières (section 1). Cette juxtaposition met en évidence la rencontre de deux logiques de régulation (section 2). La situation actuelle appelle une réforme des contrôles qui vise notamment à assurer une meilleure coordination des contrôles (section 3).

Section 1 : La juxtaposition des contrôles financiers et boursiers

674. – Les banques cotées en bourse ont fait l’objet de prises de contrôle, ce qui a engendré l’application du droit boursier au côté du droit bancaire.

675. – Logiquement, la question de l’intervention des autorités boursières s’est posée. En effet, certains auteurs avaient affirmé de manière très contestable que les banques n’étaient pas soumises aux mécanismes de marché. En réalité, si le système bancaire français est apparu sélectif en raison des contrôles rigoureux effectués par les autorités bancaires, il s’est aussi révélé partiellement ouvert puisque les mécanismes de marché se sont appliqués. Ainsi, les autorités boursières sont intervenues dans le cadre des offres publiques. Cependant, l’intervention duale de ces institutions a constitué une source de difficulté. En réalité, dès l’origine, le cloisonnement entre le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse n’a jamais été concevable. Par conséquent, ces autorités ont dû se coordonner dans un premier temps (§ 1) avant d’être fusionnées (§ 2).

§ 1 : La coordination des autorités de régulation dans le régime initial

676. – Les missions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse n’étaient pas les mêmes. Cependant, la frontière entre la compétence des deux autorités était incertaine. Ainsi, ces dernières furent contraintes de se coordonner pour maintenir la cohérence de leur action. Dès lors, les liens de coopération qui se développèrent entre elles, révélèrent ces enchevêtrements de compétence tout en y remédiant.

677. – Néanmoins, les contrôles furent écartelés entre deux autorités de régulation. C’est la raison pour laquelle nous présentons successivement les missions qui furent dévolues au Conseil des marchés financiers (A) et celles qui furent réservées à la Commission des opérations de bourse (B) en exposant les aspects de la coordination.

A/ Les missions du Conseil des marchés financiers

678. – Le Conseil des marchés financiers était une autorité professionnelle et déontologique dotée de la personnalité morale. Il était chargé de la surveillance, du bon fonctionnement des marchés et constituait donc une autorité de régulation. Celui-ci avait deux fonctions essentielles. Il élaborait et appliquait les règles en matière financière (1) et contrôlait les offres publiques (2).

1/ La compétence du Conseil des marchés financiers dans l’élaboration et l’application des règles financières

679. – Les autorités en matière de services financiers rassemblaient à la fois les compétences de réglementation, d’agrément et de contrôle, limitées à un domaine précis d’activité. Ainsi, le Conseil des marchés financiers était compétent pour l’ensemble des services d’investissement, et leur concentration, à l’exception de la gestion de portefeuille pour compte de tiers.

680. – En matière réglementaire, le Conseil des marchés financiers devait donner son avis sur les règlements soumis au Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux prestataires de services d’investissement et son président participait dans ces cas aux délibérations de l’autorité bancaire. Le Conseil des marchés financiers établissait également un Règlement général qui couvrait des matières très diverses, dont une partie importante concernait l’organisation des marchés financiers. Il avait donc compétence pour réglementer les offres publiques.

681. – En outre, celui-ci jouait un rôle déterminant pour la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Dans la procédure d’agrément des prestataires de services d’investissement, il était chargé d’approuver le programme d’activité en appréciant notamment sa qualité au regard de la compétence et de l’honorabilité des dirigeants. Ainsi, en 2000, Comdirect Bank AG avait pris une participation dans le capital de Paresco Bourse. L’opérateur avait obtenu l’approbation de son programme d’activité par le Conseil des marchés financiers sous la dénomination sociale Comdirect. Le Conseil des marchés financiers devait donc approuver le programme d’activité. Cependant, il ne disposait pas du pouvoir d’agrément des entreprises d’investissement. Cette approbation devait être donnée pour chacun des services d’investissement que l’entreprise entendait fournir. Le Conseil des marchés financiers était également compétent pour veiller au respect des règles de bonne conduite par les prestataires de services d’investissement. Il pouvait sanctionner les manquements aux obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

682. – Enfin, en matière disciplinaire, il était expressément prévu que le Conseil des marchés financiers pouvait agir soit d’office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, du Président de la Commission des opérations de bourse, de celui de la Commission bancaire, ou encore sur demande d’une entreprise de marché ou d’une chambre de compensation. Toutes ces dispositions démontraient la volonté manifeste du législateur d’une action concertée du Conseil des marchés financiers, notamment pour ce qui concernait sa mission de contrôle.

2/ Le contrôle des offres publiques par le Conseil des marchés financiers

683.- El control de las ofertas públicas es fundamental porque el mercado no puede autorregularse como ya se ha demostrado anteriormente. Así, el Consejo de Mercados Financieros tenía amplias facultades en materia de ofertas públicas (a). Por lo tanto, sus decisiones fueron frecuentemente objeto de litigio (b).

a/ Las facultades del Consejo de Mercados Financieros en materia de ofertas públicas

684. – The Financial Markets Council was omnipresent throughout the course of the public offerings, like the Financial Markets Authority. This could be seen in the BNP/Societe Generale/Paribas and Crédit Agricole/Crédit Lyonnais cases. It recorded the filing of the various offers. He ruled in particular on the admissibility of the offer as well as that of the competing offer. It could also set a time limit for filing successive higher bids and publish the result of the public offer.

685.- Cuando hubo varias ofertas públicas concurrentes, el Consejo de Mercados Financieros alineó las fechas de cierre de las ofertas. En cuanto a la transacción BNP/Société Générale/Paribas, la fecha de cierre de las tres ofertas se fijó para el 06/08/1999. Esta alineación parecía ser imperativa. Él no estaba sin justificación. Permitió empoderar a los accionistas que tenían que elegir entre dos proyectos. Sin embargo, tenía un inconveniente, como lo demuestra el presente caso. Los accionistas que habían participado en la oferta de acciones de Paribas de Société Générale, que había sido declarada desierta, no habían podido ofrecer sus acciones a la oferta de BNP por las mismas acciones. No cabe duda de que por esta razón la práctica del Consejo de Mercados Financieros no fue sistemática.

686.- El mayor riesgo de las ofertas públicas competidoras, para el Consejo de Mercados Financieros, residía en que tuvieran el efecto de posponer la fecha de cierre de la oferta. En efecto, el artículo 5-2-4 del Reglamento General del Consejo de Mercados Financieros disponía que “a partir de la fecha de apertura de la oferta y a más tardar cinco días antes de su cierre, se podrá presentar un proyecto de oferta pública competidora ante la Concejo. Dado que la duración de la oferta fue de entre 25 y 35 días hábiles, el suspenso podría ser largo. Así, el estancamiento del procedimiento de oferta pública fue criticado en el caso BNP/Société Générale/Paribas. Sin embargo, el Consejo de Mercados Financieros no se mostró impotente ante este riesgo de extensión más allá de los límites razonables. El artículo 5-2-10 del Reglamento General le permitía al cabo de diez semanas fijar plazos más cortos para la presentación de sucesivas ofertas superiores. El objetivo era controlar el momento de las ofertas públicas.

687. – No obstante, la ley relativa a las nuevas regulaciones económicas se introdujo con el objetivo de resolver todas las dificultades que surgieron durante la oferta pública de canje de BNP por Société Générale y Paribas. De esta forma, se había otorgado al Consejo de Mercados Financieros la facultad de fijar una fecha de cierre final para todas las ofertas relativas a las acciones de la compañía, una vez transcurridos más de tres meses desde la presentación de un borrador de oferta pública.

688. – Sin embargo, surgieron dificultades después de la intervención del legislador. En el asunto Crédit Agricole/Crédit Lyonnais, entre el día de la presentación de la oferta y la fecha de su cierre habían transcurrido cinco meses. De hecho, dos recursos por abuso de poder, ante el Consejo de Estado, del Syndicat Force Ouvrière Banque y de la sección financiera de la federación de la CGT habían dado lugar a una ampliación de la oferta. El objetivo del Consejo de Mercados Financieros había sido esperar la decisión del Consejo de Estado antes de cerrar la oferta, de modo que se disiparan todas las incertidumbres para los inversores.

689. – Le Conseil des marchés financiers ne disposait, ni d’un pouvoir de contrainte, ni d’un pouvoir d’injonction similaire à celui de la Commission des opérations de bourse. Si un opérateur refusait de déposer un projet d’offre publique alors qu’il en avait l’obligation, le Conseil des marchés financiers n’avait pas le pouvoir de saisir le juge pour faire ordonner le respect de l’obligation. C’était à la Commission des opérations de bourse de le faire, ce qui obligeait ces deux autorités de régulation à se coordonner.

690. – Ainsi, la loi relative aux nouvelles régulations économiques harmonisa les possibilités d’intervention des autorités de régulation. Le Président du Conseil des marchés financiers disposa donc du pouvoir de demander au Président du Tribunal de grande instance de Paris qu’il soit ordonné à toute personne de se conformer aux dispositions légales et de mettre fin à une irrégularité ou d’en supprimer les effets.

691. – Les décisions issues du contrôle du Conseil des marchés financiers étaient des décisions administratives et non juridictionnelles. Elles devaient être motivées. Cependant, il n’existait pas d’obligation de respect du principe du contradictoire. Cette mise à l’écart du principe du contradictoire était justifiée parfois par le risque d’être submergé par les explications orales fournies par les parties. Elle était néanmoins contraire aux droits de la défense, même si cette critique perdait de sa force en raison du pouvoir du Conseil des marchés financiers, de demander à l’initiateur de modifier son projet. N’était-ce pas là un début de contradiction ? En plus, seules les auditions orales étaient écartées, la faculté de présenter des observations écrites étant en revanche reconnue. Enfin, le respect des droits des actionnaires minoritaires était également assuré par les principes directeurs de l’évaluation de l’indemnisation, mais aussi par le recours qui leur était ouvert devant la Cour d’appel, recours qui subsiste dans le nouveau régime.

692. – Les offres publiques, ayant occasionné fréquemment une ou plusieurs actions en justice, ont contribué à affiner les décisions du Conseil des marchés financiers.

b/ Les précisions issues du contentieux des décisions du Conseil des marchés financiers

693. – Les précisions issues du contentieux des décisions du Conseil des marchés financiers ont été fondamentales. Si actuellement le contentieux n’émane plus des décisions du Conseil des marchés financiers mais de l’Autorité des Marchés Financiers, la portée de ces précisions demeure.

694. – Les recours contre les décisions du Conseil des marchés financiers étaient, selon l’article 3 du décret du 03/10/1996, ouverts aux personnes qui faisaient l’objet de la décision ainsi qu’aux « autres personnes intéressées ». La question était toutefois de savoir ce que l’on devait entendre par cette dernière formule : visait-t-on nécessairement des porteurs de titres, et donc, en l’occurrence, des actionnaires ? Etait-il nécessaire d’être actionnaire à la date de la décision du Conseil des marchés financiers ? Cette interprétation était habituellement retenue par la jurisprudence. Pourtant dans deux arrêts de la Cour de Paris du 17/06/1999, la recevabilité des recours exercés par les banques Société Générale et Paribas avait été justifiée en se fondant sur la concurrence du projet présenté par ces établissements à celui de la BNP. Ce second pouvant faire obstacle au rapprochement résultant du premier, la Société Générale et la banque Paribas avait « un intérêt légitime, né et actuel » à contester la recevabilité des offres publiques de la BNP visant les titres de Paribas et de la Société Générale. Une telle motivation semblait interpréter largement la notion de personnes intéressées. Cependant, aucune définition n’était donnée par le décret du 03/10/1996. Il permettait donc l’interprétation retenue par la Cour de Paris. Il peut être regretté que la Cour se soit bornée à examiner l’intérêt à agir de la Société Générale et de Paribas en termes de concurrence. Ces établissements n’étaient pas seulement auteurs d’un projet concurrent ; ils étaient également les cibles de la BNP. Or, les dirigeants des sociétés cibles doivent donner un avis motivé sur l’intérêt ou le risque existant pour la société visée et ses actionnaires. La société cible a en charge la promotion de l’intérêt commun de ses actionnaires et, dès lors, il lui appartient de prendre parti sur l’opportunité de l’opération de restructuration dont elle est l’objet, de sorte que de ce point de vue, l’intérêt à agir n’est guère contestable. Il apparaît ici l’idée qu’une société peut exercer un recours contre une décision de recevabilité d’une offre publique visant une autre société dans la mesure où l’opération tend à compromettre le rapprochement de ces sociétés.

695. – Sur le fond, la Cour d’appel de Paris n’ayant pas plénitude de juridiction, se prononçait uniquement sur le bien fondé de la décision prise par le Conseil des marchés financiers, sans pouvoir évoquer l’ensemble des questions suscitées par l’offre publique. Ainsi, les arrêts du 17/06/1999 ne pouvaient dépasser le cadre des décisions du Conseil des marchés financiers. Ils rappelaient quelques principes classiques devant gouverner l’action du Conseil des marchés financiers dans son appréciation de la recevabilité des offres publiques.

696. – Les décisions que pouvaient prendre le Conseil des marchés financiers en vertu de la réglementation qu’il avait lui-même édictée devait tenir compte de l’environnement textuel dans lequel celles-ci s’inséraient. La Cour de Paris l’avait clairement indiqué, dans l’affaire Quadral. « Pour l’exécution des missions de service public qui lui étaient déléguées par la loi du 22/01/1988, le Conseil était tenu au respect de l’ensemble des règles légales qui s’y rattachaient et en particulier des règlements concernant le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières pris par la Commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance du 28/09/1967 ». La Cour indiquait donc que le Conseil devait tenir compte de son Règlement général, mais également de l’ensemble des règles légales qui s’y rattachaient, ce qui incluait les règles du droit civil relatives à la détermination de l’objet de l’offre.

697. – De ce point de vue, la Cour, dans l’affaire Société Générale, SA Paribas contre Conseil des marchés financiers, confirmait pour la première fois que l’offre publique d’échange est une « véritable » offre au sens civiliste du terme. Le principe est important et toujours d’actualité : le droit civil contraint donc l’autorité de marché qui pourrait rejeter une offre, dès l’instant qu’elle serait contraire au droit commun qui la régit de manière résiduelle.

698. – Mais là n’était sans doute pas la plus grande originalité de l’affaire qui résidait dans la concomitance des deux offres de la BNP, qui conférait, selon la Société Générale et Paribas, un caractère incertain à l’offre contraire au droit des obligations. Les parties invoquaient la violation des articles 1108 et 1703 du Code civil. Ils affirmaient que l’offre publique de prise de contrôle ne pouvait être déclarée recevable que si elle pouvait efficacement, c’est-à-dire valablement, atteindre son objectif. Il ne pouvait en être ainsi si l’objet de l’offre était indéterminé, de telle sorte que son acceptation ne pouvait pas conduire à la formation d’un contrat. Ainsi, la Cour précisait ce qu’il fallait entendre par objet d’une offre publique d’échange : « s’agissant d’une offre d’échange, l’objet est l’obligation réciproque liant les parties de remettre une chose réelle, déterminée ou du moins déterminable ». Or, comme le nombre et la nature des titres remis en échange étaient clairement spécifiés, elle pouvait en conclure que l’objet était déterminé. En effet, la détermination de l’objet du contrat ne concerne pas les actifs des entreprises et leur usage projeté mais les titres, du fait de l’inébranlable personnalité morale des sociétés. Dès lors que le nombre de titres offerts en échange était indiqué, l’objet était déterminé. La BNP avait, par exemple, offert d’acquérir la totalité des actions Paribas par remise de 11 actions BNP pour 8 actions Paribas. La contre partie était donc déterminée dans sa qualité et dans sa quotité. La Cour prenait aussi une position de principe sur la possibilité de lancer simultanément deux offres tout en posant une condition afin que l’objet des offres ne pût être considéré comme incertain. « Rien n’interdit à une société de présenter concomitamment deux offres publiques sous-tendues par un seul et même projet économique ou industriel, dès lors que les deux offres ne sont pas liées, le succès de l’une n’étant pas conditionné par la réussite de l’autre ». Tel était le cas en l’espèce dans la mesure où la BNP avait indiqué dans son projet que, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de suite positive à l’offre sur Paribas, elle entendait mettre en œuvre avec la Société Générale le plan industriel relatif aux activités respectives des deux établissements BNP et Société Générale. La Cour admettait donc, à juste titre, que deux offres puissent être concomitantes, participer à un même projet, et donc, dans une certaine mesure, être liées, sans que le lien soit juridique. Cependant, le succès de l’une des offres ne devait pas être conditionné par le succès de l’autre. Ainsi, était respecté le caractère irrévocable de chaque offre, ce qui était conforme tant à la notion d’offre en droit civil qu’aux dispositions du Règlement général du Conseil des marchés financiers.

699. – En outre, concernant la présentation par la BNP d’un projet concurrent « hostile » à celui de la Société Générale et de Paribas, n’était-elle pas déloyale en elle même ? Le principe de loyauté posé par le Règlement général du Conseil des marchés financiers n’était pas nouveau puisque la Cour de Paris, dans l’affaire OCP, l’avait déjà consacré. Mais c’était la première fois que la Cour donnait une définition de la déloyauté. « La déloyauté s’entend comme une entrave au libre jeu des offres et surenchères par le recours à des manœuvres ou moyens détournés mis en œuvre dans des conditions illicites, occultes ou frauduleuses ». Une telle motivation ne pouvait qu’être approuvée puisque le seul dépôt d’une offre concurrente ou d’une offre sur les titres de l’auteur d’une offre était dans la droite ligne du principe du libre jeu des offres et des demandes. Par conséquent, il était affirmé une distinction entre une offre inamicale et une offre déloyale.

700. – Finally, the success of the BNP project depended on the success of the offers launched on Société Générale and Paribas. It was therefore claimed that the principle of transparency was ignored, the shareholders not being able to really assess the merits of each of the offers. However, this claim seems surprising because transparency does not depend on the terms of the offers or the project underlying them, but on the information given. Also the Court of Paris, in its judgments of 17/06/1999, was able to underline that “the BNP assumed the risk of launching an operation whose objectives, even random ones, are defined in broad outline in the project of public offer filed (…)”. This specifies, in addition to its objectives and intentions, the nature and characteristics of the procedure leading to its realization so that the transparency of the project is ensured. The hazard affecting the realization of the industrial project, linked to the fact that the object pursued is also based on the success of the offer filed for the Paribas shares, is itself clearly apparent from the statement of the intention of the initiator, and also contributes to the transparency of information. It is true, as the applicants pointed out, that one does not dissipate an uncertainty by announcing it. However, the Court considers that transparency only requires that the shareholders of the companies concerned be informed without ambiguity so that they can make their decision whether or not to tender their shares in full knowledge of the facts. Thus, what the law requires is precision and not the absence of risk, and it is correctly informing to state uncertainties constituting a hazard. The existence of the hazard is therefore not incompatible with the accuracy of the information because these are two different notions. This stems from a simple legal distinction: uncertainty is one of the qualities of the object of information, precision is the quality of the information given on the object. The Board had to verify the regularity of the offers, ie the consistency and relevance of the information with the aim of ensuring the principle of transparency. He did not have to decide on the advisability of the industrial or economic project. The risk that this could present did not imply a principle of rejection. The existence of the hazard is therefore not incompatible with the accuracy of the information because these are two different notions. This stems from a simple legal distinction: uncertainty is one of the qualities of the object of information, precision is the quality of the information given on the object. The Board had to verify the regularity of the offers, ie the consistency and relevance of the information with the aim of ensuring the principle of transparency. He did not have to decide on the advisability of the industrial or economic project. The risk that this could present did not imply a principle of rejection. The existence of the hazard is therefore not incompatible with the accuracy of the information because these are two different notions. This stems from a simple legal distinction: uncertainty is one of the qualities of the object of information, precision is the quality of the information given on the object. The Board had to verify the regularity of the offers, ie the consistency and relevance of the information with the aim of ensuring the principle of transparency. He did not have to decide on the advisability of the industrial or economic project. The risk that this could present did not imply a principle of rejection. precision is the quality of the information given on the object. The Board had to verify the regularity of the offers, ie the consistency and relevance of the information with the aim of ensuring the principle of transparency. He did not have to decide on the advisability of the industrial or economic project. The risk that this could present did not imply a principle of rejection. precision is the quality of the information given on the object. The Board had to verify the regularity of the offers, ie the consistency and relevance of the information with the aim of ensuring the principle of transparency. He did not have to decide on the advisability of the industrial or economic project. The risk that this could present did not imply a principle of rejection.

701. – Consequently, the information constituted a source of litigation in the BNP/Societe Generale/Paribas affair. This contributed to highlighting the necessary coordination of the Financial Markets Council and the Stock Exchange Commission. For example, on 06/08/1999, the two authorities warned operators against “information presenting results as already established or based on polls using uncertain methods”. This joint intervention was justified by the complementarity of the missions of the two authorities. Indeed, the communication to the public of the results of the offers belonged to the Financial Markets Council. However, the Stock Exchange Commission guaranteed the sincerity of the information propagated on the markets.

B/ The missions of the Stock Exchange Commission

702. – Law No. 96-597 of 02/07/1996 had amended Ordinance No. 67-833 of 28/09/1967 establishing a Stock Exchange Commission on several important points, in particular its composition, its rules of deliberation, and the prevention of conflicts of interest. However, the legislator had not modified the two essential missions devolved to the Commission des Opérations de Bourse. It was a “skills block” on the activity of portfolio management on behalf of third parties (1) and the control of public offers (2).

1/ The “competence block” of the Commission des Opérations de Bourse on the activity of portfolio management on behalf of third parties

703. – The law on the modernization of financial activities had conferred on it a “block of powers” ​​on the activity of portfolio management on behalf of third parties. This concerned the regulation, approval and control of managers on behalf of third parties. This block included both the regulation and supervision of this activity in all investment services providers, and exclusive powers of regulation and control over the investment firms which exercised this activity as their main activity.

704. – In terms of approving the portfolio management activity program of investment providers, approving specialized companies and drafting the applicable regulations, it was assisted by the Financial Management Advisory Committee. It could be called upon in this matter by the Chairman of the Banking Commission or by the Chairman of the Financial Markets Council.

705. – Finally, it should be emphasized that the new powers of the Commission des Opérations de Bourse had led the legislator to provide for a closer intertwining of this authority with the banking authorities. Thus, the transmission of information, the right of referral for control and participation in the work of the CECEI and the Banking and Financial Regulation Committee were instituted.

706. – It therefore intervened in the drafting of the regulations, in their implementation, in their control and in particular the control of public offers.

2/ Control of public offers by the Stock Exchange Commission

707. – The Stock Exchange Commission had powers with regard to public offers (a). Moreover, the latter tended to go beyond its powers stricto sensu to achieve its objective of efficient control (b).

a/ The powers of the Stock Exchange Commission with regard to public offers

708. – The Stock Exchange Commission did not rule on the admissibility of public offers, but its mission was nevertheless not negligible. It had to ensure the protection of savings, information for investors and the proper functioning of financial instrument markets. As such, it played an essential role in controlling the information provided during public offerings as well as in monitoring stock market prices. These missions were codified in its Regulation No. 2002-04 relating to “public takeover bids relating to financial instruments traded on a regulated market”. They had implemented them by targeting the briefing notes. Indeed, by the granting of the visa of the information notes, to which the admissibility of the offer was subordinated, it controlled the information provided to the shareholders of the targeted companies and to the public. Its attributions were not limited to intervening at the project stage. The latter also exercised throughout the course of the public offers by following all the acts carried out by the companies concerned, so that key precepts such as the equal treatment of shareholders and the transparency of the offers are also ensured.

709. – To exercise its powers, the Commission had the power of investigation, sanction and injunction, direct or indirect. The Commission des Opérations de Bourse had already used its power of indirect injunction, in order to impose on the transferee of control of an over-the-counter company the filing of a public offer carried out by price guarantee. This use, which had been preceded by a joint letter of formal notice from the Stock Exchange Commission and the Financial Markets Council, was hardly contestable. It thus made it possible to compensate for the lack of power of the Financial Markets Council. This collaboration was revealing of a certain intrinsic inconsistency in the functioning of the French control authorities which suffered from their duality.

b/ The increase in the powers of the Commission des Opérations de Bourse

710. – This increase could be observed when using alternative press releases to formal decisions (α) and approved transactions (β).

α/ The use of alternative press releases to formal decisions

711. – This broadening was notably noted in the BNP/Societe Generale/Paribas case in 1999. Indeed, the Commission des Opérations de Bourse took part in the stock market battle. She intervened because the information notes had to obtain her visa, but also because the stock market fight led her to be the author of a large number of press releases. Thus, for example, a press release dated 04/05/1999 endorsed an unpublished shareholders’ agreement. The latter, linking Axa and Paribas, had suddenly appeared during a public offer period. This required each of the parties to obtain the consent of the other when they wanted to transfer the securities they held. However, AXA was both the main holder of Paribas securities with nearly 7% of the capital and the most important support of BNP.

712. – It should be noted that the difficulties resulting from the non-disclosure of the pacts were resolved by article 1 of the law relating to new economic regulations modifying article L. 233-11 of the Commercial Code. The latter provides that any clause of an agreement providing for preferential conditions for the sale or acquisition of shares admitted to trading on a regulated market and relating to at least 0.5% of the capital or voting rights of the company which has issued these shares must be sent to the stock market regulatory authority, which publishes them. The deadline for communication was set at “five trading days from the signing of the agreement or the rider introducing the clause concerned”. It was essential to note an extension of the scope of the conventions concerned. As for the scope of the clauses concerned, the text was very precise and did not refer only to the agreements, but to the clauses which made them up. Thus, pre-emption clauses or “pacts of preference”, promises of sale or purchase, agreements for the contribution of securities to a public offer had to be advertised. In addition, the transmission obligation extended to all pacts comprising preferential conditions, regardless of the signatories. The great novelty therefore consisted in extending the mandatory publication of these agreements to relations with non-shareholders. The sanction was clearly provided for: in the absence of transmission, the effects of this clause were suspended, and the parties released from their commitments, during a public offer period. A derogation from common law was therefore enshrined. Indeed, it was provided that the absence of publicity given to a contract affects its legal validity and its effectiveness with regard to the parties.

713. – In line with the law on new economic regulations, Regulation No. 2002-04 required the initiator to provide information on the clauses of the agreements concluded by the companies concerned, or their shareholders, likely to have a impact on the assessment of the public offer or on its outcome.

714. – However, even after the resolution of this specific problem, the question of whether the press releases of the Commission des Opérations de Bourse could be qualified as a source of law still remained.

In the press release of 04/05/1999, interested parties were informed of the position of the Commission des Opérations de Bourse. Thus, the latter expressed its concern for transparency and fulfilled its role. However, in this case, the nature of the press release was questionable, given its content. Admittedly, it was not a source of law in the formal sense, but this press release substantially benefited from a legal scope. It was similar to ministerial responses, because although devoid of any binding force, it nevertheless had a de facto scope, which was granted to it by its addressees on the basis of the quality and authority of its author. Indeed, the power available to the Commission des Opérations de Bourse, allowed it to dictate rules whose effectiveness was little discussed. The economic law lawyer was not surprised because power is a source of standards. However, the process was too useful to be condemned in principle. It allowed a rapid, precise and concrete position to be taken. Only its abuse was reprehensible, when its object was to divert the legal regime from the sources of law.

The legality was indeed in question in the case of this press release. Although presented in an innocuous form, it carried out an indirect pressure. Indeed, he presumed first that the beneficiaries of the pacts, by not respecting their obligation to reveal them “had waived the right to avail themselves of the content of these agreements during the duration of the current offers”. He then indicated that, in the opposite case, the implementation of these pacts could be qualified as a maneuver affecting the smooth running of public offers.

As a result, this press release, by its content, had all the characteristics of a decision. On the one hand, it purported to interpret the will of some of the parties. On the other hand, he threatened them with legal action in the event of a contrary intention. Therefore, it was a decision that could cause damage, against which an appeal should have been granted.

Justice was therefore also at stake: could there be a judicial review of this press release? Since it was not a formal decision, any appeal was dismissed. But was this acceptable given the real scope of the press release?

Jurisprudence had already taken care to decide that the recourse opened before the judiciary aimed at any decision in the material sense and not only formal and had had the opportunity to assimilate a press release to a real decision. Moreover, the Paris Court of Appeal had considered “that a press release was worth a decision insofar as the financial market perceived it as such”. Textual support for this position could be found in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 6 § 1 of which specifies that everyone has the right to have his case heard by a court. when there is a dispute over his civil rights and obligations.

Moreover, it was this same article 6 § 1 which put the Securities and Exchange Commission in the hot seat. Indeed, it did not meet the requirements of a fair trial because of the accumulation of the functions of investigation and judgment.

715. – With regard to the separation of powers, the press release from the Commission des Opérations de Bourse caught the eye of the jurist because of its content. It didn’t just deliver information, it included an interpretation and thundered a threat. The first aspect related to the interpretation of the intentions of the Commission des Opérations de Bourse. It began by recalling that it was not part of its mission to rule on the validity and legal scope of shareholders’ pacts, only an arbitrator or a judge can do so. Nevertheless, it considered that by not proceeding with the publication of the pact as soon as the public offers were launched, the beneficiaries had waived their right to avail themselves of it throughout the duration of the procedure.

The second aspect was indeed the threat uttered at the end of the press release. If the parties did not spontaneously renounce to take advantage of the pact, the Commission des Opérations de Bourse reminded them that it could see it as a maneuver that would undermine the smooth running of public offers in progress. This was tantamount to implying that she would not have hesitated to pursue them. Consequently, to avoid any risk of sanction, the parties had an interest in complying with his will and not executing the pact from which they benefited. The Commission therefore gave itself the means to hinder the application of a convention whose validity was not disputed by anyone.

The assessment of the process could not be favourable. It should indeed be remembered that any independent administrative authority must, in order to fulfill its mission, implement the specific rules that govern it. It is not external to the legal system, but is part of it. It must therefore comply with all the standards, at least those which are not ruled out by its own regulations. More broadly, it must respect the distribution of powers, even if the separation of powers is partially undermined by their very existence.

Like any independent administrative authority, the Commission des Opérations de Bourse had to have the means for its action. However, it should not spill over into the territory of the courts, because that undermined the separation of powers and the distribution of competences. The legislator had perceived the difficulty and taken care to settle it. Thus, when a practice, contrary to the legislative or regulatory provisions, was likely to infringe the rights of savers, the Chairman of the Commission could request in summary proceedings that the person responsible for it be ordered to comply with these provisions, to put an end to the irregularity or to eliminate its effects. This was, in this case, what should have been done.

716. – The dialectic of the branches of law, here between stock market law and common law, was also at work between institutions, here between the independent administrative authorities and the judicial authorities. The Securities and Exchange Commission was not to have an absolute monopoly, since the usefulness and efficiency of the judicial authorities were essential to the regulation of economic and financial activities. Ultimately, it was dangerous for the powers of the Stock Exchange Commission to widen excessively, the use of the approved transaction tends to deepen this thesis.

β/ The use of the homologated transaction

717. – In 1999, during the stock market battle between BNP and Société Générale, a foreign investor had acquired in a single trading session a large block of securities from the latter during the offer period at a price higher than the quotation of the day on the regulated markets. The President of the Commission des Opérations de Bourse then seized the President of the Tribunal de Grande Instance of Paris. On the one hand, its request was based on article 12-2 of the order of 23/09/1967 aiming to order CGU to comply with the provisions of article 5-1-11 of the General Regulations of the Council financial markets, cancel the purchases made and consequently order the return of the securities acquired to the sellers. On the other hand, it tended to pronounce the sequestration of the litigious titles on the basis of article 8-1 of the ordinance. In the decision of 08/03/1999, pending the final judicial decision, the sequestration of the securities in question had been ordered with Sicovam. In view of the agreement reached between the Commission and the incriminated shareholder to put an end to this situation, in a curious and interesting decision, a protocol concluded between the Commission and CGU had been approved. The latter accepted the sequestration of the disputed titles for the three months following the homologation order of the President of the Court. Beyond this period, the securities were free and the voting rights available. This power of receivership had not been implemented, to our knowledge, until this decision. Finally, and in accordance with the request of the parties, the President of the Court had taken note of the discontinuance of the proceedings and action by the Commission. This order raised several questions.

718. – The first related to the person who initiates the proceedings. It was paradoxical to see the Stock Exchange Commission request compliance with a provision of the General Regulations of the Financial Markets Council. This peculiarity was inherent in the fact that the Council did not have, like the Commission, the power to ask the courts to order the person responsible for an act contrary “to the legislative or regulatory provisions likely to infringe the rights savers to comply with these provisions, to put an end to the irregularity or to eliminate its effects”. This was an inconsistency which generated a necessary cooperation between the two authorities. So,

719. – As to the subject of the application itself, it was interesting to note that the grievance related to the violation of Article 5-1-11 of the General Regulations of the Financial Markets Council and not to the article 45 of the law on the modernization of financial activities of 2/07/1996. If both had similar objectives, their scope was not the same. Article 5-1-11 stated that “from the start of the offer period and until the closing of the offer, all orders relating to the securities targeted by the offer are executed on the regulated market(s) on which the securities are admitted without investors being able to use the procedure provided for in Article 4-1-32. This obligation is waived when the transaction, included in an agreement other than an outright sale, is a necessary part of it”. Article 45 of the law on the modernization of financial activities, meanwhile, laid down a general principle of concentration of orders relating to financial instruments on a regulated market for investors residing in France, with however two possible exceptions. One related to the volume of the operation and the status of the investor and the other to its nature. In both cases, the aim was to impose a single price on transactions in the name of equal treatment and market transparency. However, if article 45 of the law on the modernization of financial activities had a general scope, such was not the case of article 5-1-11 of the General Regulations of the Financial Markets Council. The latter only concerned the single case of transactions carried out during a public offer period. Beyond the closing date, the requirement imposed by this provision disappeared. The scope of application of Article 5-1-11 was therefore both broader and more restricted than that of Article 45. Broader in that it concerned all investors, and not only resident investors; more restricted insofar as it only covered cases of public offerings.

720. – La ambigüedad de la acción judicial de la Comisión residía, por tanto, a nuestro juicio, en la elección de la base jurídica adoptada, si bien es cierto que no tenía otras posibilidades. De hecho, un recurso basado en el artículo 45 de la ley del 07/02/1996 probablemente no hubiera tenido más éxito. En este caso, el problema procedía del hecho de que solo el artículo 45 establecía las condiciones en las que se podía derogar el principio de centralización de órdenes en un mercado regulado, y que en este caso no estaba claro que se hubieran violado estas derogaciones. De hecho, el artículo 45 solo se dirigía a los inversores que residían o estaban establecidos habitualmente en Francia. En consecuencia, una transacción entre dos inversores no residentes no entraba en el ámbito de aplicación de esta disposición. De hecho, este fue el caso aquí donde CGU había adquirido un bloque de acciones en Société Générale de inversores no residentes. Además, esta operación había sido concluida fuera del territorio de la República. Por lo tanto, no existía ningún criterio de apego a la ley francesa, excepto conservar la nacionalidad del emisor de los valores en cuestión. Por su parte, el artículo 5-1-11 era de aplicación más amplia en cuanto afectaba a todos los inversores y no sólo a los residentes. Por lo tanto, se trataba de determinar si una disposición reglamentaria podía tener efectos extraterritoriales. Para ello, esa disposición debería haber sido calificada como una “ley política”. En este caso, era difícil designar el artículo 5-1-11 como tal cuando una disposición legislativa que tendía a los mismos efectos no afectaba a los inversores no residentes. Como consecuencia, hubiera sido interesante conocer en el fondo la posición de la justicia sobre el ámbito de aplicación en el espacio de este artículo del Reglamento General del Consejo de Mercados Financieros. Es posible pensar que fue al señalar que su actuación no era jurídicamente rigurosa y por lo tanto no sería confirmada por los jueces de instrucción que la Comisión prefirió celebrar el protocolo con la CGU.

El abandono de los procedimientos por parte de la Comisión “a cambio” de la congelación de los derechos de voto durante la duración de las ofertas, fue en este sentido significativo del objetivo buscado. Lo más importante era evitar el uso de los derechos de voto en medio de una batalla bursátil, lo que podría haber favorecido a Société Générale sobre BNP. Por lo tanto, una vez que estos fueron bloqueados, se logró el objetivo. No había justificación para continuar con las acciones actuales, de ahí el «trato».

721. – In view of these difficulties, the legislator intervened within the framework of the law relating to new economic regulations. Article 2 of the law inserted an article L. 421-13 in the Monetary and Financial Code as follows: «Transactions in financial instruments subject to a public offer may only be carried out on a regulated market in a State party to the agreement on the European Economic Area or on a market recognized pursuant to Article L. 423-1 on which these financial instruments are admitted to trading”. Consequently, Article L. 421-13 of the Monetary and Financial Code formulates without any ambiguity the general obligation of concentration of transactions during the offer period. Two sanctions came to ensure the respect of the device. Firstly, provision was made for the nullity of any transaction in a financial instrument not carried out on a regulated market. On the other hand, a more atypical sanction was constituted by the deprivation of voting rights for the holders of financial instruments having acquired these instruments in disregard of the stated principle. The usefulness of the existence of these two sanctions was discussed. Indeed, how to exercise voting rights attached to securities whose acquisition has been cancelled?

722. – Además del problema de la adquisición de valores fuera del mercado durante una oferta pública, estaba la cuestión de la naturaleza del acuerdo entre la Comisión y un actor económico. Sin duda, nacía una nueva herramienta jurídica: “el protocolo aprobado”. La naturaleza de este acto fue una transacción en el sentido del artículo 2044 del Código Civil. Este protocolo, de hecho, fue analizado como un “contrato por el cual las partes ponen fin a una controversia o la evitan pactando concesiones recíprocas”, otorgándole la aprobación autoridad de cosa juzgada.

723. – Finalmente, la cuestión de la base legal de esta transacción de la COB con un actor económico permaneció incierta. Incluso si nos basáramos en el common law, esta transacción probablemente causaría dificultades con respecto al principio de prohibición de la transacción en materia penal. Es cierto que no se trataba formalmente de un procedimiento sancionador. No obstante, “este incumplimiento de una regla de mercado podría haber dado lugar, en su caso, a la instrumentación de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, que se asimila (…) a una sanción penal en cuanto al cumplimiento del principio de los derechos de los defensa». En realidad, sólo una presentación contractual del poder de las autoridades reguladoras podría haber fundado este acuerdo.

724. – Par conséquent, sous prétexte de l’efficacité de son action, l’autorité de régulation se permettait de dépasser les pouvoirs qui lui avaient été attribués ce qui n’était pas sans présenter un danger. Reste à savoir s’il s’agit d’une technique destinée à être réutilisée par la nouvelle institution de contrôle que constitue l’Autorité des marchés financiers. En effet, la Commission des opérations de bourse n’existe plus depuis la consécration d’une unification des autorités de régulation.

§ 2 : La consécration d’une unification des autorités de régulation

725. – Les autorités de régulation boursières ont dû régulièrement s’adapter à des défis nouveaux : l’intégration des marchés financiers, la concurrence croissante entre places financières, l’émergence des conglomérats financiers.

Il était nécessaire de moderniser le contrôle des activités financières pour faire face à ces évolutions. Dans ce contexte, les autorités françaises paraissaient trop nombreuses et segmentées et ne permettaient pas une action optimale vis-à-vis des institutions étrangères. Ainsi, il fallait simplifier et rationaliser le dispositif français pour protéger au mieux le système bancaire et financier.

La fusion des institutions boursières par la création de l’Autorité des marchés financiers (A) consacre donc une unification des prérogatives au sein de l’Autorité des marchés financiers (B).

A/ La fusion des institutions boursières par la création de l’Autorité des marchés financiers

726. – L’Autorité des marchés financiers est née de la fusion de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière.

727. – La nouvelle institution n’a pas la même nature que ses ancêtres. En effet, elle est une autorité publique indépendante. Il convient de remarquer que cette qualification juridique est tout à fait inédite. Celle-ci se distingue, notamment, de la notion d’autorité administrative indépendante classique. En effet, cette nouvelle autorité dispose de la personnalité morale. Logiquement, elle est autonome financièrement dans la mesure où elle perçoit le produit des taxes prélevées dans l’exercice de ses contrôles.

728. – Elle est composée d’un collège et d’une commission des sanctions. Une telle organisation vise notamment à répondre aux exigences d’impartialité en matière de sanctions. 729. – La légalité et la transparence de la prise de décision sont assurées. En effet, la présence d’un commissaire du Gouvernement, qui veille notamment à la conformité des décisions aux textes législatifs et réglementaires, a été prévue.

730. – Les règles de majorité et de consultation écrite visent à assurer la plus grande efficacité de l’instance. En outre, la désignation d’un représentant de la Banque de France a permis de bénéficier des compétences de cette institution en matière financière.

731. – La création de cette nouvelle institution, que constitue l’Autorité des marchés financiers, a donc pour objectif premier d’être plus cohérente à l’échelle nationale et européenne. Incontestablement, celle-ci exerce plus efficacement la régulation des marchés grâce à une unification des missions à son profit.

B/ L’unification des prérogatives au sein de l’Autorité des marchés financiers

732. – L’Autorité des marchés financiers exerce les prérogatives qui étaient dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière

733. – Elle est dotée de compétences dans l’organisation et le fonctionnement des marchés, les offres publiques et les règles de pratique professionnelle qui s’imposent aux acteurs. Elle prend des règlements qui doivent être homologués par le ministre de l’Economie et des Finances. La présence du commissaire du Gouvernement et l’homologation par le ministre garantissent la cohérence de ces règles avec les normes de droit supérieures.

L’Autorité des marchés financiers dispose de la capacité de prendre des décisions générales commentant les règlements et des décisions individuelles d’application des règlements.

734. – Le champ des contrôles de l’autorité recouvre l’intégralité de ceux dévolus à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers. Ainsi, celle-ci peut effectuer des contrôles et des enquêtes.

Il est procédé à une rationalisation des moyens d’action de l’autorité en cas de violation des normes édictées pour assurer le bon fonctionnement des marchés et protéger les épargnants. Ainsi, pour un traitement plus rapide des affaires, l’autorité dispose d’un pouvoir d’injonction et peut ainsi faire cesser les pratiques qui portent atteinte aux droits des épargnants et à la structure du marché. L’Autorité des marchés financiers peut également saisir les tribunaux en la forme des référés. L’objectif est « qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets ».

Enfin, la nouvelle autorité conserve l’ensemble des pouvoirs disciplinaires dévolus à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière.

735. – En termes de procédure, pour les sanctions administratives comme pour les sanctions disciplinaires, la séparation entre les différentes phases est parfaitement assurée. Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers. S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction.

736. – L’ensemble de ces dispositions a permis d’aboutir à une action plus efficace de la régulation boursière. Néanmoins, une difficulté primordiale doit encore être résolue. Il s’agit de la rencontre de la logique de régulation bancaire avec la logique de régulation boursière.

Section 2 : La rencontre de la logique de régulation bancaire avec la logique de régulation boursière

737. – Les offres publiques bancaires ont l’originalité de faire se rencontrer deux dispositifs de régulation animés par des logiques propres. Cette rencontre apparaît comme une confrontation tant les logiques de régulation se révèlent différentes. Ainsi, deux logiques apparaissent : libre-échangisme boursier et protectionnisme bancaire (§ 1). Mais cette rencontre impose une certaine conciliation des deux systèmes (§ 2).

§ 1 : La confrontation de deux logiques

738. – Les offres publiques bancaires confrontent plusieurs logiques de régulation différentes. Cette différence se traduit tant au niveau des principes qui président à la régulation des deux systèmes (A) qu’au niveau de l’action des autorités (B).

A/ La confrontation des principes

739. – Les principes qui président à l’action des autorités de régulation pendant les concentrations bancaires ne sont pas les mêmes. Bien au contraire, ceux-ci sont la traduction de différences de culture. Alors que la régulation bancaire repose sur des principes de protection des établissements de crédit (1), la régulation boursière s’attache à assurer la meilleure concurrence des offres (2).

1/ Le souci de protection du système bancaire

740. – L’objectif essentiel des dispositions bancaires est le maintien de la stabilité du système bancaire. Il s’agit « d’éviter tout risque systémique, c’est à dire l’apparition de difficultés qui mettraient en cause le fonctionnement de l’ensemble du système bancaire, voire qui affecterait les conditions générales de financement de l’économie ». Ainsi, on se trouve en présence d’une logique de protection des établissements de crédit. Le secteur doit être mis à l’abri des perturbations qui pourraient l’affecter. La régulation qui en découle est protectionniste.

Comme nous l’avons vu, le droit de l’accès à l’activité bancaire appréhende les entreprises qui composent le secteur. Incontestablement, l’objet premier de cette régulation n’est autre que les établissements de crédit. Assurer la stabilité du système, c’est d’abord s’assurer de la stabilité des établissements qui le composent et, notamment, de veiller à ce que ceux-ci fassent l’objet d’une « gestion saine et prudente ». C’est la logique de l’agrément et du contrôle des modifications de situation affectant les établissements de crédit. Pour dégager les principes de l’action régulatrice des autorités bancaires, il faut donc se référer aux critères qui président à l’octroi et au maintien de l’agrément. Comme nous l’avons déjà exposé, ces deux initiatives relèvent du contrôle prudentiel des établissements de crédit.

Les principes directeurs du système bancaire sont donc inspirés du souci de protection par le biais du contrôle prudentiel des établissements de crédit. La démarche de la régulation boursière est tout autre.

2/ Le souci d’assurer le libre jeu du marché financier

741. – Plusieurs principes sont apparus comme permanents au cours des différentes réformes. Les textes aujourd’hui en vigueur en font la synthèse en énonçant les principes directeurs de la régulation. Ils témoignent tous du souci d’assurer le bon fonctionnement du marché en y favorisant la meilleure confrontation de l’offre et de la demande.

742. – L’idée de neutralité de la régulation est omniprésente même si elle est d’apparition récente et si sa formulation, en principe, est assez rare. En effet, le législateur, comme les autorités, cherche à maintenir un équilibre entre la possibilité de prendre le contrôle des entreprises cotées et le souci de donner aux cibles le moyen de se défendre. Monsieur Bérégovoy insista sur le souci de neutralité lors des débats au Sénat consacrés au projet de loi du 08/03/1989 en affirmant que le texte gouvernemental n’était ni favorable ni défavorable à cette technique de concentration. De même, le principe de transparence des marchés financiers constitue un leitmotiv. L’article L. 621-1 du Code monétaire et financier confère à l’Autorité des marchés financiers la mission de « veiller (…) à l’information des investisseurs ». Cette action est même érigée en « remède miracle » pour revitaliser les marchés. La transparence devient un élément essentiel dans les réformes de la fin des années 1980. L’exposé des motifs du projet de loi du 26/06/1987 y fait expressément référence, tandis que la loi du 02/08/1989 contient le principe de transparence du marché financier dans son intitulé même. Les principes de sécurité et de protection comptent également parmi les principes cardinaux du droit des marchés financiers. Néanmoins, ceux-ci sont systématiquement évoqués en même temps que celui de transparence. Dès lors, ils apparaissent moins comme des principes autonomes que comme l’objectif poursuivi par la transparence.

743. – Les principes directeurs du droit boursier sont aujourd’hui clairement contenus dans les deux textes de référence en la matière. L’article L. 433-1 du Code monétaire et financier est essentiel tant par son contenu que par son rang dans la hiérarchie des normes. Celui-ci dispose qu’afin d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le Règlement général de l’autorité de régulation boursière fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose, quant à lui, en son article 231-3 qu’« en vue d’un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre publique doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d’égalité de traitement et d’information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition ». Plusieurs principes se dégagent. Le principe de transparence est réitéré. Des principes nouveaux apparaissent : intégrité du marché, loyauté et surtout, égalité des actionnaires. Pour être nouveaux, ces principes ne relèvent pas moins d’une philosophie commune. Cette philosophie commune est la protection du marché financier.

744. – Ainsi, les deux systèmes de régulation mis en œuvre pendant les offres publiques bancaires reposent-ils sur des principes différents. Logiquement, cette confrontation des principes explique la confrontation des autorités.

B/ La confrontation de l’action des autorités

745. – Les concentrations bancaires suscitent des décisions multiples des autorités de régulation. Les décisions de l’Autorité des marchés financiers et du CECEI apparaissent notamment comme relevant de logiques différentes. Ces différences de régularité s’expliquent tant par la mise en œuvre de leur « légalité » respective dans le cadre de la régularité des projets (1), que par la mise à profit de leur marge d’appréciation (2).

