La noción de abuso de derechos fue ampliada por la Ley de Finanzas de 2019. Anteriormente, sólo se trataba de operaciones con una finalidad exclusivamente fiscal, es decir, la única finalidad de la operación era reducir o eludir el impuesto. La Ley de Finanzas de 2019 incluye ahora las operaciones que tienen una finalidad principalmente fiscal. Este matiz es particularmente importante en el caso de la transferencia de bienes (donaciones, por ejemplo), porque aunque el objetivo principal siga siendo la transferencia a sus descendientes, existe una dimensión fiscal, ya que en el caso de una reserva de usufructo, al fallecer el usufructuario, el propietario desnudo se convierte automáticamente en el propietario de la propiedad sin pagar ningún honorario adicional. La administración fiscal desea facilitar sus controles y evitar transmisiones ficticias destinadas a evadir impuestos. No se trata de que la administración impida los mecanismos de transmisión de activos, sino de que limite su abuso y elimine ciertos nichos. Por ejemplo, una persona que da la propiedad desnuda de sus bienes a su hijo sólo unos meses antes de su muerte y sabiendo que está enfermo sería un nuevo caso de abuso de derechos porque el único propósito sería evitar el impuesto de sucesiones. La administración podría considerar esta donación como ficticia. Se habrá entendido que el propósito de la reelaboración de este antiguo concepto en el lenguaje jurídico es permitir un mejor control por parte de la administración fiscal.

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