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Solicitud de mora y suspensión: resolución del contrato de arrendamiento comercial
Según el artículo L. 145-41 del Código de Comercio , el titular de un contrato de arrendamiento comercial tiene derecho a solicitar la demora y la suspensión de los efectos de la cláusula resolutoria, incluso después de la expiración del plazo de un mes a partir de la orden . , mientras la extinción del contrato de arrendamiento no haya sido pronunciada por sentencia con fuerza de cosa juzgada. Esta disposición brinda protecciones importantes a los inquilinos comerciales en caso de rescisión del contrato de arrendamiento.
Nulidad de citación: violación del código de comercio y del código de procedimiento civil
En un caso concreto, un arrendador presentó un auto a una empresa arrendataria el 27 de octubre de 2009, invocando la cláusula de rescisión para exigir el pago de la renta adeudada. El inquilino, en respuesta, presentó una citación oponiéndose a la orden el 8 de diciembre de 2009. El arrendador argumentó que la citación era nula, alegando que el gerente del inquilino murió el 24 de noviembre de 2009.
La sentencia dictada en este caso falló a favor de la nulidad de la citación, invocando la irregularidad de fondo que afectaba a la citación contra el requerimiento de pago. El tribunal sostuvo que tal irregularidad no podía subsanarse una vez expirado el plazo de apelación. Concluyó que dado que la orden fue emitida el 27 de octubre de 2009 y que el plazo de un mes para oponerse ya había vencido, no podía efectuarse válidamente ninguna regularización posterior.
Sin embargo, esta decisión del Tribunal de Apelación viola el artículo L. 145-41 del Código de Comercio, así como el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado no reconoció los derechos concedidos a los arrendatarios comerciales para solicitar la mora y suspender los efectos de la cláusula resolutoria, aunque hubiera expirado el plazo para oponerse a la orden.
Grégory Damy, abogado especializado en derecho empresarial en Niza, insiste en la importancia de respetar las disposiciones del Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil para proteger los derechos de los inquilinos comerciales. Este caso destaca la necesidad de una interpretación y aplicación adecuada de la ley para garantizar la equidad y la justicia en las disputas por terminación de arrendamiento.