1/ La mise en œuvre de leur légalité respective

746. – Le contrôle a priori effectué par l’Autorité des marchés financiers et le CECEI, respectivement sur les offres publiques et sur les prises de participation dans un établissement de crédit, est d’une nature identique. Les autorités de régulation exercent un contrôle de la régularité du contenu des projets qui leurs sont soumis (a). C’est donc, en appliquant leur légalité respective que les solutions apparaissent divergentes (b).

a/ Des contrôles de la régularité des projets

747. – L’Autorité des marchés financiers et le CECEI exercent un contrôle de la régularité objective des projets qui leurs sont soumis. La nature objective de cette appréciation se traduit par une codification très précise des éléments sur la base desquels seront prises les décisions et par la définition d’un bloc de légalité.

748. – First of all, the texts provide for the precise elements that the requests must contain. The admissibility decision issued by the Autorité des marchés financiers is taken on the basis of a letter specifying, in addition to the irrevocable nature of the offers, their objectives, the securities already held, the price or parities offered and the waiver threshold. The authorization to take a stake issued by the CECEI is carried out on the basis of a file including “very in-depth information of a nature comparable to that provided for an approval”. In particular, this file must contain a letter of request, a description of the operation, information on the impact of the modification on the company,

749. – Next, the texts also provide for the elements that must be taken into consideration in decision-making. To assess the admissibility of the draft offer, Article 231-23 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers provides that in order to assess the admissibility of the draft offer, the stock market authority examines: the objectives and intentions of the initiator, the price or the exchange parity according to the objective evaluation criteria usually retained; the nature, characteristics, quotation or market of the securities offered in exchange, the threshold below which it reserves the right to withdraw its offer. With regard to the control of shareholdings by the CECEI, the texts do not provide for any particular rule. Insofar as this control is an extension of the approval, the same elements must be retained. These are the elements of prudential control that we have already mentioned: capital structure, reputation and competence of managers, etc.

750. – Finally, the authorities must decide on the basis of a block of legality in the broad sense. This block is articulated around two series of elements. First of all, the authorities must respect the textual provisions. Thus, in stock market matters, the Paris Court of Appeal clarified its scope in the case of BNP/Société Générale/Paribas. She stated that the stock market regulator must “apply the provisions (…) of the General Regulations, which incorporate the requirements of civil law relating to the determination of the subject of the offer”. In banking matters, the CECEI must rule on all the banking provisions resulting from the law of 01/24/1984. Jurisprudence has already had occasion to affirm this point by stating that the CECEI “is entitled to refer, to refuse to authorize an acquisition of a stake or control, to the assessment criteria laid down by the banking law for the issuance of approval…”. The Committee even expressly referred to it in its last press release relating to BNP’s acquisition of a stake in Société Générale, stating that it had “carried out an in-depth examination of this request with regard to the provisions of the banking law”. . Then, the assessment of the authorities must be guided by the respective guiding principles of each control system. This reference to the respective guiding principles of each control system appears expressly in the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers. Article 231-23 provides that the stock market regulatory authority “may ask the initiator to modify its project if it considers that it may undermine the principles defined by article 231-3” which is not other than the article setting out the general principles of public offers. In terms of equity participation in a credit institution, the reference is tacit. It is no less real. Indeed, the purpose of monitoring changes in the situation of banks is to protect the banking system by ensuring the stability of institutions and in particular their “sound and prudent management”. In terms of equity participation in a credit institution, the reference is tacit. It is no less real. Indeed, the purpose of monitoring changes in the situation of banks is to protect the banking system by ensuring the stability of institutions and in particular their “sound and prudent management”. In terms of equity participation in a credit institution, the reference is tacit. It is no less real. Indeed, the purpose of monitoring changes in the situation of banks is to protect the banking system by ensuring the stability of institutions and in particular their “sound and prudent management”.

751. – Thus, the a priori control carried out by the Autorité des marchés financiers and the CECEI is of an identical nature. This concerns the regularity of public offering or equity participation projects with regard to specific criteria. The fact that the authorities place emphasis in their regulations and in their decisions on the assessment criteria used shows to what extent the objective nature of the control is affirmed. Thus, for example, the General Regulations of the Financial Markets Council with regard to the price or exchange parity criterion specify that the assessment is made “according to the objective evaluation criteria usually adopted and the characteristics of the target company. Therefore, the assessment of each authority during public offers appears justified in law.

b/ Independence of assessments justified by law

752. – In the BNP/Societe Generale/Paribas case, the stock market regulatory authority had pronounced the admissibility of the draft offer, while the CECEI had decided not to authorize the BNP to hold a stake representing 31.8% of Société Générale’s voting rights. Between these two decisions, there is a profound independence of the assessments of each authority. Independence which proceeds from that of the blocks of legality implemented.

753. – Indeed, the decision of admissibility of the stock market authority was justified with regard to the texts and the reference principles of public offers as we have already specified.

754. – The decision of the CECEI did not appear less justified in law. Admittedly, the absence of publication of the decision itself, as well as the absence of legal recourse, deprives us of precious clarifications. However, none of the textual provisions stricto sensu were violated. As regards the principles, and in particular the stability of the banking system, the Committee’s decision was not without foundation. Indeed, the plan to merge the BNP and Société Générale networks could raise fears of serious social difficulties likely to destabilize two major establishments and, consequently, the entire banking system.

755. – Thus, the decisions of the stock market regulatory authority and of the CECEI, although diverging in terms of their results, nevertheless appeared to be equally well-founded in law. This demonstrates the essential origin of their divergent approaches: their respective legality. We must not neglect the weight of the cultures of each regulation either. The latter can be integrated into the decision of each authority thanks to the implementation of their discretionary power. 2/ The use of their margin of appreciation

756. – Public banking offers are likely to give rise to different decisions between stock market and banking authorities due to the latter’s use of the discretionary power they enjoy in accordance with the logic of each branch of law.

757. – The control exercised by the two authorities takes on the nature of a control of regularity and excludes in principle any control of expediency. However, we cannot neglect their respective discretionary powers.

758. – Admittedly, in both cases, any control of economic opportunity is excluded. As regards first of all the control of the admissibility of public offers, the Paris Court of Appeal considers that in the context of the examination of the admissibility of an offer carried out by the stock market authority, the latter does not have to examine the advisability of the industrial or economic project. It only has to assess its consistency with regard to the provisions of Article 5-1-1 of its General Regulations, ie its compliance with the takeover operation submitted to it. This formulation is reminiscent of that used for the approval issued by the Autorité des Marchés Financiers, which does not relate to the economic opportunity of the operation but only to the verification of the relevance and consistency of the information. Turning then, control of equity investments in a credit institution, the assertion is less clear. Jurisprudence has not really had the opportunity to rule on this point. We can, however, find a clue in the original wording of article 32 of the law of 24/01/1984, relating to appeals against the decisions of the CECEI. This provided, in fact, that “the decisions of the Credit Institutions Committee are only subject to appeal for abuse of power”. This provision reinforces the nature of control of the objective regularity of the project to acquire a stake. An assessment of opportunity is rather a hierarchical control that this restrictive wording was intended to exclude. Finally, the doctrine seems to recognize the objective nature of this control. Notably,

759. – Néanmoins, la décision de recevabilité de l’autorité boursière tout comme l’autorisation délivrée par le CECEI procèdent pour une bonne part, du pouvoir discrétionnaire de chaque autorité de régulation. Les textes se bornent, en effet, à indiquer les éléments à prendre en compte et les objectifs à poursuivre. La complexité des éléments qui leur sont soumis engendre des appréciations reposant sur un grand nombre de considérations. Les autorités ne sauraient donc avoir une compétence totalement liée. Conformément à la logique de la régulation économique, les autorités apprécient in concreto les projets qui leur sont soumis pour assurer le bon fonctionnement du marché boursier et du système bancaire. A cette occasion, elles usent de leur pouvoir dans le sens de leur propre logique.

760. – Par conséquent, les décisions prises par les autorités essentielles des deux systèmes de régulation sont profondément différentes dans leur esprit. Différence qui procède certes des normes que chacune doit appliquer, mais également de leur marge d’appréciation imprégnée par leur culture respective. De ce point de vue, la rencontre des deux logiques peut ainsi prendre l’apparence d’une véritable confrontation. Cependant, les offres publiques bancaires ne confrontent pas seulement deux systèmes, elles imposent également leur conciliation.

§ 2 : La conciliation des deux systèmes

761. – Les offres publiques bancaires suscitent la rencontre de deux systèmes de régulation animés par des logiques différentes. Dès lors, l’un des intérêts essentiels consiste dans la mise en œuvre concomitante de deux logiques apparemment antagonistes. S’agissant du processus de décision de chaque dispositif, leur conciliation n’est pas nécessaire en raison d’une répartition dans le temps de leur action : l’une succédant à l’autre (A). S’agissant des principes cependant, la conciliation est inévitable. Celle-ci se traduit par une domination de la régulation bancaire sur la régulation boursière (B).

A/ La coexistence de l’action des autorités

762. – La coordination de l’action des autorités bancaire et boursière suscite de nombreuses difficultés. Lors des deux phases décisives, la phase initiale et la phase finale, la procédure bancaire n’est intégrée qu’avec difficulté dans la procédure des offres publiques. Cette indépendance des deux processus a pour conséquence une répartition temporelle des compétences. Dans la phase initiale, c’est l’autorité boursière qui apparaît comme la tête de file du processus (1). Au contraire, ce rôle revient à l’autorité bancaire lors de la phase finale (2).

1/ L’autorité boursière, tête de file lors de la phase de recevabilité

763. – La décision essentielle revient à l’autorité boursière lors de la phase initiale. Faute de pouvoir être réellement prise en compte, la décision de l’autorité bancaire s’efface derrière celle de l’Autorité des marchés financiers. Les processus respectifs du droit boursier et du droit bancaire font preuve d’une relative indifférence réciproque qui s’explique par le principe d’autonomie de la décision de recevabilité des offres publiques. Ce principe se traduit par l’impossibilité de toute liaison au fond de la décision de recevabilité (a). Les seuls liens possibles touchent au calendrier et se révèlent insuffisants (b).

a/ L’autonomie de droit de la décision de recevabilité

764. – L’absence de coordination entre la décision de recevabilité de l’Autorité des marchés financiers et l’autorisation du CECEI procède d’un principe plus large. Il s’agit de l’autonomie de la recevabilité des offres publiques voulue par le gouvernement et les autorités pour redynamiser le marché boursier.

765. – Pourtant, un dispositif de coordination serait de nature à faciliter grandement l’articulation du système bancaire et boursier. Il aurait également le mérite de la clarté. Il ne fut néanmoins jamais admis pour la régulation bancaire. Aujourd’hui, rien ne permet donc à l’Autorité des marchés financiers de suspendre la décision de recevabilité des offres à une quelconque décision d’une autre autorité de régulation. Les deux processus boursiers et bancaires étant autonomes au fond, seules les dispositions relatives au calendrier des offres sont susceptibles d’unifier quelque peu la procédure suivie.

b/ L’autonomie de fait de la date d’ouverture des offres

766. – La réglementation des offres publiques conditionne l’ouverture et le calendrier des opérations à la prise en compte des autorisations préalables. Si formellement, la recevabilité n’est donc pas suspendue à de telles décisions, le calendrier apparaît comme un palliatif de l’autonomie des autorités. Mais si cette possibilité a amplement été mise en œuvre, elle n’a pas pour autant unifié le traitement des offres publiques bancaires par les deux autorités.

767. – Concrètement, les textes prévoient la prise en compte dans le calendrier des offres des décisions éventuelles d’autres ordres de régulation. Ici, cette disposition ne vise pas que le contrôle concurrentiel des concentrations. L’article 231-30 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose, en effet, que « l’offre est ouverte le lendemain de la publication de la note d’information, soit conjointe de l’initiateur et de la société visée, soit de l’initiateur, ayant reçu le visa de l’AMF et après réception par l’AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur ». Sont ainsi concernés tous les mécanismes d’autorisation préalable, ce qui permet de prendre en compte l’autorisation du CECEI. Donc, si formellement la décision de recevabilité de l’Autorité des marchés financiers n’est pas conditionnée par l’autorisation préalable de l’autorité bancaire, la prise en compte de cette décision pour l’ouverture de l’offre est susceptible de permettre d’intégrer la position du CECEI dans la décision de recevabilité.

768. – Cette prise en considération des décisions du CECEI s’est illustrée à plusieurs reprises. En effet, l’autorité de régulation financière y a fait plusieurs fois référence. Ainsi, dans l’affaire BNP/ Société Générale/ Paribas, elle a rappelé l’énoncé de son Règlement général : l’offre publique sera ouverte après réception par l’autorité de régulation financière « des autorisations préalables requises par la législation en vigueur ». Ensuite, elle a « reçu copie des autorisations préalables requises par la législation en vigueur ». Elle a même évoqué l’autorité bancaire de manière plus précise : « la date de clôture de l’offre en surenchère de la Société Générale sur Paribas sera fixée (…) après autorisation du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement… ». De même, elle a arrêté la date de clôture, « au vu, en particulier, de la demande exprimée par le CECEI le 21/06/1999 à l’intention des trois établissements concernés de parvenir à élaborer une solution commune dans les meilleurs délais ». En outre, dans la concentration Crédit Agricole/ Crédit Lyonnais, des renvois similaires ont été utilisés. Par exemple, celle-ci a précisé qu’une nouvelle information serait publiée pour faire connaître la date d’ouverture et de clôture de l’offre après réception « des autorisations préalables requises par la législation en vigueur ». De fait, l’autorité de régulation financière a veillé à prendre systématiquement en compte les autorisations préalables du CECEI.

769. – Pour autant, cette liaison au niveau du calendrier n’est pas suffisante pour unifier le processus de décision entre l’Autorité des marchés financiers et le CECEI. En effet, le caractère préalable du contrôle du CECEI a volé en éclats au cours des offres publiques et ce, pour deux raisons. D’une part, contrairement au contrôle communautaire de la concurrence où l’autorisation préalable vaut quelles que soient les surenchères effectuées par la suite, le CECEI doit délivrer une autorisation spéciale pour chaque nouvelle offre. D’autre part, l’autorisation délivrée par l’autorité bancaire est conditionnelle. Ces caractères tendent à transformer ce contrôle a priori en contrôle a posteriori. Dès lors, le fait pour l’Autorité des marchés financiers de prendre en considération l’autorisation préalable délivrée par le CECEI n’a pas plus de conséquences que celle de retarder le calendrier. La logique de l’autorisation préalable est en effet de permettre le déroulement d’un processus ou de l’empêcher ab initio. Poser une condition c’est renvoyer l’appréciation à la fin de l’opération. Cela fait donc disparaître l’intérêt de l’autorisation préalable, celui de la sécurité juridique pour les acteurs lesquels risquent de s’engager dans une opération difficile sans avoir la certitude de pouvoir atteindre in fine leurs objectifs. Le droit et le fait se conjuguent ici pour écarter de la décision l’autorité bancaire, ce qui a pour conséquence de faire de l’Autorité des marchés financiers la tête de file de cette première phase. L’autorité bancaire prend néanmoins à son tour la tête du processus lors de la décision finale.

2/ L’autorité bancaire, tête de file lors de la phase de décision finale

770. – Lors de la phase de décision finale, les deux autorités doivent développer des coopérations, vu l’enchevêtrement de leurs compétences. Celles-ci sont néanmoins superficielles (a). En outre, ces coordinations dissimulent mal une véritable domination du CECEI qui, de fait, prend la seule décision finale (b).

a/ Des coordinations superficielles

771. – L’Autorité de régulation financière et le CECEI ont dû coordonner leur action s’agissant de leurs décisions finales. Ces coopérations ont pu notamment s’appuyer sur les différents liens organiques existant entre les autorités. En effet, la Banque de France dispose d’un représentant auprès de l’Autorité des marchés financiers. En outre, le CECEI comprend le président des autorités qui ont approuvé le programme d’activité d’un prestataire de service d’investissement. Ainsi, les organes de décision des autorités de régulation sont des lieux privilégiés de concertation et de coordination entre les autorités.

772. – Moreover, their competences overlap in such a way that it is impossible for them to decide in isolation. The Autorité des marchés financiers is responsible for announcing the results of the public offer. Article 5-3-2 of its General Regulations stipulates that the market operator informs the authority of the number of securities presented in response. The authority publishes the result of the offer and, if the offer is successful, announces the number of shares acquired by the initiator. However, the CECEI must decide on the basis of precise thresholds, in particular in order to be able to decide with regard to the quantified criteria which it itself set out in its press release of 03/29/1999, in which it announced that it would authorize “50.01% takeovers…”. Therefore, the CECEI cannot decide before knowing the figures. These can only be published by the Autorité des Marchés Financiers and constitute the results of the offer, results which cannot be acquired until the CECEI has made its decision. It is obvious that only a coordination of the decisions of the two authorities can make it possible to overcome the difficulty.

773. – Así, en el centro de las ofertas de banca pública de BNP sobre Société Générale y Paribas, se estableció una estructura de consulta permanente entre las autoridades de los dos sistemas. Esta es la primera piedra fundamental en esta búsqueda de coherencia entre los dos sistemas normativos. Esta estructura fue creada por la ley del 25/06/1999 relativa al ahorro y la seguridad financiera. Tomó la forma de un “colegio de autoridades financieras” y estaba inicialmente destinado a “sacar todas las consecuencias de las operaciones recientes y la evolución de los mercados financieros”. Este colegio estuvo en el origen de varias disposiciones de la ley relativas a las nuevas regulaciones económicas en materia financiera y tiene por objeto seguir mejorando la consulta entre las autoridades.

774. – Luego, desde la oferta pública de BNP por Société Générale y Paribas, la autoridad reguladora financiera ha publicado un resultado provisional de la oferta. El aviso de resultado final se publica sólo después de que el CECEI se haya pronunciado sobre la operación. La Autorité des marchés financiers luego publica los resultados finales de la oferta pública. Esto mantiene la consistencia del proceso general. Sin embargo, es fundamental señalar que la coordinación se realiza mediante una forma de dominación.

b/ Coordinación en forma de dominación

775.- La fase final de las ofertas de la banca pública destaca una coordinación superficial de las dos autoridades reguladoras. Sin embargo, esta coordinación no puede ser percibida como igualitaria.

776. – No se trata de conciliar dos decisiones separadas. De acuerdo con la lógica de la regulación de las ofertas públicas, la Autorité des marchés financiers no tiene que comentar el resultado de las ofertas. Sólo hace público un conteo realizado por la SBF. La ley del mercado de valores, ley para el buen funcionamiento de los mercados financieros, lleva a la autoridad competente a ratificar el resultado de la operación cuando compruebe que el procedimiento de licitación se ha realizado correctamente. Sólo los accionistas tienen derecho a decidir al final de la oferta desde el punto de vista de la ley del mercado de valores, por lo que la Autorité des marchés financiers ratifica más de lo que decide. Por el contrario, el CECEI, encargado de aplicar la ley bancaria, toma su decisión por razones de fondo. Este último,

Consequently, public banking offers bring together two regulatory processes. The confrontation of the guiding principles of each logic leads on the other hand to a difficult reconciliation. This reconciliation results in an undeniable domination of banking law.

B/ Reconciliation of principles through the domination of banking law

777. – When principles appear incompatible, they must be reconciled: it is those of stock market regulation that seem to give way. Banking regulation is asserting itself in the face of this, both in terms of the principles intended to clarify the choice of the market (1), and those which make it possible to assess the choice of the latter (2).

1/ The questioning of the principles intended to clarify the choice of the market

778. – The very fact that another regulatory system intervenes in the price of a public offering calls into question certain principles of stock market law. Two principles relating to the need to allow investors to make decisions with full knowledge of the facts have in fact been affected by the emergence of this system without a compromise having been found. This is the principle of transparency on the one hand (a) and the principle of irrevocability of offers on the other hand (b).

a/ Violation of the principle of transparency

779. – We have already specified the importance of the principle of transparency in the law on public offers. This is now affirmed by Article L. 433-1 of the Monetary and Financial Code and by Article 231-3 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers. It is one of the guiding principles of this regulation.

780. – The eruption of the CECEI undermines this principle insofar as an authority unrelated to the law on public offers rules on the basis of rules little known to investors. The principle of transparency tends, in fact, to allow the “shareholders of the company targeted by the offer (…) [to] make their decision on the basis of fair and clear information”. Consequently, the fact that the public offer is subject to a parallel regulatory process, quite obscure from the point of view of its procedure and its assessment criteria, obviously prevents investors from acting in full knowledge of the facts . In other words, the market cannot truly anticipate events. The efforts made by the CECEI, in particular through the publication of letters from the governor, do not give the feeling of real transparency or real predictability. In the BNP/Societe Generale/Paribas affair, this was reflected throughout the offers, and in particular each time the CECEI took a stand, by a market sanction on the share price of the three credit institutions. Thus, the irruption of an unknown regulatory system in public offers calls into question the principle of transparency of public offers. It also calls into question the principle of irrevocability of offers. Does the irruption of a little-known regulatory system in public offers call into question the principle of transparency in public offers? It also calls into question the principle of irrevocability of offers. Does the irruption of a little-known regulatory system in public offers call into question the principle of transparency in public offers? It also calls into question the principle of irrevocability of offers.

b/ Violation of the principle of irrevocability of offers

781. – The principle of irrevocability of offers affects the same requirement as the principle of transparency: that of allowing investors to anticipate. It is laid down by article 231-14 of the General Regulations of the Autorité des marchés financiers. The latter provides that the deposit is made by letter addressed to the financial regulatory authority guaranteeing, under the signature of at least one presenting institution, the content and the irrevocable nature of the commitments made by the initiator.

782. – Here again, this principle applies to participants, and in particular, as indicated in the General Regulations, to the initiator. Similarly, when the doctrine examines the principle of irrevocability in the BNP/Societe Generale/Paribas case, it envisages its challenge with regard to BNP’s double OPE and not with regard to any system whatsoever. of regulation foreign to the law of public offers.

783. – However, the conditional nature of the CECEI’s authorization cannot be without impact on the substance of the principle of irrevocability. Indeed, as we have seen, through this conditional nature, the CECEI transforms the nature of its control. From a priori, this becomes a posteriori. In doing so, if formally, the principle of irrevocability still weighs on the initiator and if, just as formally, the latter is therefore respected, the principle is nonetheless, in essence, undermined. Substantially, the offers are conditioned by obtaining a posteriori an authorization outside the system of regulation of public offers. And, here again, no adjustment has made it possible, in essence, to preserve the substance of these principles.

Also, the meeting of these two regulatory systems is reflected, with regard to the respective principles of each system, by a questioning of the principles intended to ensure the ability of investors to anticipate. The principles of stock market law are also undermined by the questioning of the principles which govern the assessment of the choice of the market.

2/ The questioning of the principles intended to assess the choice of the market

784. – The calling into question of the principles by virtue of which the choice of the market is assessed was illustrated in the criteria used by the CECEI to make its decision regarding the stakes that BNP would hold in Société Générale and in Paribas. Indeed, the CECEI distinguished three hypotheses: majority takeover, minority takeover and simple acquisition of a stake. The first hypothesis does not take on a particular character here. It corresponds to the fact that the Committee had taken note of BNP’s desire to take control of the targets to at least 50.01%. The two following ones are more interesting for our purpose because they testify to a profound autonomy of banking law in the appreciation of the choice of the market.

a/ The attack on traditional methods of assessing minority control

785. – With regard to a minority takeover of a bank, the CECEI decides with regard to the existence of effective power to control the target. However, in the BNP/Société Générale/Paribas affair, the Committee added to this criterion the requirement that it be manifest. This criterion is foreign to the legal qualifications traditionally retained by company law and the CECEI has not made any definition. This silence can be analyzed in several ways. But, in the case of such a derogatory right, this silence pleads for the autonomy of concepts. In our opinion, this autonomy is questionable. Thus, the autonomy of banking law seems real with regard to the criteria for assessing a minority takeover compared to the traditional criteria used in other branches of law.

b/ The attack on the freedom to acquire a simple participation

786. – En ce qui concerne les prises de participation simples, l’autonomie est ici assumée par le CECEI. Dans un courrier du 16/07/1999, le Gouverneur de la Banque de France a indiqué que tout initiateur souhaitant conserver une participation minoritaire dans un établissement de crédit est tenu d’en solliciter l’agrément et de proposer à l’appui de celui-ci une solution claire et concertée.

787. – Or, une telle obligation ne résulte d’aucun texte et semble particulièrement dérogatoire au droit boursier dans lequel les initiateurs peuvent certes préciser au préalable un seuil de renonciation, mais où le principe de prise de participations hostiles n’est pas exclu en soi. Telle est pourtant la portée de la condition posée par le Comité.

788. – Ce faisant, elle prend une position radicalement opposée à celle de la Cour d’appel de Paris du 17/06/1999 lorsqu’elle a considéré qu’une offre publique hostile n’était pas contraire aux principes directeurs des offres publiques au seul motif que ce serait hostile. Là encore, l’autonomie de l’approche du système de régulation bancaire se traduit par une remise en cause des principes de la régulation boursière.

789. – En conséquence, nous avons démontré que la complexité de la régulation financière repose sur l’existence de différents mécanismes de contrôle conçus indépendamment les uns des autres. Il est donc nécessaire de repenser chaque système de régulation non plus isolément mais dans la perspective d’un ensemble cohérent. Cela rend évidemment souhaitable une modification des contrôles.

Section 3 : L’évolution souhaitée des contrôles

790. – L’architecture actuelle des contrôles doit être réformée (§1). Cette réforme devrait aborder les mécanismes de régulation de manière globale afin que la coordination entre les branches du droit soit effective. Il en résulterait une amélioration de la coordination des contrôles bancaires avec les autres branches du droit (§ 2).

§ 1 : La réforme de l’architecture des contrôles

791. – La réforme des contrôles passe par la création d’un contrôle démocratique des autorités de régulation (A) mais aussi par une réforme structurelle européenne (B). La sécurité bancaire et financière européenne a un prix qui va bien au-delà de l’ajustement marginal des mécanismes de supervision actuels. Réforme en profondeur de la structure, du rôle et des fonctions des régulateurs de la sphère bancaire et financière européenne : tel en est le prix.

A/ La création d’un contrôle démocratique des autorités de régulation

792. – L’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est à la source même du système de régulation financière. Cette indépendance repose sur la méfiance des opérateurs vis-à-vis de toute ingérence gouvernementale, mais elle ne disqualifie aucun lien avec le pouvoir politique. Il ne fait que condamner l’interventionnisme gouvernemental. Il est donc nécessaire de clarifier les incertitudes qui subsistent dans les relations entre les autorités et le gouvernement avant d’envisager pour l’avenir un contrôle politique renouvelé fondé sur la responsabilité politique.

793. – Tout d’abord, l’hypertrophie du pouvoir de décision individuel des collectivités tend à neutraliser le pouvoir réglementaire du ministre des Finances. Les offres publiques des banques ont bien illustré ce point. Lorsque le CECEI exige que « la détention du pouvoir de contrôle » prévu par le règlement n° 96-16 du 20/12/1996 soit « manifeste », il empiète sur la compétence du ministère des Finances. Par ailleurs, le rôle des représentants du ministère des Finances au sein des instances de régulation et notamment le rôle du directeur du Trésor au sein du CECEI doit être clarifié. Ce dernier en est membre de droit. Il a une voix délibérative et le pouvoir de demander l’ajournement des décisions du Comité. Il contribue à donner l’image d’un comité écran où seuls le gouverneur et le ministre auraient réellement le pouvoir de décider. Il conviendrait donc de retirer au Directeur du Trésor la voix délibérative et son pouvoir d’ajournement pour éviter ce type de critiques. Mais au-delà de cette clarification, une nouvelle forme de contrôle démocratique doit être envisagée.

794. – Government control does not exhaust democratic control. On the contrary, this is only one of the possible forms. Indeed, it is traditionally up to Parliament to exercise control over the administration. In France, this takes the form of control of the government by the parliamentary assemblies constituted by the National Assembly and the Senate. We could draw inspiration from this parliamentary control with a view to reforming French financial regulation. This form of political control would have the merit of allowing democratic control while minimizing the risk of interventionism. Indeed, parliamentary control would make it possible to overcome the contradiction between the requirement of democratic control and the discrediting of governmental control of the regulatory authorities.

795. – The law on new economic regulations provides for an embryo of political control and, in so doing, the beginning of a response to the essential questions raised by public banking offers. Provision is made for parliamentary control of all the authorities involved by the two assemblies.

The law made it possible to release from professional secrecy the agents of the financial services or of control of the banking and financial sector, with regard to the rapporteurs of the parliamentary commissions of inquiry. These provisions concern the CECEI, the Banking Commission, the Insurance Control Commission and the Financial Markets Authority.

796. – On aurait pu dès lors espérer que ces dispositions augurent d’une véritable réflexion sur le contrôle démocratique des autorités. Or, il n’en est rien. Celles-ci sont présentées comme des mesures de coordination. Ces dispositions ne sont vouées qu’à délier du secret professionnel les membres des autorités de régulation bancaire et financière dans le cadre de commissions d’enquête parlementaires.

797. – Seule l’affirmation de la responsabilité politique des autorités serait susceptible de rendre des bases solides à ces deux systèmes de régulation. Nous souhaitons donc que le CECEI, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances et l’Autorité des marchés financiers soient contrôlés annuellement par les commissions des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et ce, de façon systématique. Ce contrôle se ferait sur la base du rapport annuel de chacune des autorités. Ainsi, ces rapports devraient rendre compte de manière précise de l’activité des institutions. Précisons que ce contrôle serait général et ne pourrait constituer une pression sur une décision individuelle.

798. – A défaut de mise en œuvre de cette proposition, il pourrait être effectué une évaluation périodique des autorités de régulation par les offices parlementaires d’évaluation de la législation et des politiques publiques. Ainsi, il serait effectué une mesure de la performance des autorités à s’acquitter de leurs missions compte tenu de leurs moyens.

799. – Au delà de la création d’un contrôle démocratique des autorités de régulation au niveau national, c’est certainement l’ensemble de la structure de contrôle qui doit être repensé au niveau européen.

B/ La voie de la réforme structurelle européenne

800. – La Commission européenne a publié récemment un plan d’action concernant le cadre applicable aux marchés financiers. Dans ce document, elle indique que de nombreux changements doivent être effectués dans le système actuel avant que l’Europe ne puisse prétendre posséder un marché de capitaux unique et homogène. La Commission souligne que la fragmentation des marchés de capitaux devrait être éliminée. Pour réaliser cet objectif, une étude concernant une refonte profonde de la politique poursuivie en matière de marché financier est nécessaire. En effet, l’éparpillement des contrôles des marchés financiers entre une multitude d’institutions nationales amoindrit la transparence et peut être la cause de graves périls en cas de crise.

801. – La mise en place de l’Union économique et monétaire en 1999 a marqué la première étape dans la création d’un marché unique européen des valeurs mobilières. En outre, le secteur bancaire européen est entré dans une phase de consolidation accélérée. Ces concentrations bancaires entraînent des implications pour le marché bancaire dans la Communauté en raison des effets systémiques que pourrait avoir une crise affectant ces établissements importants. Le développement de « champions nationaux », suite à des concentrations, pourrait avoir un effet négatif sur le comportement « coopératif » des autorités de contrôle. Celles-ci pourraient avoir tendance à considérer que ces établissements doivent faire l’objet d’un traitement privilégié parce qu’ils seraient, selon la formule consacrée, « too big to fail ». Les informations pourraient être transmises trop tard aux autres autorités de contrôle afin d’éviter que la communication n’aggrave la situation de l’établissement concerné. Or, la mise en place d’un dispositif de contrôle européen permettrait de prendre les décisions qui s’imposent rapidement. Ainsi, la voie de la réforme structurelle peut être justifiée (1). En outre, cette évolution est possible sans modification du Traité établissant la Communauté européenne (2).

1/ Les justifications de la réforme structurelle

802. – Notre volonté de promouvoir une centralisation des contrôles dans l’Union européenne, nous confronte immanquablement à certaines questions. Il s’agit de justifier ce choix en précisant l’organisation des tâches à centraliser. Effectivement, la délimitation du pouvoir de ces nouvelles autorités de régulation ne fait pas l’objet d’un consensus. Nous allons donc justifier la création d’une Commission européenne des marchés de valeurs mobilières (a) et d’une Commission européenne de contrôle prudentiel (b).

a/ Les justifications concernant la création d’une Commission européenne des marchés de valeurs mobilières

803. – L’introduction de l’euro a permis la création d’un vaste marché de valeurs mobilières libellées en euros. De même, les négociations en vue de l’intégration des Bourses européennes se sont accélérées. Néanmoins, le régime européen reste inchangé. Aux lieu et place d’une autorité centrale à travers laquelle les politiques de base pourraient être formulées et mises en place de manière uniforme, quinze régimes différents demeurent à l’intérieur de l’Union européenne, chacun impliquant des degrés divers de coopération. Ainsi, de nombreuses disparités existent entre les différents régimes européens.

804. – Par ailleurs, les conditions auxquelles sont soumises les entreprises pour financer leurs investissements ainsi que le rôle des intermédiaires financiers continuent à varier considérablement d’un pays à l’autre au sein de l’Union européenne. Ceci s’explique par des différences structurelles profondément enracinées des systèmes juridiques, des degrés différents de développement des marchés et des institutions financières et par le rôle de l’Etat dans chaque pays. Il sera impossible de stimuler une véritable compétition transfrontalière dans l’industrie financière si une autorité centrale de contrôle n’est pas mise en place. Il convient également de rappeler que la Banque centrale européenne ne possède aucune compétence en matière de valeurs mobilières.

805. – Par conséquent, la création d’une Commission européenne des marchés de valeurs mobilières est dans une large mesure inévitable et indispensable. Cet organisme pourrait être une institution indépendante à l’image de l’autorité des marchés financiers en France. Néanmoins, il serait également possible de donner compétence à une direction de la Commission européenne à l’instar de ce qui existe en matière de concurrence avec la DG IV.

806. – La mise en place d’une autorité de tutelle des marchés au niveau européen permettrait de protéger l’intégrité du marché unique. En effet, celle-ci disposerait d’un pouvoir normatif étendu et coordonnerait les actions des autorités nationales. Elle se concentrerait sur la politique d’ensemble et le contrôle des marchés en Europe, tandis que les Bourses et les autorités de tutelle nationales opéreraient toujours leur propre surveillance, notamment en matière d’offre publique. En outre, la création d’une Commission européenne de contrôle prudentiel devient également primordiale avec le développement des concentrations bancaires européennes.

b/ Les justifications concernant la création d’une Commission européenne de contrôle prudentiel

807. – En l’état actuel, l’architecture prudentielle européenne repose sur trois piliers principaux : les autorités de supervision nationales, la coopération multilatérale et l’action de la Commission européenne.

808. – Il convient de s’interroger sur le point de savoir si cette répartition des rôles est bien adaptée à la nouvelle donne du secteur bancaire européen. En effet, dans une phase de consolidation accélérée, la mission européenne dépasse le seul domaine concurrentiel. La doctrine de la Commission européenne des consolidations du secteur bancaire européen, visant à préserver le bien être du consommateur face aux mastodontes bancaires européens, interagit sur le champ d’action des autorités de supervision bancaire. L’action du régulateur et de la Commission européenne peuvent soit se compléter, soit entrer en conflit. Par exemple, la tâche des superviseurs consistant à fixer des marges bancaires de référence rejoint l’action de la Commission européenne. En revanche, superviseurs et Commission européenne peuvent entrer en conflit d’intérêts lorsque les autorités de supervision tentent de préserver la compétitivité des banques et mettent au second plan les problèmes concurrentiels. A notre avis, la création d’une Commission européenne de contrôle prudentiel limiterait ce risque de conflit.

809. – La doctrine économique est divisée sur les avantages respectifs de la séparation de l’organe chargé de la politique monétaire et de celui ou ceux responsables du contrôle prudentiel. Ainsi, le contrôle prudentiel pourrait être assumé par la Banque centrale européenne. Cependant, nous n’y sommes pas favorables car cela dépasserait les prérogatives qui lui ont été attribuées. Effectivement, la Banque centrale européenne a engagé sa crédibilité sur son entier dévouement à la stabilité monétaire. Pourrait-elle oser une contradiction qui risquerait de porter atteinte à une crédibilité déjà bien érodée ? Plus fondamentalement encore, les Etats ont peur de son impérialisme. Lui octroyer un tel pouvoir supplémentaire serait sans aucun doute très critiqué.

810. – Por lo tanto, preferimos proponer la creación de una autoridad independiente que unifique los controles prudenciales en Europa. A estos últimos se les transferiría la facultad de otorgar aprobaciones y autorizaciones de toma de control. Así, desarrollaría una doctrina única sobre los criterios de aprobación en Europa, que permitiría eliminar las importantes disparidades existentes en las distintas legislaciones nacionales. Esta propuesta establecería la existencia de un procedimiento de aprobación europeo. Además, también podría encargarse de la supervisión prudencial de las entidades de crédito en Europa. En efecto, estos últimos, instalándose paulatinamente en toda Europa, estarán sin duda mejor controlados por una entidad que tendrá prerrogativas a escala europea y por tanto mayor visibilidad. En nuestra opinión, la creación de una Comisión Europea de Supervisión Prudencial es, sin duda, la solución más eficaz a medio plazo. No requiere necesariamente una fusión de autoridades reguladoras, sino una agrupación bajo el mismo paraguas de diferentes entidades.

Dado que la creación de tales autoridades está justificada, ahora corresponde sugerir una base legal para su creación.

2/ La sugerencia de una base legal que permita la creación de nuevas autoridades europeas

811. – El artículo 308 del Tratado dispone que “si la acción de la Comunidad parece necesaria para lograr, en el funcionamiento del Mercado Común, uno de los fines de la Comunidad, sin que este Tratado haya previsto las facultades de acción requeridas para ello Para ello, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las medidas oportunas”. Por lo tanto, este artículo permite tomar todas las medidas apropiadas para lograr uno de los objetivos de la Comunidad. Por lo tanto, se debe tener cuidado para comprender el alcance de esta facultad, así como los requisitos de procedimiento y de fondo impuestos por el artículo 308.

812. – El objeto antes mencionado se define en el artículo 2 del Tratado. Establece que «la Comunidad tendrá la misión de establecer un Mercado Común, de una Unión Económica y Monetaria y, mediante la ejecución de las políticas o acciones comunes a que se refieren los artículos 3 y 4, de promover en el conjunto de la Comunidad una armonía, desarrollo equilibrado y sostenible de las actividades económicas, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros».

813. – Razonablemente podemos pensar que este objeto justificaría para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la creación de una Comisión Europea del Mercado de Valores y una Comisión Europea de Supervisión Prudencial sobre la base de lo dispuesto en el artículo 308.

814. – The other condition required by Article 308 consists in showing that the action of the Community appears necessary in order to achieve one of the objects of the Community. The justification for the creation of the new European authorities will thus have to be strongly established because there is a definite difference between an action favoring one of the objectives of the Community and that which is absolutely necessary to achieve it. This last condition is more difficult to fulfill but it is not out of reach. The uniform application of regulations to ensure effective supervision protecting the stability of the banking and financial system is of crucial importance. The creation of European authorities is the only way to achieve these objectives.

815. – L’action en cause doit se montrer « appropriée », condition qui renvoie au principe communautaire de proportionnalité. L’un des objets d’une réglementation efficace des marchés financiers consistant en la prévention d’incidents, il est difficile de prétendre que la mise en place de telles entités ne constituerait pas une décision appropriée en vue de réaliser l’un des objets de la Communauté. Effectivement, il convient de prendre en considération les conséquences sociales, politiques et économiques des dysfonctionnements importants des marchés de valeurs mobilières ainsi que la carence du contrôle prudentiel au niveau européen.

816. – L’utilisation qui a été faite de l’article 308 dans les nombreuses matières où il a permis des avancées constructives pour la Communauté renforce notre conviction. Celui-ci pourrait constituer une base juridique acceptable. En effet, il octroie des pouvoirs législatifs à la Communauté dans des domaines importants pour lesquels elle ne possédait pas de compétences législatives plus précises aux termes du Traité. L’article 308 a été utilisé comme fondement pour justifier la réglementation dans certains domaines de la protection de l’environnement avant que la matière ne soit l’objet de dispositions particulières du Traité. Il a, en outre, permis de faire progresser le droit des sociétés dans des domaines aussi variés que la comptabilité consolidée et les notes d’information d’admission en bourse. Il a également été employé pour instituer les groupements européens d’intérêt économique.

Par conséquent, il existe un fondement juridique permettant la création de ces nouvelles autorités. Pour assurer la sécurité bancaire et financière en Europe, il n’existe pas d’alternative à une véritable réforme structurelle des dispositifs. Cette évolution permettrait la mise en place d’une régulation européenne plus unifiée. Corrélativement, il conviendrait également d’améliorer la coordination des contrôles bancaires avec les différentes branches de droit.

§ 2 : L’amélioration de la coordination des contrôles bancaires avec les différentes branches de droit

817. – Une difficulté majeure se pose : la coordination des différentes branches de droit. En effet, l’application des contrôles bancaires exclut de nombreuses règles juridiques des autres branches de droit. Le droit applicable aux concentrations bancaires laisse donc apparaître un certain nombre d’incertitudes qu’il convient de faire disparaître. Pour réaliser cet objectif, il apparaît nécessaire de coordonner les contrôles bancaires avec les différentes branches de droit dans un objectif de protection du système bancaire et financier. Cette coordination doit s’effectuer au fond (A) mais aussi en ce qui concerne les procédures (B).

A/ The necessary improvement of substantive coordination

818. – It appears necessary to coordinate banking controls, on the one hand, with banking accounting law (1) and on the other hand, with branches of law outside banking law (2).

1/ Coordination between banking controls and banking accounting law
819. – First of all, there is a conflict of definition concerning the notion of control.

820. – The CECEI does not limit the takeover to the acquisition of an absolute majority of voting rights, but envisages, more broadly, the acquisition of the effective power of control.

821. – Banking accounting law, in the Regulation relating to the consolidation of the accounts of credit institutions and financial companies, gives a very precise definition of the notion of control. This definition is given in article 3 of these Regulations. “A company is considered to be exclusively controlled when the parent company holds, directly or indirectly, a capital participation and either the majority of the voting rights, or the power to appoint the majority of the members of the administrative bodies, management or supervision. In the following two cases, the existence of exclusive control is also presumed:

– when there are no other shareholders or associates holding together a stake greater than that of the group and each holding more than 5% of the capital;

– when, in particular, by virtue of a management contract or statutory clauses, a group company exercises a dominant influence therein”.

822. – This definition of control was rejected by the CECEI during the public exchange offer launched by BNP for Société Générale and Paribas. The latter adopted its own conception of the measurement of the effective power of control and considered in this case that a shareholder holding a stake in voting rights less than the blocking minority of one third did not exercise effective power to control.

823. – However, BNP, relying on the definition of the aforementioned Regulation, was “certain to exercise exclusive control over its target”. The latter undoubtedly respected this situation, but the CECEI replied that it was not bound by the rules of the Banking Regulation Committee.

824. – The jurist can only be astonished by such an argument. It is inadmissible that the CECEI does not apply the definitions formulated by the Banking Regulation Committee. Admittedly, under certain conditions, the reasoning according to which special law can set aside common law is likely to be accepted. However, in this hypothesis we are not in the presence of a common right and a special right. The latter should therefore, in the future, apply the definition of exclusive control as it results from Regulation No. 85-12 of 11/27/1985 amended by the aforementioned regulations.

Finally, it would even be desirable for all the legal rules, ie banking controls and all the branches outside banking law, to be coordinated.

2/ Coordination between banking controls and branches of law outside banking law

825. – Es necesaria la coordinación entre los controles bancarios y el derecho contractual (a), el derecho societario (b) y el derecho bursátil (c).

a/ Coordinación básica entre controles bancarios y derecho contractual

826. – En primer lugar, es evidente un conflicto entre el derecho contractual y el derecho bancario. De hecho, sobre la base del derecho contractual común, las partes son libres de adquirir y vender sus acciones en una empresa. Del mismo modo, cualquier empresa es libre de lanzar una oferta pública sobre otra empresa. Esta oferta constituye una solicitud que el accionista es teóricamente libre de aceptar o rechazar. El oferente adquiere los valores que le son entregados al final de la oferta. Sin embargo, el CECEI condiciona la autorización de participación en un banco a que vaya acompañada de un acuerdo entre los bancos. Este requisito se deriva del hecho de que las inversiones de capital deben ser compatibles con el buen funcionamiento del sistema bancario. Así, en el caso BNP/Société Générale/Paribas, el CECEI se negó a permitir que BNP tomara una participación minoritaria en Société Générale con el argumento de que los dos bancos no habían logrado concluir un acuerdo estratégico. Éste consideró que la agitación particularmente importante en las agencias del blanco podría hacer temer serias dificultades sociales. De igual forma, el bloqueo de instituciones por parte de las asambleas generales, transformándose en enfrentamientos entre bloques de accionistas en profundo desacuerdo, podría generar temores por el buen funcionamiento del sistema bancario. En consecuencia, el interés de los establecimientos estaba indudablemente en entredicho y el funcionamiento del sistema bancario también en vista de su tamaño. El perfil comparable de los dos principales bancos, BNP y Société Générale, contrabancos, podría hacer pensar que a largo plazo una fusión de las redes habría sido inevitable.

827. – However, such reasoning is dangerous because any equity investment by a French bank risks, in principle, giving rise to economic difficulties, and therefore disrupting the proper functioning of the French banking system.

828.- Por lo tanto, sería importante que el CECEI ya no condicionara la adquisición de participaciones en un banco a la existencia de un acuerdo entre los bancos. De hecho, ningún texto de la ley bancaria se refiere a este requisito. Ni el artículo L. 611-1 del Código Monetario y Financiero ni el artículo 2 del Reglamento nº 96-16 de 20/12/1996 sugieren esta condición. No corresponde a la autoridad reguladora prever una condición tan importante. Esto no crea la ley, es al legislador que le corresponde esta tarea. Así, el CECEI ha tomado unos márgenes en relación con la ley que no pueden satisfacer al abogado y que justifican un cambio de posición de esta autoridad. Esto eliminaría la vulneración de la libertad de contratación.

Además, la falta de coordinación entre el derecho bancario y el derecho de sociedades crea incoherencias.

b/ Substantive coordination between banking controls and company law

829. – Company law defines the notion of control of a company. However, banking law is in conflict with this definition. The CECEI does not limit the takeover to the acquisition of an absolute majority of voting rights, but envisages, more broadly, the acquisition of the effective power of control. This seems to be due to the concern to assess on a case-by-case basis the reality of the control exercised, including moreover in establishments whose social form is not that of a commercial company. In addition, Article L. 611-1 of the Monetary and Financial Code has clearly established that banking controls apply to transactions carried out indirectly within the meaning of company law.

830. – In order to resolve this conflict of laws, it is necessary to improve the coordination of banking law and company law. The legislator should intervene to coordinate these two branches of law. Regarding the definition of control by Article L. 233-3 of the Commercial Code, it is imperfect. Indeed, a company can control a second without directly or indirectly holding a fraction of the capital or voting rights giving it the majority of voting rights in the general meetings of this company. In addition, article L. 233-3-II of the Commercial Code does not provide sufficient details by presuming control when a company directly or indirectly holds a fraction of the voting rights greater than 40% and no other partner or shareholder holds directly or indirectly a fraction greater than its own. The position of the CECEI, which is not limited to the acquisition of the absolute majority of voting rights or even a fraction of 40%, is more realistic. We therefore propose a change in the definition of the concept of control as it results from Article L. 233-3 of the Commercial Code so that it is defined similarly in banking law and company law. The legislator could reform the definition of control in company law by aligning itself with banking accounting law and more specifically with Regulation no. 85-12 of 11/27/1985. Indeed, the definition of the concept of exclusive control is much more precise there. “A company is considered to be exclusively controlled when the parent company holds, directly or indirectly, a capital participation and either the majority of the voting rights, or the power to appoint the majority of the members of the administrative bodies, management or supervision. In the following two cases, the existence of exclusive control is also presumed: “A company is considered to be exclusively controlled when the parent company holds, directly or indirectly, a capital participation and either the majority of the voting rights, or the power to appoint the majority of the members of the administrative bodies, management or supervision. In the following two cases, the existence of exclusive control is also presumed: “A company is considered to be exclusively controlled when the parent company holds, directly or indirectly, a capital participation and either the majority of the voting rights, or the power to appoint the majority of the members of the administrative bodies, management or supervision. In the following two cases, the existence of exclusive control is also presumed:

– when there are no other shareholders or associates holding together a stake greater than that of the group and each holding more than 5% of the capital;

– when, in particular, by virtue of a management contract or statutory clauses, a group company exercises a dominant influence therein”.

