La société d’avocats Damy

La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.  

En nuestras noticias anteriores sobre la reforma del procedimiento del tribunal laboral, explicamos las contribuciones de la Ley Macron.

De conformidad con la ley de 6 de agosto de 2015, a finales de mayo de 2016 se publicó un decreto relativo al procedimiento del tribunal laboral y al tratamiento judicial de los conflictos laborales. Está llevando a cabo una importante reforma de las diversas etapas del procedimiento de los tribunales laborales con el fin de mejorar los plazos de tramitación. La Junta de Conciliación, que se ha convertido en la Junta de Conciliación y Remisión, tiene la facultad de aprobar los acuerdos y la tarea de dirigir los casos antes de que se dicte sentencia en caso de fracaso de la conciliación.

Este texto ratifica la creación de nuevas formaciones de juicio adaptadas a las distintas situaciones con el fin de mejorar los tiempos de tramitación. Así pues, las oficinas de los jueces estarán compuestas:

o cuatro asesores del tribunal laboral,

o un panel limitado de dos consejeros que deben decidir en un plazo de tres meses,

o, por último, el panel de desempate, compuesto por cuatro consejeros y un juez del tribunal de primera instancia, que ahora puede ser juzgado directamente a petición de las partes y no sólo cuando los otros paneles no han logrado llegar a un acuerdo.

La acción legal se inicia mediante una moción o la presentación voluntaria de las partes ante la junta de conciliación y remisión.

La remisión al Tribunal de Trabajo, aunque sea incompetente, interrumpe el plazo de prescripción (C. trav. Art. R. 1452-1.). La solicitud se hace, se entrega o se dirige a la oficina del secretario del tribunal laboral. Bajo pena de nulidad, la demanda contendrá las indicaciones previstas en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil. Incluirá asimismo una relación sumaria de los motivos de la solicitud y mencionará cada uno de sus motivos. Deberá ir acompañada de los documentos en los que el solicitante desee basarse en apoyo de sus pretensiones. Estos documentos figuran en una lista adjunta. La petición y el expediente se redactan en tantas copias como acusados haya, además de la copia destinada al tribunal (C. trav. Art. R. 1452-2.). Estas normas serán más restrictivas para el solicitante, que deberá presentar sus argumentos jurídicos, sus documentos y un justificante.

Hasta el 31 de julio de 2016, es posible presentar una demanda ante el Tribunal de Trabajo mediante la presentación de un formulario normalizado junto con las distintas pretensiones.

El artículo R 1461-2 del Código del Trabajo dice lo siguiente:

"El recurso de casación se interpone ante la Sala de lo Social del Tribunal de Apelación.

Es entrenado, instruido y juzgado según el procedimiento con representación obligatoria." El presente artículo se aplicará a los recursos interpuestos a partir del 1 de agosto de 2016.

El procedimiento anterior se aplicará a todas las apelaciones presentadas antes de esa fecha y hasta que se obtenga el fallo final.

El procedimiento ante la Sala de lo Social del Tribunal de Apelación requerirá que el apelante o demandado sea un abogado.

No obstante, puede estar representado y asistido por un defensor sindical creado por la ley Macron. Además, si el recurso se presenta, escucha y juzga con arreglo al procedimiento de representación obligatoria, el procedimiento será estricto en su forma escrita. La declaración de recurso será nula si contiene las indicaciones previstas en el artículo 58 y las mencionadas en el artículo 901 del TPC;

La oficina de registro, que envía a cada demandado una copia del escrito de apelación y una indicación de la obligación de consultar a un abogado, notificará al abogado del demandante si el demandado no ha constituido un abogado. El apelante deberá notificar al demandado el escrito de recurso en el plazo de un mes a partir de la notificación enviada por la secretaría y, bajo pena de nulidad, deberá indicar en el documento de notificación que el demandado dispone de un plazo de quince días a partir de la notificación para constituir un abogado, a falta de lo cual su caso podrá resolverse únicamente sobre los elementos facilitados por su adversario. Del mismo modo, debe indicarle que si no llega a una conclusión dentro de los plazos establecidos en el artículo 909 del Código de Procedimiento Penal, está expuesto a la inadmisibilidad de sus escritos. (artículo 902 del TPC);

Con arreglo a la pena de caducidad de la declaración de apelación, el apelante debe concluir en un plazo de tres meses a partir de la declaración de apelación (artículo 908 del Código de Procedimiento Penal). El demandado debe estar constituido y entregar su constitución al apelante, así como proporcionar una copia de esta constitución a la oficina de registro.

Por consiguiente, el demandado dispone de dos meses a partir de la fecha de notificación de las alegaciones para notificar y presentar sus alegaciones.

Además, en una circular de fecha 5 de julio de 2016, el Ministerio de Justicia confirmó la exención del sello fiscal en apelación:

"Aunque el procedimiento de recurso en materia laboral se rige ahora por los artículos 900 a 930-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 1635 bis P del Código General Tributario, que introduce una tasa de 225 € cuando el nombramiento de un abogado es obligatorio ante el Tribunal de Apelación", señala la circular. También puede consultar nuestras noticias sobre la ley Macron para más detalles.

Despacho de abogados DAMY - expertos sociales.