Los particulares entendieron bien su interés poniendo a alquilar su bien sobre tal o cual plataforma de contratación en Internet. La oferta y la demanda es muy lucrativa para los inquilinos y muy atractiva para los clientes. Por otra parte, el Secretario de Estado encargado de la vivienda, Julien Denormandie, ha examinado esta espinosa cuestión de si este sistema entre particulares perjudica a los profesionales del turismo, en particular en las grandes ciudades francesas, y podría privar a los habitantes de estas ciudades turísticas de la posibilidad de encontrar una vivienda. La respuesta es probablemente positiva, ya que las sanciones financieras se reforzarán hacia los individuos, pero también hacia las plataformas.

Por el momento, los municipios asignan un número de registro a las personas que desean alquilar su propiedad por un máximo de 120 días al año, este número debe aparecer en el anuncio en línea. Más allá de este período, el individuo debe registrarse como empresa de alquiler de mobiliario turístico profesional, con todas las obligaciones y limitaciones sociales y fiscales que esto implica.

El Sr. Denormandie no se mostró satisfecho con los efectos de estas obligaciones, ya que aparentemente no se respetaron. De hecho, las plataformas de alquiler como Airbnb, por ejemplo, nunca se preocupan de limitar las ofertas por propiedad a 120 días de alquiler al año, con el objetivo de alquilar tanto como sea posible. En consecuencia, se reforzarán las sanciones financieras para los arrendadores, pero también para las plataformas intermedias.

El artículo 51 de este proyecto de ley prevé "la introducción para el arrendador de la obligación de transmitir al municipio, a petición de éste, el desglose del número de noches alquiladas durante el año en curso"; "el refuerzo de las multas civiles (de 5.000 a 10.000 euros) para los arrendadores que no respeten sus obligaciones", pero también y sobre todo "la introducción de nuevas multas civiles (de 10.000 a 50.000 euros) para las plataformas que hasta entonces no estaban sancionadas".

En consecuencia, si el ayuntamiento o más simplemente el síndico de su edificio se queja en su contra, la multa podría ascender a 10.000 euros para usted y hasta 50.000 euros para la plataforma que alberga su bien.