831. – This pragmatic definition would imply verification over time. In the context of banking concentrations, this would be carried out by the CECEI. The latter would thus break away from its practice initiated during the public offer of BNP on Société Générale and Paribas.

c/ Basic coordination between banking controls and stock market law

832.- Como ya hemos explicado, las concentraciones bancarias están sujetas a la supervisión de la ley bancaria que, en general, vela por el buen funcionamiento del sistema bancario y la seguridad de los clientes. Establece las condiciones para autorizar inversiones de capital en bancos. La ley del mercado de valores interviene en favor del buen funcionamiento de los mercados financieros. Prevé las condiciones de admisibilidad de las ofertas públicas y su realización. En general, vela por la protección del ahorro, la calidad de la información de los inversores, la igualdad de los accionistas, la equidad de las transacciones, la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados financieros.

833. – The meeting of these two rights appears conflicting. This is a conflict of special rights. In general, the solution of an internal conflict of laws can take only two paths: either one of the laws excludes the other, or both apply; exclusive application in the first case; cumulative or distributive application in the second. The first solution, the exclusive application of one law to the detriment of another can be recommended from the traditional rule “Specialia…”. It could be admitted that, while being a special law, stock exchange law is the general law of public offers and that banking law is the special law for banks, so that the second would impose itself on the first. But this way of settlement would be unacceptable because it would amount to ruling out the application of stock market law. The second solution, preferable, is duplicated. Either, it is a question of a cumulative application of the two laws, which in this case is not possible, because they would have to be intended to apply to the same elements taken from the same angle, this which can only be imagined about a conflict of laws in time. Either it is a distributive application, the two laws each applying to a different aspect of the situation in question, which is the case in public banking offers, where on the one hand there is a particular operation, a public offer, on the other a particular object, a bank. Only the latter solution is applicable here. In this way, each law applies in its own sphere, which allows a certain reconciliation of the two rights. But the result is that the most demanding turns out to be dominating. In the BNP/Societe Generale/Paribas case, the competent stock market authority did not rule on the merits of the case, ie on the validity of the equity investment, but on its formal aspect, ie procedural. However, the authority responsible for implementing banking law took the decision for substantial reasons. Stock market law, the law governing the proper functioning of financial markets, was properly applied and led the competent authority to ratify the result of the operation because it noted that the tender procedure had been properly conducted. On the other hand, banking law, law for the proper functioning of the banking system, the law governing the proper functioning of financial markets, was properly applied and led the competent authority to ratify the result of the operation because it noted that the tender procedure had been properly conducted. On the other hand, banking law, law for the proper functioning of the banking system, the law governing the proper functioning of financial markets, was properly applied and led the competent authority to ratify the result of the operation because it noted that the tender procedure had been properly conducted. On the other hand, banking law, law for the proper functioning of the banking system,

834. – Así, pueden entrar en conflicto el derecho bancario y el derecho del mercado de valores. Pero este enfrentamiento podría mitigarse si la autoridad bancaria y la autoridad financiera suavizaran sus respectivas posiciones. Por ejemplo, en el asunto BNP/Société Générale/Paribas, la decisión de la autoridad reguladora financiera, aunque justificada en derecho, parecía particularmente de libre comercio. La valoración del carácter determinable de la doble oferta pública es elocuente a este respecto. Si los argumentos de los bancos objetivo fueron desestimados fue porque desconocieron la ficción jurídica de la personalidad jurídica de la empresa iniciadora. El objeto de la oferta se refiere a los valores mobiliarios y no a su contrapartida patrimonial. Este razonamiento es, como hemos visto, fundado. Sin embargo, Cabe señalar que la autoridad reguladora financiera podría haber tomado una decisión más matizada. La situación que tenía ante sí era particularmente compleja. En primer lugar, podemos señalar que si el objeto estaba legalmente determinado, la indeterminación económica era grande. Para usar la terminología de Madame Frison-Roche, si el objeto era cierto, era muy impreciso. Además, también puede señalarse que la valoración de la especificidad de las ofertas se hace a costa de una lectura muy flexible, cuando no neutralizadora, de los artículos 1108 y 1129 del Código Civil relativos a la determinación del objeto de la oferta. el contrato. Además, en relación con el principio de transparencia, como señalan los solicitantes, “la incertidumbre no puede disiparse anunciándola”. Esto destaca la orientación librecambista del regulador financiero.

835. – On the other hand, the decisions of the CECEI are deeply imbued with the protectionist logic of banking regulation. Indeed, they demonstrate great rigor and great caution. As we have already specified, with regard to the takeover, the CECEI imposes ex nihilo a majority takeover and, failing that, conditions its agreement on the “manifest” nature of this power. Next, with regard to the acquisition of minority interests, the Committee subjects them to certain conditions. One can therefore question the validity of these requirements. The positions of the CECEI could be relaxed in order to better reconcile with the decisions of the stock market authorities.

836. – Beyond this tentative coordination, thanks to a relaxation of the respective positions of the authorities, a coordination of the two rights could be partially achieved. To carry out this coordination between the stock market and banking authority, it is necessary to highlight their complementarity. These aim to achieve one objective: the protection of the banking and financial system.

837. – This beginning of coordination could be obtained thanks to the removal of the attack on the principle of transparency of which banking law is at the origin. Indeed, we have highlighted the intervention of the banking regulation process alongside stock market law. This one is quite obscure which prevents investors from acting in full knowledge of the facts. The solution could be provided by the CECEI. The latter could make its assessment criteria public. Admittedly, it currently publishes an annual report which explains the criteria it uses. However, this report remains too imprecise. It is in the direction of a detailed publication of all the criteria used that the Committee must move. But the best solution would be legislative or regulatory intervention. Indeed, on the one hand, it is not clear that the Committee makes this publication. On the other hand, even if such a clarification were carried out by the regulatory authority, it would remain legally fragile. This is why legislative or regulatory intervention would be of greater interest. This would make it possible to define more rigorously the legal notions and to fix more precisely the criteria of banking supervision. In addition, the areas of banking and stock exchange controls would be specified as well as their substantive objectives. Finally, this intervention would be an opportunity to rethink each regulatory system no longer in isolation but on the contrary from the perspective of a coherent whole. In our opinion, this is the only possible way to clarify the “maquis” of banking and stock market regulations. In effect,

838. – Il en résulterait une protection plus efficiente du système bancaire et financier. Incontestablement, aujourd’hui, le système bancaire fait l’objet d’une protection plus importante comparativement à d’autres secteurs économiques. Cependant, les conflits de contrôle engendrent une instabilité préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Cette réforme devrait être logiquement accompagnée d’une modification des règles de procédures prévoyant la coordination des différents contrôles.

B/ La nécessaire amélioration de la coordination des procédures de contrôle

839. – L’amélioration de la coordination des procédures bancaires et boursières (1), ainsi que des procédures bancaires, boursières et concurrentielles (2), doit être réalisée.

1/ L’amélioration de la coordination des procédures bancaires et boursières

840. – Comme nous l’avons déjà précisé, les offres publiques bancaires sont soumises à l’autorisation préalable du CECEI. En effet, l’article 231-30 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose que l’offre publique est ouverte après la publication de la note d’information ayant reçu un visa et après réception par l’autorité de régulation financière, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur. Le projet déposé auprès de l’autorité de régulation financière et publié par celle-ci ouvre la période d’offre. Cependant, la période d’offre proprement dite, qui fait courir ce que la pratique appelle avec beaucoup d’ambiguïté la « durée de l’offre », est suspendue en attendant l’obtention de l’autorisation.

841. – Le problème fondamental est que l’autorité bancaire dispose d’un délai de trois mois pour autoriser une prise de contrôle. La fixation d’un délai préfixe n’est pas en soi contestable. Néanmoins, ce délai est trop long. Lors de l’offre publique du Crédit Agricole sur le Crédit Lyonnais, le CECEI a mis près de trois mois pour donner son autorisation. Ainsi, l’ouverture de l’offre boursière a été retardée durant de long mois. Certains auteurs ont donc été très critiques considérant que cette procédure d’autorisation était peu adaptée à la vie des marchés et les lenteurs de l’autorité prudentielle ont été vivement dénigrées. A notre avis, il conviendrait de réduire le délai de contrôle du CECEI. Cette réforme est d’une importance primordiale afin que la suspension de l’offre publique à l’autorisation bancaire n’allonge pas excessivement la durée de la concentration bancaire.

842. – En outre, le CECEI doit délivrer une autorisation spéciale pour chaque nouvelle offre. Ceci retarde considérablement la procédure d’offre publique bancaire. Afin de résoudre ce problème, il conviendrait de modifier le droit bancaire. Il pourrait être prévu que le CECEI autorise préalablement les offres publiques. Dans l’hypothèse de dépôts de nouvelles offres, telles que des surenchères, ne modifiant pas substantiellement l’offre initiale, celle-ci demeurerait valable. Le CECEI pourrait, dans le cadre de sa première autorisation préalable, fixer une fourchette à l’intérieur de laquelle le relèvement de l’offre ne nécessiterait pas une nouvelle autorisation. Les banques qui respecteraient cette marge, dans le cadre de leurs surenchères, bénéficieraient ainsi d’une dispense d’autorisation. Cette réforme contribuerait à limiter le nombre d’interventions de l’autorité de régulation bancaire et engendrerait un raccourcissement de la durée globale de la procédure.

843. – Finally, a final problem arises concerning the pronouncement of the final decision. It would be relevant for the legislator to provide that the banking authority must render its decision within a week of the publication by the financial regulatory authority of the provisional result of the offer. Thus, the final decisions would be revealed with certainty very close to the publication of the provisional results of the offers. This reform would allow for greater legal predictability. Indeed, currently, no such delay is intended. The banking authority may therefore delay in making its final decision. For example, in the BNP/Societe Generale/Paribas affair, the provisional results were published on 08/14/1999, while the final decision of the CECEI was only made on 08/28/1999. These procedural changes would result in a more harmonious coordination of banking and stock market procedures. This reinforced coordination must also be proposed with regard to banking and stock market procedures in relation to the competitive procedure.

2/ Improving the coordination of banking and stock market procedures with competition law

844. – Any competition disputes can constitute a means of defense for the target bank and the initiator takes risks. Indeed, competitive procedures are proving difficult to combine with banking and stock market procedures. Consequently, poor coordination between these checks can be observed. Provision should therefore be made for coordination of banking, stock market and competition procedures in domestic law (a) as well as in Community law (b).

a/ Improving coordination in domestic law

845. – Since the adoption of the financial security law, the calendar of deliberations of the CECEI has changed. This law provided for a link between competition control and prudential regulation. When the CECEI considers that the operation does not present any competitive aspects likely to have an impact on its own decision, it may decide before the competition authorities. Otherwise, he is free to await the decision of the competition authorities. This provision is consistent because the decision of the Minister of the Economy can indeed modify the perimeter of the future establishment and therefore the prudential data. This measure is fundamental because it makes it possible to avoid an excessive lengthening of control procedures when this is not necessary. However, in our opinion, the text of the law is not precise enough. Indeed, it leaves full latitude to the banking authority to await the decision of the competition authorities. However, the deadline for the competition procedure can be between five weeks from the filing of the complete notification file and can reach almost seven months depending on whether or not the opinion of the Competition Council is required. In the event that the CECEI decides to wait for the decision of the competition authorities, the period for monitoring the operation could reach ten months. Undoubtedly, the superimposition of the various controls could thus lead to an excessive lengthening of the procedures, which is difficult to reconcile with business life. Nevertheless, a perfect coordination of the two procedures seems impossible. In effect, the competitive decision can have structural consequences. “However, it is only when all the details of the operation are known that the CECEI can really appreciate the impact of the structural upheaval on the functioning of the banking sector and the financial health of the entity resulting from the operation of concentrating”. In fact, competition measures can affect the structure of the banking system, just as measures aimed at preserving the structure of the banking system can affect competition. it is only when all the data of the operation are known that the CECEI can really appreciate the impact of the structural upheaval on the functioning of the banking sector and the financial health of the entity resulting from the concentration operation”. In fact, competition measures can affect the structure of the banking system, just as measures aimed at preserving the structure of the banking system can affect competition. it is only when all the data of the operation are known that the CECEI can really appreciate the impact of the structural upheaval on the functioning of the banking sector and the financial health of the entity resulting from the concentration operation”. In fact, competition measures can affect the structure of the banking system, just as measures aimed at preserving the structure of the banking system can affect competition.

846. – This delicate coordination between the banking procedure and the competition procedure highlights the risk taken by the initiator when he concentrates. Once the result of the public offer has been published, the Minister of the Economy could order him not to proceed with the acquisition of the target company or to part with certain essential assets of the target company. In addition, the CECEI could decide not to authorize the operation.

847. – However, in our opinion, this obstacle to mergers seems to have been partly removed. Indeed, the CECEI no longer grants takeover authorization before the competition authority when competition issues are raised. In addition, the decree of 15/11/2002 introduced the option for the initiator of a takeover bid or a public offer to make its public offer conditional on the approval of the competition authorities. According to this text, “if the draft public offer is the subject, under the control of concentrations, of a notification (…) to the Minister in charge of the Economy (…), the initiator of this offer may stipulate a condition precedent for obtaining (…) the authorization provided for in article L.

848. – The authorization procedure by the competition authorities being twofold, it is important to distinguish whether the authorization is granted during phase I or whether the competition authorities decide to initiate a phase II procedure . If the authorization is granted during phase I, the future and uncertain event likely to release the initiator from its commitments not having occurred, the offer will continue its course until the closing date from confirmation of competitive clearance. On the other hand, if the examination of the operation leads to the conclusion that it “is likely to harm competition and that the commitments made are not sufficient to remedy this”, the opening of phase II leads to the completion of the condition precedent. Therefore, the initiator is released from its commitments. As the offer has lapsed, the initiator no longer incurs the risk of having to acquire the securities and possibly having to part with them under unfavorable conditions. If the latter decides to pursue the concentration operation, it must file a new public offer with the stock market authorities. Logic dictates that this new offer be filed at the end of phase II, only once the competition authorities have given their approval to the concentration operation. This solution seems to be the only one compatible with the objective assigned to the mechanism, which is to delay the delivery of the securities tendered in order to avoid any harmful deconcentration. Thus, the new system takes into account the impact of the competition control of concentrations in the stock market phase of the operation.

849.- Sin embargo, siguen surgiendo problemas importantes. De hecho, aunque la ley de competencia y la ley de valores ahora parecen estar mejor coordinadas, persisten varias incertidumbres.

850. – En primer lugar, el período de examen sigue siendo demasiado largo en lo que respecta al procedimiento competitivo. Es cierto que la ley de nuevas regulaciones económicas ha reducido estos tiempos de control. No obstante, estos pueden ser de cinco semanas desde la presentación del expediente completo de notificación y pueden llegar a casi siete meses según se requiera o no el dictamen del Consejo de la Competencia.

Art. 851. – Además, la autoridad bancaria podrá pronunciarse luego de la autoridad de competencia dentro de los tres meses.

852.- Finalmente, si bien el iniciador de una oferta pública de adquisición o de una oferta pública tiene la opción de condicionar su oferta pública a la aprobación de las autoridades de competencia, no ocurre lo mismo con respecto a la decisión de la autoridad de regulación bancaria. En otras palabras, la oferta no puede vincularse a la autorización del CECEI.

853. – Para resolver estos problemas, conviene hacer ciertas propuestas de desarrollo de la ley.

854.- El legislador podría reducir aún más el plazo de revisión por parte de las autoridades de competencia. Esta reforma es de suma importancia para que el mecanismo que permite condicionar la oferta pública a la decisión competitiva no prolongue excesivamente la duración de dichas operaciones.

855. – In addition, legislative criteria should specify the notion of concentration involving competitive aspects likely to have an impact on the decision of the banking authority. Thus, such clarification would make it possible to circumscribe the cases in which the CECEI could rule after the competition authority.

856. – Furthermore, provision should be made for the link between banking, stock market and competition controls. Thus, it would be desirable for the legislator to authorize the initiator to condition a public banking offer on the authorization of the CECEI. The authorization of the CECEI should be conditional on the authorization of the competition authorities. These reforms would allow better coordination of the three levels of regulation.

857.- Finalmente, correlativamente, debe resolverse un último problema de coordinación en caso de oferta pública bancaria. Desde la aprobación de la ley relativa a las nuevas regulaciones económicas, el artículo L. 430-3 del Código de Comercio establece ahora un vínculo entre la noción de “operación de concentración” y los procedimientos de oferta pública. En efecto, la publicación de una oferta de compra o de canje o la adquisición de una participación de control da lugar a notificación al Ministro de Economía. Esta notificación debe ocurrir al mismo tiempo que la presentación de la oferta. En la medida en que la operación de concentración sólo puede tener lugar previo acuerdo del Ministro de Economía, se prevé la posibilidad de que las partes, “en caso de necesidad particular debidamente acreditada”, soliciten al Ministro una exención. Esto último les permite realizar la concentración propiamente dicha sin esperar la decisión del Ministro. La redacción del texto de la ley tiene el inconveniente de que no es automático obtener la exención. El decreto de aplicación de la ley de nuevas regulaciones económicas resolvió el problema. Dispuso que la enajenación de los valores al término de la oferta, en caso de éxito de la misma, no constituye la consumación efectiva de la concentración, mientras no se hayan ejercitado los derechos de voto inherentes a dichos valores. El decreto de aplicación de la ley de nuevas regulaciones económicas resolvió el problema. Dispuso que la enajenación de los valores al término de la oferta, en caso de éxito de la misma, no constituye la consumación efectiva de la concentración, mientras no se hayan ejercitado los derechos de voto inherentes a dichos valores. El decreto de aplicación de la ley de nuevas regulaciones económicas resolvió el problema. Dispuso que la enajenación de los valores al término de la oferta, en caso de éxito de la misma, no constituye la consumación efectiva de la concentración, mientras no se hayan ejercitado los derechos de voto inherentes a dichos valores.

Bien évidemment, un problème de coordination de ces mesures avec la procédure bancaire pourrait se poser. Le droit bancaire devrait envisager une coordination en prévoyant que les dispositions du décret d’application de la loi relative aux nouvelles régulations économiques sont applicables aux établissements de crédit. Cette mesure ne serait pas attentatoire à l’effectivité de l’autorisation bancaire. En effet, il convient de rappeler que le décret précité ne permet pas la réalisation effective de la concentration, celle-ci étant juridiquement retardée.

Par conséquent, la coordination des contrôles bancaire, boursier et concurrentiel français devra certainement évoluer. Il en est de même en droit communautaire.

b/ L’amélioration de la coordination en droit communautaire

858. – Il convient de préciser qu’en droit communautaire, le contrôle concurrentiel des concentrations est incontestablement applicable aux établissements de crédit.

859. – Les rédacteurs du Règlement CE n° 139/2004 du 20/01/2004, conscients de l’impératif de rapidité qui s’impose à l’initiateur d’une offre, ont choisi de ne pas exiger la suspension de l’offre publique pendant la durée d’examen de l’opération.

860. – L’arrêté du 15/11/2002 s’applique aux opérations de concentrations soumises au droit communautaire. Rappelons que ce dernier édicte que si le projet d’offre publique fait l’objet, au titre du contrôle des concentrations, d’une notification à la Commission européenne, l’initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d’obtention de la décision prévue à l’article 6 § 1 a) ou b) du Règlement CE n°139/2004 du 20/01/2004. L’offre est caduque dès lors que l’opération fait l’objet de l’engagement de procédure de l’article 6 § 1 c) du Règlement CE n° 139/2004.

861. – Nous avons proposé la réduction des délais d’examen en droit interne de la concurrence. Le droit communautaire devrait donc être modifié de façon similaire au droit national afin qu’il n’y ait aucune disparité entre les deux ordres juridiques.

862. – En outre, le Règlement CE du 20/01/2004 énonce que le sursis à la réalisation de la concentration ne fait pas « obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange » qui a été notifiée à la Commission. L’acquéreur ne doit pas exercer les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exercer qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission. Ainsi, l’entreprise ayant notifié à la Commission une offre publique, peut nonobstant la suspension acquérir des titres sur le marché. Cependant, les rédacteurs ont voulu éviter que l’initiateur de l’offre n’engage des changements irréversibles dans la société cible avant que la Commission ne se prononce définitivement. Si l’offre publique peut se dérouler, son auteur ne peut pas profiter de son investissement tant que la Commission n’a pas rendu sa décision de compatibilité ou d’incompatibilité. Il est donc démuni de la maîtrise de la société qui constitue l’élément substantiel de l’opération. De manière similaire à la proposition effectuée pour le droit interne, il faudrait que les contrôles bancaires, boursiers et concurrentiels soient liés. Il conviendrait de valider cette disposition pour les établissements de crédit. Ceci supprimerait toute ambiguïté sur l’applicabilité de ces dispositions aux banques et permettrait une coordination harmonieuse entre les procédures bancaires, boursières et concurrentielles.

Conclusion du Titre 2 :

863. – Nous avons démontré que le législateur ainsi que les autorités de régulation ont bâti un édifice particulièrement riche de mécanismes divers pour contrôler le système bancaire et financier avec un maximum d’efficacité. Cette action est fondée sur les agréments bancaires, les autorisations préalables, les enquêtes, injonctions, sanctions, décisions, communiqués alternatifs aux décisions formelles, prises de positions publiques, décisions unilatérales négociées, contrats…

864. – Cette variété permet aux autorités de mener une action adaptée à la pluralité des situations qu’elles sont amenées à rencontrer. Néanmoins, cette liberté prise avec les catégories juridiques classiques n’est pas sans susciter certaines interrogations notamment eu égard au principe de la légalité.

865. – Las autoridades quieren así evitar la materialización de un riesgo sistémico. Indiscutiblemente, el objetivo primordial es la protección del sistema bancario y financiero.

866.- Sin embargo, las distintas ramas del derecho y correlativamente los controles que realizan las autoridades carecen de coordinación. Proponemos, por tanto, soluciones que consisten en fortalecer la coordinación de las ramas del derecho para crear una ley de regulación bancaria y financiera más unificada y coherente. Los cambios deben tener lugar a nivel europeo y nacional. Como parte de la construcción del mercado financiero europeo, queremos que se creen autoridades europeas. Hemos demostrado que este desarrollo ahora parece necesario para permitir un control más eficiente. Por último, los controles bancarios deben coordinarse mejor con otras ramas del derecho, en particular el derecho contractual, el derecho de sociedades, el derecho bursátil y el derecho de la competencia.

Conclusión de la primera parte.

867.- Hemos destacado la existencia de una especificidad bancaria y financiera en la comprensión jurídica de las fusiones y adquisiciones bancarias.

868. – Esta especificidad se tiene en cuenta en los instrumentos de concentración. Por ejemplo, el derecho bancario no hace referencia a la definición de control existente en el derecho de sociedades. Tratándose de la adquisición del control de un banco, el CECEI decide respecto a la posesión manifiesta de un poder efectivo de control. Sin embargo, este criterio es ajeno a las calificaciones jurídicas tradicionalmente retenidas por el derecho de sociedades. Así, la autonomía del derecho bancario es real en cuanto a los criterios de valoración de una OPA frente a los criterios utilizados en otras ramas del derecho.

869. – In addition, banking specificity is materialized by the existence of controls specific to banks. In the event of a bank merger, the CECEI must give approval. The conditions for approval are set out in Articles L. 511-10 to L. 511-13 of the Monetary and Financial Code. In the context of a takeover of a bank, a prior authorization system is organized by article L. 611-1 of the Monetary and Financial Code. The latter gave competence to the Minister of the Economy to set the conditions under which participations can be taken in credit establishments. The Regulation of 20/12/1996 therefore provided for prior authorization from the CECEI for any significant change in the composition of capital contributors in order to protect the banking system.

870.- Finalmente, la especificidad de la comprensión jurídica de las concentraciones bancarias también se materializa en la delicada coordinación entre el derecho bancario y otras ramas del derecho, en particular el derecho de la competencia. Sin embargo, como este último no tiene el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero, mostraremos una disminución gradual de la especificidad bancaria.

Segunda parte: El paulatino declive de la especificidad bancaria

871.- Hemos demostrado la existencia de reglas y controles propios de las concentraciones bancarias. Estas disposiciones específicas se justifican por la protección del sistema bancario y financiero.

872.- Sin embargo, en nuestra opinión, el derecho de regulación bancaria y financiera debe ser inmediatamente distinguido del derecho de competencia. Indiscutiblemente, se trata de un derecho sectorial a diferencia de la regulación de la competencia no sectorial, aun cuando se tenga en cuenta la importancia de la competencia.

Por lo tanto, existe de hecho una diferencia fundamental entre estos dos derechos. La ley de regulación bancaria y financiera tiene como objetivo proteger el equilibrio del sistema bancario y financiero. El papel de la ley de competencia es preservar la competencia y no crear equilibrio en el sector. Así, si es indiscutible que este último también tiene vocación protectora, sus objetivos son distintos porque este control tiene como único objetivo impedir la creación o el fortalecimiento de una posición dominante en un mercado.

873. – Hay que destacar un problema mayor. Es difícil definir con precisión las disposiciones que tienen como objetivo proteger el sistema bancario. De hecho, los representantes de la profesión bancaria siempre han exacerbado la existencia del riesgo sistémico. Esto último haría generalmente inapropiada la aplicación de las reglas del common law. Sin embargo, en nuestra opinión, las reglas prudenciales son suficientes para proteger efectivamente al sistema bancario. No debemos crear una confusión general adoptando un análisis demasiado simplista. En realidad, parece que la invocación del riesgo sistémico por parte del lobbying bancario es una estrategia para tratar de eximir a las entidades de crédito de ciertas disposiciones legales, como la ley de competencia.

874. – Consequently, differences of opinion may exist in the field of banking specificity. Some authors therefore consider that the banking activity has a preponderant place in the monetary policy of the country. They conclude that it should not be subject to competition law or at least that the latter should provide specific protection.

875. – Este argumento debe ser rechazado. En efecto, hemos demostrado que la adecuación de los controles a las particularidades del sistema bancario sólo es legítima cuando se trata intrínsecamente de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema bancario y financiero. Sin embargo, el objetivo principal de la ley de competencia es salvaguardar su objeto y no proteger un sector específico. Dado que la protección del sistema bancario ya no es una preocupación principal, la ley de competencia “común” debería aplicarse plenamente. Sin embargo, las especificidades bancarias se han introducido en la ley de competencia. Su desafío ha llevado a una disminución gradual en la especificidad del control en la ley de competencia (Título 1). En cuanto a las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias, también se pueden expresar dudas sobre la existencia de especificidades bancarias. Sin embargo, en nuestra opinión, la especificidad bancaria debe ser excluida (Título 2). Por un lado, las concentraciones bancarias ya están sujetas a normas y controles específicos durante la fase de ejecución de la operación, con el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero. Una vez realizadas estas comprobaciones, se pueden aplicar los mecanismos clásicos que rigen los efectos de las fusiones. Por otro lado, las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. debe excluirse la especificidad bancaria (Título 2). Por un lado, las concentraciones bancarias ya están sujetas a normas y controles específicos durante la fase de ejecución de la operación, con el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero. Una vez realizadas estas comprobaciones, se pueden aplicar los mecanismos clásicos que rigen los efectos de las fusiones. Por otro lado, las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. debe excluirse la especificidad bancaria (Título 2). Por un lado, las concentraciones bancarias ya están sujetas a normas y controles específicos durante la fase de ejecución de la operación, con el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero. Una vez realizadas estas comprobaciones, se pueden aplicar los mecanismos clásicos que rigen los efectos de las fusiones. Por otro lado, las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. Las concentraciones bancarias ya están sujetas a reglas y controles específicos durante la fase de implementación de la operación, con el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero. Una vez realizadas estas comprobaciones, se pueden aplicar los mecanismos clásicos que rigen los efectos de las fusiones. Por otro lado, las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. Las concentraciones bancarias ya están sujetas a reglas y controles específicos durante la fase de implementación de la operación, con el objetivo de proteger el sistema bancario y financiero. Una vez realizadas estas comprobaciones, se pueden aplicar los mecanismos clásicos que rigen los efectos de las fusiones. Por otro lado, las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores. las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias sobre los trabajadores no están sujetas a especificidad. De hecho, en esta situación, el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores.

Titre 1 : Le recul progressif de la spécificité du contrôle en droit de la concurrence

876. – Aujourd’hui, pour une grande majorité, libérées de la tutelle de l’Etat, les banques doivent trouver un équilibre dans un marché international concurrentiel. Ici se trouve la controverse, car s’il existe une libre concurrence au niveau international, « la concurrence tue la concurrence ». Il semble que les banques soient aspirées dans une logique de concentration. Or, ces opérations se font de plus en plus entre des colosses, et les petites entités risquent d’être emportées dans la tourmente, ce qui accrédite la thèse que l’auto-régulation est impossible.

877. – Il est important de préciser que l’augmentation des parts de marché qui résultent des fusions et des prises de contrôle au sein d’un même marché, sont susceptibles de faire naître une position dominante d’abord sur un marché local, puis national voire européen. Ainsi, la fusion Banca Intesa et Comit en Italie a été autorisée au mois de décembre 1999, mais sous conditions. La concentration a été acceptée sous réserve que Banca Intesa se défasse dans un délai d’un an de 45 guichets sur les plus de 3800 de son réseau. Il a donc été évité, dans certaines zones territoriales, la constitution de positions dominantes dans la collecte et la distribution de fonds ainsi que dans la gestion de patrimoine.

Effectivement, en cas de positions dominantes de banques sur des marchés concentrés, une fusion peut renforcer cette position et entraîner un comportement préjudiciable à la concurrence. La fixation de prix défavorables à la clientèle et les restrictions quantitatives ou qualitatives des services offerts au public peuvent en constituer une illustration. L’application de cette analyse aux banques de dépôt laisse entendre que plus la part de marché de la banque sur les dépôts et les prêts est grande, plus la marge d’intermédiation est élevée. Plus précisément, cela signifie que dans une situation de faible concurrence, chaque banque aura tendance à utiliser son pouvoir de marché pour augmenter les taux sur les prêts et diminuer les taux sur les emprunts.

878. – Par conséquent, le contrôle concurrentiel des concentrations bancaires est nécessaire car le renforcement du phénomène de concentration peut entraîner des atteintes à la concurrence. Ce contrôle vise à empêcher la création ou le renforcement d’une position dominante. Ainsi, il est délicat à mettre en œuvre car l’évaluation de la position dominante se projette dans l’avenir. L’autorité de contrôle doit estimer les effets probables de la concentration sur le marché en cause dans un délai de deux à trois ans. Le temps pertinent est donc le futur, ce qui implique une anticipation des effets d’une opération sur le marché.

879. – En Europe, à l’origine, il fut considéré que l’activité bancaire ne devait pas être soumise au droit de la concurrence. En effet, il était affirmé que participant à la politique monétaire du pays, elle répondait à une mission de service public. L’arrêt Zuchner mit fin à cette controverse en refusant de retenir que les banques géraient un service d’intérêt économique général en vertu d’un acte de la puissance publique. Par conséquent, l’application du droit de la concurrence s’est peu à peu affirmée. Progressivement, la concentration est devenue importante car la création d’un marché bancaire unique a engendré une libre concurrence sur l’ensemble du territoire européen.

880. – Le Règlement CEE n° 4064/89 du 21/12/1989 remplacé par le Règlement CE n° 139/2004 du 20/01/2004 a donc instauré un contrôle des concentrations de dimension communautaire. Il a expressément prévu son application aux établissements de crédit.

881. – La spécificité du contrôle des concentrations bancaires s’est exprimée à plusieurs reprises dans le texte du Règlement CEE du 21/12/1989. Par exemple, le Règlement ne faisait pas référence, dans la définition des seuils de compétence communautaire, pour les établissements de crédit, au chiffre d’affaires. Cette spécificité bancaire a été vigoureusement critiquée par la doctrine car elle créait des ambiguïtés. Le Règlement CE n° 1310/97 du 30/06/1997 a supprimé cette spécificité incohérente. Désormais, la dimension communautaire se calcule à partir du produit bancaire, mais certaines questions fondamentales se posent encore. L’atomisation passée du marché bancaire a eu pour conséquence que la Commission n’a pas pris le soin de délimiter les marchés bancaires de référence dans ses premières décisions. Cette attitude pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’une spécificité propre au contrôle des concentrations bancaires. Cependant, suite au vaste mouvement de concentration de cette fin de millénaire, la Commission délimite désormais les marchés de référence avec une précision de plus en plus affinée, de manière analogue aux autres secteurs de l’économie.

882. – En France, les règles du titre III du Code de commerce, « De la concentration économique » ont vocation à s’appliquer en matière de contrôle des concentrations, pour l’ensemble des produits et services. Pour le secteur bancaire, la question de l’applicabilité des règles de droit commun du contrôle des concentrations a longtemps été controversée. En effet, antérieurement à l’adoption de la loi de sécurité financière, l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, se contentait d’affirmer que la sanction des comportements anticoncurrentiels s’appliquait aux établissements de crédit. Désormais, les dispositions du droit commun de la concurrence s’appliquent sans aucune ambiguïté aux concentrations bancaires.

883. – Par conséquent, le contrôle concurrentiel de la puissance économique des opérateurs a présenté quelques spécificités propres aux concentrations bancaires. Néanmoins, un recul progressif de l’originalité du contrôle semble pouvoir être constaté en droit communautaire de la concurrence (chapitre 1) mais aussi en droit interne de la concurrence (chapitre 2).

Chapitre 1 : Le recul progressif de l’originalité en droit communautaire de la concurrence

884. – Au niveau communautaire, le Règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises était annoncé comme l’instrument qui devait compléter le dispositif du Traité relatif à la concurrence. En effet, les articles 85 et 86 ne visaient que les pratiques restrictives et abusives. Ainsi, lorsqu’une opération de concentration était de nature à affecter la concurrence entre les Etats membres, elle était jugée à l’aune de l’article 85 du Traité de Rome relatif aux ententes ou à celle de l’article 86 relatif aux abus de position dominante, au motif que l’opération était de nature à supprimer toute concurrence sur un marché donné. Cela ne paraissait pas suffisant. Ainsi, il a été envisagé de donner pouvoir à la Commission européenne de contrôler les opérations de concentration projetées par les entreprises. Après de difficiles négociations, le Règlement fut enfin adopté sous présidence française.

885. – A priori control is established. The Regulations contain the rules relating to the organization and the control procedure. Each proposed concentration with a Community dimension must be notified to the Commission so that it can render a decision on “the compatibility of the operation with the common market”. The operation envisaged by the companies cannot be carried out before this notification. A favorable decision must be made as soon as there is no longer any serious doubt about the compatibility of the operation. This formula means that negotiations will take place with the operators, until the moment when the Commission can affirm that there are no longer any serious doubts. Thus, its control is negotiated.

886. – No obstante, las decisiones dictadas por la Comisión pueden ser recurridas ante el Tribunal de Primera Instancia, y luego ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En la práctica, hasta 2002, los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas eran insignificantes. La duración del procedimiento judicial se consideró demasiado larga en vista de la práctica de las fusiones. En consecuencia, el 02/01/2001, se inició un procedimiento acelerado por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Esto último ha permitido la implementación de una revisión judicial más rápida y, por lo tanto, más efectiva de las decisiones de la Comisión.

887. – Las cuestiones institucionales que planteó el Reglamento comunitario sobre el control de las concentraciones se referían principalmente al procedimiento, la colaboración con los Estados miembros y su alcance.

888. – The notification procedure, for its part, raises an important problem: the excessive complexity of the questionnaires. Thus, the Commission wished to resolve this difficulty by adopting a simplified procedure for dealing with certain concentration operations. A Communication from the Commission published on 05/03/2005 provides for a simplified procedure for dealing with concentration operations which do not raise competition problems. Joint ventures which have no or few activities in the European Economic Area and concentrations between parties which are not present on the same markets or on markets situated upstream or downstream of the markets on which the other parts are active. Besides, this concerns concentrations between parties whose markets overlap only slightly or between whom there is a limited upstream-downstream relationship. It should be noted that the Communication provides that the Commission can always waive the simplified procedure. This is possible in particular if it considers that the proposed concentration is likely to raise competition issues. This may be the case when a problem of coordination of behavior between the parties to the concentration arises, or even in the event that a Member State raises reasoned doubts about the concentration. In such cases, the proposed concentration may be approved by a formal decision, or even give rise to the opening of an in-depth examination phase. On the other hand, the Communication does not modify the applicable deadlines or the volume of information to be provided in the notification. It is therefore essentially a measure intended to lighten the administrative burden on the Commission.

889. – As regards cooperation with the national authorities, this seems to have generally functioned satisfactorily. However, it should be noted that the Commission had opted, with regard to referrals to national authorities, for a rather restrictive policy which limited this possibility only to cases where a distinct market, affected by an operation notified at Community level, was of a distinctly “sub-national”. This seemed logical because the Commission had had difficulties in obtaining the creation of a Regulation on the control of concentrations. Thus, Article 9 of the 1989 version of the Regulation provided, under certain conditions, for the assessment of an operation with a Community dimension to be referred to the authority of a Member State. This was possible when the concentration threatened to create or strengthen a dominant position on a distinct market within that Member State. The 2004 version of the Regulation widens the possibilities for referral when the national market affected by the concentration operation does not represent a substantial part of the Common Market. In this case, it is no longer even necessary for the State to demonstrate, in the referral request, that the concentration in question threatens to create or strengthen a dominant position on the market concerned. It is sufficient for it to establish that competition is affected. This provision has led to a resurgence of cases where a national authority is empowered to obtain the referral of a concentration operation. According to Mr. Lopez Madruga, this rule was adopted under the principle of subsidiarity.

890. – As regards the scope of the Regulation, one of its essential characteristics is that it applies exclusively to any concentration operation with a Community dimension. This is the “one stop shop” principle. This rule is an important factor in administrative simplification and legal certainty. Indeed, the filing of a single notification with the Commission makes it possible to verify the legality of an operation which could be, in the absence of such a system, subject to censorship by several national authorities. Thus, this single filing results in a relatively short deadline. This constitutes one of the main advantages of the Community merger control system. Consequently, large companies have given the Regulations a relatively favorable reception.

891. – The concepts of concentration and of Community dimension therefore make it possible to delimit the competence of the Commission. However, these are complex concepts. These have been partly clarified in the sense of a pragmatic and wide application of the Regulation.

892. – There is a concentration, within the meaning of Article 3 of EC Regulation No. 139/2004 20/01/2004, when one or more companies directly or indirectly acquire control of all or parts of one or more other companies. Control is broadly defined in Article 3 § 2 as the ability to exercise de jure or de facto decisive influence over the activity of an enterprise. The notion of acquiring “decisive influence” is undeniably favored, but its uncertain contours raise problems of application.

893. – The operation of concentration is therefore defined, not on the basis of restrictive legal criteria, but on the basis of a factual and realistic approach which favors, through the criterion of “decisive influence”, the concrete purpose of the operation. ‘operation. Thus, taking control, defined in Article 3, consists of the acquisition of economic control which may result from both legal and extra-legal factors.

894. – An approach which favors an assessment in concreto was probably inevitable in the light of the significant differences between the company laws of the various Member States. However, such a method, which often requires a complex assessment of numerous elements, in practice raises certain problems of application.

895. – Thus, the Commission considers that a minority stake can constitute de facto control if it enables its holder to control the management bodies of a company. The capital structure, the rules relating to the composition of the management bodies and their deliberations as well as the history of attendance at meetings are therefore examined. In the event of a minority stake in a listed company, an assessment is made of the more or less dispersed nature of the capital and the number of shareholders present or represented at meetings held over the past five years. . The question then is whether or not the acquirer of the minority stake holds, in practice, the majority of voting rights in shareholders’ meetings.

896. – Furthermore, the concept of the Community dimension of the concentration operation refers to the thresholds set by the Regulation. The latter provides for compulsory notification of concentrations with a Community dimension. These must involve companies with a turnover of 5 billion euros at world level and two of the companies concerned must individually have a turnover of 250 million euros at Community level. Finally, each of the companies concerned must not achieve two-thirds of its turnover in one and the same Member State. The Commission considered that these thresholds allowed a significant number of transactions to escape its control. The question of reducing the concentration control thresholds had been on the agenda for a long time. A green book advocated a downward revision. The European Parliament, the Economic and Social Committee, the States and companies were involved in the negotiations. This resulted in Amending Regulation No. 1310/97 of 30/06/1997. This did not lower the thresholds originally planned, but added new ones. Since 01/03/1998, a total worldwide turnover of 2.5 billion euros and a Community turnover achieved individually by at least two companies of 100 million euros are sufficient to trigger Community control provided that in at least three Member States, the turnover of the undertakings concerned is greater than 100 million euros and that two of them individually achieve a turnover of more than 25 million euros. By requiring that the operation of concentration with a Community dimension have a significant impact in at least three Member States, the Commission circumvents the opposition of certain States. The latter were hostile to a lowering of the thresholds in order to preserve their sphere of power. The reform can be presented as essentially aimed at improving the effectiveness of control by strengthening the “one-stop shop” system intended to avoid multiple notifications.

Article 1 § 4 of the Regulations, as amended by the 1997 Regulations, specified that the Commission should report to the Council on the implementation of the two sets of thresholds. This Report has been produced. It focused primarily on assessing the impact of the new set of thresholds. The Commission confirmed that it allowed it to deal with cases which were indeed of a Community dimension. This being said, the small number of cases concerned and the information communicated by the national authorities have shown that the new series of thresholds did not make it possible to apprehend most concentrations with a Community dimension.

897. – Thus, the Commission has requested that a more in-depth analysis of the Community competence mechanism be undertaken in liaison with the Member States and interested parties. In the Green Paper on the revision of the Merger Regulation, the Commission therefore proposed extending its jurisdiction to proposed mergers that do not cross the main threshold but nevertheless produce effects in at least three Member States. However, this proposal, having raised many criticisms, was abandoned. Also, the Commission used another method to increase its field of competence. EC Regulation No. 139/2004 of 01/20/2004 replacing Regulation No. 4064/89 provides that the parties may inform the Commission, by reasoned statement, that the concentration has significant cross-border effects so that it examines the operation. The Commission is forwarding this memorandum to all the Member States. Any Member State concerned to examine the concentration under its national competition law may, within fifteen working days of receipt of the reasoned statement, express its disagreement with the request for referral. When none of the Member States has expressed its disagreement, the matter is referred to the European Commission.

898. – Par conséquent, le Règlement sur les concentrations soulève un certain nombre de difficultés. C’est notamment le cas pour le contrôle des concentrations bancaires à cause du traitement spécifique réservé aux établissements de crédit. Cependant, un recul de l’originalité interne du Règlement peut être constatée (section 1). Il en est de même concernant l’originalité dans l’application du Règlement (section 2).

Section 1 : Le recul de l’originalité interne du Règlement

899. – Une précision sur l’expression « concentration bancaire » au sens du Règlement s’impose. Sont ainsi qualifiées, les opérations de concentration qui concernent des établissements de crédit ou des établissements financiers. L’expression n’en est pas moins utile même si elle recouvre plusieurs situations : concentrations purement bancaires, concentrations financières, concentrations bancaires et financières, mais aussi concentrations principalement bancaires ou financières. Il est évident que lorsque la concentration est principalement réalisée par des entreprises industrielles même si une des entreprises est un établissement de crédit ou financier, il ne s’agit pas d’une concentration bancaire.

900. – La spécificité des concentrations bancaires s’exprime à trois reprises dans le texte du Règlement CEE n° 4064/89 du 21/12/1989. En effet, il est prévu des dispositions particulières pour les établissements de crédit et les établissements financiers :

– lors de la définition des seuils de compétence communautaire : pour les entreprises en général, ils sont calculés à partir du chiffre d’affaires mais pour « les établissements de crédit et autres établissements financiers », ils le sont à partir du total du bilan ;

– lors de la définition de l’opération de concentration : les prises de participation temporaires n’entrent pas dans cette définition lorsqu’elles sont le fait « d’établissements de crédit et autres établissements financiers » dans le cadre de leur activité ;

– et enfin, lorsqu’il est question des intérêts légitimes pouvant justifier que les Etats membres appliquent des mesures nationales à une opération de concentration ayant pourtant une dimension communautaire : les règles prudentielles relèvent de cet intérêt légitime.

Cette originalité est très marquée dans les termes du Règlement CEE n° 4064/89 version 1989, parce qu’il est apparu nécessaire d’adapter le contrôle au particularisme du secteur bancaire. Celle-ci a créé des imprécisions dans les termes du Règlement qui mériteraient, sans doute, d’être supprimées (§ 1). En outre, cette originalité n’est cohérente que lorsqu’il s’agit intrinsèquement d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement du système bancaire et financier. S’il est incontestable que le droit de la concurrence a aussi une vocation protectrice, les objectifs en sont différents car ce contrôle vise uniquement à empêcher la création ou le renforcement d’entraves à une libre concurrence sur un marché. Dans ce cadre, il est délicat de justifier de manière convaincante l’existence de spécificités dans le traitement concurrentiel des établissements de crédit. C’est pour cette raison que la suppression de certaines ambiguïtés substantielles a été concrétisée par la remise en cause de l’originalité bancaire (§ 2).

§ 1 : La suppression souhaitée des imprécisions textuelles liées à l’originalité du contrôle

901. – Les termes du Règlement, déterminant le champ de la spécificité des concentrations bancaires, présentent des imprécisions. En effet, ils manquent de cohérence par rapport aux notions et principes résultant des directives de coordination bancaire, dont chaque pièce s’emboîte avec précision dans un ensemble cohérent.

Ainsi, la terminologie du Règlement ne s’inscrit pas harmonieusement dans le système du marché bancaire unique. Ce manque de rigueur dans la forme crée quelques imprécisions qui peuvent fragiliser la réglementation bancaire communautaire.

Ces imprécisions, dans le cadre des concentrations bancaires, peuvent être supprimées d’une part dans les notions (A), d’autre part dans les principes (B).

A/ La suppression des imprécisions dans les notions

902. – L’imprécision existe dans les définitions d’établissements de crédit et d’établissements financiers (1) ainsi que dans la notion d’activité bancaire (2).

1/ L’imprécision dans les définitions d’établissements de crédit et d’établissements financiers

903. – Le Règlement prévoit en ses articles 3 § 5 a) et 5 § 3 a) des dispositions spécifiques pour les « établissements de crédit et autres établissements financiers ». Ces notions ont une signification très précise dans les directives qui réalisent le marché bancaire unique. Il conviendrait qu’elles aient le même sens dans le Règlement parce que le contrôle des concentrations bancaires participe à la réalisation du marché bancaire unique, système dont le fonctionnement exige cohérence. Mais rien ne permet de l’affirmer. En effet, le Règlement, qui ne donne aucune définition des établissements de crédit et des établissements financiers qu’il vise, ne renvoie aucunement à celles figurant dans ces directives. Ainsi, aucune précision, aucune référence, ne rattache les notions « d’établissements de crédit et autres établissements financiers » à des définitions déjà données dans d’autres textes communautaires. Cela est surprenant car les directives bancaires effectuent ces rattachements avec soin.

904. – Aux termes de l’article 1 de la première directive de coordination bancaire, un établissement de crédit est défini comme « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ». C’est à cette définition que renvoie expressément la deuxième directive de coordination bancaire du 15/12/1989. Par ailleurs, aux termes de l’article 1 de cette deuxième directive, un établissement financier est défini comme « une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées au point 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe ».

905. – Podría considerarse que esta falta de referencia puede explicarse en el caso de las instituciones financieras, ya que la segunda directiva que las define sólo es anterior al Reglamento por unos pocos días. Tal argumento no podría tener éxito. Por un lado, era fácil prever una armonización de las definiciones durante la preparación de los dos textos. Por otra parte, el Reglamento tampoco hace referencia a la definición dada por la Directiva de 13/06/1983 relativa a la supervisión de las entidades de crédito en base consolidada, que sin embargo es anterior a la misma. Una institución financiera se define allí como «una empresa, distinta de una institución de crédito, cuya actividad principal consiste en otorgar facilidades crediticias, incluidas las garantías, tomar participaciones o hacer inversiones. Cabe señalar que la definición de entidad financiera resultante de la segunda directiva no es la misma que la resultante de la directiva de 1983. Sin embargo, la directiva de 6/04/1992, también sobre la supervisión de las entidades de crédito en base consolidada, ha sustituyó por completo a la de 1983. Es muestra de una preocupación por la coherencia por parte de sus redactores porque ahora incorpora la definición de entidad financiera, tal y como resulta de la segunda directiva.

