En una sentencia dictada el 27 de julio de 2012, el Consejo de Estado dictaminó que son ilegales las disposiciones de un documento urbanístico local (antiguo POS o PLU) que prohíben en principio o limitan el derecho concedido a cualquier propietario a subdividir sus tierras.

Sus autores no tienen competencia para prohibir el derecho concedido a los propietarios de proceder, en las condiciones previstas en el Libro IV del Código de Ordenación Urbana, a la división de los bienes inmuebles con vistas al establecimiento de edificios, derecho que participa en el ejercicio de su derecho a disponer de ellos.

El Consejo de Estado considera que "al prohibir en principio las adjudicaciones en una o varias zonas que delimita, la regulación de un plan de ordenación del territorio o de un plan urbanístico local establece normas que superan las que la ley le autoriza a prescribir". De este modo, sólo el legislador puede fijar los límites, prohibir de manera general y absoluta la creación de adjudicaciones en una o más zonas.

Considera que esta facultad forma parte del ejercicio del derecho a disponer de sus bienes. El artículo 544 del Código Civil establece que la propiedad es el derecho a disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, y el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano describe la propiedad como un "derecho inviolable y sagrado". Esta libertad fundamental facilita la victoria de lo urbano sobre lo rural y la banalización y estandarización de los paisajes. El debate sigue abierto.

Bufete de abogados DAMY