906. – Subsiste la ambigüedad porque cada definición, tanto la de entidad de crédito como la de entidad financiera, se da expresamente en el marco de las directivas que las contienen: “a los efectos de esta directiva…”. Por lo que se refiere al Reglamento, es por tanto legítimo preguntarse si deben utilizarse las mismas definiciones que las adoptadas por las directivas mencionadas. Parece deseable. Sin embargo, legalmente nada lo exige y las dificultades de interpretación son obvias. Incluso podrían conservarse otras definiciones para su aplicación.

907. – En el silencio del Reglamento, las definiciones que se utilizarán para su aplicación podrán ser las de otros instrumentos jurídicos comunitarios, incluidas las de las leyes nacionales. Pero entonces, en el caso de que se trate de varias leyes nacionales, ¿cuál definición debería elegirse? Textualmente, ninguno es necesario. La letra de las Reglas no da ninguna indicación y permite cualquier interpretación.

908. – La coherencia y el rigor necesarios para el buen funcionamiento del mercado único bancario exigen la adopción de las mismas definiciones para todos los textos. Así, la Comisión ha querido aclarar este punto y en una Comunicación explica que en su práctica de toma de decisiones, siempre ha tenido la intención de adoptar las definiciones que aparecen en las directivas bancarias. Esta declaración es solo indicativa. Por lo tanto, es deseable una supresión textual de esta inexactitud. Lo mismo es cierto para la noción de dominio bancario.

2/ Vaguedad en la noción de actividad bancaria

909.- El Reglamento contiene una imprecisión en la noción de actividad bancaria. Las adquisiciones de participaciones temporales, según el artículo 3 § 5 a), no constituyen operaciones de concentración. En consecuencia, escapan al control previsto por el Reglamento, si son realizadas por entidades de crédito u otras entidades financieras “cuya actividad normal comprenda la transacción y negociación de valores por cuenta propia o ajena”. Deben cumplirse dos condiciones: el no ejercicio por estos establecimientos de los derechos de voto ligados a dichas participaciones con objeto de determinar el comportamiento competitivo de la sociedad y la realización en el plazo de un año desde la adquisición.

910. – Paradoxalement, c’est par excès de précision que ce texte crée une imprécision dans la notion d’activité bancaire telle que prévue par les directives. En effet, en indiquant « dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres », il apporte une précision qui peut susciter un doute sur le sens de l’activité normale. Il peut s’agir de l’activité statutaire ou de l’activité régulière. En outre, cela est d’autant plus confus que la définition communautaire des établissements de crédit n’inclut pas ce type d’activités. Un établissement de crédit au sens communautaire n’a pas toujours une activité sur les titres même si son agrément le lui permettrait. Dès lors, un tel établissement qui souhaiterait prendre une participation temporaire, qui ferait occasionnellement des portages, ne répondrait pas au scénario précis de l’article 3 § 5 a), faute d’inclure dans son activité normale la transaction et la négociation de titres. La lettre trop précise du texte crée un doute : faut-il dans ce cas considérer qu’il s’agit d’une opération de concentration pouvant relever du contrôle communautaire ? En se référant à la précision de la rédaction, la réponse est positive, mais elle est négative eu égard à l’esprit du texte. A notre avis, il n’est pas souhaitable que les prises de participations temporaires de certains établissements de crédit soient soumises au contrôle des concentrations tandis que d’autres en sont exemptes. Ceci est contraire à la cohérence du marché bancaire unique. Il conviendrait donc qu’à la lecture du Règlement, il se dégage une notion précise des prises de participations temporaires n’entrant pas dans la définition d’une opération de concentration.

Ainsi, le contrôle communautaire des concentrations bancaires fait apparaître des ambiguïtés dans les notions utilisées, mais aussi dans les principes.

B/ La suppression des imprécisions dans les principes

911. – Il y a une articulation évidente entre les impératifs du contrôle des concentrations et ceux du contrôle prudentiel.

912. – Le contrôle des concentrations organisé par le Règlement a pour objectif, notamment, d’empêcher la création ou le renforcement d’une position dominante, lorsque des entreprises réalisent certaines opérations notamment des fusions ou des prises de contrôle. L’appréciation que doit faire la Commission lorsqu’un projet lui est notifié, porte sur l’incidence de l’opération envisagée sur le marché. Quelle serait la position de l’entreprise, après la réalisation de l’opération, et plus précisément entraverait-elle de manière significative une concurrence effective, notamment, par création ou renforcement d’une position dominante sur le marché concerné ? Dans l’affirmative, l’opération ne peut avoir lieu. Ce n’est pas le pourcentage d’une prise de participation qui importe, mais son impact sur la situation de l’entreprise par rapport au marché en cause. Cela est vrai pour toute concentration projetée, qu’il s’agisse d’entreprises commerciales, industrielles, d’établissements de crédit ou d’établissements financiers. A cet égard, il n’y a pas de spécificité des concentrations bancaires : le contrôle communautaire s’exerce en considération des parts de marché.

913. – Le contrôle prudentiel organisé par les directives a pour objectif de veiller à la situation financière de l’établissement de crédit : des ratios, des limites, des seuils sont harmonisés. Ce sont les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine qui contrôlent l’activité de l’établissement et de toutes ses succursales. En outre, l’appréciation du respect des règles prudentielles doit se faire, le cas échéant, sur la base d’une situation consolidée. S’agissant plus particulièrement de prises de participations d’un établissement de crédit dans des entreprises industrielles, l’article 12 de la deuxième directive limite chaque participation qualifiée à 15 % des fonds propres de l’établissement de crédit et leur montant total à 60 % desdits fonds propres. Ici, peu importe l’impact sur le marché géographique ou sur le marché des produits : seule est requise une vérification de non dépassement des seuils.

914. – Ces deux contrôles n’ont donc pas la même finalité, ni le même objet : ils n’en sont pas moins obligatoires l’un et l’autre. Or, lorsque l’opération envisagée est de dimension communautaire au sens de l’article 1 du Règlement, la Commission sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes a une compétence exclusive pour apprécier le projet. Par conséquent, comment concilier cette compétence exclusive avec la compétence des autorités de contrôle prudentiel de l’Etat membre d’origine ?

915. – Après avoir affirmé la compétence exclusive de la Commission pour rendre une décision en application du Règlement, l’article 21 précise en son paragraphe 4 que « les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement ». Il précise que parmi ces intérêts légitimes, il faut entendre « les règles prudentielles ». En vertu de ce texte, les Etats membres sont donc autorisés à s’opposer à une concentration bancaire que la Commission juge pourtant compatible avec le Marché commun. Les règles prudentielles qui justifient une telle opposition sont explicitées dans les commentaires annexés au Règlement : « elles concernent par exemple l’honorabilité des personnes, la régularité des opérations et les conditions de solvabilité ». Ce ne sont que des exemples et il est évident que toutes les règles prudentielles applicables à un établissement de crédit entrent dans les prévisions de l’article 21 § 4. Ces règles sont, pour la plupart, harmonisées ; s’agissant d’une harmonisation minimale, chaque Etat membre peut en prévoir de plus exigeantes mais peut seulement les appliquer aux établissements de crédit agréés sur son territoire.

916. – La répartition des compétences telle que prévue par l’article 21 § 4 semble claire. La Commission est compétente pour apprécier une opération de concentration au regard de la position qu’elle crée pour l’entreprise sur le marché en cause. Or, au regard des exigences prudentielles, ce sont les autorités de l’Etat membre d’origine qui apprécient le projet. Toutefois, la rédaction de l’article 21 § 4 peut susciter des interprétations différentes quant à la nature même de ces compétences.

917. – The text indicates that the Member States “may” take measures… This suggests that they have the right and the ability to prevent a proposed concentration to ensure the protection of legitimate interests. However, with regard to the prudential rules, it should be remembered that they have an obligation to do so and that if they find that the prudential requirements are not met, they have a sort of linked competence to take the measures that are impose. Indeed, the Commission can issue a decision of compatibility with the common market on a proposed concentration in which at least one of the companies is a credit institution and thus authorize the completion of the operation. The supervisory authorities of the credit institution’s home Member State must then prohibit it as it stands, if it appears that the prudential rules are not respected. The text could suggest that the supervisory authorities of the Member State concerned have discretionary powers. This should not be the case without contradicting the principles on which the entire system of prudential supervision of credit institutions as designed for the creation of the single banking market is based.

918. – However, the vagueness of the text on this competence could be an argument to challenge a position taken by these authorities or, on the contrary, to justify their non-opposition to a proposed concentration contrary to prudential requirements. This imprecision should therefore be removed, since leaving room for the slightest doubt risks upsetting the balance of the single banking market.

919. – So that the letter of the text of Article 21 § 4 is consistent with its spirit, it should be stated that the decisions of the Commission do not prejudge the application, by each Member State, of the provisions concerning the prudential supervision requirements. Thus, in order to respect the principles of the single banking market, the connection must be made between the control of concentrations falling within the competence of the Community and the prudential supervision falling within the competence of the Member States.

Therefore, we have demonstrated that several specific notions and principles create inaccuracies. These could be removed by improving the drafting of the Regulations. It is therefore desirable that Community law be formally improved. Furthermore, it should be specified that the removal of certain substantial ambiguities has already been materialized by the questioning of banking originality.

§ 2: The concretization of the elimination of substantial inaccuracies

920. – The specificity of the calculation of the community dimension of credit institutions has been the subject of a reform (A). In addition, the last two rules specific to the banking sector, contained in the text of the Regulation, have been largely limited (B).

A/ The reform of the rules for calculating the community dimension of credit institutions

921. – The specificity of the control of banking concentrations in relation to the general regime was expressed in particular when it was necessary to calculate the thresholds above which the control falls within Community competence and thus escapes national competence. Banking mergers were subject to a much-criticized regime, which gave rise to many reflections (1). It is for this reason that EC Regulation No. 1310/97 revised the method for calculating the Community dimension of banking concentration (2).

1/ Criticism of the method for calculating the community dimension of credit institutions in EEC Regulation no. 4064/89 of 21/12/1989

922. – It has already been specified that under the terms of Article 1 of the Regulation, Community control concerns concentrations which are “with a Community dimension”, the others falling within the competence of the national authorities. Article 1 § 2 of the Regulation explains what is meant by the community dimension. The conditions are cumulative and relate to total worldwide turnover, individual turnover in the Community and total turnover in one and the same Member State.

923. – With regard to the assessment of the Community dimension of a banking concentration operation, it was not the turnover that initially served as the basis for calculating these thresholds but another criterion: one-tenth of the balance sheet total. Article 5 § 3 a) provided, before its modification within the framework of Regulation EC n° 1310/97 of 30/06/1997, that for credit institutions and other financial institutions, the total worldwide turnover was replaced by one tenth of the balance sheet total.
For the turnover achieved individually in the Community, it was replaced by “the tenth of the balance sheet total multiplied by the ratio between claims on credit institutions and on customers, resulting from transactions with residents of the Community , and the total amount of these receivables”.

Para el volumen de negocios total realizado en un mismo Estado miembro, se sustituyó por “la décima del total del balance multiplicada por la relación entre los activos frente a entidades de crédito y los activos frente a clientes, resultantes de operaciones con residentes en dicho Estado miembro, y el importe total de dichas reclamaciones”.

Afortunadamente, el Reglamento contenía una nota explicativa del artículo 5 § 3 a) en forma de ejemplo numérico. Esto mostró que era necesario aislar en el balance de la entidad de crédito o de la entidad financiera sujeta al cálculo, sus activos frente a entidades de crédito ubicadas en la Comunidad. Además, era necesario distinguir los créditos frente a entidades de crédito ubicadas en un mismo Estado miembro.

924. – No era tanto la complejidad del cálculo como la base del cálculo lo que era cuestionable. Fue sorprendente observar que, para todas las empresas, la evaluación de la dimensión comunitaria se basó en el volumen de negocios. No obstante, para las entidades de crédito y las entidades financieras, se hacía a partir del décimo del balance. Era difícil comprender por qué no se había mantenido el criterio del volumen de negocios para estos establecimientos como para cualquier otra empresa. Algunos habían explicado que era porque estos establecimientos no tienen facturación. Afortunadamente, tienen uno, como cualquiera que tenga una actividad: la rotación es sólo la consecuencia de esa actividad. La terminología puede variar: ingresos, utilidad operativa o utilidad operativa, pero la idea permanece. Incluso si se utilizan otros términos, siempre se trata de facturación.

925. – Indudablemente, para las instituciones de crédito o financieras, no se utiliza la expresión volumen de negocios sino, en general, el de ingresos de explotación bancaria. No obstante, fue fácil para los redactores del Reglamento indicar que para estos establecimientos, la facturación debe entenderse como el producto bancario. Es cierto que en 1989, si se hubieran aplicado a esta noción de producto bancario los umbrales establecidos para las empresas en general, esto habría conducido, en la mayoría de los casos, a excluir de la competencia comunitaria las operaciones de concentración bancaria. Esta era la cuestión de la cuantía del umbral que debía mantenerse para que fuera significativo, pero esto no cuestionaba la base de cálculo. En efecto, los redactores del Reglamento podrían rebajar el umbral de la dimensión comunitaria de las concentraciones bancarias.

926.- Según el señor López Madruga, este criterio había sido elegido racionalmente. De hecho, los precios de los servicios bancarios y, en particular, los tipos de interés eran objeto de una gran disparidad en los distintos Estados miembros, en el momento de la adopción del Reglamento sobre concentraciones. Por ejemplo, a finales de los años 80, la diferencia entre los tipos de interés alemanes y los tipos de interés italianos o españoles era muy importante. De hecho, la inflación en estos dos últimos estados fue muy alta. Por tanto, el criterio del volumen de negocios no podía dar una dimensión exacta del banco.

927. – Sin embargo, debe señalarse que las nociones de volumen de negocios y balance son distintas: el volumen de negocios refleja la actividad de una empresa, el balance es el estado de sus activos y de ninguna manera corresponde a un concepto de ingreso. El cálculo de la dimensión comunitaria de una concentración bancaria sobre la base del estado de los activos de los establecimientos en cuestión seguía siendo cuestionable, a pesar del argumento expuesto anteriormente. No sólo había una diferencia de trato, que no estaba plenamente justificada, sino también una incoherencia que creaba dificultades de apreciación. En efecto, es evidente que la presencia de una empresa en un mercado se expresa por su actividad y que es su facturación la que la mide. El balance no tiene esta función. Independientemente de la cantidad, alta o baja, no proporciona ninguna indicación que permita comparar la posición de la empresa en el mercado en cuestión con la de otros competidores. A pesar de un gran balance, la empresa puede tener una actividad baja y, por el contrario, con un balance bajo, puede tener una fuerte presencia en un mercado. Por tanto, parecía paradójico que en el control, destinado a impedir la creación o el fortalecimiento de una posición dominante en un mercado, la distribución de poderes entre las autoridades comunitarias y nacionales se haga de acuerdo con un criterio inadecuado para reflejar la actividad de los establecimientos en pregunta. puede tener una fuerte presencia en un mercado. Por tanto, parecía paradójico que en el control, dirigido a impedir la creación o el fortalecimiento de una posición dominante en un mercado, la distribución de poderes entre las autoridades comunitarias y nacionales se hace de acuerdo con un criterio inadecuado para reflejar la actividad de los establecimientos en cuestión. puede tener una fuerte presencia en un mercado. Por tanto, parecía paradójico que en el control, destinado a impedir la creación o el fortalecimiento de una posición dominante en un mercado, la distribución de poderes entre las autoridades comunitarias y nacionales se haga de acuerdo con un criterio inadecuado para reflejar la actividad de los establecimientos en pregunta.

928. – The commentaries, officially appended to the text of the Rules, clearly indicated that a revision was envisaged from the outset. Certainly, the drafters were aware of the imperfection of the criterion they adopted. “The Council and the Commission consider that the criterion defined on the basis of the balance sheet should be replaced by the concept of operating income as it appears in Directive No 86/635 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions, either when the relevant provisions of this Directive actually come into force, or when the thresholds referred to in Article 1 of this Regulation are revised and in the light of the experience gained”. As a result,

2/ Revision of the method for calculating the community dimension in Regulation EEC No. 1310/97 of 30/06/1997

929. – Following numerous debates, Regulation EEC No. 4064/89 was amended by Regulation EC n° 1310/97 of 30/06/1997. The latter did not succeed in imposing a profound reform of the thresholds in general, but made the desired change for credit institutions.

The criterion of one-tenth of the balance sheet total, which had been retained as a substitution criterion, is thus replaced by that of banking income because it better reflects economic reality. In our opinion, the criterion is presented as another way of expressing the turnover. Indeed, article 5 § 3 a) in fine provides that “the turnover of a credit institution (…) includes the following income items (…)”. In addition, Regulation No. 1310/97 specifies that “for the purposes of calculating the turnover of credit institutions (…), the banking product constitutes a better criterion (…)”. Finally, the communication on the calculation of turnover devotes a section to the calculation of the turnover of credit institutions. Substantially, the criterion is therefore the turnover.

930. – Le nouveau régime modifie la base de calcul. Les chiffres d’affaires mondiaux et communautaires sont déterminés sur la base des recettes générées par ces institutions. Il s’agit des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions, des bénéfices nets provenant d’opérations financières ainsi que d’autres produits d’exploitation.

Selon l’article 5, le calcul du chiffre d’affaires total visé à l’article l § 2 comprend les montants résultant de la vente de produits et de services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans l’Etat membre en question. Ils sont réalisés par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondent à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires.

Le calcul de la dimension communautaire, dans le Règlement, version 1989, soulevait aussi des difficultés d’application, dans la mesure où il privilégiait pour, l’allocation géographique, le lieu de résidence des clients. Or, le lieu de résidence d’un emprunteur est délicat à déterminer et peut varier pendant la durée du prêt. Ce critère constituait donc une lourde charge pour les banques. Depuis 1998, le critère retenu est celui de la résidence de la succursale ou de la division qui accorde le prêt ou fournit le service.

931. – Ce régime simplifie donc les modes de calcul et les établissements sont en mesure de déterminer plus aisément que par le passé si leur transaction est de dimension communautaire. Les nouveaux critères ont également entraîné une recrudescence du nombre de notifications. En effet, ils ont pour vocation de s’appliquer à des transactions qui étaient jusqu’alors exclues. Il s’agit principalement des concentrations conclues par les établissements de crédit à faibles bilans mais qui ont des revenus importants.

932. – Cependant, il convient de noter que cette nouvelle règle d’affectation géographique du chiffre d’affaires fondée sur le lieu de prestation a eu pour effet de « concentrer » le chiffre d’affaires des établissements de crédit dans le pays de leur siège social. C’est ainsi que des opérations telles que les offres publiques BNP/ Paribas et Crédit Agricole/ Crédit Lyonnais se sont avérées dépourvues de dimension communautaire, ces banques réalisant plus des deux tiers de leur activité communautaire en France. Ainsi, de nombreuses concentrations européennes ont échappé au contrôle de la Commission et ont été traitées par les autorités nationales.

Nous avons donc démontré que le Règlement CE n° 1310/97 a supprimé la spécificité du calcul de la dimension communautaire propre au contrôle des concentrations bancaires. Enfin, concernant les autres spécificités bancaires, elles ont été largement cantonnées.

B/ Le cantonnement des spécificités bancaires textuelles

933. – Deux règles spécifiques ont été adoptées dès l’origine par le Règlement sur les concentrations parce qu’il apparaissait nécessaire d’adapter le contrôle au particularisme du secteur bancaire. Cette conception n’est cohérente que lorsqu’il s’agit intrinsèquement d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement du système bancaire et financier. Ainsi, la « clause bancaire » a été inappliquée (1), tandis que la protection des « intérêts légitimes » nationaux a été appréciée limitativement par la Commission (2).

1/ L’inapplication de la « clause bancaire »

934. – Il existe une disposition du Règlement, dénommée « clause bancaire », qui constitue, pour les établissements de crédit, une exception à l’application des règles traditionnelles en matière de contrôle des concentrations.

Selon l’article 3 § 5 du Règlement, il n’y a pas concentration, lorsque des établissements de crédit ou des établissements financiers, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente.

935. – Pour bénéficier de cette disposition et ainsi éviter la notification de ce type de transaction, l’acquisition doit s’effectuer dans le cadre de cette « activité normale » et la détention de ces titres doit présenter un « caractère temporaire ». Dans une communication sur la notion de concentration, la Commission a précisé les conditions qui doivent être satisfaites :

– l’entreprise en cause doit être un établissement de crédit ou un établissement financier, dont les activités normales consistent à réaliser ce type d’opérations ;

– les titres doivent être acquis en vue de leur revente ;

– l’entreprise acquérant les titres ne doit pas exercer les droits de vote attachés à cette acquisition en vue de déterminer la stratégie commerciale de l’entreprise cible ou bien ne doit les exercer qu’en vue de préparer la vente de sa participation ;

– enfin, l’entreprise qui procède à l’acquisition doit réaliser sa participation dans un délai d’un an à compter de la date de cette acquisition. Une prorogation est prévue, lorsque l’entreprise justifie que cette réalisation n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti.

936. – Cependant, il faut constater que cette « clause bancaire » n’a pratiquement jamais été utilisée jusqu’à aujourd’hui. Cet article a une approche purement académique selon Monsieur Lopez Madruga. En effet, lorsqu’une banque prend une participation dans un établissement de crédit, elle ne connaît pas la date exacte à laquelle elle va la revendre. Par conséquent, elle va notifier l’opération de concentration. En outre, cette différence de traitement concurrentiel ne se justifie pas vraiment car elle n’a pas pour objectif de protéger le système bancaire et financier.

Cette exception à l’obligation de notification ne constitue donc qu’en théorie, une spécificité propre au secteur bancaire, il en est de même en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes nationaux.

2/ La limitation de la protection des intérêts légitimes nationaux

937. – La Commission dispose d’une compétence exclusive pour examiner les concentrations de dimension communautaire, ce qui signifie qu’un Etat membre ne peut pas appliquer sa législation nationale de concurrence à une transaction entrant dans le champ d’application du Règlement.

938. – Toutefois, selon l’article 21 § 4 du Règlement, les Etats membres peuvent déroger, sous certaines conditions, à cette compétence exclusive de la Commission. Ces derniers « peuvent » en effet prendre les « mesures appropriées » pour assurer la protection d’« intérêts légitimes » nationaux, tels que le respect des règles prudentielles. Ces « intérêts légitimes » sont différents de ceux qui sont pris en considération par le Règlement n° 139/2004 et compatibles avec les principes généraux ainsi que les autres dispositions du droit communautaire. Une telle disposition est susceptible de permettre à un Etat de bloquer une opération de dimension communautaire.

939. – Cependant, celui-ci ne peut jamais autoriser une opération interdite car « l’article 21 ne crée pas de droits nouveaux dans le chef des Etats comme celui d’autoriser une concentration interdite ». Cette interprétation confirme notre argumentation. Il existe bien une différence primordiale entre le contrôle prudentiel et le contrôle concurrentiel. Le premier contrôle a pour vocation de protéger le système bancaire tandis que le second vise à maintenir la concurrence sur un marché. Ainsi, il est inconcevable qu’un Etat autorise une concentration sur le fondement des règles prudentielles alors que la Commission l’avait interdite car cette dernière créait ou renforçait une position dominante.

940. – S’agissant de ces « intérêts légitimes », la Commission avait précisé en 1989 que « peuvent être légitimement invoquées les règles prudentielles » existant dans les Etats membres. Celles-ci sont, notamment, relatives aux prestations de services financiers, dont l’application est généralement confiée aux organes nationaux de contrôle des banques, sociétés de bourses et assurances. Elles concernent, par exemple, « l’honorabilité des personnes, la régularité des opérations et les conditions de solvabilité ». Il est logique que cette spécificité existe lorsqu’elle concerne directement la protection du système bancaire et financier mais dans le cas contraire, elle n’a plus de justification et la Commission refuse d’accepter son application.

941. – Cette disposition qui n’avait pas été invoquée jusqu’en 1999 par un Etat membre, a donné lieu à un refus d’application par la Commission, à l’occasion de la transaction entre le Groupe Champalimaud et la banque espagnole BSCH.

942. – Cette affaire fut interprétée comme une manifestation de « nationalisme » bancaire et fut portée par la Commission européenne ainsi que par le gouvernement portugais devant la Cour de justice des Communautés européennes.

943. – En l’espèce BSCH notifia le 30/06/1999 à la Commission au titre du Règlement communautaire sur les concentrations, des accords d’échanges d’actions. Selon ces derniers, la banque espagnole, déjà présente au Portugal dans le secteur bancaire, obtenait 40 % des sociétés du groupe portugais Champalimaud. Ce groupe était notamment composé de la compagnie d’assurance portugaise Mundial Confiança et d’un certain nombre de banques portugaises dont la banque Pinto & Sotto-Mayor. Les accords en cause aboutissaient au contrôle conjoint de BSCH et de Monsieur Antonio Champalimaud sur ce groupe d’établissements financiers.

944. – Il n’y avait pas de doute sur l’existence d’une concentration de dimension communautaire, au sens du Règlement. La Commission avait donc en principe compétence exclusive pour apprécier sa compatibilité avec le marché commun.

945. – Mais les autorités portugaises, hostiles au projet, prirent les devants. Dès le 18/06/1999, le ministre des Finances, relayé par l’Instituto de Seguros, s’opposa à la concentration, en invoquant les règles prudentielles qu’ils devaient faire respecter. Ainsi, par un arrêté du 18/06/1999, le ministre des Finances portugais s’opposa à cette opération et procéda notamment à la suspension des droits de vote de BSCH et de Monsieur Champalimaud dans Mundial Confiança.

946. – La Commission refusa l’application de l’article 21 § 3 du Règlement, par une décision adoptée le 20/07/1999, considérant que les trois motifs invoqués par le Portugal, ne pouvaient constituer des intérêts légitimes au sens du Règlement. La Commission rejeta les arguments relatifs à la protection d’intérêts nationaux et de secteurs stratégiques pour l’économie nationale. En effet, ces mesures ne pouvaient être invoquées au titre des « intérêts légitimes » car le principe de non-discrimination à raison de la nationalité ainsi que les principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux furent violés. Plus précisément, les différents motifs d’ordre prudentiel invoqués par le gouvernement portugais furent également rejetés, en raison des doutes sérieux de la Commission sur leur réalité. En l’espèce, la Commission constata que les mesures portugaises tendaient à protéger des intérêts purement nationaux et stratégiques donc non prudentiels.

Le 20/07/1999, la Commission adopta une décision provisoire. Elle demanda la suspension de la décision des autorités portugaises en déclarant celle-ci incompatible avec le Règlement. Par conséquent, la Commission exigea que les mesures adoptées au plan national, afin d’empêcher la réalisation de la transaction entre BSCH et Champalimaud soient paralysées. Pour la première fois, elle s’opposa ainsi à une décision d’un Etat membre invoquant des « intérêts légitimes » pour bloquer une concentration bancaire de dimension communautaire.

Le 03/08/1999, elle autorisa donc formellement la concentration notifiée au titre du Règlement, qui ne put toutefois être mis en œuvre, compte tenu du non respect de la décision du 20/07/1999 par les autorités portugaises. Ces dernières maintinrent leur veto. Une offre publique d’achat fut même annoncée par une banque portugaise, la Banco Comercial Portugués, avec l’objectif d’empêcher la prise de contrôle du Groupe Champalimaud par le BSCH.

947. – En l’absence de suspension des mesures nationales, la Commission décida alors d’ouvrir, dès le mois de septembre, une procédure d’infraction accélérée contre le Portugal pour violation du droit communautaire. La Commission adopta, le 20/10/1999, une décision finale déclarant l’arrêté incompatible avec le Règlement sur les concentrations et elle prit la décision formelle d’engager la procédure accélérée en manquement contre le Portugal en raison de la non suspension du veto. Ceci aboutit au mois de novembre 1999 à la saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes. A chaque stade, le Portugal saisit la Cour de justice des Communautés Européennes.

948. – Ce n’est qu’aux termes de négociations entre la Commission, le Gouvernement portugais et les parties concernées qu’un accord intervint à la fin du mois de novembre 1999. BSCH s’engagea à céder une partie des actifs bancaires du groupe Champalimaud à la première institution financière portugaise, la Caixa Geral de Depositos. Cet accord fut autorisé par la Commission le 12/01/2000. Dès lors, à la suite de l’annulation par le gouvernement portugais des mesures évoquées plus haut, par décret du 25/11/1999, la Commission annonça le retrait de son recours. 949. – Ainsi, il est démontré les limites des arguments liés à la protection des « intérêts légitimes » nationaux, notamment en ce qui concerne les règles prudentielles. La Commission semble vouloir requalifier proprio motu les mesures nationales invoquant l’article 21 § 4 du Règlement lorsque celles-ci s’expliquent par des intérêts stratégiques nationaux non légitimes au regard de cet article. Cette affaire ne constitue pas seulement un premier cas d’application de la règle de l’article 21 § 4 du Règlement mais aussi un point de référence quant aux intérêts susceptibles de justifier l’intervention des Etats membres.

950. – This affair is indicative of the resistance that can arise during cross-border banking concentrations and of the desire of governments to preserve “national champions”. The Commission has demonstrated that the provisions reserved for banks must be interpreted restrictively. This leads to a containment of the textual specificities of the Regulations. Correlatively, a decline in originality in the application of the Regulation is thus perceptible.

Section 2: The decline of originality in the application of the Rules

951. – In its first decisions, the Commission did not define the reference banking markets. This specificity of the control of banking concentrations has been denied, which has made it possible to resolve certain ambiguities (§ 1). In addition, the analysis of the Commission’s decisions on banking concentration shows that the specificity of control is limited. This only seems to subsist in the most technical aspects specific to the banking sector (§ 2).

§ 1: The denial of the specificity of control concerning reference banking markets

952. – The number of merger operations in the banking sector has increased. The risk of a dominant position becoming conceivable, it therefore appeared necessary to define the reference banking markets (A). In addition, the rules which the Commission has established for the delimitation of any other relevant market have been applied (B).

A/ The questioning of the lack of definition of reference banking markets

953. – When it is necessary to assess whether any company is or is likely to be in a dominant position on a market, the logical and classic approach consists in defining this market, that is to say the framework in which this is carried out. appreciation. The market is a place of confrontation between supply and demand for substitutable goods or services, that is to say capable of also satisfying the needs and preferences of consumers. It has two dimensions. The first is expressed in terms of products or services. The second concerns geographical space. This definition constitutes a necessary and decisive step in the reasoning which leads to say whether or not there is a dominant position. Indeed, we must be aware of the issues involved. The risk of occupying a dominant position for a company is all the greater when the reference market is narrow. Therefore, those who wish to obtain a compatibility decision must find arguments in favor of a broad definition of the market. The Commission, which must ensure respect for free competition, is careful to adopt the most exact definition possible. However, in terms of banking concentration, this definition has long been lacking.

954. – On reading the first decisions rendered on banking concentration, it can be seen that, contrary to the traditional approach, the Commission did not define the reference markets.

Until 1993, it always considered that this definition was not essential. Due to the very small market shares held, the institutions concerned presented no risk of being in a dominant position, and it was deliberately that it left open the question of the definition of the markets.

Thus, in the BNP/Dresdner Bank (CS) decision, this is clearly explained: “in the present case, the question of the geographic markets concerned can be left open. Even if we retained a narrow definition of these markets, we note that on their national markets, the BNP and the Dresdner Bank respectively hold less than 10% and less than 6% of the market shares”. In the other Community markets, their market shares represent less than 4%. “Furthermore, the small shares held by the two banks, which are among the main ones in their respective countries, sufficiently underline the dispersion of the market without it being necessary to define the banking services markets concerned more precisely”. Without always being so explicit, until 1993, the decisions concerning credit institutions generally contained this assertion that the question of market definition was left open, that is to say that it was not dealt with. The Commission had acted with “pragmatism”, according to Mr. Lopez Madruga. “Indeed, it was not useful to enshrine a definition of markets, which would have created a certain administrative burden, as it was obvious that the concentration operation could not create or strengthen a dominant position”. The fragmentation of the banking sector was such that this risk did not exist. it was not useful to devote a definition of the markets, which would have created a certain administrative heaviness, so much it was obvious that the operation of concentration could not create or reinforce a dominant position”. The fragmentation of the banking sector was such that this risk did not exist. it was not useful to devote a definition of the markets, which would have created a certain administrative heaviness, so much it was obvious that the operation of concentration could not create or reinforce a dominant position”. The fragmentation of the banking sector was such that this risk did not exist.

955. – However, the context has changed a great deal as the European banking sector has become more concentrated. Thus, it seems that since 1993, the Commission began to engage in a definition of reference banking markets.

956. – This initiation took place with the decision of 03/08/1993 in the Société Générale de Belgique/Générale de Banque case. The Commission assessed the market shares of the institutions concerned on the three product markets it had previously defined: the buyer’s credit market in Belgium, the primary dealer market in Belgium and the global market for interest rate swaps in francs Belgians. This time, the course of the reasoning returned to the logic of a prior definition of product markets and geographic markets. Similarly, the decision of 15/11/1993, in the Fortis/CGER case, demonstrated that the Commission no longer dispenses with market definition. Indeed, it evokes the degree of substitutability between the different banking products. Gold, it is an essential notion for the definition of a product market. This is the first time that it refers, in relation to banking products, to the concept of substitutability or interchangeability. Admittedly, it immediately specifies that appreciation is difficult for banking products, but it used this notion on which the definition of a product market must be based. This change is fundamental, because it is the sign that the specificity of the control of banking concentrations, concerning the absence of definition of the reference markets, has been called into question. In addition, the Commission now defines the reference banking markets in a manner comparable to other economic sectors. to the concept of substitutability or interchangeability. Admittedly, it immediately specifies that appreciation is difficult for banking products, but it used this notion on which the definition of a product market must be based. This change is fundamental, because it is the sign that the specificity of the control of banking concentrations, concerning the absence of definition of the reference markets, has been called into question. In addition, the Commission now defines the reference banking markets in a manner comparable to other economic sectors. to the concept of substitutability or interchangeability. Admittedly, it immediately specifies that appreciation is difficult for banking products, but it used this notion on which the definition of a product market must be based. This change is fundamental, because it is the sign that the specificity of the control of banking concentrations, concerning the absence of definition of the reference markets, has been called into question. In addition, the Commission now defines the reference banking markets in a manner comparable to other economic sectors. because it is a sign that the specificity of the control of banking concentrations, concerning the absence of definition of reference markets, has been called into question. In addition, the Commission now defines the reference banking markets in a manner comparable to other economic sectors. because it is a sign that the specificity of the control of banking concentrations, concerning the absence of definition of reference markets, has been called into question. In addition, the Commission now defines the reference banking markets in a manner comparable to other economic sectors.

B/ The lack of specificity in the delimitation of reference banking markets

957. – It is essential to know whether in the delimitation of the banking markets, a specificity must exist. A negative answer is necessary, firstly because the Regulation does not provide for it, but also because the specific treatment of banking concentrations is in itself questionable within the framework of competition law. Thus, when it comes to defining the reference banking markets, it suffices to draw inspiration from the rules drawn up by the Commission in other sectors of the economy and to adapt them to banking activities. This delimitation initially lacked precision (1). However, the Commission has developed its reflection on the subject for certain banking and financial activities (2).

1/ An imprecise definition of reference banking markets

958. – Banking markets, like any relevant market, have two aspects. It is essential to distinguish product markets (a) from geographic markets (b).

a/ Markets for banking products

959. – The essential concept for defining any product market is substitutability. This appears very clearly in the definition of the product market given by the implementing Regulation no. 802/2004 of 07/04/2004. The relevant product market includes “all products and/or services which the consumer considers to be interchangeable or substitutable on account of their characteristics, their price and the use for which they are intended”.

We must place ourselves from the point of view of the consumer and consider “the reasonable alternatives” available to him, in the words of the Commission. It should be determined whether such a product offered by a company is irreplaceable for the consumer or can be replaced. The set of products that can be substituted for the consumer in this way constitutes a product market. However, since it is within the framework of the market thus defined that the position of a company that is a candidate for a merger is assessed, it has every interest in advocating for the widest possible market.

960. – In favor of effective merger control, a narrow definition of the reference markets should be proposed. Indeed, a dominant position will be easier to bring.

961. – Also, when a concentration is notified to it, the Commission must meticulously define the product market concerned by this operation and for this it must describe the characteristics of the products in question. Thus, it uses a whole series of criteria: the technical or physical qualities of the products, their price, the conditions of competition.

962. – It seems quite simple to transpose this analysis of the characteristics of a product to the banking sector. Assume that the products in question are UCITS. A comparison allows investors to measure the substitutability of such SICAVs with others: same type of portfolio composition, same conditions for buying and selling, and same tax conditions. Thus, an assessment in the present makes it possible to say whether there is substitutability or not, therefore to define the product market, in order to then assess the position of the establishment concerned. In line with our previous argument, the larger this market, the lower the risks of being in a dominant position. The credit institutions concerned therefore plead in favor of the substitutability of UCITS.

But, if the analysis of the characteristics of a SICAV leads to recognizing in it an originality that no other currently offered to savers presents, this could lead the Commission to conclude that there is a separate market. As this is narrow, the risk of being in a dominant position therefore increases for establishments that distribute this product.

963. – Banks can find a way out in an evolving, dynamic approach to market analysis: the credit institution that offers an original product will not remain long in this dominant position allowing it to freely set the price. Indeed, observation of the banking market constantly offers the spectacle of the very rapid entry of a competitor into the market of a product imagined by such and such an establishment.

Therefore, even if in a static approach, any banking product is unique, it will quickly lose this character due to the placing on the market by competitors and in an often short time, of a product with similar characteristics. This possibility of rapid market entry should therefore not be overlooked. Credit institutions will no doubt know how to use this argument to save a concentration from a decision of incompatibility with the Common Market.

964. – In several cases, the Commission has defined the markets according to the conditions of competition specific to them. This presupposes an analysis of the organization of demand and supply.

With regard to the organization of demand, the Commission has laid down criteria for assessing the conditions of competition shaped by organizational modes specific to the market, such as the specificity of the customer base. In its Accor/Wagons-Lits decision, it considered that only motorway users can have access to motorway catering and are thus captive. Indeed, for the majority of them, they do not leave the highway when they want to have a meal.

965. – Cette méthode d’analyse est transposable au secteur bancaire. En effet, la substituabilité d’un produit justifiée par ses seules caractéristiques peut être contestée au regard de l’organisation de sa demande. Le marché du crédit en offre de multiples illustrations. Certains crédits sont distribués en fonction de l’appartenance à un réseau international de cartes de crédit, d’autres le sont par l’intermédiaire d’un réseau de mutuelles ou de coopératives. En conséquence, tel crédit offert par un établissement indépendant de tout réseau pourrait donc constituer un produit distinct de tel autre crédit identique, mais distribué selon une organisation de la demande différente. Si cette analyse est primordiale, il en est de même pour l’organisation de l’offre.

966. – Dans le domaine de la distribution, la Commission n’a pas fondé sa délimitation des marchés en fonction de la nature différente des produits, mais par rapport au type d’assortiment offert et à l’organisation de l’offre. Ainsi, dans plusieurs décisions, une distinction est faite entre les offres des petits commerces spécialisés, des petites surfaces de proximité et enfin des moyennes et grandes surfaces. C’est donc le type d’assortiment qui caractérise chaque marché ainsi que la politique de prix et de services propres à chacun de ces différents commerces.

967. – Cette logique peut s’appliquer au secteur bancaire. Certains établissements de crédit spécialisés offrent une gamme très étroite de services alors que d’autres à vocation universelle, ont une large gamme de services : crédits, dépôts, gestion de moyens de paiement, ingénierie financière, placement de valeurs mobilières… Supposons une banque spécialisée dans les opérations de haut de bilan qui propose à une clientèle ciblée, des produits très sophistiqués, et une banque universelle qui offre, elle aussi, ces mêmes produits. Dans une telle hypothèse, la Commission pourrait considérer que le marché des établissements spécialisés est distinct du marché des banques universelles, même s’il existe certains produits identiques dans les deux types d’établissement. De même, il pourrait être distingué le marché de la banque traditionnelle de la banque à distance en raison du mode d’organisation de l’offre et de la politique commerciale qui modèlent des relations particulières avec la demande.

968. – Les établissements soucieux d’éviter une délimitation étroite du marché, sont sans doute tentés de répondre à une telle analyse en invoquant la faculté de réaction de la concurrence. En effet, il peut être soutenu que dans une perspective dynamique, la banque spécialisée peut entrer sur le marché de la banque universelle. Il n’est pas sûr que cette argumentation puisse être retenue, dans ce cas, parce que l’implantation de la banque spécialisée sur le marché de la banque universelle présente de tels coûts qu’il est improbable qu’elle se fasse rapidement.

969. – Le contrôle des concentrations bancaires implique donc la nécessité de définir le marché de produits. Cela se fera en fonction des différents types d’établissements et de l’organisation de leur offre : marché des banques à réseau/marché des banques sans réseau, marché des banques universelles/marché des banques spécialisées et les sous-distinctions peuvent être multipliées.

970. – La Commission s’est engagée dans cette voie de définition des marchés de produits bancaires à partir de 1993. Le nombre important des opérations notifiées dans le secteur bancaire permet de relever jusqu’en 1997 un triptyque dans chacune des décisions de la Commission. Depuis l’opération Bank Austria/Creditanstalt de 1997, certaines décisions isolent un quatrième secteur distinct des activités générales de services bancaires aux entreprises, celui de la banque d’investissement.

Ainsi, la Commission a confirmé à l’occasion de l’acquisition de Bankers Trust par Deutsche Bank, que le secteur bancaire couvrait les services aux particuliers, les services financiers aux entreprises, la banque d’investissement, et les opérations sur les marchés monétaires ainsi que les autres instruments financiers.

Lorsque les transactions notifiées ne soulèvent pas de difficultés concurrentielles, la Commission se contente de cette division sectorielle et s’abstient, sauf exceptions, d’adopter une position plus précise sur les marchés bancaires.

971. – Selon elle, le secteur de la banque de détail regroupe les services à l’attention des particuliers et des ménages. Sont intégrées les activités liées aux systèmes de paiement et les services connexes, les comptes courants, les comptes de dépôt, l’épargne, l’épargne hors bilan, les crédits aux particuliers ainsi que le « private banking ». Cette liste d’activités est évolutive et non limitative.

972.- En cuanto a los servicios bancarios prestados a las empresas, las definiciones propuestas por la Comisión están sujetas a mayores variaciones, según las decisiones, que para los servicios de banca minorista. Así, en la resolución Société Générale/Hambros Bank de 02/06/1998, consideró que el sector de la banca empresarial se divide “en varios productos como préstamos de inversión, productos a corto plazo, depósitos, leasing, emisiones de deuda”. Probablemente sea en la decisión Bank Austria/Creditanstalt donde la Comisión describió con mayor precisión las actividades bancarias dirigidas a las empresas. Con respecto a las actividades crediticias, la Comisión ha distinguido entre segmentos de crédito a corto ya largo plazo.

973.- Además, según la Comisión, la banca de inversión comprende los siguientes segmentos de productos: asesoría en fusiones y adquisiciones, cotización de empresas en bolsa, así como emisión de títulos corporativos y de capital. La actividad de emisión de deuda se puede dividir a su vez en diferentes segmentos: emisión de deuda pública, emisión corporativa y emisión propia de los bancos.

974. – Por último, en la decisión Bank Austria/Creditanstalt, la Comisión facilitó información sobre la composición del negocio del mercado monetario y de instrumentos financieros. Esto incluye el comercio de acciones y bonos, transacciones en productos derivados, así como transacciones en divisas y divisas y otros instrumentos financieros.

Por lo tanto, hemos demostrado que los criterios identificados por la Comisión, en su práctica general de toma de decisiones, se transpusieron fácilmente a los productos bancarios. Lo mismo es cierto para la noción de mercado geográfico.

b/ Mercados bancarios geográficos

975.- Esta es la otra dimensión necesaria para definir el mercado de referencia. Se trata de delimitar el espacio en el que compiten las empresas en cuestión. Según el artículo 9 § 7 del Reglamento: «el mercado geográfico de referencia se compone de un territorio en el que las empresas interesadas operan en la oferta y demanda de bienes y servicios, en el que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que pueden ser distinguirse de los territorios vecinos, en particular debido a las condiciones de competencia que son significativamente diferentes de las que prevalecen en estos territorios”.

976. – Tomemos el ejemplo de Crédit Agricole para subrayar la importancia del área de referencia. Posee, todas las actividades combinadas, el 20% del mercado francés, el 3% del mercado europeo y el 0,3% del mercado mundial. En función de las actividades consideradas, el ámbito de referencia debe ser local, regional, nacional, europeo o incluso mundial. Al igual que con el mercado de productos, cuanto mayor sea el espacio, menor será el riesgo de que una empresa esté en una posición dominante. Estos últimos, por lo tanto, tienden a alegar que están en el mercado geográfico más amplio posible, razón por la cual la Comisión debe garantizar la exactitud de su afirmación.

977. – La Commission a recherché à délimiter les marchés en fonction de l’homogénéité des conditions de concurrence. Elle examine donc divers critères, notamment la structure de l’offre et celle de la demande : l’entreprise exerce-t-elle dans un environnement de proximité ou pas, et lequel ? Par exemple, la distribution de produits en gros n’opère pas sur le même espace que la distribution des mêmes produits au détail. Comme pour la définition du marché de produits, il se pose la question de savoir si cette pratique est transposable aux concentrations bancaires. La réponse est, là encore, affirmative. En effet, certaines activités bancaires sont essentiellement des activités de proximité, d’autres s’inscrivent dans un espace beaucoup plus vaste, voire mondial pour les activités sur les marchés internationaux.

978. – Il est nécessaire d’effectuer une lecture conjuguée du Règlement et des directives assurant la réalisation du marché unique de la banque et de la bourse. En effet, désormais, par principe, l’espace bancaire est la Communauté. Cela ne signifie pourtant pas que la Commission est liée par le concept de marché bancaire unique. Car si en vertu des directives de coordination bancaire, les barrières législatives, réglementaires ou administratives entre les Etats membres ont été levées, cela n’a pas fait disparaître aussitôt les caractéristiques de l’offre et de la demande de produits bancaires. Les établissements de crédit n’ont pas tous ouvert des succursales dans tous les Etats membres et les clients n’ont pas modifié leurs habitudes de proximité, ni leur préférence pour leur culture bancaire nationale. A cet égard, la Commission dans son appréciation des marchés géographiques bancaires de référence doit tenir compte de la levée des obstacles juridiques à l’entrée des marchés des Etats membres. Néanmoins, c’est toujours sur les éléments classiques de la structure réelle de l’offre et des caractéristiques exactes de la demande qu’elle fonde son analyse. Ainsi, dans la décision Société Générale de Belgique/Générale de banque du 03/08/1993, s’agissant du financement du commerce extérieur en Belgique, la Commission relève, que ce marché est ouvert et compétitif. Il n’existe donc pas de barrières à l’entrée. Les banques établies dans le reste du marché commun commencent à concurrencer les banques belges. En outre, ce type de crédits commence même à subir la concurrence des financements complexes d’actifs, dont le marché géographique est mondial. Au contraire, dans la décision Fortis/CGER, la Commission relève, mais à propos de l’activité de banque commerciale, que malgré une internationalisation croissante du secteur bancaire, cette activité s’exercera encore pour un certain temps dans le cadre national.

979. – La pratique de la Commission en matière de définition de marchés géographiques est désormais presque constante. Il est donc possible de dresser une synthèse des marchés que la Commission considère comme nationaux et ceux qu’elle considère comme internationaux.

980. – Traditionnellement, la Commission considère les marchés de services bancaires de détail comme de dimension nationale. Cette analyse repose sur les différences de conditions concurrentielles qui persistent dans les Etats membres en dépit de la tendance croissante à l’internationalisation. Interviennent également des facteurs tels que les différences de langues, les préférences des clients pour les prestataires locaux, l’importance du réseau d’agences, les coûts de transactions ou encore la faible activité transfrontalière des banques en Europe. La situation actuelle pourrait cependant évoluer grâce aux nouvelles technologies et à l’euro. Par ailleurs, cette conception peut être discutée car, « si en Europe, la banque de détail est considérée un marché national, cela n’est pas le cas aux USA et au Canada où ce marché est considéré comme local ».

981. – La dimension géographique des services bancaires aux entreprises est plus délicate à déterminer et l’analyse de la Commission plus nuancée. Certains revêtent un caractère international. Cependant, la dimension géographique des services bancaires aux entreprises peut dans certains cas être limitée à un niveau encore national du fait que les prestations sont souvent offertes au niveau des agences nationales à des clients locaux. Dans une autre décision, la Commission a considéré le marché géographique comme étant de dimension nationale pour les PME clientes, mais de dimension internationale pour les grandes entreprises.

982. – Pour les activités sur les marchés financiers, la dimension internationale, sinon au moins européenne du marché géographique est clairement établie.

983. – Enfin, en ce qui concerne la banque d’investissement, la Commission estime que ces services demeureront encore dans un futur proche à un niveau national. En effet, ceux-ci nécessitent habituellement une connaissance détaillée du droit des sociétés national, des structures des entreprises et des habitudes locales du marché. Dans sa décision SBG/SBV du 04/03/1998, la Commission a précisé que, pour l’activité de conseil en fusions-acquisitions, il convient de distinguer entre l’activité de conseil elle-même de nature transfrontalière et la prestation de service offerte. La seconde s’inscrit dans un cadre national. Dans le domaine du négoce d’actions, la Commission, dans sa pratique actuelle, considère les marchés nationaux, du fait des conditions différentes d’admission des entreprises aux bourses nationales.
We have therefore demonstrated that the traditional criteria for defining reference markets are not called into question by the creation of a single banking market. However, they must adapt to the changing structure of supply and demand that the single banking market is bound to bring about. Thus, the movement seems obvious. First, the Commission defined the reference banking markets in an imprecise manner. Then, under the impetus of the single market, numerous bank concentrations led the Commission to refine its control over certain activities.

2/ Refining the segmentation of reference banking markets

984. – A number of merger operations between banking establishments active in consumer credit have been notified to the European Commission since 1995. In order to highlight the existence of a separate consumer credit market, it has been noted that consumer loans are provided by specialized banking establishments to all consumers wishing to purchase goods. These are either provided as an ancillary service to the purchase of a good, or marketed directly by merchants in their store. To date, the Commission considers consumer credit services to be an integral part of the larger consumer lending banking segment.

On the national geographic dimension of the market, the Commission was able to note that the latter would be reinforced by the fact that credit and store cards are highly regulated in each Member State by legislation on consumer credit and consumer protection. . In addition, store cards are only accepted at customer retailer counters.

985. – The Commission has also considered the issue of credit to local authorities and its natural extensions. According to the Merger Task Force, there is a relevant market for credit to local authorities. This would be distinct from other banking activities, taking into account in particular the specific characteristics of the customers, the length of the loans, and the restrictive aspect of the legal rules to which the loans of local authorities obey.

This market is essentially national in scope, the demand for credit from these entities being supplied, almost entirely, by the supply of credit from financial establishments located in each Member State. In addition, local authorities, especially small ones, generally do not have the means, particularly in terms of staff, to borrow abroad. They prefer to maintain regular relations with the banks and funds present in the geographical area where they are established. Finally, the binding regulations in which the borrowing decision is based confirm, according to the Commission, the national nature of the market.

It should be noted, however, that in the CCB/CLF decision, the Commission considered that “the national character, still marked, of the credit market for local authorities is currently evolving towards a transnational market. This trend will increase and should accelerate significantly in the perspective of the changeover to the single currency”.

986. – With regard to real estate loans, in the Comptoir des entrepreneurs/La Hénin decision, the notifying parties distinguished three activities within real estate market financing services. These are real estate loans to individuals, real estate loans to businesses or local authorities as well as the financing of real estate development operations.

La Comisión examinó la definición de préstamos hipotecarios para bienes inmuebles, al notificar la entrada de Crédit local de France en el capital de Hypothekenbank Berlin. La Comisión cuestionó la necesidad de considerar los préstamos hipotecarios inmobiliarios como parte de un mercado de productos más amplio que incluye diferentes categorías de préstamos a largo plazo. También examinó la posibilidad de distinguir, como mercados de productos relevantes, los préstamos hipotecarios a particulares y los préstamos hipotecarios a empresas. La Comisión no ha resuelto esta cuestión, no obstante considera que estas actividades, dada su práctica, tienen una dimensión nacional.

987. – La actividad de ‘leasing’, que a menudo se incluye sin mayor precisión en el sector de la banca comercial, tiende a ser considerada como un mercado separado en ciertas decisiones de la Comisión.

988. – En otra decisión, la Comisión examinó el mercado de factoring francés, en el que la empresa en participación creada por Crédit Lyonnais y AGF-Euler, filial de la aseguradora alemana Allianz, tenía una cuota de mercado de casi el 27 %. En esta oportunidad, se preguntó sobre la definición de factoraje propuesta por las partes notificantes. Es “una operación de gestión financiera por la que una organización especializada gestiona las cuentas de clientes de las empresas mediante la adquisición de sus créditos, posiblemente garantizando la cobertura del riesgo del comprador y realizando, si es necesario, el cobro por su propia cuenta”. Una de las conclusiones de la investigación de la Comisión fue que el factoring y el seguro de crédito constituyen mercados separados,

989. – Finalmente, la decisión Pana Agora/DG Bank dio a la Comisión la oportunidad de reflexionar sobre la segmentación a adoptar en términos de gestión de activos. Estos servicios se dividen en dos categorías: la gestión de activos en beneficio de las personas físicas y la de las instituciones. Si bien las tareas que realiza el administrador de activos son similares, existen diferencias importantes según el destinatario del servicio. En primer lugar, los recursos y la experiencia son más importantes para las instituciones. Este tipo de producto se adapta a las necesidades específicas de los clientes, mientras que los tipos de gestión colectiva proporcionados a los particulares suelen ser productos masivos. En cuanto a la dimensión geográfica, la Comisión consideró que, al menos en lo que se refiere a la gestión de activos en beneficio de clientes institucionales,

Así, se acaba de demostrar que se ha afinado la definición de los mercados bancarios de referencia. Puede observarse, por tanto, una negación de la especificidad del control sobre los mercados bancarios de referencia. En términos más generales, con respecto a las decisiones emitidas por la Comisión, un análisis revela una restricción de la naturaleza específica del control.

§ 2: Restricción de la especificidad del control en el análisis de las decisiones de la Comisión

990.- Las decisiones de la Comisión, en materia de concentraciones bancarias, no son de carácter específico en comparación con otros sectores de la economía (A). No obstante, existe controversia sobre la especificidad del análisis competitivo realizado en el sector bancario por la Comisión (B). Finalmente, en cuanto al uso de compromisos en las decisiones sobre fusiones bancarias, también se puede observar una falta de especificidad (C).

A/ La falta de especificidad en la naturaleza de las decisiones

991. – El análisis de las resoluciones dictadas en materia de concentraciones de dimensión comunitaria brinda la oportunidad de verificar la forma jurídica en que se realizan las concentraciones bancarias. A este respecto, no se puede señalar ninguna singularidad. De hecho, el Artículo 3 § 1 del Reglamento especifica que una concentración en el sentido del Reglamento puede tomar la forma de una fusión o una absorción por parte de una o más empresas. Algunos ejemplos tomados de las decisiones de la Comisión muestran que las fusiones bancarias propuestas toman una u otra ruta. Cabe mencionar la fusión entre Merita y Nordbanken. Para adquisiciones corporativas: la notificación de la adquisición del control de Fortis AG por parte de Société Générale de Belgique o la notificación de la adquisición del control de CCF por parte de HSBC son ilustrativas. Por último, en lo que respecta a las adquisiciones conjuntas,

992. – The Commission must establish, as for any undertaking, whether the new credit institution resulting from the concentration harms competition. After verifying that the operation falls within the scope of the Regulation by its nature and its size, it must assess whether or not it is compatible with the Common Market. Only bank combinations which do not significantly impede effective competition in the Common Market or a substantial part of it are declared compatible. 993. – The Commission examines the notification as soon as it is received.

– If it comes to the conclusion that the notified concentration is not covered by this Regulation, it shall state this by means of a decision.

– If it finds that the notified concentration, although covered by the regulation, does not raise serious doubts as to its compatibility with the common market, it decides not to oppose it and declares it compatible with the common market.

– If, on the other hand, it finds that the notified concentration falls within the scope of the regulation and raises serious doubts as to its compatibility with the common market, it decides to initiate the procedure. This may result in a decision declaring the concentration compatible with the common market or in a decision of incompatibility with the common market.

– If a concentration has already taken place, the Commission may order the separation of the concentrated undertakings or the termination of joint control in order to restore effective competition.

– Finally, if the parties have omitted to notify a concentration, if they have given inaccurate or distorted information when notifying them, or if they have presented the required information incompletely, the Commission may impose penalties on the banks concerned. fines by decision.

Consequently, schematically, like other sectors of the economy, the banks concerned by merger operations may be the subject of decisions which are favorable to them (1) or which are unfavorable to them (2).

1/ Decisions favorable to banks

994. – These decisions find either the inapplicability of the Regulation (a) or the compatibility of the concentration operation with the common market (b).

a/ Decisions noting the inapplicability of the Rules

995. – Of all the banking mergers notified to the Commission and covered by our analysis, some gave rise to a decision finding that they were not covered by the Regulation.

In the operation Médiobanca/Generali, the Italian bank Mediobanca had notified the increase of its participation in the insurance company Generali which rose from 5.98% to 12.84%. The Commission considered that there was no takeover and therefore that the transaction did not fall within the scope of the Regulation. The minority shareholders had, six months after the Commission’s decision, requested the reopening of the procedure. The Commission having refused, the applicants brought an action for annulment. The Court of First Instance of the European Communities rejected it, noting that the situation of the applicants had not been individually affected by the decision. In addition, considerations relating, on the one hand, to the legal certainty of economic operators and, on the other hand,

The message is clear: the judges ensure that the companies do not run the risk of having a concentration operation that the Commission has not opposed challenged at any time.

The Eurocard/Eurocheque-Europay case was the second transaction giving rise to a decision on the basis of Article 6 § 1 a). It concerned the creation project by Eurocard lnternational and Eurochèque International of a new entity: Europay International. The Commission concluded that the proposed transaction did not fall within the scope of the Regulation as it did not have a Community dimension. Indeed, the total turnover achieved worldwide by all the undertakings concerned was below the threshold of ECU 5 billion set by Article 1. It was specified that, in the case of credit institutions or financial institutions, to calculate this threshold, the turnover had to be replaced by one tenth of the balance sheet total according to Article 5 § 3 a) in its wording prior to EEC Regulation No. 1310/97. Gold, the decision only referred to Article 1 and made no reference to the specific calculation basis specific to banking concentrations. However, given their activity as described in the decision, the undertakings concerned appeared to be financial institutions within the meaning of the banking directives. This is an illustration of the confusion, already mentioned, created by the Regulation by creating a specific calculation of the Community dimension of banking concentrations. In addition to the decisions set out above, rendered on the basis of Article 6 § 1 a), a large number of banking concentrations have been declared compatible with the common market. given their activity as described in the decision, the undertakings concerned appeared to be financial institutions within the meaning of the banking directives. This is an illustration of the confusion, already mentioned, created by the Regulation by creating a specific calculation of the Community dimension of banking concentrations. In addition to the decisions set out above, rendered on the basis of Article 6 § 1 a), a large number of banking concentrations have been declared compatible with the common market. given their activity as described in the decision, the undertakings concerned appeared to be financial institutions within the meaning of the banking directives. This is an illustration of the confusion, already mentioned, created by the Regulation by creating a specific calculation of the Community dimension of banking concentrations. In addition to the decisions set out above, rendered on the basis of Article 6 § 1 a), a large number of banking concentrations have been declared compatible with the common market. brought about by the Regulation by creating a specific calculation of the Community dimension of banking concentrations. In addition to the decisions set out above, rendered on the basis of Article 6 § 1 a), a large number of banking concentrations have been declared compatible with the common market. brought about by the Regulation by creating a specific calculation of the Community dimension of banking concentrations. In addition to the decisions set out above, rendered on the basis of Article 6 § 1 a), a large number of banking concentrations have been declared compatible with the common market.

b/ Decisions establishing compatibility with the common market

996. – In this case, the notified concentration operation falls under Regulation No. 139/2004 of 20/01/2004.

997. – Although covered by this Regulation, the Commission has frequently found that the merger operations notified did not raise serious doubts as to their compatibility with the common market. These decisions were taken as part of a first stage, commonly referred to as “Phase I”.

Mention may be made of a number of Commission decisions declaring operations compatible with the common market under “phase I”. Thus, let us cite the example of Crédit Lyonnais/BFG Bank on 11/01/1993, Champalimaud/BSCH on 03/08/1999, Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV on 26/08/1999, Fôrenings Sparbanken/ FI-Holding/FIH of 21/10/1999 or finally HSBC/CCF of 30/05/2000.

998. – En varios casos, la Comisión consideró que la concentración notificada planteaba serias dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. Luego inició el procedimiento. Esta segunda etapa, denominada “fase II”, le permitió realizar investigaciones en profundidad. Estos han resultado generalmente en decisiones de compatibilidad con el mercado común. Tomemos, por ejemplo, la decisión Bank Austria/Creditanstalt.

En consecuencia, acabamos de mostrar que las decisiones favorables a los bancos han sido numerosas. Sin embargo, esto no significa que no sean concebibles decisiones desfavorables para los bancos.

2/ Decisiones desfavorables a los bancos

999. – Consisten en decisiones que imponen sanciones pecuniarias (a) así como decisiones de no autorizar (b).

a/ Resoluciones que dictan sanciones pecuniarias

1000.- La Comisión tiene la facultad de dictar decisiones imponiendo sanciones severas. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento 139/2004, la Comisión puede imponer multas. Este es particularmente el caso cuando las empresas omiten notificar su operación, dan indicaciones o información inexacta o presentan documentos incompletos. Estas multas pueden alcanzar el 10% de la facturación total lograda por las empresas afectadas por haber actuado “dolorosa o negligentemente”. Así ocurre especialmente cuando las partes de la concentración no respetan sus compromisos, realizan una concentración sin haber obtenido previamente la autorización de la Comisión o realizan una operación declarada incompatible.

1001. – El tercer párrafo del artículo 14 dispone que el monto de la multa debe determinarse de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la infracción. En la práctica, la naturaleza de la infracción no plantea ninguna dificultad. O bien se realizó la operación sin obtener previamente la autorización de la Comisión, o bien no se respetó la obligación de informar, o finalmente no se notificó la concentración. En cuanto a la gravedad de la infracción, a priori debe considerarse grave cualquier infracción cometida por las empresas participantes en una concentración. Por un lado, la presentación de información incompleta y/o inexacta corre el riesgo de distorsionar la evaluación de la Comisión sobre la compatibilidad de la operación. De otra parte, llevar a cabo la concentración sin autorización previa corre el riesgo de socavar gravemente el equilibrio competitivo. Es cierto que esta segunda categoría de delitos es potencialmente más grave. Esta gravedad se evidencia por la posibilidad de imponer multas más elevadas, el artículo 14 § 2 del Reglamento CE n.º 139/2004 de 20/01/2004, que permite a la Comisión imponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios de las empresas afectadas . Sin embargo, cualquiera que sea la infracción, sólo puede cuestionar el ejercicio del control efectivo de las fusiones. De hecho, socava directamente el sistema comunitario de control de concentraciones, cuyo papel es evitar un daño duradero a la competencia.

1002.- Más allá de la referencia expresa a la naturaleza y gravedad de la infracción, en ocasiones la Comisión debe tener en cuenta la duración de la infracción así como las circunstancias agravantes o atenuantes para fijar el monto de las sanciones.

1003. – Aunque no esté previsto en el texto, puede tomarse en consideración la duración de la infracción. Este criterio lógicamente debe tenerse en cuenta cuando la concentración no se notifica hasta después de su ejecución. En este caso, la duración es un factor importante para evaluar la gravedad. Cuanto mayor sea el tiempo que transcurra entre la fecha en que la Comisión sea informada de las operaciones y la fecha de su notificación, mayor será el perjuicio que pueda causarse a los consumidores. Si la valoración de esta duración es fundamentalmente objetiva, es decir, basada en la determinación matemática del número de semanas o meses transcurridos, también es subjetiva, es decir, ligada al comportamiento de las empresas durante dicho período. No cabe duda de que la lentitud de estos últimos para regularizar su situación sólo puede perjudicarlos y llevar a la Comisión a considerar la duración como considerable. El examen de las circunstancias agravantes revela la voluntad de la Comisión de dotarse de los medios, cualesquiera que sean los hechos de los que se entere, para sancionar severamente cualquier infracción. De la lectura de las decisiones adoptadas recientemente, dos factores parecen constituir aún circunstancias agravantes. El primer factor surge de la consideración de la intención dolosa de la empresa. Es cierto que la intención deliberada de cometer un delito constituye sin duda una circunstancia agravante que justifica el pronunciamiento de una sanción grave. Sin embargo, incluso cuando la empresa actuó únicamente por negligencia, esta falta de vigilancia puede volver a constituir aquí una circunstancia agravante. El segundo factor se basa en la ofensa en sí. Cuando esta infracción resulta del incumplimiento por parte de una empresa de su obligación de proporcionar información, la Comisión destaca la importancia de la información oculta, la demora y las reticencias de las empresas a transmitirla. El hecho de que estos últimos respondan inexactamente a las solicitudes de la Comisión habiendo declarado incompleta la notificación inicial, naturalmente agrava la violación cometida. Cuando el delito consiste en realizar la concentración sin autorización previa, la circunstancia agravante puede resultar de la sencillez del problema jurídico planteado. Cuando esta infracción resulta del incumplimiento por parte de una empresa de su obligación de proporcionar información, la Comisión destaca la importancia de la información oculta, la demora y las reticencias de las empresas a transmitirla. El hecho de que estos últimos respondan inexactamente a las solicitudes de la Comisión habiendo declarado incompleta la notificación inicial, naturalmente agrava la violación cometida. Cuando el delito consiste en realizar la concentración sin autorización previa, la circunstancia agravante puede resultar de la sencillez del problema jurídico planteado. Cuando esta infracción resulta del incumplimiento por parte de una empresa de su obligación de proporcionar información, la Comisión destaca la importancia de la información oculta, la demora y las reticencias de las empresas a transmitirla. El hecho de que estos últimos respondan inexactamente a las solicitudes de la Comisión habiendo declarado incompleta la notificación inicial, naturalmente agrava la violación cometida. Cuando el delito consiste en realizar la concentración sin autorización previa, la circunstancia agravante puede resultar de la sencillez del problema jurídico planteado. El hecho de que estos últimos respondan inexactamente a las solicitudes de la Comisión habiendo declarado incompleta la notificación inicial, naturalmente agrava la violación cometida. Cuando el delito consiste en realizar la concentración sin autorización previa, la circunstancia agravante puede resultar de la sencillez del problema jurídico planteado. El hecho de que estos últimos respondan inexactamente a las solicitudes de la Comisión habiendo declarado incompleta la notificación inicial, naturalmente agrava la violación cometida. Cuando el delito consiste en realizar la concentración sin autorización previa, la circunstancia agravante puede resultar de la sencillez del problema jurídico planteado.

1004. – The Commission also agrees to take into account the existence of mitigating circumstances. These are classic. The companies’ acknowledgment of the infringement and their cooperation with the Commission are thus taken into consideration. Likewise, the information they transmitted to the Merger Task Force before the latter was otherwise informed, such as the absence of competitive harm resulting from the violation, is withheld.

Companies fear these financial penalties. The same applies to the non-authorization of banking concentration.

b/ The hypothesis of the non-authorization of banking concentration

1005. – It is essential to note that initially, these merger operations were not likely to harm competition because the banking market was highly fragmented. But following a vast movement of concentration, the average size of banks has increased considerably and these attacks have become conceivable. This was significant in the Bank Austria/Creditanstalt decision as well as in the Skandinaviska Enskilda Banken/FS-Banken transaction.

1006. – However, since control is negotiated, the risk of incompatibility is low. For example, in the Skandinaviska Enskilda Banken/FS-Banken case, the demands of the European Commission were so great that the parties preferred to abandon their merger project. The latter considered that the positive effects of the merger would be lost due in particular to a lack of synergies. Thus, in this case, no veto was affixed. Nevertheless, substantially, it was the European Commission that made the parties abandon their project. The consequences are therefore exactly the same as if a prohibition decision had been pronounced. Consequently, the formal absence of a decision does not mean that the control is inoperative.

1007. – In addition, if the parties do not abandon their merger plan and no solution is found, the penalty is “invalidity”. Moreover, decisions of incompatibility with the common market concerning a banking concentration are now conceivable.

1008. – It is important to specify that concentrations resulting from mergers and takeovers within the same market are likely to give rise to a dominant position on a local, national or even European market. This is the case in the banking sector.

1009. – Regarding deposit banks, the greater the bank’s market share on deposits and loans, the higher the intermediation margin. More precisely, this means that in a situation of weak competition, each bank will tend to use its market power in order to increase the rates on loans and decrease the rates on borrowings. Thus, the more a banking system is concentrated, the more it is able to generate high profits. These additional profits would result from a strengthening of the market shares of the merging firms. This reasoning shows that the setting of prices less favorable to consumers is due to the interplay of market positions. In reality, only firms that control large market shares have the power to position themselves above competitive prices. This is why concentrations between these undertakings must be controlled.

1010.- En caso de posición dominante de los bancos en mercados locales concentrados, una fusión dentro de estos mercados puede fortalecer esta posición y conducir a comportamientos perjudiciales para la competencia. La fijación de precios desfavorables para los consumidores y las restricciones cuantitativas o cualitativas de los servicios ofrecidos al público pueden ser una perfecta ilustración de este análisis. Asimismo, según López Madruga, “la Comisión examina todas las implicaciones locales de una concentración. Si la nueva entidad fuera dominante en una región, esta suposición impediría que los consumidores tuvieran una alternativa. Esto sería un factor que prohibiría la concentración o justificaría una solicitud de compromisos por parte de las entidades de crédito”.

1011. – También podría concebirse una posición dominante en un mercado nacional en ciertos Estados europeos, en particular los países escandinavos y los Países Bajos. Por ejemplo, el sistema bancario holandés fue el primero en Europa en lograr su concentración a principios de la década de 1990. En total, los tres primeros grupos bancarios controlan el 90% del mercado bancario holandés. Por lo tanto, una fusión entre estos operadores económicos daría lugar a la creación de una posición dominante en el mercado nacional neerlandés que sería incompatible con el mercado único.

En consecuencia, “la Comisión evaluaría el ‘efecto red’ y realizaría un análisis de las cuotas de mercado en los principales segmentos del mercado”. El análisis competitivo en el control de las concentraciones bancarias implica, por tanto, cuestiones clave.

B/ La controversia sobre la especificidad del análisis competitivo en el sistema bancario

1012. – Si existe controversia sobre la especificidad de determinadas pruebas realizadas por la Comisión Europea (1), lo cierto es que la valoración de los posibles efectos unilaterales en el sector bancario no es específica (2).

1/ La controversia sobre la especificidad de ciertas pruebas

1013.- Existe controversia sobre la especificidad de los criterios para evaluar el poder de mercado (a) y sobre el umbral de dominio en el sector bancario (b).

a/ Cuestionamiento de la especificidad de los criterios para evaluar el poder de mercado

1014.- En el formulario de notificación que llenan las partes de una concentración, se indica que las estimaciones de participación de mercado de las partes y de los competidores deben presentarse en valor y en volumen. Para los servicios bancarios, la Comisión ha tenido en cuenta una serie de criterios de evaluación de la cuota de mercado más apropiados. Uno de los criterios utilizados consiste en conocer el “rango” del banco a nivel nacional, europeo o mundial, especialmente en términos de balance, capital y patrimonio. Además de estos criterios básicos, la Comisión tiene principalmente en cuenta, para los servicios de banca minorista, el rango vinculado al valor de los créditos y depósitos de las partes en la concentración. Para los servicios de banca empresarial, la Comisión tiene en cuenta los “préstamos corporativos” y las “cuentas corrientes con clientes corporativos”. En lo que respecta a la banca de inversión o las actividades en los mercados monetarios, la Comisión tiene en cuenta las “league tables” porque reflejan adecuadamente la posición de mercado de las empresas involucradas en esta actividad. Para las actividades de gestión de patrimonio, el número de clientes también es un indicador de actividad en el mercado relevante. Esta adaptación de la evaluación de cuotas de mercado al sector bancario no modifica, sin embargo, la filosofía de control de la Comisión, que está marcada por el pragmatismo. Aunque el enfoque difiere algo, la evaluación sigue siendo equivalente a la realizada en los otros sectores de la economía. el número de clientes también es un indicador de actividad en el mercado relevante. Esta adaptación de la evaluación de cuotas de mercado al sector bancario no modifica, sin embargo, la filosofía de control de la Comisión, que está marcada por el pragmatismo. Aunque el enfoque difiere algo, la evaluación sigue siendo equivalente a la realizada en los otros sectores de la economía. el número de clientes también es un indicador de actividad en el mercado relevante. Esta adaptación de la evaluación de cuotas de mercado al sector bancario no modifica, sin embargo, la filosofía de control de la Comisión, que está marcada por el pragmatismo. Aunque el enfoque difiere algo, la evaluación sigue siendo equivalente a la realizada en los otros sectores de la economía.

1015. – The Commission defines banking markets as being at least national in scope. Such an approach does not exclude, if necessary, as in any other sector of the economy, that it also endeavors to study the effects of a concentration at an infra-national level. Despite the increase in transactions in the European banking sector, the level of concentration of which has increased significantly as a result, the Commission has sometimes examined the impact of the transaction at local level, taking into account in particular the network effect. Thus, at the time of the acquisition of Générale de Banque by Fortis, the combined market share of the parties to the concentration was less than 35% at the national level. It represented around 20-25% of the assets, between 28% and 33% of deposits and between 26 and 33% of loans in the Belgian banking system. The Commission noted that the market remained competitive, given the presence of competitors such as BBL, KBC and CCB. However, it took into account the network effect of the concentration in all the provinces and regions of Belgium. Thus, it found that the establishment resulting from the concentration would hold between 24 and 28% of the branches in West Flanders, between 35 and 39% of the branches in Hainaut and Namur/Walloon Brabant. Even if the new entity has the largest network in Belgium, the Commission considered that this did not give it a dominant position, insofar as consumers have enough competing bank branches. Besides,

Consequently, the criteria for assessing the market power of credit institutions can be compared to those used in other sectors of the economy. The same applies to the assessment of dominance in the banking sector.

b/ The absence of a specific dominance threshold in the banking sector

1016. – In studying the practice of the European Commission, it is necessary to distinguish between individual dominance (α) and collective dominance (β).

α/ Individual dominance

1017. – Certain national tensions, on the occasion of concentrations of credit institutions, could suggest that in terms of services and in particular services to individuals, there would be a specific threshold, concerning the dominant position.

1018. – It was in the BankAustria/Creditanstalt decision that the Commission first raised this question of dominance in the banking sector. On the occasion of the acquisition of exclusive control of Creditanstalt-Bankverein by Bank Austria, the Commission considered that “market shares of 30% or more, in specific circumstances and in the presence of serious barriers to entering the market justified the risk of creating a dominant position and required a detailed examination of the markets concerned”. Such a conclusion is based on the fact that “these markets are characterized by specific institutional and legal conditions; the markets for banking services are in particular clearly differentiated from the conditions of competition,

1019. – La Commission a examiné la position de Bank Austria et Creditanstalt, les deux principaux établissements bancaires universels nationaux, ainsi que celle des principaux établissements de crédit établis en Autriche. Elle a estimé que le risque de position dominante était bien présent en l’espèce. Les effets de cette concentration ont été étudiés, notamment pour les services bancaires aux particuliers, les services aux entreprises et la banque d’investissement. Ainsi, elle a pu noter que la nouvelle entité disposerait d’une part de marché comprise entre 20 et 30 % sur les activités de services aux particuliers. Pour les services bancaires aux entreprises, les parts de marché étaient plus importantes encore, l’entité résultant de la concentration disposant de parts comprises entre 25 % et 40 % sur l’ensemble des segments. La Commission a relevé que les marchés de services financiers aux particuliers en Autriche présentaient de sérieuses barrières à l’entrée, compte tenu de la nécessité de disposer sur place d’un réseau dense d’agences. En règle générale, les clients particuliers entretiennent des relations commerciales avec une seule banque. Changer d’établissement engendre des coûts de transaction et d’information qui justifient l’attachement d’un client à une banque. En outre, la mobilité des clients des banques est réduite, dans la mesure où l’entretien de relations avec plusieurs banques et le partage des actifs sur plusieurs banques détériorent les possibilités de recours au crédit. Sur la base de ce constat, la Commission en a conclu que la « reprise », par les concurrents, de relations commerciales entretenues depuis de nombreuses années avec les particuliers, ne pourrait se faire, à une large échelle, qu’à long terme. Selon la Commission, contrairement aux services aux particuliers, les services bancaires aux entreprises sont moins standardisés et sont souvent adaptés aux besoins spécifiques des clients, sur la base de conditions négociées. En outre, les coûts de transaction et d’information liés au changement d’établissement ne sont pas aussi élevés. Assurément, les entreprises clientes développent des volumes de transactions plus importants et entretiennent en général des relations commerciales avec plusieurs banques. La Commission a considéré dans l’affaire Bank Austria/Creditanstalt qu’il existait sur ces marchés, des risques de création ou de renforcement de position dominante, compte tenu notamment de l’absence de forte alternative à la nouvelle entité, tant au niveau national qu’au niveau étranger.

1020. – Selon un auteur, la pratique décisionnelle de la Commission aurait ainsi permis d’identifier une spécificité de la dominance dans le secteur bancaire. Un seuil de part de marché de 30 % aurait été mis en évidence pour ces types de services. Il serait nettement moins élevé que celui à partir duquel des difficultés concurrentielles pourraient survenir, en termes de position dominante, dans les secteurs de biens industriels et de consommation ainsi que dans les autres secteurs de services.

1021. – Cependant, retenir cette interprétation, revient à accepter que la seule analyse des parts de marché permet de mesurer le caractère concurrentiel d’un secteur. Ceci est, à notre avis, très contestable. En effet, les études économiques montrent que la concurrence sur des marchés relativement concentrés peut être dans certains cas, plus forte que sur des marchés fortement concurrentiels. Les marchés à concurrence pure et parfaite ne sont pas nécessairement les plus concurrentiels, pour peu que le terme de concurrence soit entendu comme processus et non comme état. Il convient de faire intervenir la notion de contestabilité pour mesurer la concurrence effective d’un marché. Les difficultés résultent du fait que la contestabilité est appréciée à l’aide des concepts de barrières à l’entrée et de conditions de sorties. Un marché contestable est un marché sur lequel les derniers arrivés n’ont pas de handicap de coût par rapport aux opérateurs installés et que les acteurs peuvent quitter avec un faible coût.

1022. – Par conséquent, selon Monsieur Joaquin Lopez Madruga, ce seuil de part de marché de 30 % ne constitue pas une limite à ne pas franchir, mais représente un indicateur de dominance parmi d’autres. La Commission considérera qu’il y a dominance si plusieurs éléments significatifs le prouvent. Il n’existe donc pas un seuil de dominance spécifique au secteur bancaire. Il convient d’examiner les concentrations de manière casuistique car, dans un secteur dynamique, l’appréciation ne sera pas la même que dans un secteur où il existe un oligopole. Par exemple, une part de marché de 30 % dans le secteur bancaire autrichien ne peut être appréciée de la même façon qu’une part mathématiquement égale sur le marché belge. Ainsi, dans des décisions récentes d’autorisations de concentrations en Belgique, ce seuil de part de marché était dépassé sans que cela ne suscite de difficultés particulières. Dans l’affaire Merita/Nordbanken, il a été examiné les parts de marché des deux établissements de crédit sur les différents marchés de référence. Un constat fut celui de la « complémentarité géographique ». Le chevauchement était donc très faible. Bien que Merita totalisât sur certains segments des parts de marché supérieures à 40 %, l’appréciation concurrentielle ne posa pas de difficulté.

Par conséquent, nous avons pu démontrer l’absence de seuil de dominance spécifique au secteur bancaire. Nous allons, dès à présent, mettre en évidence l’absence de spécificité en ce qui concerne la dominance collective dans le secteur bancaire.

β/ La dominance collective

1023. – Banking activities are carried out on oligopolistic markets. An oligopolistic market is defined by the presence on the market of a relatively small number of suppliers. In such a competitive context, each oligopolist is required to take noticeably into account the actions and reactions of its rivals in its decisions relating in particular to prices. This is a strategic interdependence between firms. Thus, there is a collective dominant position when companies have together, in particular, the power to adopt the same line of action on the market and to act to an appreciable extent independently of competitors, customers and consumers. This definition does not explain the conditions necessary for there to be a collective dominant position.

1024. – It is therefore essential to have a methodology and relevant criteria that make it possible to determine, in a prospective analysis, whether a concentration is capable of creating or strengthening a collective dominant position. The fundamental difficulty encountered in the notion of collective dominance is that the analysis is based on a characterized anticipation not only of the market but also of the behavior of operators. This assessment is all the more delicate in that it concerns formally isolated and non-dominant operators. On the other hand, associated with each other, they have a dominant position. In reality, these companies present themselves on the market substantially as a single entity and not with their individuality.

1025. – The existence of collective dominance can be determined using indicators that are not specific to the banking system. In addition, the collective dominance threshold is not subject to specificity in the banking system, even if this assertion is controversial.

– The lack of specificity of indicators of collective dominance

1026. – To determine whether a concentration creates or reinforces collective dominance, a precise examination of the circumstances is necessary. This assessment is based on structural indicators which, alone and in interaction with each other, should allow the case to be assessed as clearly and precisely as possible, within the framework of an overall analysis. However, in each case, it will be a question of refining the examination in order to ensure a strong probability of creation or strengthening of a collective dominant position. Such an exercise will require taking into account behavioral indicators.

1027. – The indicators used as proof of the existence of collective dominance in the banking system are no different from those used in other economic sectors.

1028. – Indicators relate to the general functioning of the market. First, there is the existence of high barriers to market access. In principle, they restrict potential competition and may encourage the adoption of collusive behavior between current competitors. Then it’s about transparency in a market. It allows banks to more easily monitor the behavior of their competitors and thus facilitates the adoption of collusive behavior. Finally, the adoption of collusive behavior will be favored in relatively stable and predictable sectors characterized in particular by a fixed market structure.

1029. – There are also indicators based on the demand situation. On the one hand, a market characterized by weak demand growth will not encourage new competitors to enter the market. Similarly, existing competitors will not adopt an aggressive strategy to capture additional demand in such a zero-sum game situation. On the other hand, when demand-side actors hold some market power, it may be more difficult for players to initiate and sustain collusive behavior. Conversely, collective domination should be all the more likely in a concentrated market when the other side of the market is more dispersed. However, it cannot be ruled out that, in certain cases, strong consumer power may encourage suppliers,

1030. – In addition, there are indicators based on the supply situation. First, close ties between oligopolists play a large role in determining collective dominance. On the one hand, the existing links between the oligopolists, such as personal or capital links, increase the probability of parallel restrictive behavior of competition. Moreover, this applies both to links on the market concerned by the concentration and to those on third markets. On the other hand, past relationships and, in particular, past cooperation, can also be a factor encouraging collusive behavior. Second, in certain cases, the similarity of the market shares of the oligopolists can facilitate the creation of such dominance. On the other hand, an asymmetrical distribution of market shares in no way presumes the impossibility of collective dominance. Finally, the stability of market shares between companies can be an indicator showing the lack of dynamics in competitive relations on the market in question. Third, a high level of concentration favors the meeting of oligopolists. However, collective dominance cannot be concluded simply on the basis of a high level of concentration. It is also a question of examining the supply of substitution, that is to say the competitors external to the set formed by the companies in collective dominance. Moreover, it is difficult to determine a level of concentration above which a collective dominance is almost established. Of course, this precision applies to the banking system.

– The lack of specificity of the collective dominance threshold in the banking system

1031. – Collective dominance is an economic phenomenon which results from the play of strategic interdependencies between the oligopolists. In order to achieve collective dominance, this interdependence results in the adoption of collusive behavior at the end of which the oligopolists form a single entity on the market.

1032. – The main difficulty is to determine whether a concentration leads to the creation or strengthening of collective dominance which hinders effective competition. This raises the problem of the collective dominance threshold in the banking system.

1033. – As we specified earlier, a controversy exists on the specificity of the banking dominance threshold. It would be lower than that from which competitive difficulties could arise, in terms of dominant position, in the industrial and consumer goods sectors as well as in the other service sectors. But according to Mr. Joaquin Lopez Madruga, this 30% market share threshold is not a limit that should not be crossed, but represents one indicator of dominance among others. There is therefore no specific dominance threshold for the banking sector.

1034. – Concerning the problem of collective dominance, it is first necessary to point out the difficulty of determining a level of concentration above which collective dominance can be established with certainty.

1035. – Concerning the banking system more specifically, it could be considered that the collective dominance threshold is lower than in other sectors of the economy. This assertion is questionable on the assumption that it is estimated that there is no dominance threshold specific to the banking system. Obviously, in a parallel way in this case, the collective dominance threshold cannot be apprehended as being specific.

Thus, a banking concentration is likely to create or strengthen a collective dominant position. This appreciation is carried out in a similar way to other sectors of the economy. The same applies to the assessment of any unilateral effects.

2/ L’absence de spécificité dans l’appréciation d’éventuels effets unilatéraux dans le secteur bancaire

1036. – Le Règlement n° 139/2004 permet à la Commission européenne de rechercher des effets unilatéraux. En effet, il est précisé qu’une concentration doit être interdite si elle entrave d’une manière significative une concurrence effective. Le critère englobe donc tous les effets anticoncurrentiels sur les marchés oligopolistiques où l’entreprise issue de la concentration ne serait pas dominante au sens strict du terme.

1037. – Incontestablement, dans certaines situations d’oligopole, le risque essentiel de restriction de la concurrence réside dans la faculté des entreprises parties à la concentration d’augmenter leur prix sans avoir à tenir compte des autres opérateurs ou de la clientèle.

1038.- Por ejemplo, una empresa parte de una concentración puede aumentar sus precios sin incurrir en la consiguiente pérdida de clientes porque esto se traslada a los productos fabricados por la otra empresa parte de la concentración. En este caso, la operación crea efectivamente un efecto contrario al mantenimiento de la competencia.

1039.- Toda la dificultad de aplicar la teoría de los efectos unilaterales radica en la correcta apreciación de los mecanismos de diferimiento de la demanda susceptible de producirse entre las dos partes en una concentración.

1040.- Además, pueden existir efectos unilaterales cuando la empresa logra elevar el nivel de precios reduciendo unilateralmente el volumen de su producción. En esta hipótesis, los competidores no son capaces de aumentar sus capacidades de producción para absorber la demanda. Así, la empresa puede subir los precios y, dado que sus competidores tienen una capacidad limitada, también se restringe la fuga de demanda.

1041.- Es cierto que la Comisión evaluará los efectos unilaterales de una concentración bancaria de manera comparable a otros sectores económicos.

En caso de que la Comisión detecte posibles efectos unilaterales por parte de la nueva entidad de crédito, requerirá un compromiso para resolver las dificultades competitivas. Vamos a destacar que no existe un tratamiento específico de las concentraciones bancarias en cuanto al uso de compromisos. C/ La falta de especificidad en el uso de los compromisos

1042.- Hemos insistido en varias ocasiones en la necesaria supresión de las características originales propias de las entidades de crédito en el control competitivo de las concentraciones bancarias. De hecho, estos no están justificados porque la ley de competencia es una ley que tiene como único objetivo evitar la creación o el refuerzo de barreras a la competencia en un mercado. En este contexto, es difícil justificar de forma convincente la existencia de especificidades en el tratamiento competitivo de las entidades de crédito.

1043.- En cuanto a los compromisos, no se ha aplicado ninguna especificidad a las concentraciones bancarias. Sólo podemos aprobar esta situación. Sin embargo, se puede observar el uso extensivo de compromisos en la aplicación general del control comunitario de concentraciones (1), siendo estos compromisos cada vez más diversificados y sofisticados (2).

1/ El uso extensivo de compromisos en la aplicación general del control comunitario de concentraciones

1044. – Puede decirse que la Comisión hizo un uso extensivo de los compromisos. De hecho, originalmente, el Reglamento de Control de Concentraciones solo le otorgaba la facultad de vincular sus decisiones a compromisos en la fase II del control. Sin embargo, este último utilizó la práctica de los compromisos incluso en la fase I. Por lo tanto, se puede señalar la falta de base legal para esta práctica (a). Es por ello que se adoptó una modificación en el marco del Reglamento n° 1310/97 (b).

a/ La ausencia de una base legal para el uso de los compromisos de la Fase I en la redacción original del Reglamento

1045. – En application du Règlement, la Commission a la possibilité de modifier un projet de concentration. En effet, l’article 8 § 2 dispose qu’une opération de concentration à la fin de l’examen de la phase II peut être déclarée compatible avec le marché commun, le cas échéant « après modifications apportées par les entreprises concernées ».

La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu’elles ont pris.

Les modifications ainsi proposées par les parties sont destinées à atténuer les risques d’entrave à une concurrence effective mis en évidence par la Commission.

Cependant, la notion d’engagement n’apparaît à l’origine que dans l’article 8 § 2 relatif à une décision de phase II. Or, son interprétation a été étendue au-delà de cette étape de la procédure.

1046. – Les modifications en première phase ont été acceptées dès les premières années suivant l’entrée en vigueur du Règlement, sans base juridique précise.

1047. – La Cour de justice des Communautés Européennes n’a jamais été saisie de la légalité de ces modifications de première phase. Aussi, pour appuyer cette pratique allant à l’encontre de la lettre du Règlement originaire, la Commission a développé un véritable argumentaire.

1048. – La première raison invoquée est le gain de temps dans le traitement des projets de concentrations. Pour soutenir cette position, la Commission a retenu le principe de proportionnalité, selon lequel il ne faut pas prendre plus de temps que nécessaire pour traiter un dossier. Ainsi, s’il est possible d’autoriser une opération en levant dès le premier mois les problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence, il n’y a pas lieu de prolonger l’analyse de quatre mois supplémentaires.

1049. – La nécessité d’une certaine souplesse dans le traitement des concentrations a été elle aussi invoquée pour justifier un raisonnement par analogie applicables aux modifications de phase I avec les principes des modifications de l’article 8 § 2. Ces justifications aussi réalistes soient-elles, souffrent pourtant de faiblesses. Ainsi, du point de vue du respect des tiers ou lorsqu’il faut appliquer des sanctions en cas de non-respect des engagements de première phase, la base juridique indispensable fait défaut.

1050. – Enfin, la Commission, qui s’est toujours voulue pragmatique, a soutenu la théorie du développement implicite des compétences pour justifier l’adoption prématurée de modifications. Les engagements de phase I sont, selon ce principe, la simple extension d’un outil de la procédure du Règlement.

1051. – These arguments intended to justify the freedom taken with the procedure appeared insufficient because they had no legal value, especially with regard to the frequency of use of modifications in the treatment of mergers. Thus, it is probably to avoid condemnation by the Court of Justice, very likely in the event of an appeal, but also perhaps to impose its power that the Commission defended an amendment to the Regulation incorporating its extensive practice.

b/ The legalization of the practice of the Commission

1052. – An adaptation of merger control was made by Regulation No. 1310/97 of 30/06/1997. This confirmed the Commission’s practice in terms of commitments. Consequently, the revision provides a legal basis for the fulfillment of the commitments, by providing for the possibility of adding to them conditions and obligations that may be subject to sanctions in the event of non-compliance, as was the case for Article 8 § 2.

1053. – However, the analysis of the effectiveness of the undertakings still risks being insufficient given the short examination period of twenty-five days. The Commission can therefore extend phase I to thirty-five days when the evaluation of the proposed modifications so requires. Another reservation vis-à-vis first-phase commitments persists. The relevance of ex ante merger control, based on the risks of harm to competition, is itself debatable. But the intervention of the Commission on the basis of “serious doubts as to the compatibility with the common market” since this is the question posed during phase I, is even more subject to criticism.

1054. – This practice, legitimized after the fact, strengthened the powers of the Commission. Even if this method sometimes has advantages for firms, it gives the Directorate General for Competition the possibility of intervening directly in concentration projects in phase I and II. This option leads to negotiations, the objective of which is to find a compromise between the need for the parties to preserve the synergies expected from the operation and the duty for the Commission to maintain a situation of healthy competition. This allows the Commission to impose substantial charges and conditions on companies, when the transactions examined raise competitive difficulties which are surmountable and do not justify a prohibition of the notified operation.

2/ The diversification and sophistication of the commitments imposed by the Commission

1055. – The types of commitments accepted by the Commission are increasingly varied and reflect the maturity of merger control. This trend could lead to questions about the usefulness of a typology of commitments. Ultimately, it is the classic distinction which consists in opposing so-called “behavioural” commitments to so-called “structural” commitments which, despite its limits, proves to be the most operational. It makes it possible to distinguish commitments which aim to impose a behavior from commitments to surrender. However, it only partially reflects the reality insofar as the commitments are increasingly sophisticated and combined with each other.

The philosophy of the Regulations mandates structural modifications without expressly prohibiting behavioral modifications. As the text remains elusive, the Commission is given leeway to choose the commitments it deems most acceptable. Thus, it can be noted the moderate admission of behavioral or mixed commitments (a) in favor of a preponderance of structural commitments (b).

a/ The moderate admission of behavioral or mixed commitments

1056. – The Commission sometimes accepts behavioral undertakings in the first phase as well as in the second. The fact remains that the acceptance of a “behavioural” commitment entails risks since its execution often depends only on the good will of the parties and does not have the irreversible nature of structural modifications.

1057. – Admittedly, the Commission can revoke its compatibility decision if the recipient undertakings do not comply with one of the obligations imposed. However, it is obvious that this measure is not pragmatic and will remain exceptional. Regarding the possibility of imposing financial penalties, this remains excluded in this case by virtue of the principle of legality.

1058. – It is therefore understandable that the Commission should be severe with regard to commitments of a purely behavioral nature. These therefore remain exceptional.

1059. – The behavioral commitments accepted by the Commission may include the removal of exclusivity clauses, which are likely to have quasi-structural effects on the market in question. These may also consist of an undertaking not to market its products through a joint sales organization.

1060. – Lastly, they may be based on recourse to an arbitration body. The Commission accepted that an arbitration body be created by the parties. The latter undertake in particular to submit to this body any dispute relating to possible commercial discrimination. This commitment goes beyond a simple obligation of a behavioral nature since the parties undertake, a priori, to abdicate in favor of the arbitrator who will judge in the last resort, their normal power of decision in the treatment of such complaints. . The extensive powers and competence of the arbitrator, as well as the speed of the procedure, give the clause a greater deterrent effect than the simple judicial remedy normally available. The Commission’s objective is clear. It would like third parties to be able to quickly settle any dispute relating to the performance of the commitment without waiting for a decision from a state court. This assumption has another advantage for the Commission. The latter relieves the arbitration body of the burden of monitoring the proper application of the commitment.

1061. – However, if the intention is laudable, the Commission seems to have confused jurisdictional arbitration and a rapid method of settling disputes, in which a third party could have decision-making power and impose a solution on the parties. Indeed, if the arbitration of disputes in competition law no longer seems to be discussed, even in countries like France which still use a criterion based on public order, this does not eliminate all the difficulties. In particular, it is by no means certain that recourse to arbitration is appropriate in this type of dispute. Providing, for example, recourse to arbitration under the aegis of the International Chamber of Commerce to resolve these disputes makes little sense, when we know the practical functioning of this type of arbitration which tends to become jurisdictional. This situation reveals a lack of reflection on the subject. With few exceptions, these clauses are poorly drafted and unnecessarily detailed. They are designed with a view to traditional jurisdictional arbitration, whereas this qualification cannot always be envisaged. The distinction between the commitments that the notifying parties can make to offer recourse to arbitration to their future contractual partners and recourse to a rapid technique to prevent situations of discrimination is not sufficiently made. In the latter case, the Commission creates a new legal category: the mode of conflict resolution on the legitimacy of which it is possible to have doubts. these clauses are poorly drafted and unnecessarily detailed. They are designed with a view to traditional jurisdictional arbitration, whereas this qualification cannot always be envisaged. The distinction between the commitments that the notifying parties can make to offer recourse to arbitration to their future contractual partners and recourse to a rapid technique to prevent situations of discrimination is not sufficiently made. In the latter case, the Commission creates a new legal category: the mode of conflict resolution on the legitimacy of which it is possible to have doubts. these clauses are poorly drafted and unnecessarily detailed. They are designed with a view to traditional jurisdictional arbitration, whereas this qualification cannot always be envisaged. The distinction between the commitments that the notifying parties can make to offer recourse to arbitration to their future contractual partners and recourse to a rapid technique to prevent situations of discrimination is not sufficiently made. In the latter case, the Commission creates a new legal category: the mode of conflict resolution on the legitimacy of which it is possible to have doubts. The distinction between the commitments that the notifying parties can make to offer recourse to arbitration to their future contractual partners and recourse to a rapid technique to prevent situations of discrimination is not sufficiently made. In the latter case, the Commission creates a new legal category: the mode of conflict resolution on the legitimacy of which it is possible to have doubts. The distinction between the commitments that the notifying parties can make to offer recourse to arbitration to their future contractual partners and recourse to a rapid technique to prevent situations of discrimination is not sufficiently made. In the latter case, the Commission creates a new legal category: the mode of conflict resolution on the legitimacy of which it is possible to have doubts.

1062. – Beyond the questions of opportunity as to the choice of method for settling the dispute, these undertakings raise real legal problems. How, in particular, can arbitration be imposed when there is often no contract and the third party is in no way bound by the commitment made by the absorbing party to the Commission? The Commission forgets that an arbitration clause presupposes a contract and an agreement on the choice of this method of resolving the conflict between the two parties. These commitments are purely and simply unenforceable against third parties who have full latitude to seize the courts of common law. These are at most offers of arbitration agreements that the absorbing company undertakes to propose to potential business partners. So,

1063. – The example of arbitration therefore reveals a trend. The more complicated and sophisticated the commitments, the more the Commission feels it has control and is able to eliminate competition concerns. Yet there is no evidence that excessive precision furthers this goal. The outside observer feels that the Commission needs to be reassured. If the clause appears very precise, even if it was written in a pathological way, it will be accepted, because the Directorate General for Competition will have had the impression of exercising a prior control. On the other hand, if the parties are not in a position to define a procedure within the time limits of the Rules, the Commission reserves the right to approve the arbitration procedure which will subsequently be proposed. This goes a long way because in the event that this procedure does not receive the approval of the Commission, it is the latter which would determine the arbitration process. This conception of arbitration is, to say the least, curious. It is no longer a jurisdictional arbitration agreed to by the parties. We are in the presence of a new form of forced arbitration, imposed by an administrative authority which does not have the powers.

1064. – Recourse to arbitration is also significant in the development of behavioral commitments. However, as noted above, behavioral engagement alone is often considered insufficient. On a theoretical level, a new category has thus been created: behavioral commitments with a structural effect. In other words, the Commission only accepts these types of commitments because they are likely to have an impact on the structure of the market. Finally, “mixed” commitments or bundles of commitments have appeared. It is a combination of behavioral and structural commitments. These commitments are complex and combine transfers, obligations to provide access, not to discriminate, obligations to do or not to do, renunciation of contracts. These mixed commitments only reflect the Commission’s indisputable preference for structural commitments. The latter is therefore led less to protect competition than to shape it according to the structuralist vision it has of it.

b/ The preponderance of structural commitments

1065. – In reality, it should be specified that even if the Commission accepts increasingly diversified and sophisticated modifications, it maintains a position inspired by a structuralist vision of competition.

1066. – The competition problems identified as serious are mostly linked to the structural changes induced by the merger and can only be resolved a priori by remedies that are themselves structural in nature. This requirement is even stronger when applied to first-phase modifications, where the analysis is constrained by time. Indeed, structural remedies are clear in their definition, application and effects.

1067. – Traditionnellement, la cession d’actifs constitue le remède structurel classique. Bien que cette solution paraisse radicale, elle semble constituer aux yeux de la Commission la mesure la plus efficace pour préserver une structure de marché concurrentielle.

1068. – Ainsi, dans l’affaire Bank Austria/Creditanstalt, la Commission a sollicité des engagements des parties à la concentration. En effet, celle-ci a considéré qu’il existait sur les marchés des services bancaires aux particuliers, des services aux entreprises et de la banque d’investissement des risques de création ou de renforcement de position dominante, compte tenu notamment de l’absence de forte alternative à la nouvelle entité, tant au niveau national qu’au niveau étranger. Cette affaire a donc suscité des difficultés concurrentielles qui ont donné lieu à des engagements de la part des parties à la concentration. Bank Austria et plus précisément son actionnaire principal AVZ, s’est engagé à vendre la banque GiroCredit. Ce dernier a aussi accepté de réduire sa participation, détenue conjointement avec Creditanstalt, dans deux banques autrichiennes, investies de missions d’intérêt général et spécialisées dans l’assurance-crédit à l’exportation et les prêts bonifiés.

1069. – Pour en assurer toute l’efficacité, des conditions ont été attachées à la cession concernant le choix de l’acquéreur, les actifs visés et le mode de déroulement de celle-ci. En effet, le choix de l’acquéreur des actifs cédés ne doit pas être laissé à la discrétion des cédants. Il doit être approuvé par la Commission qui impose le respect d’un certain nombre de critères. Le but de la cession étant de maintenir un degré de concurrence suffisant sur le marché en cause, il s’agit de s’assurer que l’acquéreur sera susceptible de concurrencer la nouvelle entité. L’acquéreur doit donc être un concurrent actuel ou potentiel, totalement indépendant du cédant. En outre, il doit posséder les ressources financières nécessaires pour maintenir et développer les actifs cédés dans une approche concurrentielle. Il s’agit de s’assurer que le désinvestissement en question ne produise pas d’effets anticoncurrentiels plus néfastes que la concentration notifiée elle-même et que l’acheteur potentiel soit réellement indépendant de la partie notifiante. La Commission exerce donc un contrôle attentif de la pertinence du choix de l’acquéreur des actifs ayant fait l’objet d’un engagement de désinvestissement.

1070. – Pour contrôler la réalisation de cette cession, la Commission a eu recours à un mandataire indépendant. Ce dernier a opéré un premier contrôle du respect des critères fixés par la Commission, puis il a communiqué à la Commission l’identité et les qualités des acheteurs potentiels. La Commission a pris contact avec les acquéreurs proposés pour évaluer leur intention et a finalement considéré que les critères qu’elle avait fixés étaient respectés.

1071. – Sur la base de ces engagements, la Commission a donc constaté que, pour les activités de services aux particuliers, la cession de GiroCredit permettrait d’abaisser la part de marché des parties notifiantes en dessous de 20 % dans le domaine du crédit. Pour les opérations de dépôts, la part de marché des parties à la concentration diminuerait à environ 25 %. De même, compte tenu notamment d’un certain « effet de déperdition », la concentration envisagée ne conduirait plus à des parts de marché préoccupantes sur les différents segments concernés des services aux entreprises.

1072. – En outre, la Commission a également autorisé sous conditions le rachat de Postgirot Bank par Nordea. Pour satisfaire aux exigences de la Commission, le groupe de services financiers scandinave a cédé une fraction importante de sa participation au capital de Bankgirot, système de paiement bancaire suédois détenu par Postgirot. 1073. – Pour conclure, nous pouvons affirmer que ceux-ci ont pour effet d’affaiblir la position de marché en la rendant plus aisément contestable. Ainsi, alors que le texte n’admet aucune exemption à une concentration anticoncurrentielle, les engagements sont le moyen de relativiser cette prescription. Ils permettent à un certain pouvoir de marché d’émerger sans pour autant être dangereux pour le bien-être des consommateurs.

Nous avons donc démontré que les originalités du secteur bancaire ne rendent pas globalement inappropriés les critères de contrôle, retenus dans les autres secteurs d’activité. Une démonstration identique va être réalisée en droit national.

Chapitre 2 : Le recul progressif de la spécificité en droit interne de la concurrence

1074. – En France, l’applicabilité du droit de la concurrence aux banques n’a commencé à se poser qu’avec l’activité croissante de la Commission de la concurrence, à la fin des années 1970.

1075. – La loi bancaire du 24/01/1984 est venue exclure très largement les établissements de crédit du droit de la concurrence français. Effectivement, son article 89 disposait que : « l’ordonnance du 30/06/1945 s’applique aux établissements de crédit pour leurs seules activités extra-bancaires ».

1076. – Cette exception a aussitôt posé problème, lorsque le Conseil national du commerce a voulu saisir la Commission de la concurrence d’une entente entre banques. Le Conseil d’Etat dut admettre l’incompétence de la Commission de la concurrence. Il le fit en des termes suffisamment précis pour exclure le contrôle des concentrations et la sanction des ententes. « L’intervention de l’article 89 de la loi susvisée du 24/01/1984 (…) exclut ce domaine explicitement du champ d’application de l’ordonnance de 1945 et implicitement mais nécessairement de celui de la loi de 1977, qui, dans ses titres II et III, se réfère à cette ordonnance ou la modifie ».

1077. – Un retour partiel des banques dans le droit commun de la concurrence fut effectué avec la loi du 11/07/1985. En effet, l’article 5 de cette loi modifia l’article 89 de la loi bancaire, en soumettant expressément les banques à l’interdiction des ententes et des abus de position dominante. Cependant, cette disposition ne visait pas le contrôle des concentrations.

1078. – L’ordonnance n° 86-1243 du 01/12/1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence maintint ce retour partiel au droit de la concurrence. Lorsque cette dernière vint abolir et remplacer l’ordonnance de 1945, l’article 89 de la loi bancaire y fut replacé, tel que modifié par la loi du 11/07/1985, à l’article 60 III de l’ordonnance du 01/12/1986.

1079. – Concernant le système bancaire, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Strauss-Kahn, s’était prononcé en faveur du renforcement de la concentration du secteur afin de protéger la place des banques françaises dans le monde et surtout dans la zone euro. Ceci posa donc avec acuité, la question du contrôle. Celui-ci devait-il être original en droit interne de la concurrence ?

1080. – La réponse n’était pas évidente. En effet, l’article 60-III de l’ordonnance du 01/12/1986 repris par l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier se contentait d’énoncer que celle-ci s’appliquait aux établissements de crédit pour la sanction des comportements anticoncurrentiels. Ainsi, faute de précision textuelle, deux interprétations pouvaient être retenues. En effet, l’ordonnance s’appliquait aux établissements de crédit pour les pratiques anticoncurrentielles c’est à dire les ententes, les abus de position dominante et de dépendance économique. A contrario, cela signifiait que les autres dispositions de l’ordonnance ne s’appliquaient pas à ces établissements. Cependant, même si le texte de l’ordonnance ne précisait pas expressément que les règles concernant les concentrations s’appliquaient aux établissements de crédit, elles n’étaient pas pour autant automatiquement inapplicables.

1081. – Par conséquent, il exista une controverse sur l’applicabilité des règles de droit commun aux concentrations bancaires (section 1). Le législateur considéra finalement que les règles de droit commun de la concurrence devaient s’appliquer aux concentrations bancaires. Nous allons donc envisager comment ce contrôle doit être mis en oeuvre (section 2).

Section 1 : La controverse sur l’applicabilité des règles de droit commun de la concurrence aux concentrations bancaires

1082. – Dans une étude de 1992, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait considéré l’applicabilité de l’ordonnance comme « vraisemblablement théorique », compte tenu du degré de concentration du secteur et du probable franchissement des seuils communautaires des opérations en cause. Pourtant, quelques années plus tard, les offres publiques lancées sur Paribas et la Société Générale, ainsi que les concentrations Axa Banque/ Banque Directe, Banques Populaires/ Crédit Coopératif et Crédit Agricole/ Crédit Lyonnais conduisirent à s’interroger sur l’applicabilité du droit national des concentrations.

1083. – Le gouvernement français n’apporta pas de solution à ce problème dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, alors qu’il aurait pu se prononcer en faveur de l’applicabilité du droit commun des concentrations au secteur bancaire, ou suggérer des solutions alternatives.

1084. – Il convient de préciser que le projet de décret d’application du volet « contrôle des concentrations » de la loi relative aux nouvelles régulations économiques mentionnait à deux reprises les établissements de crédit. Par exemple, selon l’une des dispositions, une concentration n’était pas réalisée lorsque les établissements de crédit ou financiers détenaient à titre temporaire des participations d’une entreprise en vue de les revendre dans un délai d’un an. Ceci permettait de considérer qu’ils seraient désormais soumis au régime de droit commun du contrôle des concentrations. Le Comité juridique de la Fédération bancaire française adressa ainsi une lettre au directeur du Trésor, afin d’obtenir la modification du projet de décret. A la suite de cette intervention, le décret d’application de la loi relative aux nouvelles régulations économiques fut finalement publié sans donner aucune indication sur les concentrations bancaires.

1085. – Le Conseil d’Etat n’apporta pas non plus de réponse. Il considéra que « les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie ». Il affirma ensuite que l’habilitation « donnée par le législateur au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour préserver le bon fonctionnement du système bancaire (…) ne lui donne pas compétence pour procéder à un contrôle d’une opération de concentration en assortissant sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence ». Enfin, il affirma qu’il ne lui appartient pas de se substituer au législateur concernant la détermination des règles applicables aux concentrations bancaires.

1086. – Par conséquent, le législateur a été contraint de combler le vide juridique mis à jour par le Conseil d’Etat. Celui-ci est intervenu dans le cadre de la loi de sécurité financière.

1087. – Incontestablement, la doctrine fut divisée pendant une vingtaine d’années. Il convient donc de rappeler les arguments qui furent invoqués contre l’application du droit commun de la concurrence aux concentrations bancaires (§ 1) ainsi que les arguments favorables à cette application (§ 2).

§ 1 : Les arguments contre l’application du droit commun de la concurrence aux concentrations bancaires

1088. – Une analyse fondée sur la carence des textes fut effectuée dans l’objectif de démontrer que le droit commun de la concurrence n’était pas applicable (A). Ensuite, des solutions alternatives furent proposées afin de résoudre la difficulté juridique née de cette opposition (B).

A/ Une analyse fondée sur la carence des textes

1089. – Certains auteurs s’accordèrent pour considérer l’application de l’ordonnance du 01/12/1986 comme « juridiquement très contestable ». Ils en conclurent que les dispositions sur le contrôle des concentrations ne s’appliquaient pas aux banques. En effet, ceux-ci affirmèrent que même si la loi bancaire avait édicté des règles spéciales dans un but essentiellement prudentiel, le principe selon lequel les règles spéciales dérogent à des règles générales devait néanmoins s’appliquer. D’ailleurs, les dispositions de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier visait très clairement les règles générales de la concurrence, et la régulation de la concurrence était une préoccupation qui apparaissait même ailleurs dans la loi bancaire.

1090. – En outre, si le premier paragraphe de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier disposait que le livre IV du Code de commerce s’appliquait aux établissements de crédit pour leurs activités définies à l’article L. 511-3, le second paragraphe précisait uniquement que les articles L. 420-1 à L 420-4 du Code de commerce était applicables aux banques. Ainsi, cet article se contentait d’affirmer que l’ordonnance s’appliquait aux établissements de crédit pour la sanction des comportements anticoncurrentiels. A contrario, cela signifiait que les autres dispositions de l’ordonnance ne s’appliquaient pas aux établissements de crédit. Sur cette base juridique, les dispositions sur les concentrations pouvaient donc être considérées comme inapplicables.

1091. – This article therefore aroused a difficulty because of its silence. Its “ambiguity” was underlined, for example, during the public exchange offer of the BNP on Société Générale and Paribas. Indeed, no national procedure for the competition control of mergers was triggered. This confirmed the hypothesis that competition control of mergers was inapplicable to banks. This problem led the doctrine to make alternative proposals to the application of ordinary competition law to banks.

B/ Alternative proposals to the application of ordinary competition law

1092. – Some authors have proposed, in accordance with Article L. 511-4 of the Monetary and Financial Code, to make a distinction. If the concentration concerned banking and related operations, the provisions of the 1986 ordinance did not apply; on the other hand, they applied if the concentration involved non-banking activities.

1093. – Faced with this legal vacuum, reflections were carried out, in particular within the CECEI, concerning the question of the regulation of concentration operations in the banking sector in France. Several avenues were explored.

1094. – Since the banks are subject to in-depth controls, in particular prudential, it could be considered that they made it possible to assess concentrations. The legislator could thus provide that the imperative of solvency took precedence over that of maintaining competition. Moreover, since the relevant texts only refer to the supervision of the CECEI, it was possible to consider that this authority alone had jurisdiction in matters of banking concentration. However, still within the framework of a restrictive interpretation of the provisions of banking law, it had to be concluded that the CECEI had no competence to control the attacks on competition. The latter could therefore only exercise prudential supervision.

1095. – Another reflection was therefore undertaken with a view to examining the responsibilities which could be attributed, in the field of competition, to the various institutions concerned.

1096. – The CECEI could have carried out the competition law review.

1097. – To ensure the protection of the banking and financial system, the latter was already carrying out an analysis in competitive terms. It verified the absence of too marked a concentration effect on the market in question and therefore examined the market shares of the establishments concerned by the concentration operation. This analysis was precise and the branches of the Banque de France gave the distribution by department of deposits and loans by institution. This study of market shares was carried out in certain mergers, in particular the CIC/Crédit Mutuel transaction. This analysis of the market shares of the credit institutions concerned was based on an interpretation of Article L. 511-10, paragraph 3 of the Monetary and Financial Code.

1098. – The Committee decided to go further in its analysis in competitive terms and carried out the competition law review itself on the basis of an extensive interpretation of Article L. 511-10 of the Monetary and Financial Code . A number of CECEI members were in favor of the latter assuming this responsibility. This solution was adopted during the Crédit Agricole/Credit Lyonnais merger. Indeed, in a press release dated 01/10/2003, the CECEI announced its intention to examine, with regard to the principles of competition, the application for the takeover of Crédit Lyonnais by Crédit Agricole. He took the opportunity to invite interested third parties to send him any observations they may have, as well as any figures or objective elements deemed enlightening for the assessment of the impact of the operation in terms of competition. Consequently, it examined the prudential and competitive aspects of the concentration.

1099. – However, this position was disputed. Prudential and competition controls do not have the same legal objectives. They are complementary. It is for this reason that they must coexist while remaining independent. The initiative taken by the CECEI was therefore called into question by the Council of State and the legislator. Indeed, fundamental arguments can be expressed in favor of the application of ordinary competition law to banking mergers.

§ 2: Arguments in favor of the application of ordinary competition law to banking mergers

1100. – The application of ordinary competition law to banking mergers can be the subject of various justifications. We are going to highlight the extra-textual (A) and textual (B) consecrations of these arguments.

A/ An extra-textual consecration of the analysis 1101. – This consecration comes, on the one hand, from national and international authorities (1) and, on the other hand, from doctrine (2).

1/ A consecration by national and international authorities

1102.- La posición de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude fue establecida en 1992 en un documento titulado ‘Método analítico para el control de concentraciones’. Admite que “si la articulación entre la ley bancaria y la ordenanza del 12/01/1986 es simple en materia de prácticas anticompetitivas (…) no lo es para el control de concentraciones”. Sin embargo, se muestra claramente a favor de la aplicabilidad del control de concentraciones previsto por la ordenanza. En este ámbito, la aplicación del control de la competencia al sector bancario debe valorarse teniendo en cuenta la normativa específica prevista por la Ley de 24/01/1984 relativa a la actividad y control de las entidades de crédito. Según la Dirección General de Competencia, del consumo y la represión del fraude, “debe considerarse que el Título V de la ordenanza de 1986 podría ser de aplicación a las operaciones de concentración de entidades de crédito, en la medida en que las normas específicas dictadas por la ley bancaria en materia de concentración se hicieran con una finalidad esencialmente prudencial, sin relación con los objetivos generales de mantenimiento de la competencia que persigue la ordenanza. Estas normas especiales se añaden a las normas de common law del Título V, pero no pueden ser consideradas como derogatorias o sustitutivas de las mismas”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. «Cabe considerar que el Título V de la Ordenanza de 1986 podría ser de aplicación a las operaciones de concentración de entidades de crédito, en la medida en que las normas especiales dictadas por la ley bancaria en materia de concentración hayan sido adoptadas con una finalidad esencialmente prudencial, ajena a los objetivos generales de la el mantenimiento de la competencia que persigue la ordenanza. Estas normas especiales se añaden a las normas de common law del Título V, pero no pueden ser consideradas como derogatorias o sustitutivas de las mismas”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. “Cabe considerar que el Título V de la Ordenanza de 1986 podría ser de aplicación a las operaciones de concentración relativas a entidades de crédito, en la medida en que las normas especiales dictadas por la ley bancaria en materia de concentración hayan tenido una finalidad esencialmente prudencial, ajena a los objetivos generales de mantenimiento de la competencia perseguidos por orden Estas normas especiales se añaden a las normas de common law del Título V, pero no pueden ser consideradas como derogatorias o sustitutivas de las mismas”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. en tanto que las normas específicas dictadas por la ley bancaria en materia de concentración fueron dictadas con un propósito esencialmente prudencial, ajeno a los objetivos generales de mantenimiento de la competencia que persigue el ordenamiento. Estas normas especiales se añaden a las normas de common law del Título V, pero no pueden ser consideradas como derogatorias o sustitutivas de las mismas”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. en cuanto las normas especiales dictadas por la ley bancaria en materia de concentración fueron dictadas con un propósito esencialmente prudencial, ajenos a los objetivos generales de mantenimiento de la competencia perseguidos por la orden. Estas normas especiales se añaden a las normas de common law del Título V, pero no pueden ser consideradas como derogatorias o sustitutivas de las mismas”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. pero no puede considerarse que lo deroga o lo reemplaza”. En consecuencia, a falta de una exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho común. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia. pero no puede considerarse que lo deroga o lo reemplaza”. En consecuencia, a falta de exclusión expresa, seguiría siendo posible un control sobre la base del derecho consuetudinario. Esta interpretación parece favorable a la coexistencia de regímenes bancarios y de control de la competencia.

1103. – Enfin, cette position semble avoir été confirmée en 1998 dans une étude de l’OCDE.

2/ Une consécration de la doctrine

1104. – M. Arnaud Raynouard s’est prononcé en faveur de l’application du contrôle des concentrations aux fusions bancaires susceptibles de créer ou de renforcer une position dominante ou d’affecter la concurrence. Selon ce professeur, « un argument économique et d’opportunité justifie de soumettre le secteur bancaire au régime national de contrôle des concentrations. Le dogme de la concurrence, agité par les milieux d’affaires, ne semble pas de nature à épargner un secteur aussi sensible que celui de la banque ».

1105. – Monsieur Gilbert Parleani n’a pas semblé non plus favorable à l’extension du contrôle du CECEI. Selon lui, les textes français n’ont pas attribué au CECEI les contrôles prudentiels et concurrentiels. « Le silence du droit français des concentrations en matière bancaire laisse un vide juridique » qui est préoccupant. Il « offre en réalité aux autorités françaises une marge de liberté sans doute excessive, car elles pourront toujours être soupçonnées d’être arbitraires ».

1106. – Selon Monsieur Louis Vogel, la loi n’a pas spécifié que l’autorité bancaire peut se saisir des dossiers de concentrations bancaires concernant les aspects concurrentiels. L’auteur s’est demandé, notamment, si le CECEI est « outillé pour procéder à ce type de contrôle ». En effet, le droit de la concurrence est particulièrement « technique et complexe, nécessitant à l’image de toute matière juridique des compétences particulières ». Il convient de préciser que sur la totalité des membres composant le Comité, seul un membre dispose de compétence en matière de droit de la concurrence. Or, cette personne exerce ses fonctions à titre de suppléant. En outre, la procédure mise en place par le CECEI ne présente pas les mêmes garanties que celles applicables devant les autorités de concurrence. Incontestablement, « le plus grand secret entoure les délibérations et les réunions du CECEI ». Ceci ouvre la voie à la contestation et au contentieux. Selon l’auteur, les règles prudentielles et concurrentielles sont mélangées par l’autorité. Il y a presque un conflit d’intérêt. « Lors d’opérations de fusions et d’acquisitions, la Commission européenne se montre particulièrement sourcilleuse pour que, dans les pays membres, le contrôle de droit de la concurrence ne se mélange pas avec celui des règles prudentielles. Elle n’hésiterait pas, face à une telle situation, à refuser à un Etat membre d’appliquer le droit national qu’il a la faculté d’invoquer dans certains cas. La double compétence du CECEI pourrait placer la France dans une situation délicate » et engendrer des conflits avec la Commission européenne.

1107. – Dans le prolongement de cette analyse, Messieurs Claude Lucas de Leyssac et Jean-Louis Lesquins ont considéré que le CECEI est embarrassé, « faute sans doute de disposer de tous les moyens d’analyse indispensables… ». Selon ces auteurs, le contrôle du CECEI engendre une multiplication des autorités compétentes. Ceci crée « un risque de diversification des approches et des méthodes utilisées, de divergence des appréciations et donc d’imprévisibilité du droit ».

1108. – En outre, Monsieur Ronzano a été frappé par l’analyse concurrentielle du CECEI qu’il a considéré « lapidaire dans son argumentation ». L’approche adoptée par le CECEI a été « quasi mathématique ». En dessous de 40 % de part de marché, le CECEI a identifié une zone blanche. Au dessus de 45 % de part de marché, celui-ci a considéré que le groupe doit céder des participations et geler son développement. Enfin, entre 40 et 45 % de part de marché, l’entité doit s’engager à geler son développement. La référence aux parts de marché de la nouvelle entité a parfois constitué le seul élément pris en considération dans le raisonnement « ce qui peut tout de même paraître un peu court ». A notre avis, cette méthode d’analyse est révélatrice du manque de compétence du CECEI pour effectuer le contrôle de la concurrence.

1109. – Enfin, selon Monsieur Arhel, la compétence du CECEI a constitué une source de problème car elle s’est révélée contraire à l’objectif d’une politique concurrentielle unifiée et logique.

1110. – Ainsi, de nombreux auteurs ont plaidé pour l’application du droit commun de la concurrence aux banques. Cette interprétation a été consacrée textuellement.

B/ Une consécration textuelle de l’argumentation

1111. – Des fondements textuels permettant de consacrer l’application du droit commun de la concurrence aux concentrations bancaires ont été proposés antérieurement à l’adoption de la loi de sécurité financière (1). Cette dernière est intervenue afin de lever toutes les incertitudes juridiques (2).

1/ Les fondements textuels antérieurement à la loi de sécurité financière

1112. – Les règles de l’ordonnance n° 86-1243 du 01/12/1986, codifiées dans le livre IV du Code de commerce, ont vocation à s’appliquer en matière de contrôle des concentrations, pour l’ensemble des produits et services. L’objectif des auteurs de l’ordonnance visait clairement à ce que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs de l’économie. Il est donc logique de les appliquer au secteur bancaire.

1113. – En outre, il était également possible de considérer que l’absence de référence aux concentrations, à l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, devait conduire à l’application du dispositif de droit commun. Le Code monétaire et financier se bornait à préciser que les opérations de banque étaient soumises à un régime de poursuites propre au secteur bancaire. Autrement dit, la loi précisait les conditions de mise en œuvre du droit de la concurrence sur un point particulier, mais n’excluait en rien le principe général d’application du droit de la concurrence « à toutes les activités de production, de distribution et de services ».

1114. – Par ailleurs, il n’était pas logique que les dispositions du Code de commerce sur les concentrations soient écartées pour les banques alors que le secteur voisin des assurances était soumis au droit commun. Cette incohérence était accentuée par l’application du droit de la concurrence dans l’hypothèse où des services d’assurance étaient offerts par les établissements de crédit. De même, des prises de contrôles dans le secteur de l’assurance pouvaient engendrer l’application des articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce. Signalons que dans une telle hypothèse de rapprochement, il convenait de prendre en compte, pour le calcul des seuils, le chiffre d’affaires global réalisé par les banques.

1115. – Cette confusion était accrue par le Règlement communautaire sur le contrôle concurrentiel des concentrations qui prévoyait expressément son application aux établissements de crédit. Ainsi, la compétence du CECEI en matière de concurrence ne pouvait être admissible que pour les concentrations nationales. Par conséquent, le CECEI ne pouvait apprécier une opération de concentration de dimension communautaire que sur ses aspects prudentiels, puisque les Etats membres ne peuvent appliquer leur législation nationale en matière concurrentielle. Subséquemment, la compétence du CECEI, dans le domaine de la concurrence, engendrait une dissymétrie illogique entre le droit national et le droit communautaire.

1116. – Enfin, l’article 2 du Décret n° 2002-689 du 30/04/2002 a précisé que le chiffre d’affaires, en matière de concentrations, se calcule selon les modalités définies par l’article 5 du Règlement communautaire. Or, cet article 5 a prévu des règles particulières de calcul pour les « établissements de crédit et autres établissements financiers ». En présence d’un tel renvoi, il était possible de justifier l’application du droit de la concurrence aux concentrations bancaires. Néanmoins, le législateur est intervenu afin de lever toute incertitude juridique.

2/ La consécration de l’argumentation par la loi de sécurité financière

1117. – Le gouvernement a présenté deux amendements au projet de loi de sécurité financière afin de résoudre la controverse concernant l’application du droit de la concurrence aux concentrations bancaires.

1118. – Ce contrôle n’a pas été attribué au CECEI car cela aurait alourdi son travail. De plus, celui-ci n’est pas spécialisé en droit de la concurrence. En effet, il est une autorité prudentielle qui a pour vocation d’assurer la solidité, la stabilité et le bon fonctionnement du système bancaire. La loi ne l’a pas chargé du contrôle de la concurrence. Par conséquent, ses pouvoirs ne devaient pas s’étendre au delà du cadre prévu par le législateur, afin que son mandat demeure clair et non contradictoire. En outre, il n’était pas souhaitable d’accentuer la compétition entre l’autorité administrative sectorielle qu’est le CECEI et l’autorité horizontale de la concurrence. Ceci aurait créé un risque de recul des prérogatives de cette dernière. Le risque aurait été d’autant plus important que les autorités sectorielles sont plus sensibles aux pressions des entreprises qui sont proches d’elles.

1119. – Thus, the financial security law entrusted the investigation of cases to the Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention. This may require the opinion of the Competition Council. In this case, the CECEI is also consulted, but only on the prudential aspects of the operation. The latter has one month to submit its opinion to the Competition Council. This opinion is made public, which is beneficial because it reinforces the transparency of the banking authority.

1120. – Consequently, the legislator, by subjecting banking concentrations to ordinary competition law, has adopted a coherent solution for the French legal system. We will therefore consider how this control should be implemented.

Section 2: The application of ordinary competition law to the control of banking concentrations

1121. – Concentrations are subject, in France, to an administrative policing regime. This is defined by Book IV, Title III of the Commercial Code, as amended by the law relating to new economic regulations.

1122. – Among the amendments made by the law of 05/15/2001, the most notable concerns the notification of concentration projects to the national authorities responsible for compliance with competition, which is mandatory. However, it was until then only a faculty open to the parties. Logical corollary of the obligation of notification, an obligation of suspension was introduced. Thus, the operation is suspended as long as the Minister has not taken a position. The now systematic control of mergers shows that the State wants to increase the regulatory process. It is a new kind of interventionism, because it is more specific, it intervenes not on market structures but on changes or assignments of market structures,

1123. – This amendment brought French law into line with existing Community law, which already imposed compulsory notification. This led to an increase in the number of notifications of French mergers since these operations necessarily had to be notified.

1124. – It must be demonstrated that the general conditions for the notification of concentrations can be applied to banks (§ 1). In addition, the object of control set up by competition law is also applicable (§ 2).

§ 1: Application of the general conditions for the notification of concentrations to banks

1125. – There are conditions linked to the national concentration qualification (A) and conditions linked to compliance with the content of the notification file (B).

A/ Conditions linked to qualification as a national concentration operation

1126. – Two cumulative criteria are taken into consideration. The first criterion aims to determine whether the operation in question constitutes a concentration operation (1). The second criterion aims to verify that the size of the operation respects the thresholds of applicability of French merger law (2).

1/ The notion of concentration

1127. – The notion of concentration operation is defined more precisely (a) while the notion of control appears to be broadened (b) since the reform that took place within the framework of the law on new economic regulations.

a/ A precise definition of the notion of concentration

1128. – En el sistema anterior, la concentración resultaba de todo acto, cualquiera que fuera su forma, que transfiriera la propiedad o el goce de la totalidad o parte de los bienes, derechos y obligaciones de una sociedad o que tuviera por objeto o efecto habilitar a una sociedad o un grupo de empresas para ejercer directa o indirectamente una influencia decisiva sobre una o más empresas.

1129.- En los términos de la reforma, la concentración se realiza ya sea por fusión, o por adquisición del control de una o más sociedades, o por la creación de una “sociedad mixta que ejerza de manera duradera todas las funciones de una entidad económica autónoma”.

1130.- Esta nueva definición, más precisa y rigurosa que la anterior, tiene en cuenta que, bajo el nuevo régimen, la notificación de los proyectos de concentración es obligatoria. Por lo tanto, las empresas deben poder evaluar con precisión cuáles de sus transacciones están sujetas a esta obligación de notificación. En efecto, las consecuencias serían desastrosas si las empresas se vieran obligadas a suspender o cancelar, luego de su ejecución, una operación que no hubiera sido notificada, por una mala lectura de la definición de concentración.

1131. – Más que una aclaración, esta nueva definición del concepto de concentración se alinea con la definición vigente en el derecho comunitario y, por lo tanto, facilita un enfoque coordinado por parte de las autoridades nacionales y comunitarias.

b/ La ampliación de la noción de control

1132. – El régimen jurídico anterior sólo consideraba el tema del control indirectamente por referencia a la creación o fortalecimiento de una posición dominante oa la existencia de influencia decisiva.

1133.- Sin embargo, clarificada la definición del concepto de concentración y ahora haciendo referencia expresa al concepto de control, pareció necesario ampliar la definición de “control”.

1134. – Según la nueva definición, el control derivará de los derechos, contratos y otros medios que confieran, solos o en conjunto y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho o de derecho, la posibilidad de ejercer influencia decisiva sobre la actividad de una empresa, y en particular:
– los derechos de propiedad o disfrute de la totalidad o parte de la propiedad de una empresa;
– derechos o contratos que confieren influencia decisiva en la composición, deliberaciones o decisiones de los órganos de una sociedad.
En consecuencia, esta norma reproduce de manera muy exacta la definición del derecho comunitario en la materia, lo que demuestra una vez más la voluntad del legislador francés de homogeneizar el derecho francés y el derecho comunitario.

2/ Cumplimiento de los umbrales de aplicabilidad de la ley francesa sobre fusiones

1135. – El artículo L. 430-1, apartado 2, del Código de Comercio preveía, en el antiguo régimen, dos condiciones de umbral alternativas. Las normas francesas debían aplicarse cuando las cuotas de mercado de las empresas que participaban en la concentración propuesta superaban en conjunto el 25 % del mercado de referencia en Francia, o cuando el volumen de negocios total, excluidos los impuestos, de estas empresas superaba los siete mil millones de francos.

1136. – En adelante, de conformidad con la ley relativa a las nuevas normas económicas, los umbrales para desencadenar la controlabilidad de la operación se basan exclusivamente en el volumen de negocios de las partes en la operación.

1137. – D’une part, le champ d’application de la nouvelle disposition semble plus large, dans la mesure où les seuils de notification ont été abaissés et la notification est devenue obligatoire. En revanche, les conditions de notification des alternatives sont cependant devenues cumulatives et assouplissent, dans une certaine mesure, les contraintes découlant de cette nouvelle obligation.

1138. – Le chiffre d’affaires mondial hors taxe total de l’ensemble des sociétés ou groupements de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 150 millions d’euros, et le chiffre d’affaires total hors taxe réalisé en France par au moins deux des sociétés ou groupements des personnes physiques ou morales concernées doit dépasser 50 millions d’euros. A noter que ces seuils sont inférieurs à ceux initialement prévus par l’arrêté du 01/12/1986 : le premier seuil est divisé par cinq et le second par six. Cet abaissement des seuils est une innovation importante puisqu’il permet d’appréhender un plus grand nombre d’opérations.

1139. – Il ressort de cette nouvelle formule que seuls les chiffres d’affaires locaux et mondiaux sont désormais pris en compte, ce qui témoigne de la coordination des règles de concurrence françaises avec les règles de concurrence communautaires.

1140. – Thus, the regime resulting from the law on new economic regulations has abandoned any reference to the market shares of the companies concerned, which seems to be a new manifestation of the desire for convergence with the Community system. Indeed, with regard to the nature of the criteria used, the system is limited to those laid down by the Community regulation.

1141. – It is however relevant to ask whether the reference to market shares, representing more precisely the context of competition in a given market, was not a more appropriate criterion for assessing the impact of a merger on the competition. The abandonment of the market share criterion seems paradoxical for certain authors. They claim that the majority of the checks carried out by the Minister, before the reform, were carried out on the basis of the sole criterion of market shares and that the infringement of free competition is essentially a function of the dominant position exercised on a given market. .

1142. – In reality, given the mandatory nature of the notification, this system has the merit of simplicity. Indeed, it is imperative that the criteria for crossing thresholds be clear and leave no room for arbitrariness.

1143. – In addition, subject to the minimum prescribed by the Commercial Code, either the proposed concentration is subject to the French control system, due to the amount of the turnover, or it comes under the jurisdiction of the Community authorities. Indeed, it should be noted that the law relating to new economic regulations explicitly incorporates the “one-stop shop” system. Therefore, the French legislative system only applies if the notified concentration operation is outside the scope of EC Regulation No. 139/2004 of 01/20/2004, relating to the control of concentrations between companies. Consequently, in order to be subject to the national control procedure, the concentration operation which exceeds the two turnover thresholds must not, on the other hand,
In the latter case, the parties must comply with the decree setting the content of the notification file.

B/ Conditions related to compliance with the content of the notification file

1144. – With regard to the notification procedure, the implementing decree of the law relating to new economic regulations of 30/04/2002 laid the foundations for a simplified notification without however naming it explicitly. Indeed, Article 5 and its annexes define the content of a notification.

1145. – El expediente de notificación deberá contener una descripción detallada de los aspectos jurídicos y financieros de la transacción propuesta, una presentación de las empresas involucradas y los grupos a los que pertenecen, así como indicaciones para cada mercado involucrado. Un mercado relevante se define como un mercado relevante, en términos de productos y en términos geográficos, en el que la operación notificada tiene un impacto directo o indirecto. Un mercado de producto relevante incluye todos los productos o servicios que el consumidor considera intercambiables o sustituibles por sus características, sus precios y el uso al que están destinados. Un mercado geográfico relevante es un territorio en el que se ofrecen y demandan bienes y servicios. Las condiciones de competencia son bastante homogéneas allí. En particular, puede distinguirse de las zonas geográficas vecinas porque las condiciones de competencia allí difieren considerablemente.

1146. – Además, se repite la distinción comunitaria entre los mercados únicamente “interesados” y los mercados “afectados” por la operación. Se considera que un mercado relevante está afectado si dos o más empresas o grupos realizan actividades en este mercado y sus participaciones combinadas alcanzan al menos el 25%. Lo mismo ocurre si al menos una empresa opera en este mercado y otra de estas empresas opera en un mercado, ubicado aguas arriba o aguas abajo, o en un mercado relacionado, siempre que todas las empresas alcancen un mínimo del 25% en cualquiera de estos mercados. Además, un mercado también puede verse afectado por la desaparición de un potencial competidor a causa de la operación. Así, para un gran número de fusiones, no habrá mercado afectado,

1147.- En caso de que la operación se encuadre dentro de la definición del mercado afectado, los notificantes deberán proporcionar información adicional muy detallada a la Dirección General de Competencia del Consumidor y Prevención del Fraude.

1148. – El expediente de notificación firmado se envía en cuatro ejemplares. Cuando la administración encuentra que el expediente está incompleto o que algunos de sus elementos no se ajustan a las definiciones reglamentarias, entonces solicita que se complete o rectifique el expediente.

1149. – La aplicación de estas disposiciones a los bancos, por lo tanto, no parece plantear ninguna dificultad. Lo mismo es cierto para el objeto de control.

§ 2: Aplicación de la finalidad del control de concentraciones: preservación de la libre competencia efectiva

1150. – Esta libre competencia efectiva es preservada por jugadores heterogéneos (A). Estos últimos aplican las disposiciones del Código de Comercio que prevén los métodos de control (B).

A/ La preservación de la libre competencia por parte de actores heterogéneos

1151. – El control francés de concentraciones consagra la preponderancia del actor político (1). Sin embargo, esto no significa que el control sea puramente político. De hecho, los actores legales también intervienen de manera secundaria (2). Esta dualidad de competencias es fuente de engorro en el procedimiento, ya que el control de la operación de concentración que da lugar a una solicitud de dictamen del Consejo de la Competencia se remite a dos autoridades distintas.

1/ La preponderancia del actor político

1152. – A l’origine, l’ordonnance du 01/12/1986 disposait que tout projet de concentration ou toute concentration réalisée depuis moins de trois mois pouvait être notifiée au ministre de l’Economie et des Finances, qui décidait alors d’approuver ou de refuser l’opération. Le ministre était tenu de prendre une décision dans un délai de deux mois et son silence équivalait à une acceptation. Dans ce système, le Conseil de la concurrence ne jouait qu’un rôle limité. En effet, le ministre de l’Economie et des Finances n’avait qu’une faculté d’en référer au Conseil pour avis s’il estimait que l’opération de concentration envisagée affectait la concurrence.

1153. – Since the reform stemming from the law on new economic regulations, political power still remains preponderant in the context of merger control. It should be noted that the draft law provided, on the one hand, for the possibility for the Competition Council to take action on its own initiative and, on the other hand, for the need for the Minister to render his decision within the limits of the opinion rendered. . The government was opposed to these two provisions for first political and then procedural reasons. Thus, they were removed from the final bill. We regret this bitterly because these would have allowed French merger control to become widely “juridicalized”.

1154. – In addition, the parties to the concentration still do not have the possibility of going directly to the Competition Council when it is clear that their project is likely to harm competition. This possibility would have been useful because it would have made it possible to save time, within the framework of the examination procedure of the concentration by the Minister in charge of the Economy and Finance. It would also have increased the powers of the Competition Council vis-à-vis the Minister.

1155. – The notification is made to the Minister responsible for the Economy. This is the responsibility of the party acquiring control. In the event of a merger or the creation of a joint venture, all parties involved must notify jointly.

1156. – The duration of the first period, during which the minister is required to issue a decision, has been shortened from two months to five weeks. The completion of the proposed transaction is suspended until the decision of the Minister of Economy and Finance on the fate of the concentration. However, the parties may, upon reasoned request, seek authorization from the Minister for the Economy and Finance to proceed with the concentration.

1157. – In practice, even if according to the reform, the Minister of Economy and Finance is required to consult the Competition Council when he considers that the project is likely to harm competition, the decision remains between his hands.

1158. – When a notification is made, three procedural outcomes can be distinguished within five weeks of the notification. They again clearly underline the preponderance of the political role in this control. Either the Minister informs the notifying party that the proposed transaction does not fall within the jurisdiction of the French authorities in terms of merger control; or he gives no response within five weeks of the notification, in which case the transaction is presumed to have been accepted; or finally the Minister considers that the operation is likely to harm competition, and refers the matter to the Competition Council for an opinion. In this case, the Minister remains free of the final decision as we have already indicated. However, it should be noted that the latter is in favor of banking concentrations. The assessment criteria most often used give the impression that the reasons for not opposing mergers are multiplied. The control is therefore not very rigorous.

1159. – Consequently, French law assigns a preponderant role to the political actor in the control of concentrations. The law relating to the new economic regulations has even established a strengthening of the powers of the Administration, while the legitimacy, independence, means and prerogatives of the legal actors have only been relatively increased.

2/ The relative increase in the involvement of legal actors

1160. – A relative increase in the role of the Competition Council (a) and of the judge of excess of power (b) can be observed. The latter are confined to a secondary role. Nevertheless, their interventions imbue merger control with a legal character.

a/ The relative increase in the advisory role of the Competition Council

1161. – First of all, a copy of the concentration notification file must be sent to the Competition Council as soon as the Minister for the Economy and Finance has received it.

1162. – In addition, in the initial ordinance of 01/12/1986, the Minister for the Economy and Finance only had the option of seizing the Competition Council when he considered that the operation of possible merger would affect competition. However, with the reform introduced by the law relating to new economic regulations, consultation of the Competition Council is mandatory as soon as the Minister finds that competition has been harmed. Thus, thanks to this reform, it is no longer possible to oppose a concentration operation without the opinion of the Competition Council.

1163. – Finally, the notification of concentration operations having become compulsory, the number of projects submitted to the Competition Council has increased. The role of the Competition Council has therefore been extended.

1164. – In the event that the Competition Council is seized, it has three months to give its opinion. During the investigation, the Competition Council may consult third parties of its choice. In particular, it is possible for it to consult the works councils of the companies participating in the concentration, which may also ask to be heard. However, account must be taken of the legitimate interests of the parties to the concentration and of the other parties consulted in order to preserve business secrecy. Within three weeks of the communication of the report, the parties are invited to present their observations. Finally, the Competition Council issues its opinion. It can propose the prohibition of the operation or condition the concentration on commitments on the part of the parties such as, for example, that of selling certain assets. The Minister immediately sends this notice to the parties, who then have four weeks to make new proposals.

1165. – Two outcomes are then possible. In accordance with the opinion of the Competition Council, either the minister prohibits the operation of concentration within four weeks of this opinion, or he authorizes it by enjoining the parties to take any measure likely to ensure sufficient competition. However, it should be specified that the Minister may not follow the opinion of the Competition Council.

1166. – If the company does not respect the decision pronounced, it exposes itself to pecuniary sanctions imposed by the Minister. In this case, the latter must seize the Competition Council and it cannot go beyond the amount of the sum proposed by the Competition Council. In addition, another legal actor will intervene when the parties contest the measure pronounced.

b/ The relative increase in the role of the judge of excess of power

1167. – The Council of State is the judge of the decisions taken by the ministers in matters of control of concentrations. It is competent to rule on appeals for abuse of power. The competence of the administrative jurisdiction is not contestable with regard to administrative police decisions, taken by the ministers within the framework of the extraordinary prerogatives entrusted to them by the Commercial Code. The object of the control exercised by the administrative judge is precisely to ensure that the ministers have not exceeded their power by going beyond the prerogatives entrusted to them. Within the administrative jurisdiction, the Council of State is competent to hear in first and last instance ministerial decisions taken in matters of merger control.

1168. – This jurisdictional control concerns the acts of the Administration, ie the final decision taken by the ministers concerned. The control does not relate directly to the opinion of the Competition Council, which intervenes in an advisory capacity upstream of the ministerial decision, an opinion which is not as such subject to appeal.

1169. – The control exercised by the administrative judge is thus centered on the ministerial decision. It is a control of legality, which takes the form of an appeal for excess of power. In this context, it is up to the administrative judge to assess whether the ministers have remained within the scope of their prerogatives, whether they have not exceeded the powers entrusted to them with a view to maintaining or restoring sufficient competition. This control is not specific to concentrations. It takes the form and the usual ways of the control of legality exercised by the administrative judge on all the acts of the Administration.

1170. – It is therefore a question of the application of the common law control exercised by the administrative judge on all the decisions of the Administration. However, this common law control tries to integrate the economic reasoning of the matter in which the decisions taken within the framework of the control of concentrations intervene. It seems that the Council of State has succeeded in integrating this economic reasoning in a satisfactory manner, which has enabled it to be able to intervene in merger control litigation.

1171. – Consequently, there is first a review of the administrative procedure (α) and secondly a review of the merits of ministerial decisions (β). These checks can have serious consequences, particularly in the event of a contentious cancellation (γ).

α/ Le contrôle de la procédure administrative

1172. – Dans le contrôle d’excès de pouvoir exercé par le juge administratif sur la légalité des décisions administratives, le contrôle des formes et de la procédure suivie par l’Administration occupe une place importante. Cet aspect du contrôle porte sur trois éléments : la compétence, la procédure et la forme de la décision.

1173. – Ces différents aspects soulèvent des difficultés inégales. Sur le terrain de la compétence, le Conseil d’Etat vérifie, par exemple, la validité des délégations de signature consenties par les ministres aux signataires des décisions, lorsque les ministres ne signent pas eux-mêmes. Ce point n’engendre pas de véritables difficultés. Sur le terrain de la forme, le principal sujet d’attention est sans aucun doute la motivation des décisions ministérielles, imposées par le Code de commerce. Mais l’expérience montre que les décisions ministérielles sont le plus souvent très longuement motivées et que leurs motifs s’alignent le plus souvent dans une large mesure sur ceux que le Conseil de la concurrence adopte.

Ces aspects là ne provoquent guère de difficultés sérieuses. En revanche, il n’en va pas de même pour deux autres points partiellement éclairés par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il s’agit du mécanisme de la décision tacite et de la question des droits de la défense.

– Le mécanisme de la décision tacite

1174. – Le Conseil d’Etat a balisé le mécanisme de décision tacite prévu par les articles L. 430-5 IV et L. 430-7 V Code de commerce. Ce mécanisme de décision tacite est particulièrement important. En effet, faute de décision expresse prise dans les délais prévus, une acceptation tacite de la concentration naît, ce qui dessaisit l’Administration de toute possibilité de contrôle de la concentration. Depuis l’adoption de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, le délai d’examen imparti à l’Administration est de cinq semaines. Si le ministre saisit le Conseil de la concurrence, ce dernier dispose de trois mois pour rendre son avis et l’Administration doit rendre sa décision dans les quatre semaines de cet avis. Sur le maniement de ce mécanisme, la jurisprudence a apporté trois précisions :

– le déclenchement du délai ne court pas tant que le dossier de notification n’est pas complet. L’annexe I du décret n° 2002-689 du 30/04/2002 fixe une liste des documents devant être produits par l’entreprise notificatrice et l’Administration peut exiger que soient produits tous documents nécessaires à l’appréciation de la portée de la concentration ;

– le délai court à compter de la date de production du dossier complet, c’est-à-dire normalement de la date de l’accusé de réception délivré par le ministre attestant que le dossier est complet. Mais si l’accusé de réception n’est pas délivré le jour même, il doit indiquer la date de réception des documents et le délai court à compter de cette date ;

– le mode de computation du délai obéit aux règles classiques de computation : le délai commence à courir le lendemain de la date retenue par l’accusé de réception à zéro heure. Pour apporter ces précisions, la jurisprudence a pris appui sur les solutions générales du droit administratif. Elle a aussi pris en considération les règles fixées par le Code de commerce et le décret d’application n° 2002-689 du 30/04/2002.

– La question des droits de la défense

1175. – Au titre du contrôle de la procédure administrative, une place particulière doit être réservée au respect des droits de la défense. Trois points méritent d’être soulignés.

1176. – D’abord, l’examen peut porter sur le respect du caractère contradictoire de la procédure devant le Conseil de la concurrence. Ce sont les textes qui organisent cette procédure contradictoire. Le cas échéant, le Conseil d’Etat sanctionnerait leur méconnaissance. Une éventuelle irrégularité de procédure devant le Conseil de la concurrence se traduirait par l’annulation de la décision ministérielle prise après avis du Conseil.

1177. – Ensuite, le Conseil d’Etat veille à ce que le ministre de l’Economie, indépendamment de la procédure devant le Conseil de la concurrence, respecte le caractère contradictoire que la procédure doit avoir vis-à-vis des parties à l’opération de concentration. Il ne peut pas fonder sa décision sur des éléments substantiels non discutés par les parties avant que la décision ne soit prise. Le ministre doit aussi transmettre l’avis du Conseil de la concurrence aux parties qui ont procédé à la notification. En outre, selon l’article L. 430-7 III du Code de commerce, le ministre doit communiquer son projet d’arrêté aux parties intéressées, en temps utile pour leur permettre de présenter leurs observations.

1178. – Enfin, au delà des textes, le Conseil d’Etat a imposé de permettre à des entreprises extérieures à l’opération de concentration, mais néanmoins directement concernées par la décision ministérielle, de présenter leurs observations avant la prise de décision.

1179. – Il convient de distinguer les parties à l’opération de concentration, pour lesquelles une procédure contradictoire est organisée, et les autres entreprises concernées par l’opération, ou plus exactement concernées par la décision prise par les ministres. Toutes les décisions prises en matière de contrôle des concentrations ne concernent pas nécessairement directement d’autres entreprises que celles parties à l’opération. Le plus souvent, il n’y a pas d’autres entreprises concernées par la décision. Néanmoins, il peut arriver que la décision ministérielle pose des conditions à l’acceptation de la concentration et qu’elles visent directement des entreprises tierces. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime, au nom du principe général des droits de la défense, que la décision ne peut intervenir que pour autant que la société tierce a été mise à même de présenter ses observations.

1180. – El contenido del proceso contradictorio no es el mismo según se ejerza frente a las partes en la operación de concentración o frente a terceras empresas. Para las partes, es el Código de Comercio y el Decreto N° 2002-689 del 30/04/2002 los que describen el procedimiento contradictorio, tanto ante el Consejo de Competencia como ante el Ministro. La sustancia del procedimiento contradictorio es distinta para las terceras empresas. De hecho, el principio del derecho de defensa implica que deben ser informados del contenido de la decisión que el Ministro prevé tomar sobre ellos y que pueden presentar sus observaciones con tiempo suficiente al ministro.

El control del procedimiento no es el único que ejerce el juez de extralimitación de facultades. No basta con asegurarse de que la Administración ha cumplido con las reglas de forma y procedimiento a las que se sujeta para juzgar su decisión judicial. Todavía es importante comprobar los méritos de su decisión, en particular, la legitimidad de las razones que inspiran su posición.

β/ Verificación del fondo de las decisiones ministeriales

1181. – En materia de control de fusiones como para otros actos de la Administración, el control de la legalidad de los motivos de las decisiones ministeriales aparece así como decisivo. Este control es minucioso y puede examinarse desde varios ángulos.

– Control en profundidad

1182. – El control que se ejerce sobre el fondo de la decisión de los ministros es un control de fondo. Abarca todas las etapas del razonamiento seguido por la Administración, su valoración de la situación económica y competitiva de las empresas afectadas, y la adecuación de la medida. Tres elementos merecen ser subrayados.

1183. – En primer lugar, el control ejercido no se refiere únicamente a la interpretación abstracta de las normas que aparecen en el Código de Comercio. Comprende naturalmente el control del error de derecho, que tiene por objeto dar la correcta interpretación del estado de derecho. Pero el control va mucho más allá; también se relaciona con la aplicación concreta que de ella ha hecho la Administración.

1184.- A continuación, el control que se ejerce sobre la situación concreta de las sociedades lleva al juez administrativo a ejercer un control de calificación jurídica de los hechos, lo que llamamos control pleno de calificación sobre la valoración hecha por la Administración. No se trata de una simple comprobación de error manifiesto de apreciación, sino de una comprobación exhaustiva de las distintas valoraciones realizadas por la Administración. Así, el Consejo de Estado se pronuncia sobre los límites del mercado relevante, sobre el daño a la competencia derivado de la concentración y sobre la consideración en términos de contribución al progreso económico.

1185. – Ce contrôle de qualification juridique repose sur l’idée que le pouvoir d’action des ministres en matière de concentrations est encadré et soumis à des conditions. Celles-ci sont posées à l’article L. 430-1 du Code de commerce, qui ne permet aux ministres de s’opposer qu’à des projets de concentration définis précisément. En outre, l’article L. 430-2 du Code de commerce fixe des seuils au déclenchement du contrôle. Par ailleurs, les articles L. 430-5-III et L. 430-7-III du Code de commerce précisent que les décisions ministérielles doivent être justifiées par le souci d’assurer ou de rétablir une concurrence suffisante. Ces conditions encadrent la marge de manœuvre de l’Administration. Le contrôle de qualification juridique exercé par le juge administratif vise à s’assurer que, dans chaque cas d’espèce, les conditions encadrant l’action des ministres étaient bien remplies.

1186. – Finally, the control exercised by the Council of State includes aspects of proportionality. Articles L. 430-5-III, L. 430-5-IV, L. 430-7-III, L. 430-7-IV and L. 430-7-V of the Commercial Code allow the Administration a wide choice of possible decisions which can go as far as the prohibition of the operation. But the ministers can content themselves with imposing constraints, conditions, particular prescriptions intended to re-establish sufficient competition. It should be noted that ministers are not free to choose from this palette on a discretionary basis and that their choice is, to a certain extent, subject to a proportionality test. The measures taken by the Ministers must not unduly interfere with the freedom of trade and industry. It is for the judge to ensure that the decision taken by the ministers was exactly adapted to the situation with which the Administration was confronted. In doing so, it verifies that the decision has neither underestimated the corrective measures necessary to restore sufficient competition, nor imposed constraints exceeding what is necessary to restore competition.

– The different angles of control

1187. – This in-depth control is applied to the various stages of the ministers’ reasoning. Thus, the Council of State is led to examine, in view of the documents presented to it and the arguments of the parties, the following elements:

– the notion of concentration: it is a matter of knowing whether an agreement between companies constitutes a concentration within the meaning of Article L. 430-1 of the Commercial Code. The judge can verify whether the control thresholds set out in Article L. 430-2 of the Commercial Code have been exceeded or not, when the question is formally put to him by the parties;

– the relevant market: to verify that there is indeed harm to competition, it is necessary for the judge to check whether the Administration has reasoned within an adequate framework, that is to say whether it has retained as a market of analysis the relevant market. The Conseil d’Etat exercises complete control over the definition of the relevant market, following the traditional method of analysis adopted by the competition authorities. The control of legal qualification exercised on this aspect of the file is therefore dependent on an analysis of the markets. The judge’s analysis can be based on that expressed by the Competition Council in its preliminary opinion.

– daño a la competencia: aquí nuevamente, el juez debe verificar si la concentración es probable que perjudique a la competencia. El Consejo de Estado también ejerce pleno control, a la vista de los elementos que le son presentados, para medir el alcance de las consecuencias competitivas atribuidas a la concentración;

– la contribución al progreso económico: este elemento permite, en su caso, justificar el daño a la competencia. El Consejo de la Competencia debe hacer una valoración sobre este punto en virtud del artículo L. 430-6 del Código de Comercio y los ministros pueden incluir esta preocupación en su decisión. Este punto también estaría sujeto, si los argumentos de las partes lo acercaran, a revisión por el Consejo de Estado;

– la proporcionalidad de las medidas: finalmente, el juez verifica que el contenido de las medidas finalmente adoptadas por los ministros fue exactamente proporcional al perjuicio causado a la competencia. Este control no se ejerce en abstracto. Por el contrario, tiene en cuenta los compromisos que las empresas acuerdan asumir. Ante estos compromisos, el juez sopesa el daño a la competencia frente a las medidas correctoras previstas por la Administración. Es con este criterio que en última instancia juzga la legalidad de las medidas cautelares emitidas a las empresas.

γ/ Las consecuencias de una cancelación contenciosa

1188. – Las consecuencias que resultan del control de legalidad ejercido por el juez administrativo son las mismas que en la ley ordinaria de lo contencioso administrativo. El primero se aplica a la decisión ministerial, el segundo a los poderes del ministro.

– las consecuencias sobre la decisión ministerial

1189. – El juez de extralimitación de facultades, cuando conoce de una decisión administrativa que considera ilegal, sólo puede pronunciar la nulidad total o parcial de esta decisión. La anulación es parcial si la ilegalidad se refiere sólo a una parte de la decisión que es separable, separable de las otras partes de la decisión. En otros casos, la cancelación pronunciada es una cancelación total. En materia de fusiones, hay pocas posibilidades de que la nulidad sea sólo parcial. De hecho, está en la naturaleza de estas decisiones ministeriales relacionarse, indivisiblemente, con un mercado. La valoración dada es global. No se puede cortar en diferentes rebanadas que sean independientes entre sí.

1190. – La anulación de una resolución administrativa equivale, para el juez administrativo, a la cancelación de la resolución, a la resolución de la desaparición retroactiva de ésta. Así, en caso de que el Ministro rechazara la fusión, su decisión desaparece pura y simplemente. Esta prerrogativa parece otorgar una facultad esencial al juez de extralimitación de facultades. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si la decisión ministerial en cuestión se cancela unos meses después, la mayoría de las veces ya no tiene ningún significado práctico porque los datos han evolucionado mientras tanto. Por el contrario, en caso de que el Ministro haya aceptado la concentración, con o sin condiciones, la anulación de su decisión elimina el tipo de inmunidad concedida a la concentración. La obligación de cuestionar la operación es excepcionalmente grave para las partes. Como consecuencia,

– Las consecuencias sobre las competencias del ministro

1191. – Paradójicamente, tal como está la legislación, la anulación de su decisión otorga al Ministro, al menos en derecho, cierta facultad. Habiendo desaparecido su decisión como consecuencia de la nulidad contenciosa, se tiene por no haber intervenido nunca. Ya no se opone, en caso de notificación realizada en virtud del artículo L. 430-3 del Código de Comercio, a una nueva aplicación del control de concentraciones. El Ministro recupera la potestad de decidir sobre la concentración. Si lo hace, deberá tomar una decisión teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que prevalezcan en la fecha de su nueva decisión. La empresa notificante podrá confirmar su solicitud, en cuyo caso se iniciarán nuevos plazos para su examen por el Ministro.

Consequently, the control exercised by the judge on the decisions taken in matters of concentrations relates to the use by the Administration of the concepts of competition law which are the basis of the control of concentrations. Nevertheless, to carry out this examination, the administrative judge uses his traditional legality control grid. In fact, this review has the same objective as in other disputes that come under the jurisdiction of the Conseil d’Etat. It is a question of controlling the intervention of the Administration in order to ensure that the latter does not go beyond what is necessary to safeguard the general interest.

The objective is to seek a balance between the preservation of the particular interests of companies and the safeguard of the general interest, ie here the maintenance of effective competition.

B/ The methods of preserving effective free competition

1192. – In principle, the Minister and the Competition Council control whether there is harm to competition (1). Thus, they first carry out a competitive assessment. If this turns out to be negative, they may consider an economic assessment. They therefore seek to see whether this attack can be justified by economic and social progress (2). If the balance sheet is positive, the concentration operation will be authorized.

1/ Control of the absence of harm to competition

1193. – The Minister and the Competition Council carry out a control whose purpose is to preserve free competition on a market. Consequently, according to Articles L. 430-6 and L. 430-7 of the Commercial Code, a concentration operation may only be prohibited when it is likely to harm competition. This infringement results, in particular, from the creation or strengthening of a dominant position or a situation of economic dependence. It should be noted that the test used also refers to the broader criterion of the reduction of competition.

1194. – Pour apprécier les incidences potentielles d’une concentration sur la concurrence, il y a lieu de définir au préalable les marchés pertinents. La délimitation du marché pertinent est l’étape préliminaire et fondamentale de l’analyse concurrentielle. Elle comprend deux dimensions. D’une part, il s’agit du marché de produits. Celui-ci est analysé en fonction d’un faisceau d’indices tant qualitatifs que quantitatifs. Les éléments qualitatifs résident en premier lieu dans l’analyse de la demande, dans celle de la nature du produit, dans son mode de distribution ou à travers la distinction selon le type d’acheteurs ou de demandeurs. A ces éléments d’analyse qualitatifs, s’ajoutent des éléments quantitatifs. Ces derniers sont destinés à évaluer la substituabilité des produits, c’est-à-dire à rechercher les produits que les consommateurs considèrent comme apportant une satisfaction similaire à celle conférée par les produits en cause. D’autre part, il convient de délimiter le marché géographique. Cela s’effectue en fonction de la substituabilité des produits ou services en fonction des coûts de transport, des flux d’échanges, des barrières réglementaires et des éventuelles contraintes techniques existantes.

1195. – Ensuite, il faut apprécier les modifications structurelles du marché liées à l’opération examinée. L’analyse réalisée tient compte des spécificités du marché en cause comme par exemple le degré de concentration déjà existant. Les perspectives d’évolution du marché c’est à dire le degré d’ouverture du marché sont aussi prises en considération. Ce contrôle est très délicat car le temps pertinent est le futur. Par conséquent, il implique nécessairement des anticipations. Le danger primordial est donc le risque d’erreur dans l’appréciation car la reconstitution de ce que sera le marché, de ce qu’il devra être ou ne pas être, n’est pas chose aisée.

1196. – Enfin, selon les circonstances qui se présentent, le ministre peut considérer que l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence. Dans cette hypothèse, il saisit le Conseil de la concurrence. Ce dernier examine les marchés pertinents. S’il existe une atteinte à la concurrence, le Conseil rend alors un avis défavorable à l’opération de concentration afin de préserver une concurrence effective.

1197. – Après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil de la concurrence, communiqué par le ministre, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération avant la fin d’un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l’avis au ministre. Les engagements présentent deux caractéristiques. En la forme, ce sont des propositions faites par les parties à l’autorité de contrôle. Sur le fond, ces propositions portent sur le respect d’obligations dont l’objet est d’éliminer les problèmes de concurrence qui pourraient faire obstacle à la délivrance de l’autorisation.

1198. – Ces engagements sont utilisés dans des affaires où les problèmes de concurrence sont susceptibles d’être éliminés. Ils doivent en principe accompagner la notification. Cependant, ils sont souvent proposés ultérieurement dès que les difficultés apparaissent. Dans le cadre de la procédure dite « lourde » avec saisine du Conseil de la concurrence, ils ne peuvent être formulés que par écrit. Les engagements peuvent aussi être négociés dans le cadre de la procédure dite « légère », c’est à dire dans l’hypothèse où le ministre n’estime pas nécessaire de saisir le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, il semble qu’ils puissent être proposés jusqu’à la dernière minute, sous réserve du seul respect du principe des droits de la défense. Ainsi, pendant plusieurs années, l’Administration a eu tendance à régler de telles affaires à l’amiable, après une négociation avec les entreprises. Cette pratique a été confirmée par les nombreuses lettres adressées à celles-ci par le ministre, les informant qu’il ne solliciterait pas l’avis du Conseil de la concurrence. Ce procédé a été très critiqué.

1199. – Nous venons donc de démontrer que lorsque l’opération de concentration porte atteinte à la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements afin de résoudre les problèmes décelés. Si l’atteinte à la concurrence subsiste, l’autorité de contrôle opère un bilan économique et social.

2/ La contribution au progrès économique et social

1200. – Selon l’article L. 430-6 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence apprécie si la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Il s’agit d’une possibilité d’effacer « l’illicéité » d’une concentration qui dépasse pourtant les seuils légaux et porte atteinte à la concurrence, lorsqu’elle compense cette atteinte par une « contribution suffisante au progrès économique ».

1201. – Le Conseil doit appliquer la méthode du bilan économique afin de comparer les avantages et les inconvénients de l’opération de concentration. Il doit veiller à ce que celle-ci ait une relation suffisante avec le progrès envisagé. Ainsi, le Conseil recherche si le progrès allégué est vraisemblable, s’il constitue bien un progrès économique pour la collectivité dans son ensemble, et non uniquement un avantage pour les entreprises obtenu au détriment de leurs concurrents ou de leurs cocontractants. Enfin, le Conseil est obligé de vérifier si l’opération examinée est strictement nécessaire pour la réalisation du progrès allégué. Il vérifie donc que ce progrès ne puisse être réalisé qu’au moyen de la concentration. Il a précisé dans son avis n° 91A6 du 21/06/1991 qu’il doit exister un lien de causalité entre l’opération de concentration et le progrès économique.

1202. – Le progrès économique est constitué de l’amélioration de la productivité. Son importance a été clairement affirmée par le législateur lui-même. Effectivement, il l’avait, seul, cité dans l’article 51-2 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30/06/1945. Si le législateur de 1986 n’a pas jugé utile de mentionner, à titre d’exemple, à l’image de son prédécesseur, cet accroissement de productivité comme facteur de progrès, il ne faut pas en conclure que son analyse a été modifiée. En effet, l’amélioration de la productivité constitue le principal facteur pris en compte par le Conseil de la concurrence. Il peut aussi s’agir de la capacité d’innovation ou de l’augmentation des opérations sur le plan international. Ainsi, le critère de la compétitivité internationale est éminemment pris en considération.

1203. – Le Conseil de la concurrence se prononce uniquement sur la contribution suffisante au progrès économique que l’opération de concentration est susceptible d’entraîner. A la différence du Conseil de la concurrence, les ministres compétents ne s’intéressent pas seulement à la contribution de l’opération au progrès économique mais apprécient également les incidences sociales de cette dernière. Ainsi, le progrès social fait partie de la compétence ministérielle. Dès lors, les parties peuvent se voir imposer des conditions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante.

1204. – Il convient de préciser que selon certains auteurs l’indépendance nationale ou la protection du consommateur constituent aussi des éléments du progrès social. Un problème réside donc dans l’asymétrie de la répartition des compétences entre le ministre et le Conseil de la concurrence. Il serait sans doute préférable, pour sauvegarder pleinement la cohérence de l’appréciation juridique, de délimiter plus nettement les domaines de compétence respectifs du Conseil et du ministre, voire de les aligner.

Nous venons de démontrer que le contrôle des concentrations bancaires en droit interne de la concurrence ne doit pas être original.

Conclusion du Titre 1 :

1205. – Nous avons donc démontré que les concentrations bancaires doivent être soumises au droit commun de la concurrence.

1206. – D’une part, en droit communautaire de la concurrence, les établissements de crédit sont incontestablement soumis au Règlement n° 139/2004 du 20/01/2004 sur les concentrations. Nous avons pourtant démontré l’existence d’incertitudes juridiques liées à la prise en considération de la spécificité bancaire. Celles-ci ont progressivement reculé. En effet, il est délicat de justifier de manière convaincante l’existence de spécificités dans le traitement concurrentiel des établissements de crédit car ce contrôle a pour unique objectif d’éviter les entraves à une concurrence effective sur un marché. Ainsi, la spécificité du calcul de la dimension communautaire des établissements de crédit a été abandonnée. La « clause bancaire » n’a pas été appliquée, tandis que la protection des « intérêts légitimes » nationaux a été appréciée limitativement par la Commission. En outre, cette dernière a défini les marchés bancaires de référence de manière comparable aux autres secteurs économiques. Enfin, nous avons mis en évidence l’absence de seuil de dominance spécifique au secteur bancaire ainsi que l’inexistence d’une spécificité dans l’utilisation des engagements.

1207. – D’autre part, en droit interne, l’ambiguïté concernant l’application du droit de la concurrence aux concentrations bancaires a été vivement critiquée. Nous avons mis en exergue que de nombreux arguments plaidaient en faveur de la soumission des établissements de crédit au droit français de la concurrence lors de leur concentration. La validité de ce raisonnement a finalement été consacrée par le législateur.

En définitive, si le droit de la concurrence doit s’imposer aux établissements de crédit, les mécanismes classiques régissant les effets des concentrations doivent également s’appliquer.

Titre 2 : L’exclusion de la spécificité concernant les effets des concentrations bancaires

1208. – Les concentrations bancaires sont soumises à des règles et des contrôles spécifiques lors de la phase de réalisation de l’opération dans un objectif de protection du système bancaire et financier. Une fois ces contrôles réalisés, les mécanismes classiques régissant toute opération de concentration peuvent s’appliquer. L’absence de spécificité concernant les effets de ces concentrations s’explique logiquement car la stabilité du système bancaire n’est plus en danger.

1209. – Ainsi, la transmission universelle de patrimoine est applicable aux fusions bancaires. Il n’existe donc pas de spécificité bancaire. En réalité, la transmission universelle de patrimoine n’est qu’un effet de la concentration qui a déjà été contrôlée en amont par les autorités bancaires et financières.

1210. – Lo mismo sucede con los efectos de estas concentraciones en los socios y administradores. Los controles específicos que realiza el CECEI ya les conciernen cuando se realiza la operación. Una vez realizadas estas comprobaciones, los efectos de la concentración sobre los socios y administradores ya no ponen en peligro al sistema bancario. Están, por tanto, sujetos a los efectos legales y fiscales aplicables en cualquier operación de concentración.

1211. – En cuanto a los empleados, el artículo L. 122-12 del Código del Trabajo sobre la transferencia de los contratos de trabajo se aplica como en cualquier empresa. Los efectos de las fusiones sobre los empleados no están sujetos a especificidad porque el sistema bancario no está en peligro. Se necesita una lógica diferente, cuyo objetivo principal sea la protección de los trabajadores.

1212.- Finalmente, los efectos sobre los consumidores o sobre los acreedores realmente no difieren en el sector bancario en comparación con otro sector económico. De hecho, como ya hemos explicado, estas concentraciones ya están estrictamente controladas cuando se producen. Una vez realizadas estas comprobaciones, al no estar ya en peligro la estabilidad del sistema bancario, pueden aplicarse las reglas clásicas que rigen cualquier operación de concentración.

1213. – Si no existe especificidad bancaria en las reglas que rigen los efectos de las concentraciones bancarias, el estudio de estas reglas sigue siendo, sin embargo, esencial. En primer lugar, un estudio completo de las concentraciones bancarias debe exponer necesariamente las reglas que rigen los efectos de estas operaciones. Además, destacaremos una serie de ambigüedades que intentaremos resolver.

1214.- Nos centraremos, por tanto, en la transmisión universal del patrimonio. Desde el punto de vista del enfoque clásico de la operación de fusión, ésta se presenta como una operación escindida en dos etapas. Inicialmente, la sociedad que se va a absorber, o las sociedades que se van a fusionar, se disuelven sin que esta disolución vaya acompañada de liquidación y partición. En segundo lugar, la “muerte” de la empresa se traduce en una transmisión universal de su patrimonio. Así presentada, la operación no difiere fundamentalmente del proceso que se desarrolla con la muerte de una persona natural.

Sin pretender, por el momento, si esta presentación permite explicar todas las soluciones legales y jurisprudenciales, es posible señalar que no tiene en cuenta la realidad de la marcha de la operación. En efecto, sugiere que, al igual que las personas físicas, la muerte está en el origen de la transmisión del patrimonio cuando en realidad es la decisión de transmitir el patrimonio de la empresa la que provoca su muerte. La transmisión, tanto activa como pasiva, del patrimonio se decide entonces “durante la vida” de la sociedad y la “muerte” de esta sociedad es el primer efecto.

Esta anomalía lleva a dar toda su relevancia a la idea de permanencia de la empresa para explicar la operación de fusión. La sociedad “absorbida” o “combinada”, en esta presentación, sobreviviría a través de la modificación de las estructuras jurídicas. Además, en la medida en que “el patrimonio de las sociedades absorbidas o fusionadas se traspasa a la sociedad absorbente o a la nueva sociedad resultante de la fusión”, debe admitirse que una sociedad subsiste sin patrimonio propio o que la fusión de los patrimonios no está completo.

1215. – This transmission of assets cannot remain without consequence on the relative effect of the agreement. Operating universal transmission of the heritage, it goes without saying that the relativity of the effects of the merger agreement is necessarily very attenuated. In truth, it even seems that one can affirm that the principle of the relative effect of conventions is set aside here. It reappears only partially and indirectly when the legislator wanted to use it to protect a particular category of third parties. This attenuation of the relative effect of agreements also prevails with regard to bank mergers and acquisitions.

1216. – Consequently, the legal rules governing the effects of concentrations on the situation of banks (Chapter 1) and on third parties (Chapter 2) are not specific to credit institutions.

Chapter 1: The lack of specificity of the rules governing the effects of concentrations on the situation of banks

1217. – There are rules directly concerning the assets of the legal person (section 1), while certain provisions govern more specifically the effects of concentrations on the categories of persons included in the bank (section 2).

Section 1: Rules concerning the assets of the legal entity

1218. – We are going to study the rules governing the effects of the concentration on ancillary contracts (§ 1) but also on main contracts (§ 2). The contracts entered into by the banks being multiple, an exhaustive study of each type of agreement would be unreasonable. This is how we chose to study the situation of guarantees, lease contracts and contracts related to the information system. This decision is not made randomly. Indeed, these contracts are the ones that raise the most legal difficulties.

§ 1: The situation of ancillary contracts

1219. – Merger operations all result in a transmission of assets and what is more, a transmission on a universal basis. It is therefore logical to think that the guarantees are ipso facto transmitted either to the assets or to the liabilities with the assets themselves transmitted. This is partly true, and in this sense there is continuity. Thus, the security given will continue to benefit or encumber the assets transmitted, and consequently to benefit or on the contrary to oblige those of the companies which have received or given it.

1220. – However, this principle of universal transfer of assets is not fully respected, particularly for claims subsequent to the merger.

1221. – It should be specified that not all mergers necessarily result in a change in the legal person. Certain operations may therefore have no impact on the guarantees enjoyed by banks, when it is the same entity which continues even if it is organized differently.

1222. – Banks taking part in a merger operation are in a much more delicate situation to maintain the benefit of the personal (A) and real (B) guarantees covering the debts transferred to the beneficiary bank of the operation.

A/ The impact of the merger on the personal guarantees received by the absorbed or merged bank

1223. – For the purposes of this study, we will retain under the terminology of “personal guarantees” the sureties enjoyed by the creditor bank participating in a merger operation. We will study more particularly the situation of the creditor bank benefiting from guarantees which is absorbed or merged and therefore which disappears.

1224. – It appears that merger operations are characterized by the principle of universal transfer of assets according to which all of the assets and liabilities of the acquired company are transferred to the absorbing party or the new company resulting from the merger. merger (1). We will see, however, that case law tempers the effects of the universal transfer of assets with regard to guarantees relating to bank claims arising after the merger (2). This is open to criticism (3) and necessarily has consequences in practice (4).

1/ Consecration of the principle of universal transfer of assets

1225. – The company absorbing the company creditor of the suretyship will become the holder of the right of claim and the security attached thereto and may pursue recovery against the principal debtor and the surety. The company acquiring the principal debtor company will be liable for the debts of the absorbed company.

1226. – There is only one scenario in which the debt will be extinguished: that in which the beneficiary of the guarantee commitment absorbs the principal debtor company or the surety company. There is then an extinction of the obligation by confusion.

1227. – Transfer by universal title has the main consequence of actively and passively replacing the beneficiary company in all the rights and obligations, contractual or extra-contractual, of the merged company, without this substitution entailing novation or forfeiture of the term. of the rights and obligations transferred. Thus, when the assets of the assets of the acquired or merged company include debts, these are logically transmitted, with the guarantees with which these debts are matched, for the benefit of the absorbing or the new company. resulting from the merger. The bank absorbing the creditor bank, beneficiary of guarantees in respect of its portfolio receivables,

Il y a donc un principe de continuité : la caution donnée pour des créances nées avant la fusion, par exemple pour un prêt défini, continuera à bénéficier aux actifs transférés. Par conséquent, elle profitera à la banque absorbante ou à la nouvelle société issue de la fusion. Ce principe est certainement favorable à la restructuration de la banque.

1228. – Cependant, même si les opérations de fusion ne se traduisent pas toujours par des bouleversements perceptibles sur le plan économique ou sur le plan relationnel, elles constituent néanmoins, sur le plan juridique, une rupture. En effet, elles se traduisent par la disparition d’une ou plusieurs sociétés avec, dans certains cas, la naissance d’une nouvelle société. Cela résulte de la loi.

Par conséquent, ce principe de transmission universelle du patrimoine n’est pleinement respecté qu’à l’égard des créances nées avant la réalisation de la fusion. Il en va tout autrement pour les dettes qui seraient nées après cet événement.

2/ Restrictions jurisprudentielles au principe de transmission universelle du patrimoine pour les garanties de créances nées après la fusion

1229. – Ces restrictions sont la conséquence de l’application du principe selon lequel toute opération de fusion, qui entraîne la disparition de la personne morale bénéficiaire du cautionnement ou de la personne morale débitrice principale, emporte extinction de l’obligation de couverture et ne laisse une obligation de règlement que pour les dettes existantes à cette date. Cette règle protège assurément les cautions.

1230. – La distinction ainsi opérée entre l’obligation de couvrir et l’obligation de payer s’inspire directement d’une autre distinction, de portée plus large, dont la finalité principale est de s’appliquer aux cas de cessation de la garantie. Cette théorie a été systématisée par M. Christian Mouly.

1231. – C’est après avoir adopté des solutions parfois incertaines que la jurisprudence s’est nettement tranchée dans le sens de l’assimilation au patrimoine des personnes physiques. En effet, cette distinction entre l’obligation de payer et l’obligation de couvrir le cautionnement a reçu une première consécration jurisprudentielle dans les affaires concernant le décès de la caution, personne physique. La Cour de cassation a estimé que les héritiers ne pouvaient être tenus de payer des dettes nées après le décès de la caution. En d’autres termes, l’obligation de couverture cesse au moment du décès de la caution.

Ce jugement n’a statué qu’à l’égard du décès de la caution, mais la solution peut être généralisée dès lors qu’il est admis que le cautionnement ne peut garantir que les obligations existant au jour du décès. Donc :

– en cas de décès du créancier, la caution ne garantirait que les obligations du débiteur principal au jour du décès, mais non celles que le débiteur principal pourrait contracter après ce décès envers les héritiers du créancier ;

– si le débiteur principal décède, de même, la caution garantira les dettes existant au jour de ce décès, mais non celles qui pourraient être contractées par les héritiers vis-à-vis du créancier ;

– en cas de décès du garant, les héritiers ne sont tenus que des obligations existantes au jour du décès mais pas des obligations nouvelles qui pourraient être contractées par le débiteur principal vis-à-vis du créancier.

1232. – Très souvent une partie de la doctrine a tenté de démontrer l’analogie entre la succession d’une personne physique et la fusion de sociétés qui entraîne la transmission du patrimoine de la société absorbée à l’absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion. Ce contexte permet sans doute de comprendre la tendance jurisprudentielle qui ne transpose qu’aux cas de dissolution des personnes morales, les solutions classiques adoptées lors du décès d’une personne physique.

1233. – A continuación, suele sustentarse en la doctrina que la obligación de cubrir derivada de deudas futuras indefinidas está marcada muy fuertemente por el intuitus personae. Así, la muerte del fiador o del acreedor beneficiario, o en el caso de una persona jurídica, la disolución de este último, en particular a raíz de una fusión, sería tal que la extinguiría. La extinción automática de la obligación de cobertura en caso de cambio de personalidad jurídica de la sociedad acreedora responde, por tanto, a la idea de que “cambiar de acreedores significa cambiar las condiciones en que nace la deuda”. Por el contrario, se mantiene la obligación de liquidación, que es de carácter económico, para las deudas anteriores a la fusión.

1234. – Litigio desarrollado sobre garantías de deudas indeterminadas que aún no se habrían producido el día de la fusión. Se trata más concretamente de las fianzas que garantizan cuentas corrientes bancarias, aperturas de crédito y créditos revolventes no utilizados en su totalidad, que en la práctica también se denominan fianzas “todo compromiso”.

1235.- En este caso, ¿las garantías de las que se beneficia el banco absorbido se transfieren al banco adquirente o nuevo producto de la fusión?

1236. – Superficialmente, una respuesta positiva parece obvia: de ello depende la consistencia del principio de transferencia universal de bienes.

Sin embargo, en aras de la tutela, la jurisprudencia es contraria al mantenimiento de fianzas por créditos surgidos con posterioridad a la fusión, a falta de acuerdo expreso de las fianzas.

1237. – En efecto, la Cámara de Casación consideró que la fusión extingue la obligación de cubrir la caución de los créditos posteriores a la fusión, subsistiendo la fianza sólo para garantizar los créditos anteriores a la operación de fusión.

1238. – Esta posición fue reafirmada en una sentencia principal de la Corte de Casación del 20/01/1987. Este caso se refería a la fusión entre la CNEP y el BNCI que resultó en la creación de un nuevo banco llamado BNP. Se trataba de saber si los avales que habían garantizado los compromisos de una empresa con el BNCI se mantenían por las deudas que surgían en el momento del cierre de la cuenta corriente intervenida varios años después de consumada esta fusión, mientras que las relaciones comerciales entre la afianzada y el BNP habían continuado con normalidad. En otras palabras, se planteó la cuestión de determinar si el compromiso asumido por las fianzas y dado a favor de BNCI se había trasladado o no en beneficio de la nueva empresa resultante de la fusión con CNEP, a saber, BNP. Esta cuestión era fundamental para el BNP que no había realizado ningún trámite capaz de asegurar el mantenimiento de sus fianzas. Esto lo puso en una situación tanto más peligrosa cuanto que los motivos para exigir la fianza se habían producido varios años después de la fusión y con una deuda tanto mayor cuanto que el banco había creído en la existencia de la fianza. En dicha sentencia, el Tribunal de Casación estableció el siguiente principio: “En caso de fusión de sociedades que dé lugar a la formación de una nueva persona jurídica, se mantiene la obligación de la fianza que se hubiera contraído respecto de una de las sociedades fusionadas. para la garantía de las deudas posteriores a la fusión sólo en el caso de manifestación expresa de la garantía de comprometerse con la nueva persona jurídica”.

De ce principe ainsi formulé, il ressort explicitement que le cautionnement est éteint quant aux créances bancaires postérieures à la fusion. Mais il en résulte aussi, de manière implicite, que les garants demeurent tenus des créances bancaires antérieures.

1239. – Cette jurisprudence a été confirmée par d’autres arrêts rendus postérieurement.

1240. – Le 12/01/1999, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence tout en apportant des précisions. La Caisse régionale bourbonnaise du Crédit agricole avait consenti le 30/12/1981 un prêt de 250 000 francs remboursable sur quinze ans aux époux Prieur. Monsieur Verdun, par acte du même jour, s’était constitué caution solidaire à concurrence de la somme de 250 000 francs. Les débiteurs principaux avaient cessé de payer et, le 20/09/1991, la déchéance du terme était survenue. La Caisse régionale du Crédit agricole du Centre Ouest, qui avait absorbé par fusion la Caisse bourbonnaise, avait entrepris des poursuites à l’encontre de la caution. Cette dernière faisait valoir que, du fait de la fusion entre les caisses survenue en 1991, elle n’était plus tenue. En réalité, le pourvoi tentait de créer une confusion entre la naissance de l’obligation et son exigibilité. Le crédit consenti en 1981 avait donné naissance à une créance à terme, certes non exigible avant le terme convenu ou à la date de son échéance, mais bel et bien existante. Ainsi, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que la dette étant née antérieurement à la fusion, il importait peu qu’elle n’ait pas été exigible à cette date. La caution devait être tenue.

1241. – Care must therefore be taken not to confuse suretyship for a credit of a determined amount with suretyship guaranteeing a debt whose existence is contingent and the variable amount. Such is the case of the surety guaranteeing the balance of a current account or all the debts which one person may be liable to another. But, in the case of a bond guaranteeing a loan, the surety guarantees the reimbursement of the loan according to the terms provided for on the day of the agreement of the parties. From the moment this loan predates the merger operation, the claim arising from the surety always predates the merger, even if the latter is only due after the merger. The benefit of the suretyship is transmitted with the claim during the merger operation. Therefore, by making this clarification, the Court of Cassation limits the perverse effects of the jurisprudential principle. Nevertheless, it affirms a contrario that with regard in particular to guarantees guaranteeing bank current accounts, openings of credit and revolving credits, the acquiring company benefits from the guarantee of the surety only for the amount of receivables actually arising on the day of fusion. It therefore confirms in this last hypothesis that the suretyship is extinguished with regard to bank receivables subsequent to the merger. the acquiring company only benefits from the guarantee of the surety for the amount of receivables actually arising on the date of the merger. It therefore confirms in this last hypothesis that the suretyship is extinguished with regard to bank receivables subsequent to the merger. the acquiring company only benefits from the guarantee of the surety for the amount of receivables actually arising on the date of the merger. It therefore confirms in this last hypothesis that the suretyship is extinguished with regard to bank receivables subsequent to the merger.

1242. – This consequence, obviously, is shocking to the mind and is likely to compromise the legal certainty of merger operations between credit institutions. This jurisprudential position is therefore eminently open to criticism.

3/ Criticisms of the restrictive position of case law concerning the non-maintenance of post-merger debt guarantees

1243. – With regard to company law, the restrictive position of the Court of Cassation which does not accept the maintenance of the obligation to cover the surety for claims arising after the merger, in the absence of agreement from the surety, is extremely open to criticism.

1244. – Such a position effectively amounts to not fully applying the principle of universal transfer of the assets of the merged or absorbed company to the benefit of the absorbing or new company.

Indeed, if this principle were fully respected, there should be maintenance of the obligation to cover the surety for the debts contracted by the principal debtor with the acquiring or new company.

In other words, the contract of suretyship should not be extinguished but on the contrary be transmitted because it is undeniably part of the assets of the merged or absorbed creditor company in the same way as the guaranteed debt itself.

1245. – This case-law aims to protect sureties. Three arguments are invoked, alternately, even cumulatively, over the evolution of case law:

– The common intention of the parties. The guarantor, in committing himself, would only have intended to guarantee such a well-defined creditor or such a well-defined principal debtor. The modification carried out would not then enter into the forecasts of the guarantee at the time when it was subscribed.

– The relative effect of the agreements of article 1165 of the Civil Code. The contracting parties are no longer the same and the surety can claim not to be committed vis-à-vis the beneficiary of the surety. It should be noted that a claim can of course be validly assigned, whether individual or transferred with universality of assets, provided that the obligation actually exists at the time of the assignment. This is not the case of a guarantee given prior to the merger operation and which one would seek to play for credits or debts arising after the merger operation.

– The bond cannot be extended beyond the limits within which it was contracted. This article 2015 of the Civil Code, specific to suretyship, would intervene as a redundancy of article 1165 to prohibit any modification occurring in the person of the parties to the contract without a new exchange of consents.

1246. – None of these three foundations is indisputable and the judgments of the Court of Cassation which have used them have been the subject of very relevant critical comments.

1247. – The argument drawn from the common intention of the parties, the search for which is, moreover, very often divinatory, does not seem to be able to be used in the majority of cases, except in exceptional circumstances.

In most situations following a merger, there is no real break in the facts and relations between the parties: the parties continue to work together without interruption of the contract(s) transmitted. This is particularly so when, for example, a company is used to working with a specific financial institution and continues to operate on the same basis when the merged credit institution disappears. The interlocutors who are natural persons have often remained in place and the guarantor generally sees no inconvenience in this change, especially when he is the manager of the company. In fact, the identity of the corporate creditor is irrelevant.

1248. – Of course, in certain cases, the changes brought about by a merger actually result in a much larger break. Indeed, it is legitimate to consider that a surety undertakes towards a creditor in consideration of the person and the solvency of the debtor company and that it can suffer from the fact that a new debtor replaces the debtor that she had originally bonded. It is then logical that case law decides that if the surety’s obligation to settle remains for the debts arising from the debtor before the date of completion of the merger, the obligation to cover ceases for those arising after the date of completion of the merger. Likewise,

1249. – En cambio, es mucho más dudoso cuando la modificación se produce en la persona del acreedor garantizado, que generalmente es indiferente. Es cierto que es posible imaginar situaciones en las que las relaciones personales mantenidas con una entidad de crédito, su tamaño, el tamaño de su red, la dimensión internacional, su mayor o menor flexibilidad en la concesión de crédito, hayan podido ser un elemento determinante a la hora de entrar en en las relaciones.

Sin embargo, es inmediatamente perceptible que la base del intuitus personae, por lo tanto, sigue siendo relativa para decidir que una garantía no se transfiere después de tal operación de fusión. No podría entrar en juego automáticamente ya que habría que determinar si, en la intención común de las partes, el intuitus personae ha sido profundamente alterado.

1250. – En general, a fin de limitar el alcance del intuitus personae reconocido para la fianza, también debe señalarse que muchas fusiones tienen lugar entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo. Una fusión puede constituir en este caso una simple reestructuración interna del grupo sin que realmente se produzcan más cambios que la mera desaparición de una estructura jurídica en favor de otra. Un buen ejemplo es el caso de que la fusión se lleve a cabo entre una sociedad holding pura y su filial al 100% en el marco del denominado régimen simplificado de fusión al que se refiere el artículo L. 236-11 del Código de Comercio.

1251. – Sin embargo, la doctrina dominante y el Tribunal de Casación parecen seguir muy apegados al principio de no transmisión de los efectos de un contrato intuitu personae del que se beneficiaría la sociedad adquirida. En particular, la Corte de Casación tuvo la oportunidad de reafirmar enérgicamente esta posición de principio en una sentencia del 18/02/1997.

Así, podría plantearse que el razonamiento utilizado por el Tribunal de Casación equivale a añadir una nueva protección a favor de terceros que no está prevista en los textos que definen los términos de una fusión.

1252. – Podríamos, por tanto, concluir hasta el extremo que la cesión de contratos –incluidos los que se celebrarían intuitu personae– es esencial ya que el Código de Comercio no limita en modo alguno esta cesión y no protege particularmente a los cocontratistas de una sociedad participante en una fusión. Sin embargo, esto equivaldría a consagrar la teoría de que las normas jurídicas sólo están al servicio de la reestructuración.

1253. – Sin embargo, no es así. Las normas jurídicas aplicables a las concentraciones son ambivalentes y tienden también a proteger las categorías amenazadas por la operación. En consecuencia, las soluciones jurisprudenciales derivadas de las sentencias del Tribunal de Casación parecen contentarse con la simple constatación de que el beneficiario de la fianza, el deudor garantizado o incluso la fianza ya no son los mismos.

1254. – Pero este fundamento único del intuitus personae introduce algo de ilógico. De hecho, una adquisición, si involucra la totalidad de las acciones o acciones, muy a menudo resulta en una ruptura mucho mayor de las relaciones entre las partes. No obstante, como hemos precisado anteriormente, en este caso, la gran mayoría de las sentencias jurisprudenciales consideran que habiendo continuado sin alteración la personalidad jurídica, se mantienen las garantías. Es bastante obvio que si la transmisión de las acciones va acompañada de un cambio radical de objeto social, actividad, denominación, traslado de la sede social, enajenación de determinados activos,

1255. – La segunda base extraída del artículo 1165 del Código Civil sobre la relatividad de los contratos tampoco constituye un obstáculo real para la transmisión de la fianza. Según este principio de relatividad de los contratos, la cesión automática de la garantía seguiría siendo un acto que sólo obligaría a las partes que la suscribieron, y por tanto no sería oponible a las demás. El argumento no es muy convincente en cuanto que el artículo 1122 autoriza la estipulación para uno mismo, para sus herederos y causahabientes salvo que se estipule lo contrario, lo que generalmente no ocurre. en este tipo de reestructuración. Por otra parte, cabe preguntarse sobre la aplicabilidad del derecho consuetudinario de la relatividad de los contratos en caso de fusión. En efecto, la ley organiza en realidad una transferencia universal de todo o parte de los bienes con los créditos y los derechos inherentes a ellos. En consecuencia, es más bien el principio de transmisión el que, en hipótesis de este tipo, debe conservarse.

1256. – El tercer fundamento, extraído del artículo 2015 del Código Civil, se basa, a nuestro juicio, en un análisis erróneo de este artículo. Si la fianza no puede extenderse más allá de los “límites” a que se refiere el artículo 2015, es en relación con el objeto mismo de la fianza, es decir, la naturaleza de las deudas garantizadas y su cuantía. Podría decirse que el artículo 2015 prohíbe que la fianza asegure a cualquier otro acreedor o deudor además de los mencionados. Sin embargo, ciertamente no prohíbe la sustitución de un beneficiario acreedor, deudor principal o fiador por los que originalmente existían, especialmente cuando esto ocurre como resultado de una fusión.

1257. – En definitiva, el paralelismo logrado entre la desaparición de una persona jurídica a raíz de una fusión y la muerte de las personas físicas constituye el origen del problema mencionado y, por tanto, probablemente no sea procedente.

Así, sería deseable que la jurisprudencia, para no privar artificialmente al mecanismo de transferencia universal de bienes de sus plenos efectos, adoptara una solución más matizada. Ésta podría consistir, por ejemplo, en obligar a la fianza a probar que la desaparición de la sociedad acreedora y su sustitución por la sociedad beneficiaria de la fusión contribuyó a agravar o hacer más restrictiva la obligación de cobertura a la que está obligada. .

Cette critique étant faite, il reste à examiner les conséquences pratiques pour une banque absorbée ou fusionnée de la perte des effets des garanties reçues sur des créances futures.

4/ Les conséquences pratiques de la perte des garanties sur les créances nées après la fusion

1258. – Au vu de cette jurisprudence, refusant de maintenir des garanties au profit de la société absorbante pour les créances nées après la fusion, la caution profite généralement de l’occasion pour se soustraire à ses obligations. Les cautions sont en quelque sorte incitées à remettre en cause leurs engagements lors d’une fusion affectant la banque créancière, alors même que les relations commerciales se poursuivraient après la fusion dans des conditions identiques. Il est logique de considérer que si la caution considère que le changement de créancier garanti constitue un événement suffisamment perturbateur pour que le cautionnement initialement donné n’ait plus de raison d’être, elle doit le dénoncer à la suite de l’opération de fusion. Cependant, cela se fait très rarement. Le cautionnement prend fin lorsque la personne est appelée en garantie, parfois plusieurs années après l’opération de fusion.

1259. – Cette jurisprudence restrictive semble témoigner d’une volonté des juges de protéger les cautions. Cependant, celle-ci n’est pas définitivement fixée et une évolution en sens inverse est envisageable.

1260. – Cette attitude risque de priver l’opération de concentration de son efficacité. En conséquence, à défaut d’accord exprès des garants, les participants doivent prendre un certain nombre de précautions.

1261. – En premier lieu, lors de la phase d’étude des termes de la fusion, il conviendra de procéder à un audit du portefeuille de créances et de cautionnements reçus par la banque à absorber ou à fusionner, pour identifier les dossiers problématiques .

1262.- Entonces, para protegerse contra el riesgo de pérdida de garantía de las deudas futuras de sus deudores, el banco absorbido o fusionado deberá obtener la renovación de las garantías recibidas. Esta “reiteración” forma un nuevo contrato y no la “confirmación” del primero ya que el acreedor ya no es el mismo: el absorbido por deudas anteriores; absorbiéndolo para futuras deudas. En efecto, a diferencia de una simple modificación, la “reiteración” compromete al fiador a un nuevo contrato, cuyo beneficiario es otro acreedor, en sustitución de la entidad de crédito absorbida.

Naturalmente, en el caso de que el fiador sea una sociedad anónima, la renovación del compromiso de caución que cubra las deudas del deudor principal nacidas con posterioridad a la fusión deberá obtenerse por deliberación del consejo de administración o del consejo de vigilancia de la sociedad de fianzas. Esta formalidad puede dar lugar a una renegociación de las condiciones de la garantía entre el deudor principal y el garante.

1263. – Por último, a falta de obtener la renovación regular de las condiciones de la fianza, el banco fusionado o adquirido puede ser obligado a cancelar sus sobregiros bancarios con un preaviso de 60 días, y cerrar la cuenta del cliente en cuestión antes de la fecha de finalización de la fusión. Si es necesario, el depósito se llamará como garantía.

1264. – Dicho esto, es necesario tomar nota del derecho positivo y determinar si las consecuencias lesivas de esta jurisprudencia sobre el mantenimiento de la seguridad de las deudas futuras es un mal sin remedio. No es certero.

1265. – Por lo pasado, y en la medida en que es demasiado tarde para obtener la reiteración de los actos de fianza ya dados, la jurisprudencia no parece haber tenido que ocuparse del argumento que podría extraerse del artículo L 313-22 del el Código Monetario y Financiero que obliga a las instituciones de crédito a recordar anualmente a los garantes la existencia de su compromiso y el monto del mismo, al menos cuando se trate de líneas de crédito indefinidas.

El artículo L. 313-22 impone, no sólo el recordatorio de la existencia del compromiso de fianza y la cuantía del riesgo asumido por éste, sino también el derecho de denuncia. Este texto fue, por supuesto, redactado esencialmente para proteger a los afianzadores que en ocasiones pueden haber olvidado más o menos legítimamente su compromiso, especialmente cuando no se trata de administradores de sociedades avaladas. Pero por el contrario, también es posible pensar que la entidad de crédito, que habrá cumplido con esta obligación legal, podría utilizar esta información para desbaratar el argumento presentado a posteriori por el garante según el cual se había mantenido en total desconocimiento de la operación de fusión. que afecte a la persona de la entidad de crédito acreedora.

En efecto, ¿cómo podemos argumentar razonablemente que no hemos aprobado como nuevo acreedor al banco X que se hace cargo de los derechos del banco Y y que, mediante el envío de la carta prevista por el artículo L. 313-22, ha dado a conocer su existencia y su condición de nuevo acreedor? El argumento sin duda merecería ser probado por los tribunales y las cortes.

1266.- Para el futuro, es encomiable preguntarse por las mejoras técnicas que se pueden imaginar en relación con las limitaciones antes mencionadas sobre el impacto de la disolución del banco beneficiario de garantías. La jurisprudencia restrictiva criticada debería alentar a los bancos a buscar una mejora del sistema actual.

1267. – En consecuencia, son posibles dos caminos:

– la vía legislativa, al exigir la modificación del artículo L. 236-3 del Código de Comercio para prever expresamente que las garantías de los créditos surgidos tras la fusión o absorción se mantengan en beneficio de la parte absorbente o de la sociedad resultante de la fusión. La AFB ha intentado intervenir en esta dirección durante los proyectos de reforma de la ley de sociedades. Pero a la fecha, no hemos sido informados de la consideración de esta solicitud en los últimos proyectos de ley.

– Así que queda la forma convencional. Los bancos pueden exigir casi sistemáticamente, al otorgar préstamos, garantías independientes o contragarantías. El Tribunal Supremo dictaminó que estas garantías independientes eran independientes tanto de “la garantía de primer rango como del contrato básico”. El Sr. Vasseur, al comentar estas decisiones, señala que todas ellas consagran «el derecho del beneficiario a ser pagado y la obligación del fiador a pagar…» la suma de dinero prometida, según las hipótesis y según las fórmulas : a petición del acreedor; a su primer requerimiento… En todos estos supuestos, en que el fiador «se obliga a pagar una cierta suma de dinero al beneficiario» y a pagárselas a su orden o a su simple requerimiento, sin mayor precisión ni referencia a una » reembolso «, la independencia de la garantía debe permitir admitir que la deuda nace el día de la celebración de la promesa de pago o de tener que «pagar una cierta cantidad de dinero» por lo tanto, en todos los casos, antes de la fecha de finalización de la la fusión. Además, en el caso de una contragarantía, esto permitiría rechazar la idea de que la reclamación del primer garante contra el contragarantista sólo surge el día del pago que éste habría hecho. Por lo tanto, estas garantías deben trasladarse, sin mayor dificultad, al banco adquirente.También se puede considerar a los bancos para la inserción sistemática de una cláusula destinada a que el garante reconozca por adelantado el mantenimiento de su obligación.garantía de las deudas posteriores a la fusión. Queda por ver si el fiador puede consentir válidamente por adelantado, en una cláusula de la garantía, para mantener su obligación de cobertura en caso de una operación que modifique la personalidad jurídica del acreedor. La jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este punto y la doctrina sigue dividida. El principio de incluir dicha cláusula fue aprobado durante la sesión de mayo de 1999 de la Comisión de Garantías Interbancarias. A nuestro juicio, tal estipulación no aparece prohibida y podría encontrar fundamento en el artículo 1122 del Código Civil. Esta cláusula permitiría así introducir en el campo contractual, en el momento de la firma del acto, la posibilidad de la cesión de la garantía a favor del banco adquirente. La jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este punto y la doctrina sigue dividida. El principio de incluir dicha cláusula fue aprobado durante la sesión de mayo de 1999 de la Comisión de Garantías Interbancarias. A nuestro juicio, tal estipulación no aparece prohibida y podría encontrar fundamento en el artículo 1122 del Código Civil. Esta cláusula permitiría así introducir en el campo contractual, en el momento de la firma del acto, la posibilidad de la cesión de la garantía a favor del banco adquirente. La jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este punto y la doctrina sigue dividida. El principio de incluir dicha cláusula fue aprobado durante la sesión de mayo de 1999 de la Comisión de Garantías Interbancarias. A nuestro juicio, tal estipulación no aparece prohibida y podría encontrar fundamento en el artículo 1122 del Código Civil. Esta cláusula permitiría así introducir en el campo contractual, en el momento de la firma del acto, la posibilidad de la cesión de la garantía a favor del banco adquirente.

La noticia de las operaciones de fusión bancaria probablemente dará a los juzgados y tribunales la oportunidad de pronunciarse sobre la eficacia de tal cláusula.

Las consecuencias prácticas expuestas, por tanto, muestran claramente los efectos nocivos de esta jurisprudencia restrictiva sobre el mantenimiento de las garantías personales para los créditos surgidos tras la fusión. Como extensión de este estudio, es lógico centrarse en la situación de las garantías reales.

B/ El impacto de la fusión sobre las garantías reales recibidas por el banco absorbido o fusionado

1268. – La fusión del banco acreedor tendrá también ciertas consecuencias sobre las garantías reales recibidas por él. El principio es que las garantías reales se mantienen y beneficiarán al banco adquirente o nuevo receptor de los créditos a los que están adheridas. Sin embargo, para informar a terceros, esta transferencia debe, en principio, estar sujeta a las medidas de publicidad adecuadas.

Estudiaremos más particularmente el caso de las hipotecas (1) antes de considerar las prendas (2).

1/ Mantenimiento de la garantía hipotecaria en caso de absorción o fusión del banco acreedor

1269. – El interés de la hipoteca es asegurar al acreedor inscrito en el registro de hipotecas un pago preferencial de la obligación que garantiza. Más concretamente, confiere al acreedor hipotecario un derecho de preferencia sobre el valor de los bienes que se le asignan en garantía. Este derecho le permite obtener un pago privilegiado, es decir un pago ante los acreedores quirografarios y los acreedores que tomaron una inscripción de hipoteca después de la suya.

1270. – Debe precisarse que la constitución de esta garantía presupone que se han cumplido las formalidades de publicación para que el acreedor pueda oponer efectivamente un derecho de pago preferencial a otros acreedores. Entre varios acreedores garantizados, es la fecha de inscripción la que permite establecer el orden de prelación entre ellos.

1271. – Cuando el banco beneficiario de la hipoteca deba desaparecer como consecuencia de una fusión o absorción, es importante saber si subsistirá esta garantía y si la inscripción conservará su prioridad a pesar de los efectos de la fusión o absorción.

1272. – Como consecuencia de la transmisión universal de bienes, se traspasan todos los créditos de los que se transmiten los beneficios bancarios absorbidos o fusionados, con sus accesorios y en particular las hipotecas, en beneficio del absorbente o de la nueva sociedad sin el rango de garantía. modificado.

Cabe recordar que no es necesario seguir las formalidades de la cesión de crédito a que se refiere el artículo 1690 del Código Civil.

Sin embargo, dado que la hipoteca está sujeta al régimen catastral, deben tenerse en cuenta las normas anexas a la misma y, en particular, lo dispuesto en el artículo 2149, apartado 1, del Código Civil que prevé la publicación «en forma de menciones en además de las inscripciones existentes…[de] cualquier cambio, en particular en la persona del acreedor beneficiario de la inscripción, que no tenga por efecto agravar la situación del deudor”.

El caso de absorción o fusión del banco beneficiario de una hipoteca cae en esta última categoría a que se refiere el artículo 2149 del Código Civil.

Inicialmente, el Tribunal de Casación había considerado que esta publicación era necesaria para hacer oponible a terceros la transmisión de la hipoteca. Esta solución era cuestionable en la medida en que equivalía a considerar que el orden de preferencia entre los acreedores inscritos no dependía necesariamente de las inscripciones originales.

Luego, el Tribunal de Casación llegó a decidir que tales modificaciones, que no tienen por efecto agravar la situación del deudor y que están sujetas a publicación en forma de menciones al margen, eran oponibles a terceros incluso en ausencia de publicación.

En consecuencia, no existe obligación de proceder a la inscripción de una mención al margen del cambio de persona del acreedor por fusión o absorción. El banco absorbente o nuevo resultante de la fusión se beneficiará de las hipotecas registradas a nombre del banco absorbido o fusionado.

1273. – Sin embargo, razones prácticas pueden, no obstante, inducir al banco adquirente a realizar las formalidades de registro de la propiedad para la conservación de las hipotecas.

En efecto, a falta de una mención expresa en el margen de la boleta hipotecaria del cambio de acreedor debido a la fusión o absorción, el banco absorbente o el banco resultante de la fusión corren el riesgo de no recibir la citación dirigida a los acreedores inscritos que serían hecho por la persecución de los acreedores. A falta de recibir estas citaciones, el banco absorbente no podrá, por lo tanto, producir el procedimiento de orden que se llevará a cabo después de la venta judicial de la propiedad hipotecada. Finalmente, el banco adquirente, que no sería informado a tiempo, debido a la falta de publicación de su identidad y dirección en el margen de la inscripción de la hipoteca, corre el riesgo de perder el producto de la venta del inmueble hipotecado. Este riesgo no debe pasarse por alto,

De hecho, es recomendable hacer concesiones y mantener un enfoque pragmático de los trámites a realizar según las circunstancias. Así, cada vez que la elección del domicilio que consta en la inscripción de la hipoteca se haya hecho ante el notario que recibió la escritura, el banco adquirente o el banco resultante de la fusión simplemente comunicará al notario por carta su identidad y sus coordenadas. Por otra parte, cada vez que esta elección de domicilio se haya realizado en la casa matriz del banco absorbido o fusionado, el banco adquirente tendrá interés en asegurarse de que procede a los trámites de publicación mediante un asiento al margen en la boleta de hipoteca por mediación de su notario habitual.

Por tanto, es fundamental tener en cuenta que la desaparición del banco beneficiario de garantías hipotecarias tras una fusión o absorción puede dar lugar a cierta engorroso trámite en la tramitación de los trámites publicitarios.

Lo mismo se aplica a los efectos de la fusión o absorción que afecten al banco receptor de las prendas.

2/ Mantenimiento de prendas en caso de absorción o fusión del banco acreedor

1274. – En el plano de los principios no hay dificultad. Los créditos se transferirán a la sociedad absorbente o al nuevo banco resultante de la fusión con el beneficio de las prendas que garanticen dichos créditos por efecto de la cesión universal de activos.

Sin embargo, dado que las prendas se constituyen mediante la inscripción en un registro especial, las formalidades de publicación deben, en principio, realizarse de acuerdo con las reglas exigidas por cada tipo de prenda.

Dado que los tipos de garantía son múltiples, nos centraremos en la garantía más utilizada.

1275. – Las prendas de crédito mercantil y de bienes siguen regímenes análogos a las hipotecas. Mediante una inscripción en un registro especial llevado en la secretaría del Tribunal de Comercio, confieren al acreedor un derecho de preferencia sobre los bienes pignorados.

1276. – La prenda de buena voluntad se rige por las disposiciones de la ley del 17/03/1909 completada por el decreto del 28/08/1909. La pignoración de herramientas y equipos se rige por lo dispuesto en la ley de 18/01/1951. Esto se completa con un decreto del 17/02/1951 que establece las disposiciones relativas a la prenda de buena voluntad en lo que respecta a los procedimientos de registro.

1277. – En ambos casos se dispone generalmente que toda subrogación contractual en beneficio de la prenda debe mencionarse al margen de la inscripción. No se prevé expresamente el caso de cambio de la persona del acreedor, pero por extensión de las disposiciones relativas a la subrogación, debería poder exigirse una anotación al margen de la identidad del banco adquirente.

1278.- Al igual que en las hipotecas, el banco adquirente o el banco resultante de la fusión tendrá interés en mencionar su identidad y datos de contacto al margen para ser informado de la citación de los acreedores que procedan a la venta forzosa del fondo. de negocios.

1279. – Sin embargo, en caso de prenda de buena voluntad o de herramientas, los gastos y derechos de inscripción son módicos. Esto justifica exigir sin vacilación los trámites de inscripción al margen en el registro del Juzgado de Comercio del lugar donde se encuentra el fondo pignorado. No obstante, estos trámites pueden ser engorrosos y representar una carga administrativa importante en la medida en que estas garantías son tomadas con mucha frecuencia por las entidades de crédito.

1280. – Pledges on unlisted securities are also frequent. The law on the pledge of financial instruments does not provide anything in the event of modifications affecting the pledged creditor. In practical terms, the absorbing company must notify the issuing company or the third party holding the shareholder accounts of the necessary information by letter.

1281. – Consequently, we have just demonstrated that the merger entails fundamental effects on the guarantees benefiting the banks. In the context of the restructuring of the French banking system, case law is particularly archaic and can compromise the success of merger operations. The main contracts signed by the banks therefore seem to be in a more favorable situation.

§ 2: The situation of the main contracts

1282. – We will study the situation of commercial leases of banking establishments (A) as well as that of contracts linked to the information system (B).

A/ Commercial leases of banking establishments

1283. – A bank merger has significant consequences for commercial leases. The fundamental text in this area is Article L. 145-16 of the Commercial Code, which provides that “in the event of a merger of companies or contribution of part of the assets of a company carried out in the conditions provided for in Article L. 236-22, the company resulting from the merger or the company benefiting from the contribution is, notwithstanding any stipulation to the contrary, substituted for that for the benefit of which the lease was granted in all rights and obligations arising from this lease”. The principle of the automatic transmission of the tenant’s commercial lease to the company resulting from the merger is therefore laid down.

1284. – Cette règle d’ordre public s’applique tant aux fusions par absorption qu’aux fusions par constitution de société nouvelle. Toutefois, il convient de noter que les fusions et les apports partiels d’actifs sont couverts par le texte, mais pas les scissions. Par ailleurs, l’article L. 145-16 du Code de commerce renvoie expressément à l’article L. 236-22 du Code de commerce, c’est-à-dire à un texte qui ne s’applique qu’aux seules sociétés anonymes.

1285. – L’opération de fusion étant soumise aux formalités légales de publicité, on pourra considérer que le preneur n’a pas à informer le bailleur de l’existence de la fusion. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de préciser que la clause d’un bail imposant la communication au bailleur d’une copie du contrat de fusion était contraire à l’article L. 145-16 précité. Toutefois, l’article L. 145-16 alinéa 3 du Code de commerce donne au bailleur la possibilité de demander en justice de nouvelles garanties si la société issue de la fusion ne dispose pas d’une solidité financière suffisante.

1286. – La manifestation la plus frappante de l’impact des fusions sur les baux commerciaux est le risque pour le locataire de se voir refuser le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Il convient de rappeler que le droit au renouvellement, ou à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, est soumis par le Code de commerce à diverses conditions, dont celle de l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés. . Cette condition doit être remplie à la date d’émission du congé ou de la demande de renouvellement et tout au long de la procédure de renouvellement ou de détermination de l’indemnité d’éviction. La jurisprudence étend même cette condition d’immatriculation aux établissements secondaires. Or, un intervalle de temps peut s’écouler entre la radiation consécutive à la fusion de l’établissement exploité et la modification de l’immatriculation de la société issue de la fusion. La jurisprudence imposant une obligation d’enregistrement continu, elle peut considérer que dans cet intervalle la condition n’est pas remplie.

Therefore, banks should pay particular attention to commercial leases when conducting merger transactions. Only a rigorous audit of leases and a case-by-case analysis are likely to avoid sometimes substantial litigation. The same is true for contracts related to the information system.

B/ Contracts related to the information system

1287.- La conciliación de los sistemas de información durante las fusiones bancarias es una fuente de ahorro. En las previsiones realizadas durante las grandes operaciones, TI representa una parte decisiva que puede llegar hasta un tercio de las ganancias esperadas. De hecho, al estar informatizado alrededor del 70% de las actividades de un banco, solo puede beneficiarse de la fusión de dos organizaciones si sus sistemas de información se comunican de manera inteligente entre sí. El papel preponderante de las TI y el tamaño de las inversiones que implica pueden, por tanto, animar a los bancos a poner en común su sistema de información para agrupar costes y amortizarlos en un volumen de negocio tan elevado. como sea posible.

1288.- Los procedimientos para conciliar los sistemas de información varían según el tipo de concentración bancaria. Si se trata de una operación puramente financiera, el impacto en el sistema de información será limitado: se referirá a la información de gestión y, si es posible, a los repositorios. Si las entidades de crédito quieren conseguir importantes sinergias acercando sus actividades, este impacto será mucho mayor, aunque se mantengan las marcas o las personas jurídicas. En esta segunda hipótesis, el acercamiento tecnológico podría lograrse mediante la fusión total o parcial de los dos sistemas de información preexistentes.

1289.- A pesar de la diversidad de esquemas de conciliación de los sistemas de información, existen ciertas constantes en su tratamiento legal. En general, es necesario llevar a cabo un análisis de la situación de los bancos en cuestión (1) para luego poner en marcha una nueva estrategia a nivel de los bancos concentrados (2).

1/ El necesario análisis de la situación de los bancos concentrados

1290. – Es necesario realizar una auditoría de los contratos sobre los sistemas preexistentes (a) para determinar el alcance de los derechos sobre el patrimonio informático (b).

a/ Auditoría de contratos sobre sistemas preexistentes

1291. – Prior to the launch of the reconciliation process, an audit of the contracts relating to the hardware and software constituting the pre-existing information systems and the associated services will make it possible to determine the terms of a possible interruption of these contracts. Indeed, the implementation of a common information system will suppose for one or all the entities of the group to terminate a set of contracts in progress. It should be noted that a number of contract law rules will facilitate restructuring by allowing contracts to be challenged. However, protective rules for the contracting party will apply, again reflecting the ambivalence of the law.

1292. – Les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement en respectant le préavis prévu au contrat, ou à défaut de stipulation expresse au contrat, moyennant un préavis raisonnable.

1293. – Les contrats de courte durée déterminée et renouvelables par tacite reconduction prennent fin à l’arrivée de leur terme contractuel, à condition que l’établissement bancaire en ait préalablement informé son cocontractant.

1294. – Enfin, les autres contrats, encore en vigueur pour une longue durée, ne peuvent être résiliés qu’avec l’accord exprès des deux parties. Cet audit préalable permettra également de déterminer l’étendue des droits des établissements bancaires sur leur patrimoine informatique et notamment les éléments qu’ils pourront, le cas échéant, mutualiser.

b/ L’étendue des droits sur les actifs informatiques

1295. – Pour les contrats portant sur des logiciels susceptibles d’être réutilisés dans le nouveau système d’information, il convient de déterminer si la banque concernée dispose d’un droit d’usage personnel et non transmissible ou, au contraire, de tous les droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels . Dans le premier cas, une extension du droit d’usage du logiciel au profit de l’ensemble du groupe devra être négociée avec l’éditeur. Dans le second cas, la banque détentrice des droits sur ce logiciel peut librement le mettre à la disposition de l’ensemble du groupe et y apporter les adaptations nécessaires, cette dernière option supposant toutefois qu’elle détient les codes sources du logiciel.

1296. – Fréquemment, le groupement ne disposera pas des codes sources d’un logiciel précédemment utilisé par l’un de ses membres et devra néanmoins assurer son interopérabilité avec d’autres logiciels du nouveau système d’information. Toutefois, « si les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas été rendues facilement et rapidement accessibles » par l’éditeur du logiciel, les établissements bancaires, utilisateurs légitimes, seront en droit de « décompiler » le logiciel dans les limites prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle.

2/ La mise en place d’une nouvelle stratégie par les banques concentrées

1297. – La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie conduira à la conclusion de nouveaux contrats concernant le système d’information (a) qui préludent à la définition du cadre du nouveau système d’information (b).

a/ La conclusion de nouveaux contrats relatifs au système d’information

1298. – The implementation of the new information system will require the conclusion of a set of contracts relating to the provision of the elements constituting it but also contracts for assistance with migration to this new system. At this stage, the reconciliation of information systems will take on the appearance of a structured IT project in which the tasks entrusted to external service providers will be more or less important depending on the internal resources and skills.

1299. – When negotiating these contracts with external service providers, particular attention will be paid to the clauses concerning the conditions for carrying out the service, to the respective responsibilities of the service provider and the internal teams, or even to the characteristics of the service. new information system.

b/ Fixing the framework of the new information system

1300. – Finally, banking establishments will have to provide for the conditions for the future operation of the new common system and determine the respective rights on the elements constituting it.

1301. – The setting up and then the operation of a common information system could encourage the use of standard solutions thanks to the use of software packages in particular. The use of software packages in banks has also been accentuated by the phenomenon of bank restructuring.

1302. – This information system will also enable IT to be rationalized through its “urbanization”. “To urbanize the information system of a company is indeed to define a coherent framework on which will come to rely the IT developments”. The frame of reference includes on the one hand, a division of the activity into elementary bricks constituting the heart of the business and on the other hand, rules and principles of architecture and town planning. The construction of the systems can be done from the components according to the rules of architecture and town planning. The more the framework will be stable and built on the invariants of the banking business, the more it will allow the information systems and the computer systems in conformity with this framework to adapt to the necessary evolutions of the strategy and the organization.

For this framework to be stable and resistant over time, it must translate the strategic orientations of the company, the desirable degrees of freedom to facilitate changes while taking into account the existing one. The objective is to define a division which will make it possible to create systems communicating easily between them.

All the interest of urbanization lies in the anticipation of future needs, to avoid the costs of restoring consistency a posteriori. It will thus be a question of giving this new information system a flexibility of evolution.

Therefore, computer literacy is a source of concentration success, but the result is hard to achieve. The objectives, concerning the people integrated into the bank, are just as difficult to obtain.

Section 2: Rules concerning persons integrated into the bank

1303. – Bien que les fusions bancaires soient régies dans une large mesure par des considérations juridiques, leur succès dépend essentiellement de la motivation des travailleurs qui contribuent à la réalisation des objectifs de la restructuration. Or, dans l’écrasante majorité des fusions, lors de la planification et de la réalisation de l’opération, seuls les aspects techniques sont pris en compte au détriment de l’aspect humain. Le taux élevé d’échec des fusions bancaires est certainement lié au fait que les salariés sont souvent relégués au rang de variables de coût et non considérés comme des partenaires actifs dans le processus de changement.

1304. – À notre avis, il n’existe pas de solution universelle pour réussir le redimensionnement d’une organisation. Néanmoins, il est essentiel d’élaborer un programme prenant en compte les implications pour toutes les parties prenantes, à savoir les partenaires et actionnaires (§ 1), les managers (§ 2) et surtout les salariés (§ 3).

§ 1 : Les effets des concentrations à l’égard des associés et des actionnaires

1305. – Il est à noter que la concentration est considérée comme ayant des effets économiques positifs à l’égard des actionnaires et associés. C’est tellement vrai que les fonds de pension anglo-saxons, principale expression de la recherche de « création de valeur pour l’actionnaire », réagissent très positivement aux perspectives de concentrations bancaires. En effet, la concentration est censée réduire les coûts, augmenter les bénéfices et donc les dividendes. Cependant, comme nous l’avons déjà exposé, cette affirmation est loin d’être systématique. Dès lors, si les actionnaires peuvent effectivement constater une plus-value de leurs titres lors de l’opération, celle-ci ne dure pas toujours.

1306. – Ceci étant précisé, nous ne traiterons, dans ce paragraphe, que des conséquences de la fusion à l’égard des associés et actionnaires. En effet, une étude des effets d’OPA stricto sensu serait de peu d’intérêt. Dans cette dernière opération, qu’il s’agisse d’une simple acquisition d’actions de gré à gré ou d’une offre publique d’achat, l’actionnaire cède ses actions et se retire purement et simplement. Le seul point qui mérite une étude est l’offre publique d’échange car l’actionnaire qui répond favorablement à la proposition ne se désengage pas. Ce dernier reçoit en échange des titres de la société bénéficiaire. Mais les conséquences juridiques de l’offre publique d’échange sur les actionnaires présentent des similitudes avec les traits caractéristiques applicables dans le cadre d’une fusion absorption.

1307. – Los efectos jurídicos de la fusión respecto de los socios son lógicos. Hay un principio general (A). Sin embargo, este último debe hacer frente a un cierto número de situaciones específicas que se relacionan esencialmente con la naturaleza de la participación de los socios, o con la naturaleza de los valores de los que son titulares (B).

A/ El principio general

1308. – Con motivo de una operación de fusión, los socios de las sociedades que desaparecen adquieren la condición de socios de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad que se crea. En consecuencia, los socios de la sociedad o sociedades que transmitan su (sus) patrimonio reciben acciones o participaciones en la sociedad beneficiaria.

1309. – No obstante, ya fin de facilitar la realización de las operaciones de fusión, los aportes realizados en beneficio de la sociedad absorbente o nueva podrán ser retribuidos mediante contrapartida en efectivo. Si se utiliza esta opción, el pago en efectivo debe limitarse al 10% del valor nominal de las participaciones o acciones asignadas. Si se superara el techo así establecido, la operación perdería entonces el carácter de fusión.

B/ Problemas específicos

1310. – En la realización de las operaciones de fusión, es probable que se presenten particularidades en la liquidación de la situación de determinados socios de las sociedades que se fusionan. Estas particularidades tienen su origen bien en la existencia, antes de la fusión, de participaciones accionariales entre las sociedades en cuestión (1), bien en la tenencia de valores que confieren a sus titulares derechos específicos (2).

1/ Los problemas que plantea la existencia de vínculos entre las empresas participantes en la concentración

1311. – La fusión es a menudo la fase final de una fusión ya comenzada entre sociedades, fusión que puede haber tenido como resultado que una sociedad entre en el capital de la otra. Así, la sociedad absorbente podrá participar en el capital de la sociedad absorbida (a), o por el contrario, la sociedad absorbida podrá participar en el capital de la sociedad absorbente (b). En escenarios más complejos, incluso es posible encontrar, con anterioridad a la fusión entre dos sociedades, la existencia de participaciones recíprocas (c) o la titularidad por parte de la sociedad absorbida de alguna de sus acciones (d).

a/ Participación por parte de la sociedad absorbente de una participación en el capital de la sociedad absorbida

1312. – En principio, en el marco de una operación de fusión, los socios de la sociedad absorbida se convierten en socios de la sociedad absorbente. En consecuencia, si la sociedad absorbente es uno de los socios de la sociedad absorbida, se pretende, al término de la fusión, recibir a cambio sus propias acciones.

1313. – Cependant, depuis l’adoption du Mergers Act 1988, il n’est plus possible d’atteindre un tel résultat. En effet, le Code de commerce précise que les titres de la société absorbante ne sont pas échangés contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent, lorsque ces parts ou actions sont détenues par la société absorbante. Ainsi, la technique fusion-waiver est consacrée. Mais les sociétés peuvent procéder différemment et supprimer la participation de la société absorbante dans la société absorbée, juste avant de procéder à la fusion. Ils utilisent la procédure de fusion-attribution.

1314. – La renonciation à la fusion est l’opération par laquelle la société absorbante limite l’augmentation de son capital et se contente d’émettre le nombre de titres strictement nécessaire à la rémunération des associés de la société absorbée, autres qu’elle-même. même. La dénomination de l’opération est pleinement justifiée dans la mesure où la société absorbante renonce à émettre les droits sociaux qui, en principe, devraient lui appartenir en sa qualité d’associé de la société absorbée.

1315. – Le mécanisme de fusion-attribution est sensiblement différent. Elle suppose un partage partiel de l’actif de la société absorbée au profit et à concurrence des droits de la société absorbante. Par ce mécanisme, la société absorbante est donc réputée quitter le capital de la société absorbée avant l’opération de fusion. Le problème de la participation est donc résolu en l’éliminant avant la fusion. Cependant, ce mécanisme n’est pas utilisé en pratique pour des raisons fiscales. La fusion-attribution entraîne en effet un partage partiel du patrimoine, opération coûteuse sur le plan fiscal. En effet, la plus-value constatée lors de l’attribution de la société absorbante est une plus-value imposable qui ne bénéficie pas des mécanismes d’exonération applicables au régime spécial des fusions.

b/ Détention par la société absorbée d’une participation dans le capital de la société absorbante

1316. – Dans le cas où la société absorbée détient des actions de la société absorbante, il résulte de la transmission universelle du patrimoine opérée par la fusion que la société absorbante est en droit de recevoir ses propres titres à titre d’apport, compris dans le portefeuille-titres. des absorbés.

1317. – Les entreprises concernées disposent de deux possibilités pour résoudre les difficultés liées à cette situation.

1318.- La sociedad absorbida podrá, con anterioridad a la fusión, distribuir los valores que tenga en cartera y que correspondan a su participación en el capital de la sociedad absorbente. Esta es, de nuevo, una operación de reparto parcial de activos. Durante la realización efectiva de la operación de fusión, la sociedad absorbida dejará de tener la condición de socio de la sociedad absorbente.

1319. – Pero la sociedad adquirida no puede utilizar esta técnica y proceder a la aportación, en condiciones normales, de la totalidad de su patrimonio, incluyendo por tanto la cartera de valores que integran su participación en el capital de la sociedad absorbente. . Este último, al recibir sus propios títulos, procederá entonces a su cancelación.

c/ La tenencia de participaciones recíprocas por parte de las sociedades absorbida y adquirente

1320.- Este escenario es en realidad sólo la combinación de los dos anteriores. Por tanto, se resolverá superponiendo las soluciones que se han considerado anteriormente. En la práctica, la sociedad absorbente procederá inicialmente a una exención de fusión para neutralizar los efectos de su participación en el capital de la sociedad absorbida. Posteriormente, llevará a cabo una reducción de capital para neutralizar los efectos de la participación de la sociedad absorbida en su capital.

d/ Tenencia por parte de la sociedad de sus propias acciones

1321. – Una sociedad puede, bajo ciertas condiciones, poseer sus propias acciones. Este será el caso en particular si la sociedad cotiza en bolsa y desea proceder a la regularización de los precios, si desea asignar acciones a sus empleados o si la sociedad tiene previsto reducir su capital.

1322. – En caso de absorción de tal sociedad, debe examinarse si las acciones así poseídas deben incluirse en el marco del canje con valores de la sociedad absorbente o de la nueva. El Código de Comercio da una respuesta negativa a la pregunta, al precisar que no hay canje de acciones o participaciones de sociedades desaparecidas por acciones o participaciones de sociedades beneficiarias cuando dichas acciones o participaciones estén en poder de la sociedad desaparecida o de una persona que actúa en su propio nombre, pero en representación de esta empresa.

2/ Problemas que plantea la existencia de títulos que confieren derechos específicos

1323. – In joint-stock companies, certain transferable securities confer on their holders specific rights. These specific rights can result either in financial advantages or in “political” advantages compared to ordinary shares. It is important to determine the fate reserved for these securities and their holders during the merger operations.
Thus, we will distinguish the fate of shares with double voting rights (a), shares with priority dividend without voting rights (b) as well as that of investment certificates (c).

a/ The fate of shares with double voting rights

1324. – When shareholders of the absorbed company hold shares with double voting rights, this right is maintained within the acquiring or new company, on the condition, however, that the statutes of the latter provide for such double voting rights. .

1325. – This solution, resulting from the law of 05/01/1988, notably allows shareholders of the acquired company who become shareholders of the acquiring company not to wait for the two-year period normally required to exercise their right.

1326. – The wording of Article L. 225-124 of the Commercial Code leaves some uncertainty. It is certain that if the articles of association of the company benefiting from the merger have provided for a double voting right, the shareholders of the acquired company who benefited from this prerogative in their original company will continue to benefit from it in the acquiring company. But what would happen if the absorbed company itself had, in its capacity as shareholder of a third-party company, double voting rights? On this point, most authors, while noting the ambiguity of the text, consider that the acquiring company can benefit from this voting right insofar as the operation involves a universal transmission of the assets and liabilities of the absorbed company. .

b/ The fate of priority dividend shares without voting rights

1327.- Los tenedores de acciones con dividendo prioritario sin derecho a voto gozan de protección especial con respecto a la fusión de sociedades en la medida en que sus tenedores deban reunirse en asamblea especial para ratificar la operación.

1328. – La reunión de la asamblea especial no concierne exclusivamente a los socios de la sociedad absorbida, sino que debe celebrarse en cada una de las sociedades participantes en la operación.

1329. – No debe subestimarse el papel de esta asamblea. En efecto, el Código de Comercio prevé en beneficio de la asamblea especial un poder de ratificación. Esto significa que esta asamblea tiene la facultad de oponerse a la propuesta de fusión que se le presente.

c/ El destino de los certificados de inversión

1330.- La suerte reservada a los títulos de inversión en una operación de fusión difiere según que la sociedad absorbente ofrezca o no la compra de los títulos de inversión existentes a la sociedad absorbida.

1331.- Si la sociedad absorbente no propone su absorción, deberá someter el proyecto de fusión a asambleas especiales de tenedores de certificados de inversión que resuelvan conforme al reglamento de la asamblea general de accionistas.

El texto no especifica si se trata de la junta general ordinaria o de la junta general extraordinaria de accionistas. En efecto, parece que se trata de la junta general extraordinaria si se considera que el texto implica que el proyecto se somete a la decisión de la junta especial según las reglas de la junta general de accionistas «que aprueba la fusión». Además, dados los cambios sustanciales realizados a los certificados de inversión, como resultado de la fusión, parece lógico exigir la deliberación en las condiciones previstas para las reuniones extraordinarias.

1332.- En caso de acuerdo de la asamblea especial de tenedores de certificados de inversión, son posibles dos soluciones:

– los tenedores de certificados pueden recibir certificados de inversión de la empresa absorbente;
– los titulares de certificados de inversión pueden recibir acciones de la sociedad adquirente.

1333.- Las condiciones de canje deben ser fijadas por el contrato de fusión que, en la práctica, presupone la determinación de una “paridad” para el canje de certificados de inversión.

1334. – Si la junta especial no da su consentimiento, y salvo disposición legal en contrario, parece que la negativa obliga a la sociedad adquirida.

1335. – In order to facilitate the completion of merger operations and avoid creating new investment certificates with the acquiring company, the latter has the possibility of proposing the redemption of existing investment certificates with the absorbed company. For this redemption to take place, it must have been previously accepted by the special meeting. If the acquiring company has obtained the agreement of the special meeting, it must publish its takeover offer in a journal of legal announcements, this insertion having to be repeated in the Bulletin of mandatory legal announcements in the event of a public call for saving. However, if all the investment certificates are registered, these insertions can be replaced by a registered letter addressed to all certificate holders. They have a period of 30 days to respond to the offer and transfer their securities, this period counting down from the last planned publicity measure. At the end of this period, holders of certificates who have not transferred their securities become holders of investment certificates of the absorbing company, unless the draft merger provides for the exchange of investment certificates of the absorbed one against actions of the absorbing one.

It should be specified that these rules, applicable to partners, must be coordinated with the provisions applicable to company directors. Indeed, if a partner, holding control of the absorbing company, loses control of the company benefiting from the merger, it is then necessary to check that the rules on the accumulation of directorships have not been exceeded.

§ 2: The rules governing the effects of concentrations with regard to managers

1336. – Bank managers find themselves in a different situation depending on whether the concentration is achieved through a takeover (A) or through a merger (B).

A/ The situation of managers in the context of a takeover

1337. – The acquisition of control of a bank is often accompanied by a change of managers, financial control taking on its full meaning only if it is extended by managerial control. Indeed, it is useless to acquire the financial control of a company to leave at its head a management team that does not apply the policy of the new controllers. This is an important aspect that the assignee often wants to put in writing. But it is obvious that writing is insufficient here.

1338. – The change of management can only result in such a case from the resignation of the former managers, followed by the appointment of the new ones by the ordinary general meeting.
In general, the resignation of former managers, the ordinary general meeting recording this dismissal and the appointment of new managers will take place on the date chosen by the parties to effect the transfer of ownership of the shares sold.

1339. – Insofar as following the transfer of these shares, the transferee has control of the ordinary general meeting, he is sure to control this change of management. Indeed, it is certain to be able to dismiss the former leaders who refuse to resign. He will thus be able to name the new ones he has chosen.

Por lo tanto, el cambio de líder no debería, en principio, plantear mayores dificultades. No obstante, el cese de administradores que se nieguen a dimitir podrá, si se produce sin justa causa, dar lugar al pago de daños y perjuicios. Esta es la razón por la cual el cesionario a menudo requiere que se le entreguen las cartas de renuncia de todos los administradores tan pronto como se firmen las promesas.

1340. – Además, puede resultar otro inconveniente de una cláusula en los estatutos sociales que supedita el derecho a participar en las asambleas generales a la inscripción de los socios en las cuentas de la sociedad por algunos días. En tal caso, el banco queda sin órgano de administración durante unos días, pero nada impide que el cesionario supedite su contrato a una modificación previa de esta disposición legal.

1341. – Finalmente, el cambio de jefes evidentemente dará lugar a formalidades, a saber:

– una inserción en un periódico de anuncios legales del lugar del domicilio social,
– un depósito en el registro del juzgado de comercio del lugar del domicilio social en anexo al registro de comercio y empresas del acto que registra la renuncia de los antiguos administradores o su cese y el nombramiento de nuevos administradores,
– la rectificación de la inscripción en el Registro Mercantil y Mercantil,
– la inserción en el Boletín Oficial de anuncios civiles y mercantiles, realizándose esta inserción de oficio por el escribano.
Estas formalidades son en principio realizadas por los nuevos directores.

1342. – Además, los cedentes que renuncian a sus funciones de gestión desearán en ocasiones obtener del o de los cesionarios un compromiso de no actuar posteriormente contra ellos en términos de responsabilidad. Debemos ser conscientes de los límites de tal compromiso. Evidentemente, esto no puede ser una exención de responsabilidad penal, ya que la acción pública puede ser iniciada además por personas distintas del cesionario. En materia de responsabilidad civil, el compromiso asumido por el cesionario sólo protege a los cedentes de su acción de responsabilidad individual. Una posible acción social llevada a cabo por otros socios sigue siendo posible. En efecto,

En consecuencia, la situación de los gestores tras una oferta pública de adquisición no suscita controversia jurídica alguna. Lo mismo es cierto en el contexto de una fusión.

B/ La situación de los administradores bancarios en el contexto de una fusión

1343. – La situación de los caciques apenas presenta dificultades. La distribución de poderes y funciones dentro de la empresa adquirente o nueva ha sido generalmente uno de los temas principales de la fase de negociación y fusión. Las autoridades bancarias ya han intervenido en la fase de control de la operación de concentración. Por lo tanto, las dificultades que puedan surgir han sido necesariamente resueltas de antemano.

1344.- El Código de Comercio presta muy poca atención a este tema. Esta situación es bastante comprensible. En efecto, en el contexto de una fusión-absorción, se produce la desaparición de la sociedad o sociedades absorbidas. Por lo tanto, la cuestión del destino de los líderes surge por sí sola. La situación es idéntica en el contexto de una fusión por creación de una nueva sociedad para los administradores de las sociedades que desaparecen. No obstante, los administradores de la sociedad absorbida podrán ser perseguidos, en su caso, por hechos cometidos con anterioridad a la fusión en perjuicio de la sociedad absorbida. Las acciones legales pueden ser ejercitadas por los socios de la sociedad adquirente.

1345. – The only difficulties likely to arise therefore concern the acquiring company or the new company resulting from the merger. These are precisely the only cases that have caught the attention of the legislator.

Within the acquiring or new company, the question of the number of directors who can sit must therefore be decided. The solutions to be adopted were modified by the law relating to new economic regulations of 15/05/2001. Article L. 225-17 of the Commercial Code, relating to the board of directors of public limited companies, has been amended to limit the number of members to 18. Article L. 225-69 of the same Code, relating to the board Board, was also amended to limit the number of members to 18 as well. In addition, article L. 225-95, relating to the number of members of the board of directors or the supervisory board in the event of the merger of two public limited companies, limited the number to 24 members for a period limited to three years. . . Finally, as in the past, no provision, no specific provision is made regarding the number of members of the Management Board. It must be concluded that the management board of the company resulting from the merger can only be composed of five or seven members.

La fusión no tiene consecuencias importantes sobre la situación de los directores asalariados. Cabe señalar, sin embargo, que el artículo L. 225-22 del Código de Comercio establece una condición previa de dos años para el contrato de trabajo y la existencia de un empleo efectivo. Así, se acepta que si dentro de este plazo se produce una fusión, ésta tiene un carácter puramente provisional. En caso de fusión, el contrato de trabajo puede haberse celebrado con una de las empresas fusionadas.

Por lo tanto, la situación de los líderes no es problemática. Es diferente para los empleados que son las primeras víctimas de la reestructuración.

§ 3: Reglas que rigen los efectos de las concentraciones en los empleados

1346. – The rules governing the effects of mergers allow for a number of changes aimed at restructuring. These transformations mainly concern workforce reductions.

1347. – There is no specific legal treatment of employees under the rules governing bank mergers. Indeed, the primary objective is no longer the protection of the banking and financial system, but that of employees. It is therefore logical that the legislator did not provide for specific legal treatment of the banking system in labor law.

1348. – Concentrations, whether based on a takeover or a merger, attach great importance to the reorganization of work. The search for the “optimal” organization has become a constant concern during restructuring. Credit institutions want to reach a “critical mass” and achieve economies of scale. They therefore reduce their overheads and “rationalize” their distribution networks, which seems unfavorable to employees. This has been observed in major concentrations: Crédit Agricole/ Indosuez, Crédit du Nord/ Société Générale, Crédit Mutuel/ CIC, BNP/ Paribas or Crédit Agricole/ Crédit Lyonnais. These led to significant staff reductions. According to conservative estimates,

1349. – Los efectos de una concentración sobre los trabajadores son, por tanto, esenciales y deben ser considerados desde tres ángulos: los efectos individuales de la concentración sobre los contratos de trabajo (A) y los efectos colectivos de la concentración (B).

A/ Efectos individuales en los contratos de trabajo

1350. – Los contratos de trabajo se mantienen en caso de transmisión de empresa. La protección aplicable a los empleados del sistema bancario es similar aquí

1351. – El artículo L. 122-12 del Código del Trabajo modificado el 28/01/1981, prevé que en caso de cambio de la situación jurídica del empleador, en particular por sucesión, transferencia, fusión, transformación de fondos, constitución, todos los contratos de trabajo vigentes el día de la modificación subsisten entre el nuevo empleador y el personal de la empresa. Estas normas son de orden público.

1352. – It should however be specified that French case law affirms that a change of majority within a company is not equivalent to a change of employer. In this logic, the social chamber of the Court of Cassation considers that «the provisions of articles L. 122-12 and L. 122-12-1 of the Labor Code do not apply in the event of a change of majority in the detention «. of the capital of a legal person”. The exclusion is certainly too categorical in relation to the case law of the Court of Justice of the European Communities.

Thus, Article L. 122-12 of the Labor Code only applies to the situations it expressly mentions, which excludes takeovers.

1353. – When this article is applicable, it entails in particular the maintenance within the initiating bank of the benefit of the seniority acquired in the company in question and, by extension, of all the rights based on seniority.

1354. – In principle, the maintenance of employment contracts concerns not only open-ended employment contracts but also fixed-term contracts. In general, all employment contracts are covered.

1355. – It should be specified that if the employer must maintain the employment contracts, the employees are legally free to resign at any time. Thus, when merger negotiations are long and highly publicized, this frequently results in a haemorrhage of qualified personnel, often to the benefit of competitors, due to the vagaries of employment. The merger between BNP and Paribas caused massive defections, especially among young analysts.

1356. – Sin embargo, si se mantienen los contratos de trabajo, las condiciones de trabajo pueden verse afectadas. La concentración requerirá a menudo movilidad profesional o geográfica. El trabajador no tiene elección: debe aceptar esta modificación bajo pena de incumplimiento de contrato por iniciativa del empleador. Así, más allá de una posible modificación del contrato de trabajo a ser aceptada por el trabajador, es la existencia del puesto de trabajo lo que está amenazado. Reuniendo diferentes comunidades de trabajo, la concentración las remodela para reestructurarlas. Estos cambios conducen casi inevitablemente a recortes de puestos de trabajo por despidos oa negociaciones empresariales que serán la base para la reestructuración. Ante esta realidad, las disposiciones legales que imponen el mantenimiento de los contratos de trabajo durante la transmisión de una empresa resultan ser de eficacia reducida. En definitiva, el principio de mantenimiento de los contratos de trabajo no es en modo alguno incompatible con la posibilidad de despidos con motivo de una fusión. En su caso, el banco absorbido estará obligado, sin embargo, a cumplir con las obligaciones legales relativas a la elaboración de los planes de protección del empleo que deberá presentar a la dirección departamental de trabajo y empleo. Si la reducción de plantilla se lleva a cabo por el banco absorbente, deberá ir acompañada del pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, los derechos adquiridos en el seno de la sociedad absorbida. Por último, cabe precisar que tras la transferencia, el principio de mantenimiento de los contratos de trabajo no es en modo alguno incompatible con la posibilidad de despidos con motivo de una fusión. En su caso, el banco absorbido estará obligado, sin embargo, a cumplir con las obligaciones legales relativas a la elaboración de los planes de protección del empleo que deberá presentar a la dirección departamental de trabajo y empleo. Si la reducción de plantilla se lleva a cabo por el banco absorbente, deberá ir acompañada del pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, los derechos adquiridos en el seno de la sociedad absorbida. Ultimately, to be precise that tras la transmisión, el principio de maintenance de los contratos de trabajo no es en modo alguno incompatible con la posibilidad de despidos con motive de una fusion. Llegado el caso, sin embargo, el banco absorbed estará obligado a cumplir con las obligaciones legales relative à la elaboración de plans de protection de l’empleo à ser presentados à la direction departamental de trabajo y empleo. If the reducción de plantilla se lleva a cabo por el banco absorbente, deberá ir acompañada del pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, los derechos adquiridos en el seno de la sociedad absorbed.Finally, to specify that the transference, the bank absorbed is obligated to fulfill its legal obligations relating to the elaboration of labor protection plans to be presented to the departmental direction of work and employment. If the reducción de plantilla se lleva a cabo por el banco absorbente, deberá ir acompañada del pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, derechos adquiridos en el seno de la sociedad absorbed. Finally, to specify that the transference, the bank absorbed is obligated to fulfill its legal obligations relating to the elaboration of labor protection plans to be presented to the departmental direction of work and employment.If the reducción de plantilla se lleva a cabo por el banco absorbente, deberá ir acompañada del pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, los derechos adquiridos en el seno de la sociedad absorbed. 

Bufete de abogados DAMY